El Estado del bienestar en España.
Vicenç Navarro
http://www.rebelion.org/spain.htm

El Estado del Bienestar incluye aquellas intervenciones públicas encaminadas a mejorar el Bienestar y calidad de vida de la ciudadanía, las cuales pueden agruparse en cuatro grandes categorías; las transferencias sociales (entre las cuales las pensiones es el capítulo más importante); los servicios del Estado del Bienestar (entre los cuales los más importantes son sanidad y educación y servicios de ayuda a la familia); las intervenciones normativas para proteger la higiene y seguridad del trabajador y del consumidor, así como del ambiente; y las intervenciones para estimular y garantizar la creación de buen empleo, bien a través de ofrecer el contexto adecuado para la creación de tal empleo por parte del sector privado o la propia financiación y/o provisión de empleo por parte del sector público, cuando la iniciativa privada no es suficiente para alcanzar el pleno empleo. Éstas son las dimensiones más importantes del Estado del Bienestar que, como el lector puede ver, incluyen los aspectos más importantes de la vida cotidiana de la ciudadanía que determinan la calidad de vida de la población.

¿CÓMO ES EL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA?

La primera característica que define el Estado del Bienestar español es su escaso desarrollo. Tanto si se utilizan indicadores como el porcentaje del PIB en gasto social (20,2% del PIB), como si miramos el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del Estado del bienestar, como sanidad, educación y servicios de ayuda a la familia (5,6%), los números son mucho más bajos que los promedios de la UE (que son 28% del PIB de gasto social y 10% de la población adulta que trabaja en aquellos servicios). Este escaso desarrollo de la protección social es uno de los problemas mayores existentes en España, del cual el establishment español no es consciente, lo cual dificulta enormemente su resolución. Existe la opinión generalizada de que "España va bien", mensaje reproducido acríticamente por gran mayoría de medios de información y persuasión, que obstaculiza en gran manera la movilización necesaria para cubrir los enormes déficits de la protección social en nuestro país.

DÉFICIT SOCIAL EN PENSIONES

El escaso desarrollo del Estado del Bienestar aparece en todas las cuatro dimensiones del Estado del Bienestar citadas en la introducción. Así, en pensiones, capítulo importantísimo del Estado del bienestar, nos gastamos sólo un 8,7% del PIB cuando el promedio de la UE es un 11%; la estructura demográfica en España no es tan diferente de la europea para poder explicar la diferencia de más de dos puntos entre España y la UE. En realidad, la pensión promedio en España es mucho más baja que la pensión promedio de la UE (tomando el salario medio como punto de referencia) (Social Protection in Europe 2000. EUROSTAT).

DÉFICITS EN SANIDAD Y SALUD PÚBLICA

En otro capítulo importante del Estado del bienestar, la sanidad, el déficit de gasto público versus el resto de la UE, es incluso mayor. España se gasta un 5,8% del PIB en sanidad pública, muy por debajo de la media europea en la UE (7,3%).

Pero en realidad, la situación es incluso más preocupante, porque España se gasta más de un 20% del gasto público sanitario en farmacia ­debido al gran poder de la industria farmacéutica­. Cuando descontamos del 5,8% del PIB este 20%, resulta que el gasto público sanitario no farmacéutico es 4,7% del PIB, que es la cifra más baja de la UE (junto con Grecia). Esta falta de recursos explica en gran parte las graves deficiencias del sistema sanitario español, que incluyen desde las largas listas de espera para condiciones de vida o muerte ­como son intervenciones de cirugía cardíaca (de las más largas de la UE)­ al escaso tiempo de visita del médico de Atención Primaria no reformada que trabaja, por ejemplo, en los ambulatorios de Barcelona (que todavía cubre más del 40% de la población barcelonesa) y que dedica sólo tres minutos por visita al paciente como promedio.

Nunca ha sido tan cierta aquella frase "ir a ver al médico". No hay tiempo para hacer nada más. Es cierto que en los nuevos Centros de Atención Primaria el tiempo medio de visita es más largo, 6 minutos. Pero, así y todo, el promedio de tiempo de visita de todos los centros de atención primaria es de los más bajos de la UE, resultado en gran parte de la escasez de recursos y del elevado número de pacientes por médico en la atención primaria. No es de extrañar que España sea uno de los países de la UE en el que un mayor porcentaje de población (el 76% comparado con el 59% de la UE) se queja de la falta de tiempo de visita del médico. Es también uno de los países de la UE que tiene un porcentaje más bajo (30%) de población que manifiesta satisfacción con el Sistema Sanitario (Key Data on Health 2000. EUROSTAT). Estos datos muestran que la sanidad española no va bien.

