El modelo francés.


El modelo francés de ciudadanía republicana se ha construido sobre una concepción centralista e intervencionista del Estado en la economía y en la vida familiar, así como sobre una subordinación de los derechos individuales a un supuesto "bien común nacional". El peso del universalismo ha supuesto, frente al modelo anglosajón, una mayor dificultad para articular las "diferencias" y una ralentización del acceso de las mujeres a la ciudadanía civil y política. El sistema de seguridad social francés ha vinculado la salud y los beneficios por maternidad al empleo y no al estatuto del ciudadano, lo que, a partir de una determinada época, ha servido de impulso a la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. De todas formas, uno de los rasgos característicos del estado del bienestar francés ha sido la constante oscilación entre las políticas de asistencia a las mujeres en cuanto madres y las tendentes a favorecer su integración en el mercado de trabajo. De acuerdo con las políticas pronatalistas del estado francés las mujeres vieron tempranamente reconocidos sus derechos sociales como "madres" a través, por ejemplo, de los subsidios familiares para madres solteras (1938), antes incluso que sus derechos civiles y políticos (derecho de voto, 1944).

El sistema de seguridad social francesa desarrollado después de la guerra colocó a las mujeres en una situación de desventaja. El sistema, altamente diversificado, se apoyaba fundamentalmente en la contribución de trabajadores y empresarios, poniendo el énfasis en la responsabilidad individual y en la relación laboral más que en el concepto de solidaridad. En la medida en que los beneficios responden al nivel de ingresos, incluso las mujeres económicamente más activas por tener menores salarios tienen un nivel de cobertura menor. Y las mujeres sin empleo formal, que eran la mayoría, tenían así acceso al sistema de salud en tanto esposas. Para aquellos que no contribuían -los que no tenían empleo- se puso en marcha un sistema asistencial organizado a nivel local con niveles de prestación inferiores. Con este sistema estatal dual convivía el sistema de seguros privados existente antes de la Segunda Guerra Mundial introduciendo nuevas desigualdades.

Las madres que no se incorporaban al trabajo recibían prestaciones por familia ("allocation de salaire unique et de la mère au foyer"). De hecho las políticas de maternidad han contribuido durante largo tiempo a la exclusión de las mujeres del mercado de trabajo y al mantenimiento del modelo de salario familiar, aunque ello nada haya tenido que ver con los flujos de la oferta de mano de obra. Hasta 1970 el marido tenía el derecho a fijar la residencia familiar y a impedir el trabajo de la esposa. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo cambió muy poco entre principios de siglo y la postguerra, llegando incluso a disminuir en la década de los sesenta.

Desde los años setenta se produjo un cambio en las políticas sociales, propiciando -con notable éxito- la participación de las mujeres en el mercado de trabajo a través de políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, y desarrollando, de acuerdo con las iniciativas de la Unión europea, políticas de igualdad en el trabajo. Entre las primeras medidas cabe destacar la creación, después de la Segunda Guerra Mundial, de un sistema de guarderías estatales. La cobertura de la escolarización preescolar es una de las más altas de Europa: 35% de los niños entre dos y tres años y 94% de entre tres y seis. Sin embargo dichas políticas convivían con la existencia de nuevas ayudas a las familias de carácter pronatalista que suprimieron la relación entre nivel de ingresos y salarios familiares percibidos, adjudicando dichas ayudas como derechos de las mujeres. A finales de los setenta se ampliaron así mismo los permisos por maternidad y se disminuyó la presión fiscal sobre las familias a partir del tercer hijo. Pero el aumento del trabajo femenino no se ha hecho sobre la base del trabajo a tiempo parcial como en otros países.

A partir de 1981, el gobierno Mitterrand corrigió el carácter pronatalista de algunas de estas medidas, suprimiendo las acusadas diferencias de las prestaciones según el número de hijos. Sin embargo, Francia ha seguido siendo uno de los países líderes en las políticas sobre los permisos por maternidad. En 1981, se reconoció el derecho a un año de permiso a hombres y mujeres; en 1986, el período se extendió a tres sin pérdida de los derechos laborales. Desde 1988, las madres de familia de edades superiores a los 45 años tienen acceso en cuanto tales al sistema sanitario, viendo reconocido su trabajo. Las altas tasas de actividad a tiempo completo en relación a los países vecinos puede considerarse un éxito de las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar.

Si en el terreno de la integración en el mercado ha habido progresos notables, y en el acceso de las mujeres a los derechos sociales Francia puede considerarse una aventajada, ello no ha propiciado, al contrario de lo sucedido en el caso danés, un mayor acceso de las mujeres a las estructuras de poder político fuertemente masculinizadas. La tradición universalista republicana ha dificultado que las mujeres tuvieran una representación en las instituciones "como mujeres" al modo en que lo han tenido en otros países. Las medidas recientemente aprobadas sobre la paridad política han supuesto una auténtica revolución en la política francesa que hasta ahora había declarado sistemáticamente anticonstitucionales todas las propuestas de instauración de cuotas en los sistemas de representación política.