Los archivos de Nicaragua: problemática y situación actual
María de los Ángeles Chirino Ramos
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), Nicaragua
Resumen
Se analizan las múltiples causas que dificultan la conservación, administración, organización, el acceso, la consulta y difusión de los documentos de valor permanente en los archivos de Nicaragua, así como los factores que acentúan la fragilidad del patrimonio documental de cara a la gestión de la información, como son la legislación inadecuada, el divorcio entre la administración y los archivos, la falta de políticas reguladoras en general y la carencia, tanto de un Sistema Nacional de Archivos, como de formación profesional. Se concluye que esta situación está condicionada por la misma cultura política imperante en el país y se presentan algunas experiencias que intentan transformarla en la actualidad.
Introducción
El desarrollo de los archivos en Nicaragua es un asunto pendiente en la agenda nacional. Evidenciar la falta de diálogo entre los tres actores llamados a ser interlocutores en el proceso de construcción del estado de derecho en Nicaragua —los archivos, el gobierno, y la ciudadanía— es el objetivo que se persigue en este artículo a través de un detallado recorrido por la situación que, en general, afrontan dichos archivos en la actualidad: diseminación de sus fuentes documentales en el extranjero por razón de oficio o cesión o venta ilícita; historia marcada por destrucciones voluntarias e involuntarias de las fuentes; procesos de compactación y privatización del Estado; acción del clima tropical; instalación inadecuada de los documentos; repositorios improvisados e inapropiados; ausencia de una evolución histórica de la legislación archivística, que provoca que resulte inadecuada la existente, a pesar de algunos intentos de ordenamiento; carencia de un sistema nacional de archivos y de formación profesional al personal que labora en ellos, así como el divorcio entre las administraciones y los archivos.
Finalmente, se presenta una reflexión, a modo de conclusión, sobre la influencia que ha ejercido la cultura política nicaragüense en la gestión de la información. De cara al futuro, se sitúa el destino de los archivos en una perspectiva donde se abren, tímidamente, propuestas concretas que apuestan por un cambio posible.
Diseminación de fuentes
Las dificultades a las que se enfrentan los investigadores al emprender la búsqueda de fuentes documentales en archivos y bibliotecas con el objetivo de sustentar sus hipótesis y argumentos son variadas. La primera de ellas, por ejemplo, es que la documentación se encuentra diseminada en archivos extranjeros.
En este sentido, el P. Manuel Ignacio Pérez Alonso1 afirma, en un artículo en el que aborda el tema de la emigración de la documentación de Nicaragua hacia archivos extranjeros, que: “[...] ascienden a varios miles los documentos referentes a nuestra Historia y que en la actualidad se encuentran en [...] diversos países extranjeros. La mayor parte [...] ha ido a parar allá por razón de oficio [...]. Otra gran cantidad [...] ha emigrado del país en forma más o menos indebida por cesión, o venta a bibliófilos o libreros”. (Pérez Alonso, 1980, p. 6)
Acompaña esta afirmación con una lista de ocho países —casi todos europeos a excepción de Estados Unidos y México— y con el nombre de treinta y tres instituciones, entre archivos y bibliotecas, donde se encuentra la documentación, el periodo que abarca la misma y, en algunos casos, la procedencia, advirtiendo que deja fuera de esa enumeración, de propósito, los países centroamericanos, de suma importancia, “pues entiendo que ya se ha comenzado a hacer algo, sobre todo en Costa Rica y Guatemala que son los países hermanos que poseen mejores archivos”. El número anterior a éste, con el que inició la edición del boletín, publicó en su sección “Inventarios”, la primera de dos entregas de una recopilación de 127 documentos que se encuentran en la Sección Inquisición del Archivo General de la Nación de México relativos a Nicaragua (Pérez Alonso, 1979, p. 79-92), editándose más tarde la segunda, en el segundo semestre del siguiente año, en la misma publicación, con un total de 88 documentos 2 (Pérez Alonso, 1980, p. 39–48).
