Marco preliminar.

Hasta el último tercio del siglo XVIII las colonias insulares españolas del caribe eran relativamente pobres, su situación contrastaba con las colonias del caribe inglesas y francesas en las que se había producido un importante desarrollo económico gracias al sistema de plantación. Un sistema sustentado sobre la importación masiva de mano de obra esclava negra. Estas colonias eran ricas y enviaban a la metrópoli productos coloniales, básicamente: azúcar, algodón y añil.

Por el contrario las colonias insulares españolas le costaban dinero a la monarquía, teniendo que invertir en ellas para sufragar la construcción, el mantenimiento de fortificaciones y sostener las guarniciones.

Con el objetivo de corregir esta situación la monarquía borbónica tomó la iniciativa de introducir en las antillas españolas la agricultura de plantación, para la cual necesitaba una abundante mano de obra esclava. En las colonias anglo francesas el número de población esclava sobrepasaba el medio millón, mientras que en Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico no llegaban a los 20.000 . Esta desproporción tenía diversas causas: el sistema de licencias de trata, los impuestos de introducción, las manumisiones, el cimarronaje y el miedo tradicional de los hacendados al crecimiento de la población negra. El reformismo borbónico creyó fundamental aumentar la trata y ensayó diversas fórmulas para incentivarla durante casi un cuarto de siglo: organizar la Compañía de Guinea, aumentar las licencias, adquirir islas en el Golfo de Guinea, hasta que finalmente en 1788 decretó la libertad de comercio de esclavos.

Así encontramos que a las puertas de la Revolución francesa, la monarquía hispánica inicia un período de euforia esclavista multiplicando de manera exponencial la mano de obra esclava en las antillas españolas. La prevista llegada masiva de población esclava a las colonias insulares hizo patente la necesidad de dotarlas de un instrumento jurídico de represión, nació así la Real Cédula donde el Estado normativizaba el trato que debía dársele a la población esclava negra. Elaborada con urgencia, aprobada por el rey, publicada y ampliamente difundida, la Instrucción nunca llegó a aplicarse, entre otros motivos por la oposición frontal de los amos de esclavos hispanoamericanos.

A principios del siglo XIX Hispanoamérica continental inició su proceso de independización , quedaron las colonias españolas del Caribe: Cuba y Puerto Rico, donde la esclavitud siguió en vigor a pesar de la política internacional de represión del tráfico y de supresión de la esclavitud.

Pasó casi un siglo (75 años) entre el primer intento de suprimir la trata de esclavos en las Cortes de Cádiz (1812) y la abolición de la esclavitud en la última colonia española del Caribe, Cuba (1886) Tres lustros en los que los argumentos esclavistas se reprodujeron con muy pocas variaciones a pesar de de que las mutaciones económicas se decantaban, cada vez con mayor fuerza, por el trabajo asalariado. El advenimiento del moderno capitalismo industrial puso en crisis la esclavitud en sus aspectos comercial e institucional, pero no sin haber hecho posible esa última fase de apogeo que fue la que se registró en los Estados Unidos y en las Antillas españolas durante el final del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX.

Casi un siglo durante el cual los sucesivos gobiernos de la metrópoli adoptaron una postura de "equilibrios" entre dos presiones; la de las corrientes abolicionistas internacionales, y la de los hacendados dueños de esclavos. Una política marcada por el retraso o vulneración del cumplimento en los tratados que había firmado para abolir la trata; la negociación de indemnizaciones para los dueños por la pérdida de una legítima propiedad, la abolición por etapas y finalmente y tras la abolición de la esclavitud, un régimen de patronato a modo de esclavitud encubierta.

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