Otro problema grave de la sanidad española es la gran pobreza de la infraestructura de los servicios de salud pública, servicios en su mayoría de responsabilidad municipal, que han padecido de un déficit crónico resultado del poco desarrollo de los recursos municipales en España y su escaso poder normativo y sancionador. Ello explica que nuestro país tenga una de las tasas de mortalidad y morbilidad más altas en la UE de accidentes laborales y de tráfico, tuberculosis, SIDA, ingestión de drogas, sífilis, legionella y otras enfermedades fácilmente prevenibles. España, por cierto, es también de los países que tiene una educación sexual más deficiente, con uno de los porcentajes más altos de la UE de chicos y chicas jóvenes que creen erróneamente que el SIDA se transmite por el mero contacto físico. Es también de los países que tienen mayores tasas de mortalidad debido a enfermedades infecciosas y parasitarias, resultado del control deficitario de la higiene alimentaria y ambiental, siendo también uno de los países en el que la población está más expuesta a ruidos más altos debidos al tráfico (Key Data on Health 2000. EUROSTAT). Las tasas catalanas son mayores que las tasas españolas. Entre éstas cabe señalar las tasas de fatalidad en el lugar de trabajo, por cierto, una de las más altas de los países desarrollados, y cuya homologación nos sitúa a niveles de país del Tercer Mundo.

Antes de terminar esta sección sobre nuestros déficits sanitarios y salubristas, quisiera añadir dos observaciones que creo importantes. Una es que en círculos salubristas internacionales las grandes insuficiencias de la salud pública en España son bien conocidas. De ahí que el grupo de expertos en vacas locas que asesoró a la Comisión Europea alertase que España y Portugal eran dos países muy vulnerables para el desarrollo de una epidemia de tal enfermedad, predicción que por desgracia se está realizando con un número creciente de casos que se van descubriendo a lo largo del territorio español.

La otra observación es que hay muestras que en varias dimensiones importantes de la sanidad y de la salud pública la situación se está deteriorando. Por ejemplo, la mortalidad infantil (número de recién nacidos que mueren el primer año de vida de cada mil nacidos vivos), que descendió de una manera muy notable del año 1980 al año 1993, pasando de 12,3 infantes muertos a un 5,5, ha ido aumentando a partir de entonces a 5.7 en 1998, a la vez que la gran mayoría de países en la UE ha continuado descendiendo, con lo cual, España tiene una de las mortalidades infantiles más altas de la UE. Ni que decir tiene que muchos otros factores están causando este estancamiento e incluso retroceso en la mortalidad infantil en España. Pero estas muertes de infantes (que representan más de mil muertes más de los que hubiéramos tenido si la tasa hubiera continuado descendiendo) hubieran sido prevenibles a partir de intervenciones de salud pública.

EL MAYOR DÉFICIT SOCIAL: LA INEXISTENCIA DE SERVICIOS UNIVERSALES DE AYUDA A LAS FAMILIAS

Ahora bien, donde las insuficiencias del Estado del Bienestar español son mayores es en los servicios de ayuda a la familia, que incluyen guarderías, servicios domiciliarios para personas de la tercera edad y personas con discapacidades y otros servicios para estos grupos vulnerables de nuestra población, tal como residencias o centros de día. En estos servicios, las deficiencias son enormes. Un dato muestra esta deficiencia con toda claridad. El porcentaje de población de la tercera edad (por encima de los 65 años) que tiene algún tipo de servicios domiciliarios es en nuestro país, España, sólo del 1,4%. En cambio, el porcentaje de personas de la tercera edad atendida por algún tipo de servicios domiciliarios en países de tradición socialdemócrata, como Suecia, Dinamarca y Finlandia, es del 30%, 20% y 24%, respectivamente. Ni más ni menos que diecisiete veces más. Incluso en los países del centro de Europa donde la socialdemocracia ha sido menos influyente, el porcentaje de gente de la tercera edad dependiente que recibe atención domiciliaria es mucho más alto que en España: en Francia es un 7%, en Holanda, un 8% y en el Reino Unido es de un 9% (Care of the Elderly. OCDE. 1998). Esta situación es preocupante.

Una situación igualmente deficitaria nos la encontramos en los servicios a la infancia.

Por ejemplo, sólo el 10% de infantes de 0 a 3 años están atendidos en guarderías de financiación pública, comparado con un 33% en Suecia, un 48% en Dinamarca, un 21% en Finlandia, un 23% en Francia y un 30% en Bélgica. Sólo Grecia (3%) e Irlanda (2%), tienen unos servicios de cobertura y financiación públicos tan bajos como nosotros (European Comission. Social Protection, 1997). Una situación parecida aparece cuando analizamos las prestaciones familiares públicas, en las que estamos de nuevo en la cola de la UE. Es sorprendente que, considerando estos datos, hablemos de la sociedad española como de sociedades muy profamiliar, en la que, en teoría, la familia es el centro de la sociedad. Estos datos no lo muestran así. A pesar del discurso retórico profamiliar, la realidad confirma que España no sitúa a la familia en el centro de su sociedad.

