Propuesta de estructuración y clasificación del léxico jurídico para su enseñanza en E/LE

Margarita Hernando de Larramendi Martínez (margarita.hernando@cervantes.es)
Universidad de Alcalá


 
 
 
   
  

Introducción

  1. El Derecho y el ordenamiento jurídico español

1.1. El Derecho

1.2. El ordenamiento jurídico español

  1. Las lenguas de especialidad y el lenguaje jurídico

  1. Propuesta de estructuración y clasificación

3.1. Tres preposiciones como punto de partida

3.2. Clasificación ontológica

Referencias bibliográficas

INTRODUCCIÓN

La finalidad de estas líneas es facilitar la labor a todos aquellos profesores que tengan la necesidad de plantearse la enseñanza del léxico en un curso introductorio al lenguaje jurídico o que deseen incorporar esta temática a un curso de estudiantes de nivel superior o de perfeccionamiento.

Mi objetivo es proporcionar sugerencias sobre las redes nocionales y los campos conceptuales que deben ser tratados en el aula para ayudar a promover la autonomía del alumno, capacitándolo para manejar documentos específicos y textos de consulta, así como para completar un glosario terminológico personal con "redacción de definiciones y ejemplos propios" (Salazar García, 1994).

Me baso en un procedimiento onomasiológico gradual para presentar el léxico especializado de manera que favorezca y estimule la metacognición y obligue a "prestar atención a lo que ya se sabe" (Jiménez Raya, 1994). La selección de los ejemplos ofrecidos está hecha en función de la frecuencia de aparición y utilidad de los términos, favoreciendo aquellos que se puedan emplear en un mayor número de circunstancias (Benítez, 1994) según parámetros de frecuencia, eficacia y productividad (Martín Martín, 1999). He intentado alcanzar la coherencia en la estructuración y la organización del vocabulario con la finalidad de facilitar el establecimiento de actividades basadas en la creatividad -considerada como la "capacidad de unir elementos aislados"- (Fernández, 1997) y una reflexión constante que capacite al alumno a hacerse y hacer preguntas sobre lo que todavía no conoce pero ya intuye.

Si uno de los problemas que se encuentran en la enseñanza del léxico común es la falta de correspondencia uno a uno entre dos lenguas distintas (Valdivia, 1998), mayor incidencia tiene esta realidad en el caso que nos ocupa, puesto que el Derecho no designa una realidad existente previamente, sino que es una construcción cultural y, por lo tanto, las figuras jurídicas pueden variar de un lugar a otro. Algunas de las figuras jurídicas expresadas en español con una unidad léxica simple o compuesta no encuentran una unidad léxica en otros idiomas, y deben traducirse con una perífrasis: el careo, la legítima, y la instrucción por ejemplo, no existen en el derecho anglosajón (regido por la common law) y, por lo tanto, no hay un término equivalente que pueda traducirlas. Algo parecido sucede con conceptos tan importantes en el Derecho español como: alevosía, dolo y sumario (Alcaraz y Hughes, 1997: IX-X).

El trabajo está dividido en tres apartados. El primero, dedicado al concepto de Derecho y a la presentación del caso español, sirve de marco nocional. El segundo, centra el lenguaje jurídico dentro de las lenguas de especialidad. El tercero y último establece la aproximación al léxico utilizado en el ámbito jurídico y que se considera más rentable para estudiantes de español como segunda lengua.

  1. EL DERECHO Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Uno de los principios metodológicos de la enseñanza del léxico es la importancia del conocimiento previo de lo designado. Una terminología especializada es el "conjunto de expresiones que sirven para denominar en una lengua natural las nociones que forman un área de conocimientos" (Lerat, 1997: 17).

Puesto que vamos a centrarnos en el léxico jurídico, es necesario intentar una aproximación al área de conocimiento del Derecho que nos proporcione los conceptos generales desde los que partir. Para mayor claridad, destaco en cursiva las palabras clave.

  1.1.  El DERECHO

En un Estado moderno, el Derecho es el conjunto de normas, de diverso tipo, establecidas y respaldadas por éste, que regulan tanto las relaciones de los individuos en sociedad como la organización de la sociedad misma. Los fines del Derecho son asegurar la convivencia y la armonía tanto del bien individual como del bien común, a través de la seguridad y la justicia.