Once años más tarde, en una conferencia dictada en el Simposio sobre la Documentación Histórica de Nicaragua,3 el mismo autor reseña de forma somera y panorámica —así la califica— la documentación que puede encontrarse en catorce instituciones internacionales. Menciona en primer término al Archivo General de Indias, del que afirma que “nuestra historia, a partir del descubrimiento hasta la independencia, se encuentra, en su mayor parte, allí” (Pérez Alonso, 1995, p. 2), y continúa la lista con el Archivo Histórico Nacional (en Madrid, “que es la continuación de lo guardado en Sevilla”), el Archivo General de Simancas (en Valladolid, “donde quedó buena parte de la documentación antigua que no se trasladó en 1787 al recién fundado archivo en Sevilla”), el Archivo General Militar (Segovia), el Archivo del Servicio Histórico Militar (Madrid), el Museo Naval (Madrid), el Archivo General de la Marina (inicialmente en el Ministerio de Marina en Madrid y trasladados al Archivo-Museo Don Álvaro de Bazán, en Viso del Marqués de Ciudad Real), el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid), la Biblioteca Nacional (Madrid), el Archivio Segreto Vaticano (Vaticano), el Public Record Office (Londres) —del que también afirma: “Este archivo junto con el Nacional de Estados Unidos son los más ricos para nuestra historia del siglo XIX” (Pérez Alonso, 1995, p. 18)—, el US National Archives (Washington DC), la Biblioteca Bancroft (Berkeley, California)4 y el Archivo General de la Nación (México), sin hacer referencia a la documentación existente en la British Library, en el Archivo General de Centroamérica (Guatemala), en el Archivo de Belice, en el Archivo de Jamaica y en el Instituto de Jamaica, mencionados por el Dr. Germán Romero junto al Public Record Office en un artículo donde presenta el resultado de un proyecto de recopilación de fuentes para la historia de la Costa Caribe de Nicaragua (Romero, 1990, p. 83-103), que con una duración de quince meses entre 1986 y 1989, fue auspiciado por el Centro de Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA), y financiado por la Swedish Agency for Research and Cooperation with Developing Countries (SAREC). Sin embargo queda pendiente hasta el presente la búsqueda de documentos caribeños en archivos de Estados Unidos y Alemania.
Por su parte, la Bibliografía nacional nicaragüense5 presenta las siglas de las bibliotecas consultadas donde existen documentos nicaragüenses. Se mencionan dos del Reino Unido, cuatro de España, once de Francia y veinte bibliotecas estadounidenses, entre estas últimas la Library of Congress en Washington DC, Tulane University Library (New Orleans), Yale University Library (New Haven), University of Texas (Austin), University of California, Los Ángeles, Stanford University Library; University of California, Berkeley, National Library of Agriculture, National Library of Medicine, New York Public Library, etc. Por citar un ejemplo de esta situación, diremos que el director de la Biblioteca Latinoamericana de Tulane University en New Orleans ( Louisiana), presentó el 16 de julio de 1998, en el IV Congreso Centroamericano de Historia celebrado en Managua, una ponencia sobre los fondos fotográficos de Centroamérica en dicha biblioteca (Náñez Falcón, 1998); igualmente, dos años después, en el V Congreso Centroamericano de Historia celebrado en San Salvador, trató en una poencia de la gestión de compra de documentos en la región centroamericana por parte de la Tulane University.
Intervenciones extranjeras, destrucciones y modernización del Estado
Otra causa de la desaparición de fuentes la constituyen las intervenciones extranjeras en Nicaragua entre 1912 y 1933, las cuales dieron como resultado que las principales instituciones nacionales fueran administradas por Estados Unidos, trasladándose allí, en la mayor parte de los casos, la documentación generada en ellas.6
Otro motivo que explica la poca cantidad de documentación de archivo que se encuentra en el país es la destrucción, ya sea de carácter voluntario o involuntario. En este último caso se cuentan los innumerables desastres naturales que han azotado al país, entre ellos terremotos, inundaciones, huracanes y erupciones volcánicas en el occidente, que es donde se encuentra el archivo que atesora los documentos coloniales aún existentes.
Muy documentadas, por lo cuantiosas e irrecuperables, han sido las pérdidas causadas por los terremotos. Entre el que destruyó León Viejo, la primera capital de Nicaragua, en 1610, hasta los que destruyeron Managua por primera y segunda vez en 1931 y 1972, respectivamente, o el de Masaya en julio de 2000, que causó graves daños en la infraestructura, se han sucedido un sin número de eventos sísmicos de mayor o menor intensidad que han ocasionado importantes daños en el patrimonio cultural. El terremoto de 1931 devastó los fondos documentales del Archivo Nacional y el de los ministerios, los de los archivos de los juzgados de la capital de la República, y de muchas otras oficinas públicas, así como los protocolos de algunos notarios y los documentos existentes en las oficinas de abogados (“Ley”, 1931, p. 1). Respecto al de 1972, según el informe técnico del consultor de la UNESCO (Serrano, 1981, p. 6-7), de los 80.000 volúmenes existentes en la Biblioteca Nacional Rubén Darío, se rescataron del fuego y del destrozo tan sólo unos 9.000 y la hemeroteca desapareció prácticamente.