Las consecuencias de este déficit en los servicios de ayuda a la familia son enormes.

Y entendamos que cuando decimos familia queremos decir mujer. La mujer en España se encarga de proveer la gran mayoría de servicios a los ancianos, a los jóvenes, a los niños y a las personas con discapacidad, con muy pocos medios e infraestructuras que la ayuden. Además de este trabajo en casa, el 38% en España trabaja también en el mercado de trabajo.

Podemos ver que la mujer española está sobrecargada. No debería de ser así. En otros países de tradición laica y de tradición socialdemócrata, la mujer tiene una red que le permite compaginar el trabajo familiar con el profesional. Me explicaré. Cuando en 1962 hube de huir de España debido a mi participación en la lucha antifranquista, fui a Suecia, país socialdemócrata que ayudó mucho a las fuerzas democráticas españolas.

Allí conocí a la persona que ha sido mi compañera y esposa durante casi cuarenta años. Mi esposa es sueca y, por tanto, mi suegra también lo es. Hace diez años, cuando mi suegra tenía 86, se cayó y se rompió el fémur (una condición que pasa a menudo entre los ancianos) y pude comprobar cómo la sociedad sueca cuidaba de ella. Casi la misma semana, mi madre, de 94 años, que vivía en la Sagrera, un barrio obrero de Barcelona, se cayó y también se rompió el fémur, y pude ver como dos sociedades ­la sueca y la española­ cuidaban a los ancianos y ayudaban a sus familias. Bien, en Suecia, mi suegra tenía derecho, por ser sueca, de tener cinco visitas de los servicios domiciliarios al día. Una, por la mañana, la ayudaba a levantarse, la lavaba y le preparaba y le daba el desayuno; otra iba y le hacía la comida a mediodía; otra iba por la tarde para hacerle compañía y le llevaba libros; otra, por la noche, le preparaba la cena y la ayudaba a acostarse, y otra la llevaba al lavabo a las dos de la madrugada.

Cuando iba a comer con el Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales del gobierno sueco, al que conozco bien (yo viví en Suecia y me conocen bien en aquel país), me decía: "Vicenç, estos servicios los financiamos y proveemos (en realidad los financian y gestionan los municipios con ayuda de los gobiernos central y autónomo) por tres razones. Una, porque son muy populares, otra, porque es más económico tener a tu suegra en su casa que en una institución, y en tercer lugar, porque creamos trabajo". En Suecia, como resultado de esta política de estimular la creación de puestos de trabajo, un 18% de la población adulta trabaja en los servicios del Estado del bienestar, sanidad, servicios de ayuda a las familias y en educación. Verá el lector que las razones que daba mi amigo Ministro eran razones lógicas, casi, diría yo, de sentido común.

Bien, veamos ahora quién cuidaba a mi madre. En Cataluña (y en cualquier otra comunidad autónoma de España) no existía ni tampoco existe ahora este tipo de servicios. Solamente la gente de renta alta puede tenerlos, valen un riñón y no ofrecen este tipo de servicios la calidad de los públicos de Suecia. Las personas que trabajan en estas empresas privadas de servicios domiciliarios son mayoritariamente latinoamericanas que están pésimamente pagadas y que no proveen los servicios que ofrecen los servicios domiciliarios suecos. Por regla general, sólo hacen compañía. No tienen ninguna formación profesional. Por otro lado, existen los servicios municipales que son de carácter asistencial y que se ocupan de personas de escasos recursos.

Incluso los servicios domiciliarios públicos de algunos de los municipios más progresistas de España, como son Barcelona o Sabadell, no proveen los tipos de servicios que proveen los servicios domiciliarios suecos que les comentaba antes. Y estos servicios municipales son asistenciales y no universales, es decir, que no se proveen a todas las familias como un derecho de ciudadanía.

