Ya desde la constitución del Gobierno Provisional (1931) se hizo patente el interés por las cuestiones educativas de los dirigentes republicanos. Los primeros decretos del nuevo gobierno no dejaban lugar a dudas respecto a la orientación que la educación iba a tener en el nuevo régimen político, ya que se regulaban tres de los temas pendientes que habían levantado más polémica durante los últimos años: el bilingüismo, la enseñanza religiosa y la reorganización del Consejo de Instrucción Pública.

El primer decreto del Gobierno provisional en materia educativa fue el del 29 de abril de 1931 referente a la regulación del bilingüismo en las escuelas catalanas. Era éste un tema que se venía arrastrando desde la dictadura de Primo de Rivera y que había levantado no pocas disputas. Los dirigentes republicanos, herederos de la tradición educativa institucionista (krausismo, ILE) y socialista, estipularon que la enseñanza en jardines de infancia, parvularios y escuelas primarias debía realizarse en la lengua materna, ya fuese ésta la castellana o cualquier otra lengua del Estado; asimismo se debía enseñar la lengua castellana a los alumnos catalanes a partir de los ocho años de edad y la Universidad de Barcelona organizaría cursos de perfeccionamiento del catalán.

El decreto de 6 de mayo de 1931 planteó el gran tema de la religión en las escuelas. Se suprimía la obligatoriedad de la enseñanza de la religión, aunque se mantuviera en aquellos casos en que los padres desearan su impartición. Aquellos profesores que se acogieran a la libertad de conciencia estaban exentos de impartir las clases, en cuyo caso se encargaría de la enseñanza un sacerdote.

La preocupación por el nivel de instrucción de las personas adultas, especialmente en las zonas agrícolas, llevó al gobierno provisional a la promulgación del decreto de 29 de mayo de 1931, por el cual se mandaban crear misiones pedagógicas encargadas de difundir la cultura y la educación entre las poblaciones rurales. El decreto encargaba a grupos de maestros y estudiantes el llevar por diversas localidades obras de teatro, películas, conciertos, exposiciones y bibliotecas ambulantes.

Si la Constitución de 1812 significó la introducción de la educación como norma fundamental, la Constitución republicana de 1931 puede considerarse como el cierre del ciclo constitucional, recogiendo una larga y compleja tradición en esta materia, convirtiéndose en el texto que más extensamente se ocupó de los problemas de la educación. La Constitución de 1931 recogió la tradición liberal, añadiéndole la tradición educativa propiamente socialista, y los principios básicos que la conforman son: la coeducación, la secularización y la escuela única.

Aprobada la Constitución, el nuevo gobierno encomendó el ministerio de Instrucción Pública a Fernando de los Ríos, miembro del PSOE y antiguo profesor de la Institución Libre de Enseñanza. El primer bienio (1931-33) continuó la labor de renovación de la enseñanza primaria, el principal esfuerzo del cual continuó siendo la construcción de infraestructuras educativas. Si importante era la construcción de escuelas, no lo era menos la reforma del magisterio. En el mes de abril de 1932 se constituyó una comisión para la redacción de un nuevo Estatuto del Magisterio, y en marzo de 1934 se elaboraría un proyecto de ley de bases de la primera enseñanza, aunque las circunstancias históricas impidieron su promulgación.

Un Decreto de agosto de 1931 abolió los Institutos de segunda enseñanza específicamente femeninos y los convertió en mixtos, y otro de septiembre del mismo año estableció la coeducación (enseñanza mixta) en las Escuelas Normales.

Por el decreto de 27 de enero de 1932 se creó la Sección Pedagógica de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, una de las aspiraciones de los sectores más renovadores. Dicha Sección se encargaría de la expedición de certificados de estudios pedagógicos que habilitaría a los diferentes licenciados para opositar a las cátedras de los institutos nacionales y a las escuelas normales.

También se reguló otro aspecto importante de la Enseñanza Primaria: la Inspección. El decreto de 2 de diciembre de 1932 aportó una concepción más moderna, haciendo del inspector un especialista técnico-pedagógico, un consejero y un orientador del maestro. Asimismo, se garantizaba su inamovilidad como garantía de su independencia y de la necesaria autonomía dentro de su función.

