María Casado

Directora del Observatorio de Bioética y Derecho de la UB.

La distribución en las farmacias de la píldora del día siguiente -anticonceptivo que actúa evitando la implantación en el útero, análogamente al conocido DIU- ha suscitado reacciones negativas, especialmente de la Iglesia católica, que ha llegado a recomendar públicamente la objeción de conciencia a médicos y farmacéuticos.

Convendría remarcar que todos estos profesionales tienen la responsabilidad de contribuir a la mejora de la salud y de la calidad de vida de las personas: ellos no son meros comerciantes. Y que toda objeción de conciencia tiene unos límites, aquí materializados en el derecho de los ciudadanos a disfrutar de las prestaciones establecidas legalmente. Cuya efectiva accesibilidad debe garantizar el Estado, por cierto.