¿Saben quién se ocupaba de mi madre? Mi hermana, que además era maestra. Mi hermana, de mi generación, representante de la mujer española, era la que cubría las grandes insuficiencias del Estado del Bienestar español. Y este es uno de los problemas más grandes de la sociedad española, del que la estructura de poder, tanto política como mediática, no es consciente. Este problema es enorme y tiene grandes consecuencias humanas y económicas. Entre las primeras es que las mujeres españolas están sobrecargadas. Según uno de los trabajos más detallados que se han hecho de las condiciones de salud y calidad de vida de los españoles que realizó una Comisión que tuve el privilegio de presidir, creada por el gobierno español en 1992, el grupo de población que sufre más enfermedades debidas al estrés es la mujer de 35 a 55 años (tres veces más que el siguiente grupo), lo que traduce la gran presión a la que la mujer está sometida. La mujer española pasa 44 horas a la semana (además de las horas que trabaja en el mercado laboral) cuidando de los miembros de la familia. No es de extrañar que el 51% de las mujeres que se ocupan de personas dependientes en nuestro país digan que están cansadas, un 32% digan que están deprimidas y un 30% crean que su salud se ha deteriorado desde que se han hecho cargo de la persona dependiente. Es más, a las mujeres que trabajan, el cuidado de personas dependientes les ha significado para un 64% una reducción del tiempo de ocio; para un 48% tener que dejar de ir de vacaciones; y un 40% ha tenido que dejar de frecuentar sus amistades. Y esta situación puede durar más de diez años (para un 28%), entre 6 y 10 años (para un 19%) y entre 3 y 5 años (para un 25%). Detrás de estas cifras hay un enorme sacrificio. Esta es la realidad ignorada por nuestro establishment político y mediático, la mayoría del cual es hombre y de clase media alta y alta.

MUJER, MERCADO LABORAL E INMIGRACIÓN

Otra consecuencia de la sobrecarga de la mujer, en ausencia de los servicios de ayuda a la familia que le permiten compartir los trabajos familiares con los profesionales, es la baja tasa de ocupación de la mujer en España (38%). Sabemos que un 26% de amas de casa querrían trabajar en el mercado laboral pero no pueden debido a sus responsabilidades familiares, otro 12% ha tenido que dejar el trabajo debido a estas responsabilidades y otro 12% ha tenido que reducir la jornada laboral como resultado de aquellos trabajos familiares. Sabemos también que la mayoría de mujeres de 35 a 55 años estarían dispuestas a trabajar si las condiciones del mercado de trabajo (es decir, el tipo de trabajo) se lo facilitara y si tuviera ayuda en casa para hacerlo (IMSERSO-CIS. 1998).

Éste no es sólo un problema humano sino también económico. En realidad, parte de nuestra pobreza como país está basada en aquel porcentaje tan bajo de la población femenina que trabaja, que explica que el promedio de participación de la población adulta (sumando hombres y mujeres) sea tan solo un 49%, uno de los más bajos en la UE. Menos trabajadores quiere decir menos riqueza. Si en lugar de un 38% de mujeres trabajando hubiera un 57% (el promedio de la UE), habría tres millones más de trabajadores pagando impuestos y contribuciones a la Seguridad Social. Si, además, sumásemos las personas que están en el paro y que quieren trabajar, añadiríamos unos dos millones más; en total, cinco millones de personas.

En España, y en contra de lo que se dice y se escribe, no falta gente para trabajar, tal como se argumenta para justificar una gran demanda de inmigrantes, demanda que quiere abaratar el precio del trabajo y mantener los puestos de trabajo mal pagados.

Ahora bien, es un error económico mantener estos puestos de trabajo mal pagados porque evitan que el empresario invierta en el puesto de trabajo para convertirlo en otro de más alta productividad y por tanto de salario más alto. La gran mayoría de trabajos mal pagados y de baja productividad se pueden cambiar a trabajos de mayor productividad y salarios más altos si se hace la inversión necesaria. El trabajo domiciliario, por ejemplo, que en España está hecho por inmigrantes mal pagadas sin ningún tipo de formación, se hace en Finlandia por personas que tienen formación universitaria y que ganan buenos sueldos. Y el trabajo de recogida de frutas y uva que se hace en el Panadès, en España, por inmigrantes, se hace por técnicos que utilizan equipos de productividad más alta en la región de Bourdeaux, en Francia.

Hemos de entender que salarios bajos son indicadores de ineficiencia económica. No es bueno para una economía que exista un mercado de trabajo con sectores amplios de salarios bajos de baja productividad. No se habría de permitir: o facilita que existieran dos tipos de trabajo, uno para los españoles y otro para los inmigrantes. Y tampoco se puede permitir que existan salarios bien pagados para los hombres y mal pagados para las mujeres. Lo que falta es una política de ocupación que ayude a la integración de los tres millones de mujeres que no trabajan y quisieran trabajar y de los dos millones de parados que están sin trabajo, buscándolo sin encontrarlo. Para conseguirlo hemos de facilitar la integración de la mujer y de los jóvenes en el mercado de trabajo, facilitando el desarrollo de los servicios de ayuda a las familias, los programas de formación profesional, la inversión en los puestos de trabajo para mejorar su productividad, y el diseño del tiempo de trabajo para facilitar el desarrollo de nuevas formas de trabajo que faciliten la compaginación de los trabajos profesionales con la responsabilidad familiar. Estos son los retos de las fuerzas progresistas en este país. Estas intervenciones debieran ir acompañadas con un intento de facilitar la organización y sindicalización de los trabajadores nativos e inmigrantes para exigir mayores salarios, forzando un aumento de su productividad y salario, evitando que el racismo divida a la clase trabajadora debilitándola. A nivel estatal es también fundamental aumentar el salario mínimo, uno de los más bajos de la UE.