La destrucción también ha sido voluntaria. La inestabilidad política que caracteriza a Nicaragua la ha hecho víctima de numerosas guerras y conflictos, que han provocado incendios y saqueos en las principales ciudades del país con el afán de borrar las huellas del sistema político anterior o con el de destruir documentos probatorios comprometedores o descalificados por el “nuevo orden”. De acuerdo con un trabajo sobre la preservación del patrimonio documental realizado por Luis Latino, actual director del Archivo Nacional de Nicaragua, se sitúa en el periodo de la colonización “el inicio de la historia de la destrucción de nuestra bibliografía nacional”, cuando en 1524 se destruyeron públicamente los documentos escritos en cuero de venado por nuestros antepasados indígenas (Latino, 1989, p.1), y de épocas más recientes, cita a Jerónimo Pérez, cronista, historiador y jurisconsulto nicaragüense del siglo XIX, quien en la introducción a sus memorias del año 1854, revela que vio perecer en las llamas los archivos públicos de Granada.7
Y mucho más recientemente, en 1979, después del triunfo de la Revolución Sandinista, se produjo la quema de los archivos estatales y municipales que habían sobrevivido a la insurrección y la guerra (Vannini, 2002, p. 2), abundando los ejemplos desde entonces. Por citar el último, el pasado 12 de abril, un noticiero de televisión mostraba la quema en los archivos de aduanas —causada por una persona de identidad desconocida que entró por una de las ventanas del edificio— donde desaparecieron documentos correspondientes a cinco años de ejercicio.
A lo anterior se suma el proceso de compactación y privatización del Estado, por el cual ha ido desapareciendo la memoria de las instituciones que lo van protagonizando (Vannini, 2002, p. 2).
El clima tropical, los agentes biológicos y la manipulación
En caso de que la documentación se encuentre en los archivos, otra y no menos gran dificultad que hay que sortear para su acceso es el estado de deterioro causado por hongos y bacterias debido a la influencia sistemática y callada del clima tropical, sin ningún tipo de control, al que se añaden los daños causados por el polvo, los insectos, los roedores y, aún más, los causados por la incorrecta manipulación de que es objeto, lo cual hace muy difícil su consulta.
Instalación de documentos y depósitos
La instalación inadecuada de los documentos de archivo, así como los repositorios improvisados e inapropiados, no hacen sino agravar la situación anterior, como ilustra el informe realizado por Claudio Guillermo Abbruzzese, enviado por el Archivo General de la Nación de Argentina a solicitud del Archivo Nacional de Nicaragua (Abbruzzese, 1998). Dichos repositorios en gran parte no pertenecen a los archivos, sino a las instituciones a las que por turno están adscritos, creando inestabilidad en la ubicación de los fondos documentales.
Si bien el panorama descrito en cuanto a la existencia o no de fuentes documentales y el estado de conservación de las que se encuentran en el país, no pretende sino revelar la extrema vulnerabilidad del patrimonio documental de Nicaragua, otros factores acentúan su fragilidad. De cara a la gestión de la información, a continuación se describen dichos factores: legislación actual, falta de integración de archivos públicos y privados para su salvaguarda a través de un sistema nacional de archivos, divorcio entre las administraciones y los archivos y carencia de formación profesional que asegure la eficacia de la gestión.
Legislación
De acuerdo con la “Historia del Archivo Nacional hasta 1979” (1983, p. 4) se sitúan en el periodo histórico conocido como el de los Treinta años conservadores (1856-1893)8 “los cimientos de la organización administrativa y archivística del país”. En 1863,9 se forma un Archivo General del Gobierno, dependiente del Ministerio de Hacienda. Veinte años más tarde, por otro decreto,10 se crea una Oficina para el Archivo General de la República, anexa a la Biblioteca Nacional y dependiente del Ministerio de Instrucción Pública (“Decreto”, 1883, p. 138). Más adelante la citada “Historia del Archivo Nacional” añade: “[...] Un salto cualitativo [...] dio el Archivo con el mandato de José Santos Zelaya” (“Historia”, 1983, p. 5), cuando con la asesoría del historiador José Dolores Gámez, se crea el Archivo General de la Nación (AGN)11 y se intenta centralizar la documentación, otorgándole al Archivo Nacional un carácter histórico —no puramente notarial como hasta entonces— y una labor de difusión sin precedentes. Este periodo es seguido por más de veinte años de intervención estadounidense y por el terremoto de 1931, que limitó las funciones del archivo12 a las estrictamente de reposición de la documentación “para atenuar la grave perturbación que su desaparecimiento ocasiona a los derechos civiles de las personas”.
El decreto promulgado casi treinta años después del primer terremoto que destruyó Managua y trece años antes del segundo (“Ley”, 1959), se dirigió fundamentalmente a regular el funcionamiento del AGN. Sin precedentes, dicha ley definía las principales funciones del AGN, pero en la práctica no logró la transformación que su marco teórico suponía.