Lo que diferencia las normas jurídicas, propias del Derecho, de las normas de otro tipo -como las de carácter ético o de corrección social- es su coercibilidad, es decir, la posibilidad de exigir su aplicación a través de órganos establecidos para hacerlas cumplir, y que tienen medios para ello, como son las autoridades y los tribunales. Las normas jurídicas son creadas, modificadas, derogadas e impuestas por el Estado. Pueden ordenar o prohibir hacer algo, bajo amenaza de sanción (normas imperativas); o conceder, a quienes se encuentran en determinadas circunstancias, medios para realizar fines (normas dispositivas).

El término Derecho se utiliza en varias acepciones. El conjunto de normas, reflejo del aspecto imperativo y sancionador del Derecho, es el Derecho "objetivo". La faceta instrumental -patente en el Derecho "subjetivo"- es la facultad reconocida legalmente a una persona, por el ordenamiento jurídico, de obrar válidamente, dentro de ciertos límites, y de exigir de los demás el respeto a tal potestad; es el poder de usar y disponer, al propio albedrío, de propiedades, frutos, y rentas.

Son derechos subjetivos los personales, los de familia, y los patrimoniales (derechos reales, derechos sobre bienes inmateriales, derechos de crédito, y derecho hereditario). El contrato y el testamento son las dos figuras, reguladas por la ley, por las que se manifiesta la posibilidad de modelar las relaciones jurídicas según la voluntad individual (Aguirre y Hernando de Larramendi, 1997: 8-9).

El Derecho se divide en dos grandes áreas: Público (Político/constitucional, Administrativo, Procesal civil, Procesal penal, Penal, del Trabajo, Financiero, Tributario) y Privado (Civil y Mercantil). La primera rige las relaciones entre las instituciones, y entre éstas y los ciudadanos. La segunda se ocupa de las relaciones entre los particulares (personas físicas o personas jurídicas). Los elementos esenciales de toda constitución democrática son los derechos fundamentales y las libertades públicas, la soberanía popular y la división de poderes: las Cortes Generales tienen encomendada la función legislativa. El Gobierno y la Administración son los responsables del poder ejecutivo y la Judicatura tiene encomendada la aplicación de las leyes, con independencia de los poderes públicos y de los intereses privados. La separación de los poderes judicial, político y legislativo constituye la garantía del buen funcionamiento de un Estado social y democrático de Derecho.

1. 2. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.

Al igual que los ordenamientos vigentes en la actualidad en la mayoría de los países de la Europa continental, el ordenamiento jurídico español es de origen romano-germánico y se caracteriza -como todos los de esta procedencia- por la importancia dada a la ley escrita como fuente del derecho, por la reducción de las leyes a códigos (es decir, a textos articulados) cerrados pero revisables y, en último lugar, por la naturaleza previsora de las leyes, concebidas a priori para cubrir todo el espectro de necesidades jurídicas de una comunidad (San Ginés y Arjonilla, 1997: 48). A diferencia de los países regidos por la common law, que tratan de incluir explícitamente todos los casos posibles, "Los documentos jurídicos españoles pretenden exponer principios generales, expresados en términos abstractos o teóricos, con el propósito de que cualquier caso concreto al que sean aplicables tales principios pueda decidirse o interpretarse en base a los mismos" (Hickey, 1994: 34). La Constitución Española prima sobre las leyes y éstas sobre los productos normativos de carácter reglamentario.

La práctica jurídica se reduce a aplicar e interpretar las leyes, por lo que es fundamental el conocimiento de las características lingüísticas de éstas, aspecto que ya he tratado en otro lugar (Hernando de Larramendi, 1999): "Jueces, funcionarios, abogados no ejercen a través de sus textos lingüísticos, sino a través de funciones que aplican e interpretan los textos legales " (Prieto de Pedro, 1991: 151). Otros textos fundamentales, además de las leyes, son: a) las resoluciones judiciales y actos de procedimiento y b) los actos jurídicos (contratos, testamentos, etc.). San Ginés y Arjonilla presentan una tipología extensa de los textos jurídicos generados en cada ámbito del Derecho que puede resultar muy útil (San Ginés y Arjonilla, 1997: 84 y ss).

2. LAS LENGUAS DE ESPECIALIDAD Y EL LENGUAJE JURÍDICO.

El español jurídico, en España, ha sido estudiado casi exclusivamente por profesionales del Derecho, con una perspectiva crítica sobre los vicios que dificultan su inteligibilidad y utilización. La mayor parte de las descripciones existentes, hechas por juristas, tienen este carácter de mea culpa y se detienen poco en una caracterización interesante desde el punto de vista de su enseñanza como segunda lengua.