OTRA CONSECUENCIA DE LA SOBRECARGA FAMILIAR: LA BAJA FERTILIDAD Y EL RETRASO EN LA FORMACIÓN DE LAS FAMILIAS

Otra consecuencia de la sobrecarga familiar que he citado en el apartado anterior es la baja fertilidad de las mujeres en España, las más bajas del mundo, junto a Italia.

Las hijas y nietas de las mujeres de mi generación y de la de mi hermana no sacrificarán sus carreras profesionales como lo hicieron sus madres y abuelas. Este es un hecho irreversible y que es parte de la lucha de liberación de la mujer, que quiere, con razón, los mismos derechos que el hombre. La integración en el mercado de trabajo ha dado pie a una crítica a la mujer por parte de voces conservadoras que han visto esta integración como causa del deterioro de la familia, que se traduce ­según estas voces­ en una fertilidad tan baja. Ahora bien, la integración de la mujer en el mercado de trabajo no es la causa de la disminución de la fertilidad en España.

En realidad, Suecia tiene un porcentaje de población ocupada entre las mujeres, 72%, mucho más alto que España, 38%, y su fertilidad es mucho más alta, 1,8 hijos por mujer, comparado con 1,1 hijos en España. La gran diferencia es que el paro entre las mujeres (y sobre todo entre las mujeres jóvenes) es muy bajo en Suecia y en cambio es muy elevado en España, y que en Suecia hay unos servicios que ayudan a las mujeres a integrarse en el mercado laboral que no existen en España. Esta es la razón de la baja fertilidad.

La mujer española no se puede independizar hasta mucho más tarde que la mujer sueca. En realidad, el promedio de edad en el que la mujer española deja la casa paterna es a los 28 años, mucho más tarde que en Suecia, que es a los 19 años. Este retraso en dejar la casa paterna que pasa en España, tanto entre los jóvenes como entre las jóvenes, no sólo es malo para las madres, que van sobrecargadas, sino que también es malo para los jóvenes porque esta dependencia de la familia hasta una edad tan avanzada inhibe el desarrollo psicológico y emotivo de los jóvenes, frenando el gran potencial que tienen.

Me permitirán que explique una anécdota que refleja lo que quiero decir. Cada año doy clases a estudiantes de licenciatura que tienen entre 20 y 22 años, tanto en la universidad de Estados Unidos, The Johns Hopkins University (donde he impartido clases durante más de treinta y cinco años), como en la Universidad Pompeu Fabra, aquí, en Barcelona. Cada año pregunto a los estudiantes cuántos de ellos (se lo pregunto únicamente a los chicos) saben cocinar un plato de espaguetis que sea comestible. Aquí, en la UPF, un 30% levantan la mano. Yo descuento alguno porque sé que están intentando impresionar a las chicas y me quedo con un 20%. En Estados Unidos, el 100% levanta la mano, y les creo. En aquel país, la juventud deja a sus padres a los 17 años y ha de saber cómo cuidar de sí mismos. Aquí no. Aquí viven en casa donde la madre cocina para ellos, les lava la ropa y los cuida hasta que dejan la casa, a los 28 años. Esta dependencia no es buena. Mis estudiantes de Estados Unidos tienen más capacidad de iniciativa y son más autónomos que mis estudiantes de la UPF. No estoy haciendo, por cierto, una crítica a los jóvenes sino a la sociedad que no ofrece becas y otros medios que les permita independizarse. En los países de tradición socialdemócrata los estudiantes reciben un salario como estudiantes que les permite independizarse. En los países liberales como Estados Unidos (que da gran importancia a la educación como elemento integrador en una sociedad de inmigrantes), el Estado garantiza unos intereses bajos para los préstamos que los estudiantes piden para poderse financiar los estudios, además de proveer becas. En España, en cambio, los servicios de becas y otras ayudas al estudiante son de los más bajos de la UE. No pueden, por tanto, independizarse hasta mucho más tarde que en otros países.