Con el triunfo de la Revolución, el 26 de septiembre de 1979, se publica la ley de protección del patrimonio artístico, cultural e histórico de la nación, la cual se deroga tres años más tarde con la publicación13 de la ley de protección del patrimonio cultural de la nación. Cuando se divulga la Constitución Política el 9 de enero de 1987, se enuncia en el artículo 128 de forma general, que “el Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural y artístico de la nación”.
En 1997 se solicitó una asesoría en legislación archivística al Archivo General de la Nación de Argentina a través del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR), implementado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Una especialista, Elizabeth Cipolleta, responsable entonces del Archivo Intermedio del AGN, llegó por casi un mes a Nicaragua y como resultado de su asesoría se crearon cinco documentos que pretendieron tener carácter de ley. Tres de ellos se sometieron al Poder Legislativo, publicándose como decretos ejecutivos (“Decreto”, 2001, p. 5360-5365). Dichos decretos están dirigidos a la creación del Archivo General de la Nación (n° 71) —como el de 1896—, al rescate del patrimonio documental de la nación anterior al año 1979 (n° 72) y a la creación de los archivos administrativos centrales (n° 73).14 El cuarto y quinto no se han sometido aún a discusión y aprobación y se orientan a la creación de archivos intermedios y a la formulación de la tabla de los plazos de retención. No está legislado el acceso y tratamiento de los fondos documentales de los archivos del país.
Según el informe experto de la Fundación Histórica Tavera sobre la situación actual de los archivos de América Latina (Fundación, 2000, p. 93), las legislaciones de los países más avanzados en este campo se basan en una ley general de archivos, lo cual implica a todos los archivos del país, tanto los públicos como los privados. Evidentemente se carece de una legislación de esta índole en Nicaragua, que además defina las obligaciones y atribuciones de las administraciones respecto a los archivos y regule el acceso y la consulta pública a estos, todo lo cual refleja la fragilidad del sistema democrático y del estado de derecho en Nicaragua.
Sistema nacional de archivos
Un asunto que continúa pendiente de resolución, a pesar de algunas iniciativas y planteamientos, es la creación del sistema nacional de archivos (SNA) de Nicaragua, que tendría la misión de integrar todos los archivos del país, tanto públicos como privados, para salvaguardar el conjunto del patrimonio documental y de garantizar su acceso e investigación. En 1987 llegó al país, en calidad de consultora de la Unesco, doña Vicenta Cortés, gracias a una invitación formulada por el gobierno de Nicaragua, para que estudiara las condiciones del país y formulara unas recomendaciones encaminadas al establecimiento de un sistema nacional de archivos, según afirma en el preámbulo de su informe técnico elaborado entonces (Cortés, 1987, p. III). No se ha logrado hasta la fecha, como ya se dijo, responder a este reto, por lo que se carece prácticamente de toda articulación entre el Archivo Nacional y el resto de los archivos del país, entre ellos los municipales, que tanta trascendencia tienen en la actualidad; los archivos administrativos centrales en los diversos ministerios están aún sin crear, constatándose como lo hizo la misma Vicenta Cortés en su informe, la pérdida institucionalizada de documentación pública (Cortés, 1987, p. 18). Por otra parte, no existe preocupación alguna por la preservación de la documentación que nace y circula en formato digital, ni por sentar las bases donde funcione el gobierno electrónico dentro de una política nacional de sociedad de la información, que utiliza las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para mejorar la efectividad y la eficiencia de los poderes del Estado y poner éstos al servicio de la ciudadanía a través de la transparencia y rendición de cuentas y del control entre los distintos poderes.15
El Archivo Nacional, “encargado de recoger, custodiar, preservar y proyectar el acervo histórico del país para lograr el conocimiento de nuestra verdadera identidad nacional” según define sus funciones y objetivo (Historia, 1983, p. 13), no ha logrado impulsar la puesta en práctica de un sistema nacional adecuado a la necesidad real del país, ni cuenta en la actualidad con el personal ni los medios para ello.
La Administración y los archivos
Los archivos, por ser las instituciones que conservan el testimonio de la evolución de las sociedades, tienen gran importancia no solo por la documentación histórica que atesoran sino por su relación con el funcionamiento de dichas sociedades. Cada vez hay más conciencia a nivel internacional del papel que juegan los archivos en el estado de derecho y la democracia, en la transparencia administrativa, en la defensa de la ciudadanía y en el desarrollo sostenible, aspectos estos compartidos por los 21 países iberoamericanos. Abordando la cuestión de los archivos como garantes del estado de derecho y de los derechos humanos, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), junto con el Archivo Federal Suizo, han declarado lo siguiente: “Los archivos son indispensables para toda apreciación fiable del logro de los objetivos de los programas de gobierno. Asimismo, constituyen valiosas fuentes de información para la elaboración de nuevos programas de gobierno. Permiten, además, verificar la legalidad de la administración y situar la actividad del Estado en un marco jurídico previsible y coherente. A través de los archivos, se pueden mostrar eventuales violaciones de normas, irregularidades y decisiones arbitrarias de los gobernantes. Por esa razón, los archivos son un instrumento esencial para garantizar el Estado de derecho y los derechos humanos. De la misma manera, los archivos contribuyen en general a una mayor transparencia y con ello a la lucha contra la corrupción, la malversación de fondos y otras irregularidades” (Información, 2001, p. 2).