La cuestión de qué se entiende por lenguas de especialidad y su distinción de la lengua común o general es todavía bastante polémica (Felices, 1999: 15) pero no es nuestro interés prioritario detenernos en esta cuestión. De modo general se consideran subcódigos de la lengua común caracterizados por la unidad de campo temático, por ser instrumento de comunicación formal y funcional entre especialistas de una materia determinada y aptos para expresar la complejidad. Otras características que, como las anteriores, también pueden aplicarse al lenguaje jurídico son: la terminología (con alta presencia de formantes cultos grecolatinos), la alta abstracción, la sintaxis controlada y fija, el predominio de la función referencial, la abundancia de descripción y exposición así como la formalidad, la neutralidad, la impersonalidad y la funcionalidad.

El lenguaje jurídico es el lenguaje técnico usado por los legisladores, las autoridades administrativas, los tribunales y los miembros de las profesiones jurídicas. Dentro del lenguaje jurídico hay una distinción consolidada entre el lenguaje de la ley y el lenguaje de los juristas. Hay que distinguir entre el lenguaje en el que están escritas las normas y las demás fuentes del Derecho, y el lenguaje utilizado en la aplicación de éstas, es decir, el utilizado por los profesionales para hablar de sus actividades. "El lenguaje de la ley es aquel en el que están formuladas la ley y las demás fuentes del derecho, y el lenguaje de los juristas es el que utilizan jueces, abogados, juristas, etc. cuando hablan o se refieren al lenguaje del Derecho" (Iturralde, 1989: 30).

Los términos pueden designar clases de individuos, conceptos y objetos individuales: lo que los caracteriza es la relación biunívoca entre una palabra o un grupo de palabras y una definición especializada (Lerat, 1997: 48) y no su longitud ni el tipo de objeto designado: prodigalidad, maquinación para alterar el precio de las cosas, Código Civil.

Las reglas generales de formación de términos son: derivación con prefijo (bigamia, anteproyecto, precontrato, reincidencia, desacato) derivación con sufijo (seguridad, fiscal, doloso, arrendatario, composición (decreto ley, extinción de obligación, expropiación forzosa, silencio administrativo, miedo insuperable, legítima defensa, fuerza mayor, reparación del daño causado, derechohabiente), conversión (imputado, adoptando, demandante, legítima, deber, poder) (Cabré, 1993: 192-193). Una peculiaridad de la terminología jurídica es la presencia de latinismos crudos (fideicomiso, finiquito, usufructo, abintestato, inter vivos, habeas corpus) y la acumulación de afijos (irretroactividad, irrenunciabilidad, subrogación, legalización).

El léxico jurídico se caracteriza por su densidad léxica, debida al elevado índice de términos conceptuales (irrevocabilidad, imputabilidad) y al alto índice de nominalización para expresar conceptos que se refieren a acciones o procedimientos (Montalto Cessi, 1998:104), y por las construcciones de carácter metafórico (tráfico de influencias, blanqueo de capitales, bien).

En el lenguaje legislativo -el utilizado en los textos normativos- coexisten unidades léxicas de la lengua común (puesto que las leyes recorren todas las realidades de una sociedad): parto, términos técnicos de las diferentes ciencias o técnicas (pues también ellas están reguladas por la ley): preembriones, términos técnicos del lenguaje jurídico (preterición o exhorto) y términos técnico-jurídicos (Iturralde, 1989: 44-45), por ejemplo (artículo, título, disposición, resolución, demanda, recurso, procedimiento, afinidad).

El lenguaje legislativo crea términos técnicos por medio de la denominada "definición estipulativa" (Iturralde, 1989: 41), con la que se acuña un nuevo término -prescindiendo de los anteriores usos lingüísticos que tuviera la pieza léxica- o se transforma el significado de un término ya existente. Este tipo de definiciones tiene carácter prescriptivo y con ellas se pretende atribuir una denominación adecuada a un fenómeno nuevo o una denominación más idónea a fenómenos conocidos con un nombre diferente, es decir, asegurar la relación biunívoca entre una palabra o un grupo de palabras y una definición especializada.