En definitiva, podemos ver cómo las grandes insuficiencias del Estado del Bienestar están sobrecargando a las familias e inhiben el potencial que todos sus miembros tienen, tanto las madres y padres como los hijos. Hemos de garantizar un derecho todavía inexistente en nuestro país, es decir, el derecho de acceso a los servicios de ayuda a la familia y que indican el acceso a guarderías de 0 a 3 años, servicios domiciliarios y otros tipos de servicios para personas con discapacidades y personas de la tercera edad. En nuestro país, la silla del Estado del Bienestar sólo tiene tres patas, una, la que garantiza el derecho a la sanidad, otra, que garantiza el derecho a la educación, y una tercera, el derecho a la pensión (derecho, por cierto, todavía incompleto).

Pero nos falta una cuarta pata, sin la cual la silla del Estado del Bienestar no está competa ni es estable. Esta pata es la garantía de que todas las familias tengan acceso a los servicios de ayuda a la familia, un derecho universal, como derecho de ciudadanía y/o residencia, que han de tener tanto las familias de Nou Barris y la Sagrera como las familias de Sarrià y Gràcia, y tanto las familias del Pirineo de Lleida como las familias de Barcelona. No puede limitarse a un sector de las familias que tengan menos recursos. De ser así, los servicios serían asistenciales, como ahora, y eso no es bueno ni para los servicios ni para la calidad y legitimidad del Estado del bienestar. Y es aquí donde es importante añadir una nota política. El Estado del Bienestar es el resultado del pacto de la clase trabajadora con las clases medias, a través del cual los servicios son de alta calidad porque las clases medias se encuentran cómodas. Este pacto no se ha realizado en nuestro país, donde el Estado del Bienestar se caracteriza por su clasismo. Es decir, existe una polarización y falta de cohesión social en nuestro Estado del Bienestar en el que las clases medias de renta alta utilizan los servicios privados ­tanto la sanidad como la escuela­ y la clase trabajadora y clases populares utilizan los públicos. Esta situación en la que la gente con recursos va a la privada es la válvula de escape que explica la pobreza del sector público. Las clases de rentas altas (que tienen gran influencia mediática y política) se lavan las manos y se despreocupan del sector público.

LA NECESARIA EXPANSIÓN DEL ESTADO DEL BIENESTAR

La solución a estas insuficiencias es aumentar el gasto y la ocupación en los servicios del Estado del bienestar, convergiendo con el promedio de gasto y ocupación social de la UE. En este sentido, es muy preocupante oír voces muy importantes e influyentes, incluso en las izquierdas, que hablan de la necesidad de reducir el gasto público en nuestro país (uno de los más bajos de la UE) y los impuestos. Naturalmente que pueden existir condiciones en las que sea aconsejable bajar los impuestos. Pero hablar genéricamente de bajar los impuestos, tal como hacen los liberales y conservadores, quiere decir diluir nuestro compromiso de mantener y expandir nuestro retrasado Estado del bienestar. No se puede decir que es está comprometido en reducir los impuestos por un lado y por el otro prometer converger con Europa en los derechos sociales. Y la ciudadanía lo sabe. Es un profundo error creer que la gente está en contra de pagar impuestos. La oposición o apoyo depende del para qué de estos impuestos. La gran mayoría de encuestas muestra que una parte importante de la ciudadanía estaría dispuesta a pagar más impuestos si se le garantizara que fueran a sanidad y otros temas sociales, como pensiones, educación, y servicios de ayuda a la familia.

En España se ha de ir hacia la convergencia social con el promedio de la UE. El gasto público ha de pasar de un 20% del PIB a un 27,8% de gasto social del promedio de la UE, invirtiendo la situación actual (que se inició en 1993) en que el gasto social como porcentaje del PIB se ha ido reduciendo en lugar de incrementarse, aumentando la diferencia de nuestro gasto social per capita con la de los países con más sensibilidad social como son Noruega, Suecia, Dinamarca y Holanda. Sólo en un año (de 1998 a 1999), el gasto social per capita de nuestro país pasó a ser de tres a casi cuatro veces más pequeño que el gasto social promedio per capita en aquellos países (Social Protection in Europe 2000. EUROSTAT).

Esta situación es sumamente preocupante: está deteriorando nuestros servicios públicos del Estado del bienestar, como sanidad y educación, por no hablar de los servicios de ayuda a las personas con discapacitación y de la tercera edad. El gobierno conservador actual intenta cubrir los grandes déficits sociales a través del aumento del gasto privado.Ahora bien, un buen Estado del Bienestar no se puede sostener con financiación privada. Los Estados Unidos ­el punto de referencia del pensamiento neoliberal­ son el mejor ejemplo de esta situación. Para mantener una buena escuela, una buena universidad, un buen hospital, unos buenos servicios domiciliarios y otros servicios de alta calidad, se requieren fondos públicos. En realidad, la persona que tiene medios en España prefiere la sanidad privada por su capacidad de elección, el trato personal y el confort (una cama por habitación en el hospital, por ejemplo, o quince minutos como promedio de tiempo de visita médica).