Por esta razón, se aúnan los esfuerzos por conservar y difundir los documentos públicos, de modo que la sociedad cuente con los recursos informativos a su disposición que le permitan ejercer responsablemente sus derechos ciudadanos y se garantice a las administraciones la toma de decisiones que involucran el desarrollo del país. En palabras de Christoph Graf, director del Archivo Federal Suizo, y de Walter Fust, director de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, la gestión de la información16 y la gestión de documentos17 constituyen la base de la capacidad de todo gobierno para prestar determinados servicios a sus ciudadanos, cumplir con su obligación de rendir cuentas y proteger los derechos de la ciudadanía.
Consciente de que los procesos de desarrollo sostenible pasan por la incorporación del patrimonio documental a dichos procesos, el Banco Mundial ha venido prestando mayor atención a las diversas necesidades de importantes archivos de América Latina con el objetivo de contribuir a mejorar su situación. Las políticas y estrategias de información por su parte, pueden y deben favorecer también decisivamente el desarrollo de la sociedad basado en las oportunidades que se le otorgan a los individuos dentro de la misma, para autogestionar su propio desarrollo a través del intercambio de información y conocimientos (Zaldívar Collazo, 1998, p. 2).
Los procesos de descentralización y desarrollo local que se vienen desarrollando en Nicaragua en esta última década, producto de la tendencia de modernización del Estado, han hecho posible la creación de una Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), la cual asocia a los 153 municipios del país18 distribuidos en los 13 departamentos y dos regiones autónomas de la división administrativa actual de Nicaragua, teniendo entre sus objetivos el fortalecimiento de los lazos de comunicación con los asociados, cooperantes y demás sectores ligados al nivel municipal, mediante el envío permanente de información.
A pesar de que la reforma administrativa de 1988 “impulsó el establecimiento del Plan de Archivos Municipales en Nicaragua, con el fin de que los municipios más importantes del país pudieran conservar la documentación de carácter histórico” y de que “estos archivos municipales dependen administrativa y jurídicamente de los municipios donde se ubican, pero asesorados técnicamente por el Archivo Nacional” (Fundación, 2000, p. 93), la situación de los municipios en cuanto a las políticas de información y a la gestión de la información que se produce actualmente en ellos la desconoce incluso el Archivo Nacional; lo que sí se sabe a ciencia cierta es que existe muy poca documentación antigua (Latino, 2003). Los derechos de la ciudadanía frente a la Administración, en este sentido, no se hacen valer. Los archivos prácticamente están divorciados de la gestión de la Administración y, por tanto, del funcionamiento de la sociedad.
Retomando la situación jurídica, de presupuestos, infraestructura, pérdida de documentación reciente, ausencia de un sistema nacional, etc., de los archivos en Nicaragua presentada más arriba, es evidente que la información que se está generando actualmente no goza de protección alguna y, con ello, la responsabilidad19 y transparencia de los entes gubernamentales es notoriamente frágil y el supuesto ejercicio democrático de sus funciones, con la finalidad de lograr el desarrollo económico y social, eliminar la pobreza y alcanzar la igualdad para los grupos tradicionalmente excluidos, está fuertemente cuestionado.
El 17 de septiembre del presente año, por iniciativa de la sociedad civil junto a diversos organismos y medios de comunicación de Nicaragua, se inició la discusión de una propuesta de ley de acceso a la información pública, que busca romper el secretismo y el silencio de los funcionarios públicos. Cristiana Chamorro, organizadora del evento y representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), declaró que “la iniciativa para despertar conciencia y consenso alrededor de una Ley de Información Pública, busca analizar a la luz de otras experiencias internacionales lo que debería ser una ley modelo para el país. Una vez que hayamos alcanzado el consenso, procederemos a promover su aprobación en la Asamblea Nacional” (Collado, 2003). Actualmente, según afirmó Laura Neuman, subdirectora del Área de Transparencia del Centro Carter, más de 30 países cuentan con una ley de acceso a la información, pese a que hasta hace unos diez años no pasaban de cuatro naciones (Collado, 2003). Sin duda, esta iniciativa se inscribe en el proceso de transparencia y rendición de cuentas que cada vez más exige la sociedad a los gobernantes.
