DRA.  MARÍA CASADO

Directora del Observatorio de Bioética y Derecho (Universitat de Barcelona).

Su familia y la discapacitada asturiana de 27 años y edad mental de 3 --embarazada sin poder establecerse quién es el padre-- atraviesan un calvario personal, sanitario, social y también jurídico. Para conseguir la interrupción del embarazo precisaban una sentencia que lo autorizase, y ésta fue recurrida por el fiscal el último día del plazo. Hoy ha desistido del recurso. Nada impide ya la solución del conflicto. Pero ello no ha dependido de la seguridad del sistema, sino de una decisión personal del funcionario, o de una modificación de la política criminal del órgano al que éste representa, en un momento y lugar determinados.

Se evidencia la escasa capacidad de la respuesta jurídica para otorgar justicia material. Cuando el transcurso del tiempo juega en contra, es especialmente claro. Las garantías procedimentales implican lentitud y ha sido necesario primero un proceso de incapacitación para designar un tutor que vele por los intereses de la discapacitada; podría argüirse que los padres ya debían haberlo hecho, pero ¿cuántos lo hacen?
Lamentable es el papel de las asociaciones pro-vida en los medios, ya que inundan el espacio público con planteamientos que juegan emotivamente con el valor de las personas discapacitadas, que nadie discute. Aducen también que un aborto de seis meses es casi un infanticidio, lo que indica ignorancia o hipocresía, ya que el supuesto legal no tiene plazo establecido. Además, la dilación aquí se debe a trabas no imputables a quien perjudican.

Hay un tabú respecto de la sexualidad de los discapacitados, cuando se trata de relaciones que podrían formar parte de una vida de calidad si existiera un control de las consecuencias reproductivas y sanitarias.