Manuel Atienza, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Unviersidad de Alicante

Hace cosa de un par de semanas fui invitado a participar en un congreso sobre bioética organizado por estudiantes de la Universidad de Alicante. El título de mi ponencia era Bioética y argumentación, y mi intervención se centró en el problema (ético) de la investigación con preembriones. Lo hice así, impulsado básicamente por dos motivos.

Uno era -es- la manifiesta actualidad del asunto. Durante estos últimos meses quizás no haya habido día en que la prensa no haya publicado alguna noticia o algún comentario relativo a la investigación (a las posibilidades médicas o a las imposibilidades éticas) con células madre procedentes de preembriones humanos. Además, el tema ha estado especialmente presente en Alicante, porque la supuesta ilicitud moral y jurídica de esas investigaciones afectaba al trabajo sobre la diabetes que dirige el profesor Bernat Soria en la Facultad de Medicina que perteneció a la Universidad de Alicante (mi universidad), hasta que una arbitraria decisión del presidente Zaplana la segregó de esa institución para integrarla en la Universidad Miguel Hernández de Elche.

El otro motivo tiene que ver con que, desde hace algunos años, pertenezco (quizás debería decir mejor: pertenecía) a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, creada al amparo de la ley del mismo nombre y a impulsos del Ministerio de Sanidad (durante el primer Gobierno del Partido Popular). Durante aproximadamente un año (el año 2000), los 20 miembros de la Comisión estuvimos discutiendo el problema de qué debería hacerse con los preembriones congelados sobrantes de tratamientos de fertilidad; según se cree, en nuestro país hay unos 30.000 en ese estado. La ley española (de 1988) sólo permite (en su artículo 15) investigar con preembriones no viables, pero no dice específicamente nada sobre qué hacer con los preembriones sobrantes.

Tras muchísimas horas de discusión (transcurridas -como decía- a lo largo de unos 12 meses), una mayoría de los integrantes de la Comisión llegó a la conclusión de que no existían obstáculos éticos para llevar a cabo investigaciones con preembriones sobrantes que no fueran a destinarse a la procreación, y siempre que se cumplieran ciertos requisitos como la autorización por parte de un comité de ética, la seriedad de la investigación, o la necesidad -para los fines de la investigación- de utilizar células madre procedentes de preembriones humanos. Pero la Comisión entendió que la ley en su actual redacción no permitía ese tipo de investigación, y de ahí que propusiera al Gobierno la modificación de la normativa en tal sentido.

Esa postura, sin embargo, no contó con un respaldo unánime. Algunos de los miembros de la Comisión consideraron que, por razones éticas, ese tipo de investigación no debía autorizarse legalmente. Y dos de sus miembros defendimos que la ley española debía interpretarse en sentido permisivo; lo que sostuvimos, fundamentalmente, era que los preembriones sobrantes cuyo destino fuese la destrucción debían considerarse 'no viables': era, nos parecía, una interpretación constructiva que no vulneraba la letra de la ley y que se ajustaba a los fines y valores que la propia ley trataba de promover, pues evitaba que se diera prioridad a la destrucción de los preembriones frente a su uso para fines de investigación serios.

Pero ese informe de la Comisión (hubiese sido su segundo informe) nunca se publicó. Durante el transcurso de los trabajos, el Ministerio de Sanidad cambió de titular, y la nueva ministra dejó simplemente de convocarla, haciendo de esta manera imposible que el informe se hiciera público. A esa arbitraria decisión del Gobierno (o de uno de sus miembros) le ha seguido, hace pocos días, la de crear un comité de ética en la investigación científica cuyo objetivo inmediato, al parecer, es el de asesorar al Gobierno respecto a la licitud o ilicitud moral de la investigación con células madre procedentes de preembriones. O sea, volver a hacer lo que la otra comisión ya había hecho, aunque en forma -es de suponer- no satisfactoria para el Gobierno (otra interpretación es que el Gobierno esté simplemente tratando de ganar tiempo o, mejor dicho, de perderlo).

La elección de los miembros de un organismo de este tipo supone inevitablemente actuar con discrecionalidad, y no hay nada que criticar por ese lado... si no fuera porque hay razones para sospechar que a la discrecionalidad se ha añadido aquí alguna dosis de arbitrariedad. No tengo ningún motivo para dudar de la competencia de todos sus integrantes y me consta incluso la de algunos de ellos (compañeros en la anterior comisión). Sin embargo, da la impresión de que lo que se ha buscado en este caso no ha sido simplemente personas competentes en la materia, sino católicos más o menos aguerridos, lo que ciertamente resulta preocupante. Mi experiencia en la extinta comisión y en otros foros de discusión sobre estos temas me ha llevado desde hace algún tiempo a pensar que la función fundamental de la bioética debería ser la de luchar contra el prejuicio, que en esta materia tiene casi siempre un origen religioso. De manera que, desde mi punto de vista, es como si a la jerarquía de la Iglesia católica (quizás la única institución que, en nuestro Estado de derecho, está organizada sobre la base de la discriminación sexual) se le hubiese pedido que asesorase sobre un programa de acción afirmativa en favor de la mujer.