Formación de profesionales de la información
El artículo 29 de la citada ley que regula el funcionamiento del Archivo General de la Nación, afirma que se fundará la Escuela de Archiveros y Bibliotecarios (Gaceta, 1959, p. 2171), facultando en su artículo 35 al Ministerio de Gobernación para ello. Un año más tarde, y sin vínculo alguno aparente, los padres jesuitas fundan la Universidad Centroamericana, única en ofrecer la carrera de Bibliotecología, la que de hecho se ocuparía más de la formación profesional en un contexto de gestión documental en bibliotecas que en archivos. Al cerrarse la Escuela de Bibliotecología en 1994, la formación de profesionales en este campo se ha visto afectada considerablemente.
Desde entonces, casi una década más tarde, y a pesar de repetirse que “la información es poder”, que “nos adentramos en la sociedad de la información”, etc., la carencia de cursos de capacitación y actualización dirigidos al personal que labora en el campo de bibliotecas, museos y archivos no la ha paliado ninguna institución de enseñanza, afectando tanto a los usuarios de las unidades de información y, por ende, al desarrollo de sus proyectos e investigaciones, como a la imagen y el perfil de los bibliotecarios y archiveros que en ellas laboran.
En 1986, Luis Latino afirmaba en su ponencia presentada en el Primer Encuentro Archivístico Nacional de Nicaragua, que los cursos que se impartían sobre archivística en instituciones y escuelas comerciales en periodos cortos, eran “dirigidos a personal secretarial y auxiliares de archivos” (Latino, 1986, p.2 ).
Junto con la carrera de Bibliotecología, ha ido desapareciendo incluso el cargo de archivero en la estructura organizativa nacional y son cada vez menos las personas que trabajan en este campo, en el Archivo Nacional incluso.20
En este marco, cobra enorme dimensione la maestría en Gestión y Organización de Bibliotecas Universitarias que, con visión regional y gracias al impulso de l'Associació Catalana de Professionals per la Cooperació, inició a finales de 1997 la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en la Universidad Centroamericana de Managua, con el patrocinio de la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana (AECI). Una segunda edición de la Maestría comenzó en la Universidad de El Salvador en julio de 2001, ofrecida en ambos casos a cuarenta estudiantes inicialmente de Nicaragua y El Salvador, sumándose posteriormente estudiantes hondureñas.
No puede concebirse un avance significativo en el desarrollo del patrimonio documental de Nicaragua, ni en el desarrollo del estado de derecho, si no se considera seriamente la necesidad de formar profesionales de la información capaces de garantizar la gestión de la misma por cualquier medio, incluido el electrónico, así como de divulgar sus actividades, a la vez que participar en asociaciones internacionales encaminadas a desarrollarlas y fortalecerlas
Conclusiones
Se puede afirmar que la problemática que afecta a los archivos de Nicaragua no es sino la consecuencia de un problema más profundo, circunscrito en la propia cultura política del país. Una cultura política que institucionaliza el divorcio entre la sociedad y el estado y entre éstos y los archivos. Un estado con poca capacidad de regulación social y donde cada vez se hace mayor la separación entre derecho y realidad, sobre la ya existente entre realidad e información. Una nación donde se legisla y se obvia lo legislado o se legisla con intención contraria a lo que realmente quiere hacerse, haciendo declaraciones de principios sin intención de cumplir; donde se anula lo legislado o se actúa en omisión a ello. Una nación donde la ciudadanía no logra ser interlocutora del estado, que, a su vez, la vuelve insegura, indefensa y desconfiada y le arrebata la capacidad de reconocer sus intereses comunes, que son tantos.
Para transformar la realidad de los archivos, tendría que darse necesariamente, en esta lógica de pensamiento, un quiebre cultural, una transformación profunda de la cultura política de la nación, lo cual implica un proceso largo, pero no por ello imposible. ¿Y mientras tanto? Sin duda se abren posibilidades de actuación para mejorar la situación actual y se dan pasos, al menos en el terreno ético —aunque no solamente— en la creación de una cultura diferente, que bien pudieran desembocar en la revolución moral necesaria en el país. A continuación comentamos algunos de ellos:
Las alianzas estratégicas
No son de hecho un camino novedoso, pero sí casi inexplorado en Nicaragua. Estas alianzas están permitiendo en estos momentos el desarrollo de diversas iniciativas, entre las que podríamos destacar las dos siguientes:
— Las publicaciones periódicas del siglo XIX de Nicaragua, en poder de la Hemeroteca Nacional y llamadas a desaparecer, se están restaurando y digitalizando —con más voluntad que recursos— en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA) de la Universidad Centroamericana (UCA), gracias al convenio entre esta institución y el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC).