Ahora bien, la infraestructura científica y técnica (incluyendo el personal sanitario) es más pobre en España en la privada que en la pública. Conozco gente de renta superior en Barcelona que estaría viva si hubiese ido a la sanidad pública.

Por eso, la falta de cohesión social tampoco es eficiente. Se necesita un Estado del Bienestar único, de alta calidad, que atienda las necesidades de todas las clases sociales, mostrando que, en contra de lo que dicen los neoliberales, la cohesión social y la equidad son inseparables de la eficiencia económica. Por desgracia, el gobierno conservador español está yendo en sentido contrario.

Resultado de la obsesión que el señor Aznar tiene en anular el déficit presupuestario, se está reduciendo el gasto social público como porcentaje del PIB, proponiendo a la vez que este déficit social se haga a base de aumentar el gasto privado. Hace sólo un mes que la ministra de Educación, señora Pilar del Castillo, decía que el déficit tan grande que tenemos en el gasto público en educación secundaria (donde nos gastamos el 40% del promedio de la UE) lo habríamos de cubrir con la iniciativa privada. Encuentro sorprendente esta afirmación. Asume que nosotros podremos cubrir el otro 60% con financiación privada.

Ni tan solo en Estados Unidos, de nuevo punto de referencia para los neoliberales, el gasto privado en educación llega a estos porcentajes. En realidad, el gasto público en enseñanza en Estados Unidos es mucho más alto que el gasto público en enseñanza en nuestro país. Lo mismo pasa, por cierto, en sanidad. Estados Unidos se gasta sólo en la sanidad pública de los ancianos un porcentaje (7,4% del PIB) más alto que el gasto público sanitario español para todos los ciudadanos (5,8%). Como pueden ver, tenemos un problema grave. Estas voces privatizadoras no entienden que los fondos privados pueden complementar los públicos pero nunca pueden substituir lo público.

CÓMO PAGAR LA EXPANSIÓN DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Aquí quisiera hacer una aclaración y es que muchas veces el discurso económico dominante esconde una realidad política que favorece la inmovilidad y el status quo.

Constantemente se informa a la población de que no hay dineros públicos para poder financiar la muy necesaria expansión del Estado del bienestar.

Estamos viendo estos días la reproducción en los medios de comunicación de este país el mensaje de que no podemos aumentar el gasto público porque nos hará menos competitivos. He explicado en un libro (Neoliberalismo y Estado del bienestar, Ariel Económica, 1998), que esta argumentación es predominantemente ideológica y carece de credibilidad científica. También estamos padeciendo otro argumento que nos dice que los Estados están perdiendo su poder debido a la globalización económica y que no pueden expandir el Estado del bienestar. La supuesta falta de poder de los Estados los fuerza a tener que diluir y debilitar su Estado del bienestar. De nuevo en otro libro, que he citado anteriormente (Globalización económica, poder político y Estado del bienestar, Ariel Económica, 2000), he documentado el carácter ideológico de estas tesis, mostrando empírica y científicamente que no es cierto que los Estados no puedan expandir los Estados del bienestar, señalando cómo algunos de los países ­como los países de tradición socialdemócrata del norte de Europa­ más globalizados tienen también los Estados del Bienestar más desarrollados.

El punto clave que explica el porqué unos Estados expanden o reducen un Estado del Bienestar es la relación de fuerzas en un país y cómo ésta se reproduce en sus Estados. Países que tienen las izquierdas fuerte y las derechas débiles tienen un Estado del Bienestar fuerte. Los países que tienen las derechas fuertes y las izquierdas débiles y divididas ­como es el caso de España­ tienen un Estado del Bienestar débil. Parte de la fortaleza de las izquierdas se debe a las alianzas de las clases trabajadoras con las clases medias, resultado de un compromiso de la universalización del Estado del bienestar, en el que los beneficios sociales son considerados derechos de ciudadanía. Es cierto que países gobernados por tradiciones demócratacristianas ­como Alemania y Holanda, por ejemplo­ tienen también Estados del Bienestar universalizados. Pero esta universalización ha sido resultado de la presión de los movimientos y partidos socialdemócratas y de otras izquierdas.

En España, en cambio, el Estado del Bienestar todavía tiene características clasistas resultado de que la transición política, en contra de lo que se ha dicho, no fue modélica. La derecha fue mucho más poderosa que las izquierdas, lo que explica muchos hechos, incluyendo la gran moderación de las culturas políticas y mediáticas, y que se refiere al tema de cómo financiar la expansión del Estado del bienestar.

