Los científicos que aconsejan al Gobierno acaban de dar un paso importante, aunque limitado, para que se levante la restricción de la investigación con embriones congelados con fines terapéuticos

DR. JOSEP EGOZCUE

Catedrático de Biología Celular (UAB)

La controversia sobre el uso de embriones criopreservados para la investigación ha sido enconada, y su duración excesiva. Hace tres años, el Observatori de Bioètica i Dret (OBD) publicó un documento recomendando que los embriones congelados no utilizados para la reproducción pudieran emplearse en investigación. Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Reproducción Asistida elaboraba un documento casi idéntico, que no se hizo público.

A fines del 2001, los medios difundieron la probable apertura de un expediente a Bernat Soria por trabajar con líneas de células embrionarias importadas, al tiempo que el ministerio prohibía este tipo de investigaciones. Simultáneamente, el OBD publicaba otro documento solicitando que los embriones excluidos de un proyecto reproductivo pudieran emplearse para obtener células madre embrionarias.

Más adelante, desde estas páginas se animó a los enfermos a constituirse en grupo de presión para que el ministerio accediese a la investigación con embriones. Meses después, la Federación de Diabéticos entregaba al Defensor del Pueblo 1,5 millones de firmas apoyando la solicitud. La nueva ministra de Sanidad mostró un talante más abierto y se ofreció a discutir el tema. Finalmente, el Comité Asesor de Ética del Ministerio de Ciencia y Tecnología abordó el problema a fondo, y ahora nos ha sorprendido con una propuesta que, con sus limitaciones, es un paso, si bien tímido, en el buen camino.

El uso de embriones para la investigación presenta aspectos de gran interés. El más conocido es el que hace referencia a la obtención de células madre para el tratamiento de enfermedades como la diabetes, el Parkinson o los infartos de miocardio. Pero, mientras que para el tratamiento de la diabetes con células capaces de producir insulina el material más idóneo son las células embrionarias del blastocisto (quinto día después de la fecundación), en el Parkinson los expertos prefieren las neuronas de fetos (obviamente abortados), y en el infarto de miocardio pueden movilizar células madre del propio cuerpo adulto para regenerar los tejidos dañados. Es decir, cada situación debe tratarse de la forma más adecuada e idónea.

La propuesta del Comité de Ética recoge estos aspectos y, muy correctamente, insta a desarrollar la investigación con células madre embrionarias y con células adultas. Otro aspecto destacable es que prohíbe la clonación terapéutica, pero sólo por motivos científicos; es decir, en tanto que las técnicas de clonación son aún muy deficientes. Y plantea exigencias y limitaciones en principio lógicas: consentimiento informado de los donantes, investigación proporcional, con finalidades biomédicas y autorizada. La propuesta de que los protocolos sean aprobados por un comité nacional permitiría cortar ciertos abusos en la aplicación clínica de estas técnicas.

Sin embargo, hay en el documento aspectos poco convincentes. En primero lugar, se recomienda el uso de embriones sólo como mal menor (evitar su destrucción), en lugar de hacerlo como símbolo de esperanza (tratamiento de enfermedades graves, crónicas y crueles). La recomendación se hace en función del "presunto efecto negativo de la congelación prolongada", lo que sugiere que el comité recomienda emplear embriones "negativamente afectados". Afortunadamente, el progreso de las técnicas de congelación permite esperar que estos embriones caducados estén en perfectas condiciones.

Segundo, se autoriza el uso de embriones criopreservados transcurridos los cinco años que marca la ley. Esta recomendación atenta a la autonomía de las personas que, una vez satisfechas sus necesidades reproductivas, podrían decidir donar sus embriones para la investigación de forma inmediata y se ven obligadas a mantenerlos hasta cuatro años más. Y, finalmente, preocupa que ante una recomendación casi unánime del Comité de Ética, el ministro haya recordado en dos ocasiones que sus conclusiones no son vinculantes, obviedad que extiende las sombras de la duda sobre la indudable buena intención del comité.