— La Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el IHNCA están preparando varios proyectos desde 1999-2003: rescatar la memoria del siglo XX, registrada en los diversos medios de comunicación escritos que han circulado en el país; rescatar el pensamiento del Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal en los editoriales del periódico La Prensa desde 1946 hasta su asesinato el 10 de enero de 1978; crear el Museo Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que en su primera etapa contempla, este año 2004, la organización del Archivo Presidencial, con el cual se dará un paso si no en el terreno legislativo, sí en el ético, hacia la creación de una cultura gubernamental de información, etc.
Capacitación
Gracias al convenio cultural entre el Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana e instituciones culturales de Nicaragua en el campo de las bellas artes y la restauración, especialistas en restauración en papel, pintura y arqueología están capacitando personal nicaragüense. Desde el año 2002, el Banco Central ha sido sede de la capacitación en restauración en pintura; la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en arqueología; y el IHNCA, en papel. En este último participan las cuatro principales instituciones que gestionan patrimonio documental en el país: el Instituto Nicaragüense de Cultura (que atiende la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional y el Archivo General de la Nación), el Centro de Historia Militar, el Banco Central, la Cinemateca Nacional y el propio IHNCA. Paralelamente, las mismas especialistas de la Generalitat Valenciana capacitan en conservación preventiva a personal de quince instituciones. Con parte de este personal se constituyó un Comité de Preservación, que comenzó su trabajo estableciendo pequeños e imprescindibles criterios a cumplir, en cada una de las instituciones que deseen involucrarse, con el objetivo de preservar sus documentos. La misión de este comité es lograr establecer en el futuro un plan de gestión de calidad del patrimonio documental en el país e irse capacitando y compartiendo experiencias para lograr sus objetivos.
Por iniciativa del IHNCA, y en coordinación con la Biblioteca del Banco Central y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se prevé para el 2005 presentar a la Universidad Centroamericana, un programa de Diplomado en Gestión de la Información que abarque las disciplinas de biblioteca, archivo y museo, con la certeza de que la educación es un factor de cambio y de desarrollo sostenible y con la convicción de que la documentación tratada profesionalmente favorecerá los servicios públicos, generará confianza en la ciudadanía y mejorará paulatinamente la gestión de la información en las instituciones del país. Para desarrollar dicho diplomado, se cuenta, sin lugar a dudas, con la solidaridad de la comunidad internacional de profesionales en estos campos y con la voluntad, terquedad y empeño decidido de la contraparte nicaragüense.
A mediados de junio del presente año, se prevé realizar un taller de capacitación destinado a todo el personal involucrado en la gestión de documentos en la UCA, con el objetivo de lograr la correcta organización de los archivos de gestión, como primer paso hacia la creación y organización del archivo administrativo de la institución. El proyecto de creación del archivo administrativo de la UCA ya está elaborado y se desea extenderlo a las universidades del país a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Medios de comunicación y sociedad civil
En estos momentos los medios de comunicación están jugando un papel importantísimo, tanto en la denuncia de los actos de corrupción, tráfico de influencias, etc., como en la sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia del patrimonio y su defensa. Este papel educativo de los medios es sumamente esperanzador en el contexto de la educación formal actual de Nicaragua.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil intentan canalizar su responsabilidad frente al cambio cultural abriendo espacios de formación, reflexión y debate cada vez más amplios y comprometidos. Entre éstas se cita La Casa de los Tres Mundos, en Granada, que en algo más de diez años y basándose en la práctica de los derechos humanos y el respeto al medioambiente, ha logrado ubicarse como un centro de referencia nacional y regional en la formación cultural y artística, fundamentalmente a través de programas de cultura comunitaria, que involucra a padres y madres de familia, y permite a niñas y niños, jóvenes y adolescentes apropiarse de los principios básicos técnicos que necesitan para desarrollar su comunidad a partir de sus propios saberes y motivaciones, extendiendo la experiencia a las áreas periféricas y rurales y haciendo de la cultura un vehículo de promoción y desarrollo.
También hay que mencionar el Museo Entomológico de León, que ha localizado y compilado la literatura de insectos de Nicaragua, logrando recopilar ochocientas fuentes bibliográficas sobre el tema, organizándolas a nivel taxonómico y publicando en tres volúmenes el fruto de este trabajo, no como punto de llegada, sino justamente de partida para un trabajo futuro en este campo.
Otras experiencias similares y silenciosas se van tejiendo, salpicando de esperanza al tiempo que salen a flote y saltan, remontándose a contracorriente.