Por lo que respecta a la Enseñanza Secundaria, el principal problema que tuvo que afrontar el gobierno de Azaña también fue la falta de infraestructuras. El decreto de 26 de agosto de 1933 trató de resolverlo mediante la creación acelerada de Institutos Nacionales, Institutos Elementales y colegios subvencionados. Los dos primeros impartirían el bachillerato completo, mientras que los últimos sólo podrían impartir los cuatro primeros cursos. Los resultados de dicha política fueron muy positivos, ya que para el mes de octubre del mismo año ya se habían creado 20 institutos nacionales, 37 institutos elementales y 40 colegios subvencionados.

Otra novedad importante de este primer bienio fue la creación, por decreto de 30 diciembre de 1932, de la Inspección General de Segunda Enseñanza, configurándose de forma parecida a como funcionaba en el ámbito de la enseñanza primaria. Concebido como órgano de enlace entre el Ministerio de Instrucción Público y los centros docentes.

En el ámbito universitario cabe destacar, en primer lugar, el proyecto de ley de Bases de Reforma Universitaria. Aunque no llegó a convertirse en ley, en él se refleja el pensamiento reformador en el grado superior de la enseñanza. Alejándose del modelo universitario surgido de la ley Moyano, caracterizado por la visión tradicional que se limitaba a administrar el saber acumulado, se intentará construir una institución que asuma la triple función de difundir la cultura moderna, formar científicamente a los profesionales que la sociedad requiere y fomentar la investigación. Los estudios se dividían en dos ciclos, uno básico y el otro para la especialización.

Las elecciones de noviembre de 1933 dieron el triunfo a la coalición formada por los radicales de Lerroux y los católicos de la CEDA de Gil Robles. La política educativa de este período (1933-35), orientada principalmente por los sectores católicos, significará un freno a la serie de reformas iniciadas por el gobierno republicano-socialista.

Por lo que hace referencia a la enseñanza primaria, además de iniciarse un descenso en las construcciones escolares y un debilitamiento de la reforma pedagógica, se tomaron una serie de medidas que pueden calificarse como de contrarreforma educativa. Mediante una orden ministerial de 1 de agosto de 1934 se prohibía la coeducación en las escuelas primarias. El objetivo último era regresar al sistema anterior de escuelas normales segregadas sexualmente.

La reforma se frenaría también en el importante punto de la inspección educativa. El decreto de 23 de julio de 1935 suprimía la Inspección Central, y el decreto de 26 de noviembre del mismo año derogaba el artículo 20 del decreto de 2 de diciembre de 1932, suprimiéndose la inamovilidad de destino del inspector de enseñanza primaria. Con estos dos decretos se mutilaba la actividad pedagógica de los inspectores, un aspecto que la izquierda republicana y socialista había querido profesionalizar y tecnificar.

En los estudios universitarios también se producirían retrocesos importantes. Como consecuencia de los diversos conflictos surgidos entre distintas asociaciones estudiantiles durante el proceso electoral, el Gobierno decidió suprimir la representación estudiantil en los Claustros, Juntas de Gobierno y Juntas de Facultad, mediante una Orden Ministerial de 23 de octubre de 1934.

Durante el poco tiempo en que el gobierno del Frente Popular pudo desempeñar una actividad normalizada intentó recuperar las aspiraciones reformistas en materia educativa del primer bienio republicano. En el programa electoral se recogían los principios básicos: recuperación del ritmo inicial de las construcciones escolares, el control de la enseñanza privada, el impulso de la enseñanza media y profesional, la concentración de la enseñanza universitaria, el desarrollo de los principios autonómicos de la Constitución, etc. El 4 de marzo de 1936 se promulgó un decreto que restablecía la Inspección Central de Primera Enseñanza, así como la inamovilidad de los Inspectores en su cargo y destino. Asimismo, se reemprendió la obra de las construcciones escolares; el balance oficial resultó en 12.988 escuelas creadas en 1931-32, mientras que de 1933 a 1935 la cifra de centros de nueva creación se estimaba en 3.421, resultando un déficit de 10.742. El Decreto de 22 de febrero de 1936 disponía la inmediata creación de 5.300 escuelas, señalando el 1 de mayo de 1938 como fecha límite para construir el resto.