Los términos técnico-jurídicos revisten gran interés a la hora de aproximarse al estudio del léxico. Son aquellos que forman parte del lenguaje ordinario, pero en su uso jurídico conservan sólo una de sus acepciones o bien adoptan un sentido más restringido y preciso. "Al contrario que en otros lenguajes técnicos la proporción de palabras usadas de forma exclusiva por el derecho es muy escasa, la cuota mayor corresponde a términos del léxico común, e incluso de otros léxicos técnicos que el derecho modula semánticamente con acepciones propias" (Prieto de Pedro, 1991: 169). Esta característica puede suponer, a la hora de su adquisición, tanto una ayuda como un problema. Por una parte, favorecen el acercamiento pero pueden ser causa de malas interpretaciones porque existe el riesgo de creer que se conoce el significado de un término porque se conoce esa forma en su uso común. A este tipo de términos hay que concederle especial atención (obligación, diligencia, vicio, virtud, tenor, corona, costas, escritura, robo) no dejando que la familiaridad ahogue el esfuerzo de atención y comprensión.

Es importante señalar la relación de las lenguas de especialidad con la lengua común. "Los deslizamientos semánticos muestran los frecuentes trasvases de términos que se producen desde la lengua común a la especializada, e incluyen también las construcciones de carácter metafórico; ambos procedimientos contribuyen a acrecentar la eficacia de ambos términos. [...] sin embargo, debido a la fuerte presión social que ejercen los medios de comunicación, estos mismos términos traspasan con frecuencia los ámbitos especializados e invaden la lengua común, que puede llegar en momentos determinados a impregnarse de ellos" (Gómez de Enterría, 1996). Por lo que se refiere a la terminología jurídica, basta leer la prensa diaria para observar este fenómeno.

Como esta propuesta de clasificación está pensada para servir de introducción, me he centrado sobre todo en los términos y expresiones imprescindibles - por su frecuencia o utilidad- que necesita alguien que tiene que enfrentarse a la lectura de manuales y leyes, como paso previo a la lectura de otros documentos especializados.

3. PROPUESTA DE ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Partiendo de la consideración del Derecho como un sistema integrado, es decir, un sistema en el que cada elemento implica a aquellos a los que está unido y asimismo es implicado por ellos (Maniez, 1997) mi propuesta consiste en ofrecer una visión de conjunto, una esencialización de sus contenidos que no se aleje de la experiencia directa de los alumnos y que pueda ser aprehendida de forma unitaria, como un diagrama en el que los componentes esenciales están bien delimitados y en el que se pueden visualizar las metáforas y las relaciones entre los componentes. El contexto es el principal detonante que activa el lexicón mental (Lahuerta y Pujol, 1993) y fomenta el primer paso de la triada: comprensión, retención, utilización.

Por otra parte, la estructuración lógica de los significados favorece la ubicación de éstos en campos conceptuales mas amplios en los que estén siempre presentes las relaciones semánticas entre los distintos elementos. Mis objetivos son: proporcionar un marco en el que situar los nuevos conceptos y establecer un criterio de ordenación basado en relaciones jerárquicas (género-especie y todo-parte) y asociativas (Maniez, 1997), todo ello orientado a facilitar una tipología de ejercicios m que favorezcan y activen procedimientos mentales lógicos (Scaramuzza Vidoni, 1998).

3.1. TRES PREPOSICIONES COMO PUNTO DE PARTIDA.

"Para hacer interpretar, memorizar e incorporar las palabras al lexicón del discente hay que insertarlas en un discurso" (Scaramuzza, 1998: 109). Por lo tanto, hace falta un discurso eficaz, en el sentido de "marcar al lector, de imprimirle una información nueva, a fin de que después de recibir esta impronta, sea -aunque poco- un hombre diferente del de antes" (Richaudeau, 1984: 143), que proporcione una visión fácilmente comprensible del sentido último y las implicaciones del área sobre la que se va a trabajar.

El ámbito de lo jurídico puede reducirse a tres momentos: el momento de convivencia perfecta del imperio de la ley, el momento del conflicto debido a la violación de la ley, y el momento de restablecimiento de la ley por medio de las autoridades y tribunales. En estos tres grandes bloques podemos -haciendo un esfuerzo mental que puede llegar a ser muy gratificante- incluir todas los conceptos cuya designación deseamos enseñar.

