Directora del Observatorio de Bioética y Derecho (Universitat de Barcelona).

En Occidente, desde la edad media, se ha considerado que establecer la separación entre el poder político y el religioso constituye un logro. Y España, tras el nacionalcatolicismo, es un Estado no confesional.

Paradójicamente, los mismos que enarbolan la intangibilidad de la Constitución han obligado a la ley civil a plegarse a los dogmas católicos: el rechazo de una propuesta del PSOE, con los votos del PP y de cinco diputados de CiU, obstaculiza la investigación con embriones sobrantes, que no tienen otro destino posible que la destrucción. Y sin hacer el menor caso de los informes científicos, éticos y jurídicos de numerosos grupos nacionales e internacionales; entre los que se contaban los de las comisiones estatal y autonómica de reproducción asistida.