Bibliografía
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Fecha de recepción: 15/03/04. Fecha de aceptación: 26/04/04
Notas
1 Fundador del Instituto Histórico Centroamericano en 1961, investigador sobre la historia de Nicaragua en archivos extranjeros desde 1934 hasta 1995, actualmente director del Archivo Histórico de la Provincia de México de la Compañía de Jesús.
2 Esta segunda entrega comienza por el número 129 y no por el 128, como correspondería tomando en cuenta que la primera llegó hasta el número 127.
3 Organizado por el Instituto de Cultura y realizado en la Biblioteca Nacional de Nicaragua el 7 de agosto de 1991.
4 La Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, t. XLII, año 1977, publica íntegro el índice de los documentos originales, “un extracto de más de cinco mil resmas de papel en documentos [...]” que trajo a Nicaragua el periodista Enrique Gottel por encargo del entonces presidente, don Vicente Quadra, y que fueron extraídos del Archivo de la Capitanía General de Guatemala por orden del presidente general Justo Rufino Barrios para obsequiarlos a este país. Dichos documentos se entregaron más tarde a Hubert H. Bancroft, de acuerdo con sus reiteradas solicitudes (según consta en las comunicaciones insertas en la misma publicación, desde el 16 de julio de 1874 entre el representante de H. H. Bancroft y el presidente don Vicente Quadra, y hasta el 16 y 19 de julio de 1916 con el presidente Adán Cárdenas), con el objetivo de hacer en 22 tomos su historia de los países situados en la costa del Pacífico, desde el istmo de Panamá hasta el estrecho de Bering.
5 1800 - 1978 en el tomo 1, página VII.
6 Según expresa la directora general del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA) en un informe presentado en el 2002 a la Secretaría del Jurado del Premio Internacional Reina Sofía de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, promovido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), el cual está destinado a premiar una obra, iniciativa o trayectoria profesional que haya destacado tanto por su contribución al campo de la conservación y restauración del patrimonio, como por su beneficioso impacto en la promoción del lugar en la que ésta se ha llevado a cabo.
7 Jerónimo Pérez, Memorias para la historia de la revolución de Nicaragua y de la guerra nacional contra los filibusteros: 1854 a 1857, citado por Luis Latino (1989, p. 3).
8 Véase la nota 4, donde se explica cómo también en los Treinta Años Conservadores, en 1874, en tiempos del presidente Vicente Quadra, se comenzó el envío de importantes colecciones de documentos a los Estados Unidos.
9 Por Decreto presidencial, del 14 de noviembre de ese año.
10 Igualmente presidencial, del 28 de abril de 1883.
11 Por Decreto presidencial publicado en la Gaceta oficial, el 19 de julio de 1896.
12 Según el Decreto publicado en La Gaceta: diario oficial, el 17 de julio de 1931.
13 El 2 de diciembre de 1982.
14 Esto no significa que dichos decretos hayan sido ejecutados, pues a casi tres años de su aprobación, tanto se adolece de actuaciones eficaces de rescate del patrimonio documental anterior a 1979 como de las encaminadas a la creación de archivos administrativos centrales.
15 Nicaragua se conecta a Internet en octubre de 1989 y la Universidad Nacional de Ingeniería, que tiene a su cargo la Administración del Nic.Ni, en 1994, época del boom comercial de Internet y de la baja de precios de las computadoras en el mercado.
16 “La gestión de la información es la administración, la utilización y la circulación de documentos, respectivamente de la información en ellos contenida, así como la aplicación de la teoría y de las técnicas de las ciencias de la información para la creación, transformación y mejoramiento de los sistemas de información” (Dictionnaire de terminologie archivistique, Munich; Nova York; Londres; París; Saur: 1984 – Consejo Internacional de Archivos; handbooks series; vol. 31).
17 “La gestión de documentos es el registro sistemático de operaciones o gestiones y de resultados. Dicho registro comprende la creación de documentos (elaboración, recepción, registro y archivo), su utilización y su administración, así como las reglas, los procedimientos y los medios materiales necesarios para ello. La gestión de documentos respalda la ejecución de las operaciones, garantiza la verificación de la actividad de la administración en conformidad con las disposiciones legales correspondientes y permite, de esa manera, comprender lo que se ha hecho y por qué” (La gestion des documents, clé de la gestion de l'information, una publicació de l'Archivo Federal Suizo, Berna, 12 de diciembre de 1999).
18 La página web de la institución, consultada a mediados de año 2003, reflejaba 147 municipios, cuando son exactamente 153, contando a San José de Bocay, Jinotega, el que recientemente se ha erigido como tal.
19 Término empleado por el BID para definir la rendición de cuentas (accountability).
20 Actualmente trabajan 8 personas, dos de ellas con nivel de primaria y tres con nivel de secundaria.