Me permitirán algunos ejemplos. Como he dicho al principio del artículo, España se gasta un 20% del gasto sanitario público en farmacia (uno de los porcentajes más elevados de la UE), debido al gran poder de la industria farmacéutica. En parte, este elevado gasto es resultado de una compra muy elevada por parte del Estado de productos comerciales en lugar de productos genéricos. El porcentaje de estos genéricos en la farmacia pública española no es más de un 2,6%. En Estados Unidos, en cambio, es de un 82%, con lo que el gobierno federal de Estados Unidos se ahorra una gran cantidad de dineros porque los productos genéricos son mucho más baratos (entre un 50% y un 75% más baratos) que los comerciales.

Me permitirán que les explique una anécdota que creo significativa de la moderación existente incluso dentro de la izquierda. Una vez, cuando estaba de catedrático en la The Johns Hopkins University, invité a la que había sido viceministra de Salud del Gobierno Federal de Estados Unidos durante la Administración del presidente Carter, señora Davis, que era profesora en mi Departamento de Políticas Públicas en aquella universidad, a ir conmigo a Madrid y comimos con el ministro de Sanidad de nuestro país. Mientras que el ministro intentaba impresionar a la viceministra por lo bien que lo hacía, la señora Davis no acababa de estar convencida. Por la forma cómo lo miraba, se notaba que la señora Davis no estaba muy impresionada. Por fin, no se pudo controlar y le preguntó si era cierto que el ministerio español era el comprador de productos farmacéuticos más importante de nuestro país. Cuando el ministro le dijo que sí, que era cierto, ella, que había sido viceministra de Salud del Gobierno Federal de Estados Unidos, le respondió que no entendía por qué se gastaban fondos públicos comprando productos comerciales en vez de genéricos. Era una cosa tan obvia que era difícil entender por qué no se hacía. No me pude contener y le aclaré al señor ministro que la señora Davis no era troskista. Sentí la necesidad de aclarar este punto porque la cultura política de nuestro país es tan moderada que el sentido común muchas veces parece radical. En realidad, el hecho de que no se haga un gasto masivo en genéricos es por razones políticas. Por tanto, si el 70% de los fármacos fueran genéricos y los precios de los genéricos fueran, como en Estados Unidos, un 50% más bajos que los comerciales, el gasto en farmacia podría bajar considerablemente, quizá del 20% al 9% del gasto público sanitario, liberando millones de pesetas que se podrían gastar en, por ejemplo, servicios domiciliarios para ayudas a las familias y en la atención a las personas dependientes. El hecho de que no existan estos servicios no es por razones económicas ­no hay fondos­ sino políticas.

Otra propuesta podría ser aumentar los impuestos sobre el tabaco, unas cien pesetas por cajetilla, lo que, considerando que en España se fuma un trillón de paquetes, podría crear uno de los fondos públicos más importantes, después de la Seguridad Social, impuestos que se podrían gastar en crear guarderías ­el impuesto se podría llamar "el impuesto del niño"­. A la vez, con estos impuestos se podría ayudar a reducir la epidemia de tabaquismo entre la gente joven ­sobre todo entre las chicas jóvenes­, que es muy preocupante. Esta política se ha llevado a cabo en Estados Unidos, donde varios Estados han aprobado por referéndum aumentar un dólar (doscientas pesetas) cada paquete de tabaco a condición de que los fondos que se establezcan financien actividades altamente populares como son servicios domiciliarios para personas con discapacidades o de la tercera edad o guarderías. Incluso los fumadores han aprobado estas medidas. Lo mismo se podría hacer en nuestro país.

Estos son ejemplos de cómo con valentía política y creatividad fiscal se podrían conseguir fondos para cubrir la muy necesaria expansión del Estado del Bienestar, además de otras propuestas como crear impuestos, directos o indirectos, finalistas para cubrir los gastos de este tipo de servicios. Ahora bien, esta realidad no ocurrirá a menos que exista una presión popular que fuerce al establishment político y mediático del país a ver que la existencia de estos servicios es tanto o más importante que establecer el AVE entre Madrid y Barcelona o construir el cuarto cinturón de Barcelona o Madrid. A menos que exista esta presión popular no habrá un cambio de políticas. En este sentido, se ha de entender que la política no es sólo lo que hacen los políticos. Estos son solamente la punta del iceberg. El cuerpo político ­nuestros representantes­ no actuarán a no ser que exista una presión popular facilitada (cuando no estimulada) por los medios de información, que informen más objetivamente de lo que lo hacen ahora, de la realidad de nuestro país, rompiendo con este ambiente complaciente y triunfalista de que España va bien. Los datos no lo muestran así. La España real y social no va bien.