CORAL RODRÍGUEZ FOUZ

Licenciada en Medicina y ex-senadora del PSOE

En las últimas semanas los titulares sobre eutanasia han regresado a los medios de comunicación de nuestro país. El pasado mes de marzo fue noticia la comparecencia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de Diane Pretty, una mujer británica que padece una grave e incurable neuropatía y que trata de conseguir que se le reconozca el derecho a morir -a suicidarse- auxiliada por su marido. Ya en abril la prensa se ha hecho eco de la entrada en vigor en los Países Bajos de la ley sobre la eutanasia aprobada el año pasado y hemos conocido la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de pronunciarse sobre la demanda presentada por la cuñada de Ramón Sampedro.

Mientras la eutanasia reaparece periódicamente en las portadas de los medios de comunicación, el debate informado y sereno que muchos reclamamos con insistencia ha continuado en algunos países de nuestro entorno. Holanda ya tiene una ley que regula de forma rigurosa y sensata la ayuda para morir. Bélgica ha tomado el testigo con la aprobación en el Senado en octubre del año pasado de una proposición de ley que autoriza la eutanasia en determinadas circunstancias. Y en Francia, el Comité Consultivo Nacional de Ética ha abierto una puerta al debate al pronunciarse a favor de aceptar la eutanasia en situaciones excepcionales.

Sin embargo, en nuestro país el debate sigue pendiente. Y todo apunta a que así seguirá. El Partido Popular, con mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado, ya ha manifestado, durante la tramitación de la ley sobre los derechos de información y la autonomía del paciente, que “tras la regulación del documento de voluntades anticipadas dará por culminado el asunto”. Comprobamos así cómo, tanto en ésta como en otras cuestiones bioéticas, nuestros gobernantes prefieren mirar para otro lado. En algunas ocasiones el Gobierno español se afana en escurrir el bulto, disfrazando ese empeño de prudencia. Lo hace con la investigación con células madre embrionarias, porque hay que esperar, en palabras de la Ministra de Ciencia y Tecnología, a ver cómo evoluciona la legislación en los distintos países de la Unión Europea. Es que hay muchos países que no se han pronunciado, dice. Y en otras ocasiones, como esta que nos ocupa, el Gobierno rechaza todo debate aduciendo, con frivolidad pasmosa, que no constituye una demanda real de la sociedad. Por cierto, será que posee la capacidad de conocer en cada momento –parece que por ciencia infusa- las opiniones y las demandas sociales, y será por eso que casi tres años después sigue incumpliendo un acuerdo unánime del Pleno del Senado que le instaba a encargar al CIS la realización de un estudio sobre las opiniones y actitudes del colectivo sanitario en relación con la eutanasia. Aunque no parece descabellado suponer que quizás prefieran no conocer una realidad –el 65 % de los médicos encuestados asegura haber recibido alguna petición de eutanasia y el 15% reconoce haberla practicado- que ya asoma en un estudio presentado a finales del año 2000 por la Organización de Consumidores y Usuarios.

Pero el debate sigue pendiente. Como hace cuatro años, cuando en el Senado se constituyó una Comisión Especial de estudio sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna que recibió durante año y medio a cerca de cuarenta comparecientes. Los trabajos de esa comisión se interrumpieron al finalizar la VI Legislatura sin que fuera posible elaborar ningún documento de conclusiones debido a la actitud obstruccionista del Grupo Parlamentario Popular. Quienes conocimos los entresijos de la puesta en marcha de esa comisión especial supimos desde un principio del escaso entusiasmo con el que el Grupo Popular aceptaba el debate. Y fuimos testigos de sus maniobras dilatorias, de su premeditada estrategia para agotar la Legislatura, y con ella la Comisión, sin debatir una sola de las cuestiones planteadas a lo largo de las trece sesiones celebradas. Sirva de muestra de ese talante obstruccionista que de las ochenta comparecencias que quedaban pendientes al disolverse las Cámaras, sesenta correspondían a peticiones de los populares. Cualquiera diría que consideraban que la solidez de los argumentos resultaría directamente proporcional al número de veces que se repitieran o a la cantidad de personas que insistieran en ellos.

Como digo, han pasado ya cuatro años desde que el Partido Popular aceptó a regañadientes debatir sobre la eutanasia. Hicieron creer a muchos que acudían a la citada Comisión abiertos al debate. Pero su cacareada disposición al diálogo resultó una vez más un fiasco. Hoy, en el ecuador de esta VII Legislatura, sin la presión ciudadana y mediática que en los primeros meses de 1998 siguió a la dramática muerte de Ramón Sampedro y que les llevó a votar a favor de la iniciativa de constituir aquel grupo de trabajo, ya no sienten la necesidad de ocultar sus intenciones, su rotundo rechazo a cualquier debate sobre la eutanasia. Así, hoy se niegan sin tapujo alguno a continuar los trabajos de aquella Comisión de estudio del Senado. Y ni siquiera disimulan su enojo por que otras instituciones decidan estudiar la cuestión. Ahí está su reacción a la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de pronunciarse sobre el fondo de la demanda planteada por la heredera de Ramón Sampedro.

Claro que preferimos que se retraten. Que no oculten tras el telón de absurdas trabas burocráticas, como hicieron en los últimos meses de funcionamiento de la Comisión sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna, su defensa a ultranza de una determinada concepción de la naturaleza de la vida humana que entiende que la libertad personal no siempre tiene cabida en el momento final de la propia muerte. Pero que no olviden que esa convicción puede no ser compartida –y no lo es- por muchos ciudadanos cuyo derecho a la libertad ideológica y religiosa está también protegido por la Constitución. El Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno deberían reflexionar sobre ello y, guiados por el fervor militante con el que últimamente defienden hasta la última coma de nuestra Carta Magna, podrían pararse, de paso, a pensar en el significado del laicismo y la aconfesionalidad que la Constitución proclama. Quizás de esta manera nos evitarían argumentos como los que vienen utilizando –que “las instituciones no deben forzar los procesos que dividen a la sociedad”- y con los que dan por supuesto que, ante procesos que dividen, lo que hemos de hacer es aceptar sin rechistar la situación actual, aunque impida a una parte de esta sociedad plural y laica vivir de acuerdo con sus convicciones acerca de la disponibilidad de la propia vida. Y es que ciertamente la eutanasia divide a la sociedad, pero no más que el aborto, o que en su día el divorcio o la reproducción asistida. La diferencia estriba en que nuestros gobernantes de entonces no escurrieron el bulto. Elaboraron –unas veces con más acierto que otras- leyes que no han obligado a nadie a divorciarse ni a recurrir a técnicas de reproducción asistida ni a abortar. Como tampoco la ley holandesa obliga a nadie a solicitar la eutanasia.

Coral Rodríguez Fouz

Portavoz socialista en la Comisión del Senado

de estudio sobre la eutanasia de la VI Legislatura