Aunque las preposiciones se incluyen normalmente entre las palabras vacías, carentes de significado propio, en el caso que nos ocupa podemos agrupar los tres grandes campos conceptuales -que incluyen todos los demás- en torno a tres preposiciones (aunque también hay otras dos de gran interés). Las ventajas de esta propuesta son indudables. Por una parte, es poco habitual y produce una sorpresa que puede ser muy útil para despertar el interés y potenciar la memoria; por otra parte, asegura la comprensión de los conceptos fundamentales y la fijación de las formas. Las preposiciones propuestas se encuentran entre las menos trabajadas en las aulas de español y, sin embargo, su conocimiento es imprescindible en el ámbito jurídico.

La primera preposición es según.. El ideal en una sociedad es que todas las relaciones discurran armoniosamente conforme está regulado en el derecho positivo, es decir, en la ley escrita. Que todas las personas actúen de acuerdo a lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y lo que se debe hacer según la ley, (derechos y deberes, el poder y el deber).

La segunda preposición es contra. Una gran parte de los conflictos que se producen en una sociedad se deben al actuar contra la ley; en forma de incumplimiento o de violación de las normas. Con este ejemplo queda claro el valor negativo -de oposición y de enfrentamiento- que tiene la preposición: por una parte la ley y por otra la persona o personas (físicas o jurídicas) que se enfrentan a ella y la incumplen, desobedecen, infringen o vulneran.

La tercera preposición es ante. Cuando hay un problema hay que solucionarlo, y la forma de solucionar los conflictos existentes en la sociedad es mediante el restablecimiento de ese paraíso convencionalizado que es el imperio de la ley. El modo de hacerlo es denunciar los hechos o elevar una petición de justicia -generalmente a través de un profesional del Derecho- ante la autoridad competente que, después de celebrar un juicio o un proceso, dictará una resolución y sancionará al culpable.

Las otras dos preposiciones interesantes son la arcaizante so y bajo, (en su sentido no físico), íntimamente ligadas al primer momento: la ley dice cómo deben ser las cosas so pena de, bajo amenaza de (en la lengua común tiene todavía uso la expresión so pena de).

Este esquema permite una negociación, entre el profesor y los alumnos, de los contenidos del currículo por medio de una reflexión conjunta que estimule en los alumnos los conocimientos previos sobre la materia, al relacionarlos con objetos o conceptos conocidos o imaginables (alquiler, contrato de trabajo, denuncia en comisaría, visado, permiso de residencia, impuestos, multas, Pinochet, Lewinsky...) y cree la necesidad de conocer las palabras españolas para esas ideas que ya están contextualizadas en la mente, "la familiaridad con el tema se convierte en una fuente de seguridad que anima a participar de forma activa" (Montalto Cessi, 1998: 103).

El momento según daría pie a preguntas como: ¿qué es la ley?, ¿para qué sirve?, ¿de dónde procede?, ¿qué aspecto tiene?, ¿quién hace las leyes?, ¿cómo?, ¿son todas iguales?, ¿de qué tratan?, ¿qué hacen?, ¿interviene en la vida cotidiana?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? Desde las que es fácil trazar caminos introductorios hacia las respuestas que se irían constituyendo a lo largo del curso: la definición de ley y de norma jurídica, los fines, las fuentes, la estructura, el procedimiento legislativo, la jerarquía normativa, las ramas del Derecho, la actividad regulativa en el seno de la sociedad (con prohibiciones, permisos y mandatos), los derechos y deberes, el ámbito de aplicación, el periodo de vigencia, etc. Cuestiones de Derecho Constitucional y Derecho Civil principalmente, los más relacionados con la vida cotidiana.

El momento contra es el de "problemas concretos que tienen sus raíces en diferencias de todo orden: luchas entre grupos económicos, corrupción política y administrativa, desamor, asesinatos y todas las formas de la miseria humana, aunque también la búsqueda del reconocimiento de derechos admitidos por la sociedad sobre los que la ley no se pronuncia" (Navarro, 1994: 49). Suscitaría preguntas del tipo: ¿qué ha sucedido?, ¿se ha cometido una injusticia?, ¿quién es el afectado?, ¿qué le ha pasado?, ¿quién es el causante?, ¿era responsable?, ¿cómo ha ocurrido?, ¿dónde? Lo que introduciría los conceptos fundamentales del Derecho Penal: incumplimiento de obligaciones, infracción penal, comisión de delitos o faltas, víctima, daños y perjuicios, autoría de los hechos, lugar y fecha, responsabilidad civil o penal, causas de extinción de la responsabilidad, circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad, etc.

