María Casado

Directora del Observatorio de Bioética y Derecho de la UB.

El obstáculo que supone para los países en vías de desarrollo el elevado precio de medicamentos patentados, que pueden considerarse claves para la salud de la población, cuestiona la pretensión de quienes disponen de las patentes de que son capaces de equilibrar los intereses privados (de quienes han invertido esfuerzo y dinero en sus descubrimientos) y los intereses públicos (de la sociedad que se beneficia de ellos).

La explotación e una patente no puede hacerse en contra de "la ley, la moral ni el orden público", lo que permite alegar razones éticas y de interés público para obligar a concesiones necesarias en beneficio de la salud pública.