LA VANGUARDIA - 27/12/01

El deber de investigar con células madre

  DRA.  MARÍA CASADO

Directora del Observatorio de Bioética y Derecho (Universitat de Barcelona).

Toda sociedad tiene la obligación -moral y jurídica- de potenciar la investigación, especialmente en aquellos campos que redundarán en la calidad de vida de la población. En nuestro caso, además, la libertad de investigación y el deber de protección de la salud de los poderes públicos están establecidos constitucionalmente. Es en este contexto en el que se inscribe la polémica sobre la posibilidad de investigar con células madre.

Lo que hasta hace poco tiempo era un campo prometedor hoy es una certeza: la medicina del futuro tiene ahí un campo fértil donde encontrar terapias personalizadas, regenerar tejidos, evitar rechazos en los trasplantes, etcétera. Pero para obtener células madre es necesario utilizar embriones, que para la ortodoxia católica son personas.

De nada nos vale decir que si las células que constituyen el preembrión crioconservado no están implantadas en ningún útero, no poseen ninguna posibilidad de desarrollar su potencialidad de convertirse en seres humanos. Parece que resulta insuficiente recordar que nuestra ley de reproducción asistida en esto es clara: los embriones de más de cinco años no pueden ser implantados. Tampoco se atiende al hecho de que en nuestras clínicas ya existen cuarenta mil embriones sobrantes -apartados de cualquier proyecto parental- que, si no se utilizan para la investigación, sólo tendrían como destino posible la destrucción. La respuesta es que usar embriones para investigar es cosificarlos y atenta contra la dignidad humana.

Creo que no es aceptable invocar el derecho a la vida y la dignidad de los embriones para obstaculizar el avance científico y terapéutico. Para empezar el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en contra de esas afirmaciones en sus sentencias 212/1996 y 166/1999. Por otra parte, ¿es más digno destruirlos? Porque la bonita propuesta de algunos de que sean gestados y dados a luz requeriría miles de mujeres dispuestas a hacerlo, lo que no parece estar dentro de lo posible. Incluso, si las encontrásemos, existirían embriones de riesgo que no podrían ser implantados y embriones que por haber transcurrido el plazo legal tampoco serían transferibles.

Para quienes votaron en contra de la proposición de ley del PSOE ¿cuál es la solución? ¿tiene sentido colocarse en un callejón sin salida? ¿es aún necesario recordar que se trata de una discusión política, en el Parlamento, y no una cuestión de dogmas de fe?

Las leyes están para resolver los conflictos y darles un tratamiento racional que consiga el mejor equilibrio posible. El derecho debe servir a los ciudadanos, al bienestar de la comunidad, permitir la convivencia de las opciones distintas; hacernos santos no es cosa de su competencia. En los lugares en que las leyes siguen lo establecido en los dogmas de las religiones que controlan el poder político, el derecho se encuentra sometido a la revelación -y a la interpretación que de ella hacen algunos-.

Así sucede en los países cuya legislación plasma lo establecido en la "sharia"; así ocurría en Europa medieval, unida bajo el papado. Pero nosotros ya hemos recorrido el camino que aun tendrán que recorrer los que lapidan a la adúltera o los que castigan la sodomía con la muerte o la cadena perpetua.

Conviene, pues, que el Gobierno atienda los informes de sus propias comisiones asesoras en reproducción asistida y de los múltiples grupos de científicos que se han pronunciado al respecto. No intentemos parar una y otra vez el avance científico. Establezcamos reglas y mecanismos de control, pero dejémonos de una vez de prohibirlo todo "por si acaso".


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Última actualización: 12/09/03