El momento ante suscita otras cuestiones: ¿qué hay que hacer para solucionar el conflicto?, ¿a quién se le pide el resarcimiento y el castigo del culpable?, ¿quién es la autoridad competente?, ¿cómo se hace para comunicarse con esta?, ¿hay algún límite temporal?, ¿los juicios son como los de las películas americanas?, ¿cómo son las sentencias?, ¿se pueden ver?, ¿hay que cumplirlas?, ¿se puede protestar si no se está conforme con la sentencia? Es decir: competencia de Jueces y Tribunales, diferencia entre el Principio de justicia rogada (a petición de parte) del Derecho Procesal Civil y la actuación de oficio del Derecho Procesal Penal, demanda o pretensión ante los tribunales, denuncia de hechos delictivos, proceso, términos judiciales, decisiones judiciales, ejecución de la sentencia, penas, recurso ante los tribunales superiores, cumplimiento de las penas.

3.2. CLASIFICACIÓN ONTOLÓGICA.

Una clase es un conjunto de entidades que tiene al menos un carácter común. Clasificar es operación intelectual que consiste en distribuir en varias clases un conjunto de objetos. Propongo una clasificación tripartita de los términos jurídicos con las subdivisiones que he considerado más rentables a la hora de facilitar al profesor la definición de las entidades sobre las que se habrá de trabajar en clase. Evidentemente, es muy imperfecta, pero considero que constituye un punto de apoyo para no trabajar en el vacío.

Para el profesor será de gran ayuda a la hora de preparar las actividades más adecuadas para la enseñanza del lenguaje jurídico: selección múltiple, verdadero/falso, comparación, intrusos, definiciones, clasificaciones (jerarquía, campo semántico, hiperónimos, sinónimos, antónimos, lengua común o específica, etc.), juicio terminológico de palabras compuestas, memorización, huecos, relaciones de términos y definiciones, reflexión, inferencia, predicción, reconocimiento de regularidades, transformación, sustitución, etc. (Hernando de Larramendi, 1998: 64). Para encontrar material sobre el que trabajar es recomendable visitar la siguiente dirección: www.derecho.org, que tiene enlaces con todo tipo de recursos jurídicos en la red.

Las tres clases principales son: 1) conceptos abstractos, 2) clases de objetos físicos, 3) objetos individuales.

1) Conceptos abstractos

  • cualidades, características (incompatibilidad, inviolabilidad, imputabilidad)

  • acciones (regulación, cumplimiento, infracción, resarcimiento)

  • resultados (agravios, daños , perjuicios)

  • fuentes

    • del Derecho (ley, costumbre, principios generales del derecho)

    • de las obligaciones (ley, contratos, cuasi contratos, actos y omisiones ilícitos)

  • valores (justicia, igualdad, pluralismo político)

  • sujetos

    • de derechos

    • de tributos

    • sujetos activos (Estado)

    • sujetos pasivos (contribuyente, herencias, comunidades de bienes)

    • de delitos

  • objetos

    • de derechos (prestaciones, creaciones,, cosas)

    • de delitos (cuerpo del delito)

    • de contrato (prestación)

  • obligaciones (dar, hacer, no hacer)

  • libertades (de expresión, de reunión, de competencia)

  • fines (lucro, bien común)

  • garantías constitucionales (principio de legalidad, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones)

  • derechos (uso, disposición, acción civil, acción popular)

    • derechos fundamentales (Derechos Humanos)

    • derechos de la personalidad (a la identidad personal, a la integridad física)

    • derechos de familia

    • derechos patrimoniales (reales, sobre bienes inmateriales, de crédito, de sucesión, hereditario)

    • derechos del empresario

    • derechos de los extranjeros

  • deberes

    • deberes legales (obligaciones)

    • deberes jurídicos (de denunciar, de diligencia laboral, de buena fe laboral)

  • actos jurídicos

    • negocios jurídicos (contrato)

    • actos administrativos (notificaciones, publicaciones, silencio administrativo)

    • actos de comercio

    • actos punibles (infracciones)

      • delitos
           - contra la propiedad (robo)
           - contra las personas (homicidio, asesinato)

      • faltas (imprudencia)

  • instituciones

    • Administraciones económicas (régimen de competencias)

    • órganos jurisdiccionales de administración de la Justicia

    • instrumentos de seguridad jurídica

      • registros (títulos de inscripción)
           - Registro Civil
           - Registro Mercantil
           - Registro de la Propiedad
           - Registro de la Propiedad Industrial

