DRA.  MARÍA CASADO

Directora del Observatorio de Bioética y Derecho (Universitat de Barcelona).

La medicina regenerativa basada en las células madre es hoy ya algo más que una promesa. Tenemos el deber de reformar la ley para facilitar el uso de los embriones sobrantes, pero sin premuras.

Hay casos que conmueven la conciencia colectiva, como el de las familias que han solicitado acceder al procedimiento de selección de embriones para salvar a sus hijos enfermos. Son dignos de consideración, pero su urgencia no debe llevarnos al apresuramiento de una reforma legal ad hoc. Ciertamente, el derecho tiene como finalidades principales la resolución de los conflictos y la organización de las actividades mediante un marco normativo que proporcione seguridad. Pero las leyes no se pueden dictar a golpe de emociones.

Los problemas relacionados con las técnicas de reproducción asistida son hoy múltiples y complejos, por lo que deben ser abordados con carácter general. La ley 35/88 requiere una reforma integral, no unos remiendos. La reforma llevada a cabo por el Gobierno anterior, mediante la ley 45/03, consistió precisamente en poner parches para solventar los reajustes más urgentes, con la vista puesta en evitar a toda costa que hubiera embriones sobrantes.

Precisamente la limitación del número de ovocitos que fecundar ha sido una de la cuestiones más contestadas por la comunidad médica ya que supone un impedimento para el éxito de la reproducción asistida --a la que se acude, no se olvide, para conseguir un embarazo--. Se adujo que estaba encaminada a evitar los embarazos múltiples, pero la implantación de demasiados embriones no es el origen de los casos más notorios, sino una estimulación hormonal seguida de relaciones sexuales. La verdadera causa estuvo en la obsesión del PP por evitar los embriones sobrantes y su utilización para obtener células madre.

Y ésta es una de las cuestiones que requiere clarificación, en la ley y ante la opinión pública, ya que la medicina regenerativa es hoy más que una promesa. Si de los embriones sobrantes --que están ya fuera de cualquier proyecto parental y que no pueden ser implantados-- se pueden derivar terapias tenemos el deber de facilitar que así sea. No hay otra alternativa que su empleo en investigación o su destrucción, y para preferir esta última no se acreditan razones. Con la autorización de quienes provienen los embriones --el consentimiento informado es un requisito necesario pero no suficiente-- y el visto bueno de la correspondiente comisión respecto a la idoneidad de los aspectos científicos y la finalidad perseguida, la investigación debe incentivarse porque la obtención de terapias es un bien para las personas y para la sociedad.

Pero aunque nuestro Estado se defina como social y de derecho, poderes fácticos presionan con éxito para que criterios confesionales impregnen la ley, cuestionando la separación Iglesia-Estado. Ejemplos hay demasiados, pero valgan las declaraciones del portavoz del episcopado en que anunció su oposición a las reformas de la ley de reproducción asistida. Después de atreverse a cuestionar la capacidad del Estado para legislar en estas materias afirmó: "Cualquier embrión es un ser humano... Todos hemos sido embriones y, por tanto, no es lícito quitarles la vida ni convertirlos en material de investigación".Dejando de lado que ni la Iglesia ha considerado hasta épocas muy reciente a los embriones como seres humanos y tampoco hoy lo ha definido como dogma de fe, es interesante la afirmación de que todos hemos sido embriones. Efectivamente. ¡Y todos los robles fueron bellotas! Pero de ahí no se infiere que las bellotas sean robles. Ni tampoco que todas las bellotas den lugar a robles, ni que deban hacerlo. La potencialidad que hay en el embrión de convertirse en ser humano lo hace acreedor de respeto; pero no el mismo que una persona humana. En esto son claras las leyes que atribuyen con el nacimiento la personalidad y la titularidad de los derechos fundamentales.

Coloquemos el debate social informado y democrático en su lugar y las creencias en el suyo. Planteemos las reformas que son necesarias intentando llegar a acuerdos sobre cómo regular los conflictos reales que tenemos planteados. Con argumentos, y no con falacias, fantasmas y premuras.