El propio texto del Convenio sitúa a éste en relación por un lado a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que arranca de 1789, por otro a una tradición europea común que se pretende enraizada en los principios democráticos y que por ello se convierte en elemento fundador de una identidad europea que aspira a concretarse en un proyecto político. Fue el primer documento jurídico internacional que reconoció derechos civiles y políticos y creó un sistema de control internacional para garantizar su aplicación, establecido en los sucesivos Protocolos. Por este Convenio los Estados miembros se comprometen a reconocer a los individuos y sus ciudadanos un conjunto de derechos de rango Internacional, pudiendo ser denunciados por los individuos ante el Tribunal Europeo por la violación de dichos derechos. Un derecho que puede ser ejercido así mismo de un Estado a otro. Por el Convenio los Estados adquieren la obligación de proteger no solo a sus nacionales, sino también a cualquier individuo que se encuentre en su territorio.

Sin embargo, los conflictos entre los distintos Estados hicieron que el Convenio no reconociera finalmente ningún derecho social - derecho al trabajo, a la educación, la sanidad, a un nivel de vida adecuado...- que comprometiera económicamente a los Estados firmantes. El mismo conflicto que determinó la Declaración aprobada por las Naciones Unidas en 1948.

Los llamados derechos sociales -derechos económicos, sociales y culturales- quedaron recogidos en 1965 en la "Carta Social Europea" y fueron ampliados en su renovación de 1996. La Cumbre de Estrasburgo celebrada en 1997 asumió asimismo la cohesión social como fundamento del desarrollo de las libertades y de la democracia. Se planteaba que la lucha contra el paro y la pobreza, la estabilización económica, la promoción educativa y la formación son requisitos ineludibles de una sociedad democrática y pluralista.