  • acontecimientos

    • inicios (entrada en vigor)

    • finales (extinción, expiración, disolución, derogación)

  • fases

    • de creación de una ley

    • del Procedimiento Administrativo

    • del Juicio Oral

  • estados (vigencia, de indefensión, de necesidad)

    • estado civil

  • situaciones (Estado de Derecho, estado de sitio)

  • contingencias (viudedad)

  • vínculos (de parentesco)

  • trámites (diligencias)

    • judiciales

  • causas

    • de invalidez

    • de incapacitación

    • de extinción de contratos

    • eximentes

  • medidas

    • cautelares

    • provisionales

    • de seguridad

  • impedimentos

  • efectos (de la filiación)

  • transformaciones (prescripción)

  • requisitos (licitud, posibilidad)

  • tiempos (plazos, términos judiciales, vigencia, años, fechas, días, horas, meses)

  • circunstancias en la comisión de un delito

    • atenuantes (arrebato, obcecación, reparación del daño)

    • agravantes (alevosía, nocturnidad, ensañamiento, abuso de superioridad, reincidencia, recompensa)

  • defectos (vicio de forma)

  • personas jurídicas

  • medios (fuerza en las cosas)

  • objetos de propiedad industrial (invenciones, patentes, marcas, rótulo de establecimiento)

  • objetos de propiedad intelectual (derechos de autor)

  • privilegios y prerrogativas (primogenitura, fueros, aforamiento, inmunidad)

  • sanciones

    • sanción penal o pena

      • de privación de libertad (arresto mayor, prisión menor, prisisón mayor, reclusión menor, reclusión mayor),

      • de suspensión (suspensión de empleo, inhabilitación, suspensión de cargo público)

      • pecuniaria (pago de las costas, multa)

    • sanción civil (ejecución forzosa).

2) Clases de objetos físicos

  • bienes

    • propiedades

      • bienes inmuebles
        - propiedad horizontal

    • frutos

    • rentas (rendimientos del trabajo, incremento de patrimonio)

  • tributos (impuestos)

  • instrumentos

    • del delito

    • de trabajo

  • libros

    • de los empresarios

    • de los Registros

  • publicaciones periódicas

    • de ámbito nacional (Boletín Nacional del Estado, BOE)

    • de ámbito europeo (DOCE)

    • de ámbito autonómico (diarios oficiales)

  • documentos

    • acto jurídico documentado

    • expedientes

    • de decisión (resoluciones, acuerdos)

    • de transmisión (comunicaciones, notificaciones, publicaciones)

    • de constancia (actas, certificados)

    • de juicio (informes)

    • de los ciudadanos (solicitudes, denuncias, alegaciones, recursos)

    • de manifestación de la voluntad (contrato, testamento)

  • partes de los documentos

    • leyes (preámbulo o exposición de motivos, libros, títulos, capítulos, artículos, párrafos, disposiciones: adicionales, transitoria, derogatorias, finales)

    • sentencias (Hechos probados, Fundamentos jurídicos, Fallo )

    • contratos (identificación de las partes, declaración, cláusulas

  • lugares

    • juzgados

    • tribunales

    • salas (de lo civil, de lo penal, de lo contencioso-administrativo)

    • domicilio

    • prisión

  • personas

    • por su condición

    • por su actividad profesional

    • parte agente, actores (acusador, demandante, reclamante, derechohabiente)
    • parte paciente (víctima, demandado, adoptado)

    • por su relación de parentesco (cónyuge, afín, ascendiente, descendiente)

    • por su relación con los bienes

    • por su relación laboral

3) entidades únicas

  • personas (Rey, Presidente del Tribunal Supremo, Presidente del Gobierno)

  • instituciones (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo)

  • textos normativos con nombre propio (Constitución, Ley de Patrimonio Histórico Español, de 25 de junio de 1985 (BOE núm. 155, de 29 de junio), Código de Comercio, 3761 REAL DECRETO 202/2000 de 11 de febrero, por el que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos (BOE 48/2000, de 25 feb.)

  • sentencias

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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© Margarita Hernando de Larramendi Martínez, 2001.

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© 2001
Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona

Cultura e Intercultura en la enseñanza del español como lengua extranjera
se empezó a publicar como un monográfico de la revista Espéculo: http://www.ucm.es/info/especulo/ele/