Desde los primeros años del alzamiento militar franquista, se fueron tomando una serie de medidas educativas con el objetivo de eliminar todas las reformas emprendidas durante la República, especialmente aquellas que hacían referencia a la coeducación y el laicismo.

Una Orden de 4 de septiembre de 1936 suprimía la coeducación en los centros de enseñanza secundaria, obligando a dividir a la población escolar según el sexo en diversos institutos, y en los casos en que tan sólo existiera un instituto se realizaría una división horaria para evitar que coincidieran en el centro al mismo tiempo. El 23 de septiembre del mismo año, se extendían las medidas anteriores para las Escuelas Normales y las de Comercio.

Tanto la Ley para la Reforma de la Segunda Enseñanza de 1938 como la de la Enseñanza primaria de 1945 establecieron la segregación sexual de la educación. La coeducación se prohibirá por considerarse antimoral y antipedagógica y se recomendará que en las escuelas de niñas brille la feminidad más rotunda, insistiendo en la importancia de su educación como madres del mañana y educadoras de sus hijos.

Distintas órdenes en los años posteriores seguirán insistiendo en la separación de los sexos, hasta que se admitieron algunas excepciones en la Ley de Reforma de la Enseñanza Primaria de 21 de diciembre de 1965 y en el decreto de 30 de enero de 1969. Estas excepciones se limitaban a los casos en que el alumnado no alcanzara a 30 niños y 30 niñas, aclarando que se volvería a la separación cuando ya no concurrieran las circunstancias mencionadas.

La segregación escolar formaba parte de todo un conjunto de medidas tendentes a la depuración de todo indicio de republicanismo. El control sobre los libros de texto se irá intensificando a medida que el régimen se consolide. La depuración de las bibliotecas escolares se dispone en la orden ministerial de 4 de septiembre de 1936, la cual estipulaba que sólo deberían subsistir aquellos libros que respondan a los principios de la religión y la moral cristiana, y aquellos que exalten el patriotismo.

La atención fundamental de las nuevas autoridades se dirigió a la depuración del personal docente, especialmente de los estudios de magisterio que tanto había promocionado la II República, depuración que se realiza a partir de la promulgación de las Ördenes de 8 de noviembre y de 7 de diciembre de 1936. En dichas órdenes se crean dos comisiones de ámbito nacional para la depuración del profesorado de la Universidad y de las Escuelas Técnicas Superiores, y diversas comisiones provinciales para la depuración de profesores de grado medio, bachillerato y enseñanza primaria. Terminada la guerra civil, todos los profesores que pudieron probar su hostilidad a la República tuvieron, sin embargo, que sufrir unos exámenes y seguir unos cursos de orientación profesional con el objetivo de asumir el contenido religioso y patriótico que informaban al nuevo régimen. A todas estas medidas hay que añadir la Ley de Responsabilidades políticas de febrero de 1939 y la de Represión de la Masonería y Comunismo de marzo de 1940.

En lo que se refiere a la preparación de maestras, la Orden de 9 de octubre de 1945 establecía la obligatoriedad de que el profesorado debía ser del mismo sexo que el alumnado.

La Ley de 20 de septiembre de 1938 reformó el bachillerato desde una perspectiva elitista contraria a la tradición liberal que lo consideraba un elemento fundamental para la formación del ciudadano responsable. La escasez de recursos produjo un notable descenso durante los años cuarenta de la enseñanza secundaria estatal y un florecimiento de la privada, principalmente de la impartida por las órdenes religiosas, pasando del 28,9% de 1931 al 70,7% de 1943.

La Ley de 29 de julio de 1943 reordenaba la Universidad española, y entre sus principios rectores están su carácter confesional y político. Por primera vez, después de muchos años de laicismo, se restableció la cultura superior religiosa. Respecto al carácter político, se exige de la Universidad el fiel servicio a los ideales de la Falange. El ideal nacionalista comportará un control férreo de la iniciativa política desde un centralismo autoritario. Se estipuló que el rector debería ser miembro de FET y de las JONS; los profesores necesitaban de una certificación de la Secretaría Central del Movimiento en que constara su adhesión a los principios del Estado; el Claustro de profesores sólo tendría atribuciones accesorias y los órganos de gobierno serían designados por la jerarquía de mando. Tanto su sentido como su contenido pervivirán hasta la ley general de Educación de 1970.

La Ley de Bases de la Enseñanza Media y profesional promulgada el 16 de julio de 1949 representó la creación de un bachillerato laboral, distinto del denominado bachillerato universitario. Se trataba de unos estudios de carácter técnico con un año de formación general y cuatro años de especialización profesional. Las especializaciones impartidas eran: agrícola y ganadera, industrial, minera, marítima y profesiones femeninas. Este bachillerato nunca tuvo una gran aceptación, con una media de alumnos por centro que no superaría los 142.

Respecto a la enseñanza primaria, la Ley de 17 de julio de 1945 recogerá todos los grandes temas propios del nacional-catolicismo. Los grandes principios en que había de basarse la enseñanza primaria eran, en primer lugar y más fundamental, el religioso, recogiéndose la potestad de la Iglesia para la fundación de centros docentes de cualquier grado.