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MOVIMIENTOS VECINALES CONTRA LA GENTRIFICACIÓN Y TRANSFORMACIONES EN LA POLÍTICA LOCAL DE SEVILLA.
LOS CASOS DE EL PUMAREJO Y SAN BERNARDO

Iban Díaz Parra
Departamento de Geografía Humana.
Universidad de Sevilla
ibandiaz@us.es

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Movimientos vecinales contra la gentrificación y transformaciones en la política local de Sevilla. Los casos de El Pumarejo y San Bernardo. (Resumen)

El sector nordeste del Casco Histórico y el arrabal de San Bernardo, ambos en el Conjunto Histórico de Sevilla, han sufrido un intenso proceso de gentrificación en los últimos tiempos. Aquí se examinan dos de los principales agentes implicados, la administración pública y los movimientos vecinales. A lo largo de la última década se han llevado a cabo notables cambios en la estrategia del agente público local respecto de la recuperación de los sectores degradados de la ciudad histórica, en esta comunicación se pone en relación estos cambios con el desarrollo de un movimiento vecinal contra la gentrificación en los sectores mencionados.

Palabras clave: gentrificación, centro histórico, inquilinos, movimientos vecinales, políticas públicas.

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Grassroots movements against gentrification and changes in Sevilla´s public policy. The cases of El Pumarejo and San Bernardo. (Abstract)

The north east sector of the historic city centre and the suburb of San Bernardo, both included in the Historical City of Seville, have suffered a intense gentrification process in recent times. Here the role of two of the principal agents are examined: local government and grassroots movements. In the last decade there have been distinct changes in the strategy of local government in respect to the regeneration of rundown areas of the historic centre. In this text we will look at these changes in the light of the development  of grassroots movements against the gentrification of the above mentioned sectors.

Key words: gentrification, historic centre, tenants, grassroots movements, public policy.

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La gentrificación y la cuestión social

El fenómeno al que aquí nos referimos es un fenómeno netamente urbano y situado en la etapa histórica del postfordismo, a pesar de que puedan existir procesos semejantes en otros ámbitos espaciales y temporales. La existencia de este tipo de procesos esta directamente relacionada con la retirada del sector publico del mercado de la vivienda a partir de la década de los setenta (Harvey, D. 2004, p. 125).

El efecto más notorio de la gentrificación es el desplazamiento de los grupos de ingresos bajos (Sargatal, 2000). El desplazamiento puede tener lugar bajo distintas formas pero se produce principalmente en base al coste de la vivienda. La clase media-baja pueden reducir su número en la zona por el envejecimiento de la población, en base a desalojos por las condiciones ruinosas de un edificio o por expiración de un contrato de alquiler y ausencia de una oferta de alquileres en la zona para este grupo social. En los casos en los que los desplazamientos se producen de forma voluntaria, estos lo son generalmente debido a un efecto de rechazo por la situación de degradación del caserío, por el pago de incentivos a cambio de su abandono a inquilinos con contratos blindados, o por la compra-venta de la propiedad. Una vez realizado este desplazamiento se pone en valor el suelo, comúnmente residencial, a través de la rehabilitación del edificio, recualificado habitualmente como residencias de alto nivel, o la construcción de viviendas de nueva planta.  A la expulsión progresiva de la población por los métodos mencionados se le une la incapacidad por parte de los desalojados o de jóvenes emancipados, originarios del sector gentrificado, de pagar un alojamiento, como consecuencia de la revalorización y el aumento del precio de la mercancía vivienda.

El desplazamiento de los inquilinos tradicionales, en muchos casos, se reduce a una transacción económica consistente en el pago por parte del propietario o del promotor de una cantidad variable de dinero a cambio de que el inquilino abandone la propiedad. En otros muchos casos, y en especial en el de aquellos inquilinos de renta antigua, para conseguir el desplazamiento se han generalizado una serie de técnicas de acoso. Acoso inmobiliario definido como conjunto extendido de practicas y acciones, tomadas por parte de la propiedad o de promotores, con el objetivo de forzar el desplazamiento de los inquilinos de un inmueble dado, voluntario haciendo inhabitable el edificio o forzoso consiguiendo el desalojo. Sobre este tipo de técnicas generalizadas en todas las ciudades medias y grandes que sufren estos procesos versa el volumen colectivo “El cielo esta enladrillado. Entre el mobbing y la violencia inmobiliaria y urbanística.” (VVAA, 2006). En este libro se diferencia entre acoso físico y arquitectónico, y acoso legal e institucional. En el primero se incluiría el abandono del deber de conservación por parte del propietario, e incluso la realización de actos de sabotaje y obras dirigidas a causar daños en la estructura del edificio, o a hacerlo inhabitable, lo más común; o la utilización de otros recursos como las amenazas o la instalación de vecinos molestos. En el segundo grupo se incluiría la búsqueda de la declaración de ruina del edificio, consecuencia por otro lado del abandono del deber de conservación, subidas desorbitadas del alquiler cuando fuese esto posible, negativa a recoger el alquiler, etc. (VVAA, 2006). Las referencias al término y al concepto son numerosas. En 1998 el Ayuntamiento de Cádiz dicto un bando municipal para advertir a la ciudadanía sobre estas prácticas. En el 2003 se presenta la primera querella por mobbing inmobiliario, desestimada y reabierta por la Audiencia de Barcelona (El Periódico de Cataluña, 17 de septiembre del 2003). En el 2004, en otro caso en Getxo el término “acoso inmobiliario” es contemplado en el auto de apertura de un procedimiento. Actualmente el Código Penal solo contempla el “acoso sexual”, aunque desde hace varios años se habla públicamente del acoso laboral, el escolar y más recientemente del inmobiliario. Por otro lado el Art. 173.1 del Código Penal se ajusta suficientemente a las características del acoso inmobiliario y podría ser utilizado legalmente: “El que inflingiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.”

Esta relación entre grupos sociales que sucede en los procesos de gentrificación puede permanecer como una simple agresión. Sin embargo también puede darse el caso de movilizaciones y respuestas por parte del grupo social “sustituido” o “desplazado”. Determinados grupos de afectados, colectivos aparentemente indefensos, pueden asociarse y resistir a la gentrificación. De su lado puede estar órganos de la administración controlados por individuos sensibles a estas problemáticas y grupos pertenecientes a la diáspora de movimientos sociales que, con mayor o menor éxito, se desarrollan en las ciudades medias-grandes del Estado. De esta extraña alianza pueden surgir movimientos efectivos que adquieren protagonismo fundamental dentro de las resistencias a las formas imperantes dentro del urbanismo y del sector inmobiliario. D. Harvey ve una conexión entre las luchas contra las autopistas, la lucha de los guetos o las luchas contra la rehabilitación de los centros. Se trata de luchas identificadas como resistencias al cambio. Sin embargo no debemos percibir estas luchas meramente como oposición a todo cambio, sino a un cambio en concreto, se trata de formas de oposición al cambio o desarrollo. (Harvey, 2007, p.354)

El proceso de gentrificación no es unidireccional e imparable, puede encontrar obstáculos y resistencias en su devenir que consigan ralentizarlo, frenarlo o incluso puede retroceder. En este sentido la comparación del caso de Sevilla con otros casos de ciudades españolas, como el Raval de Barcelona, o Lavapíes, podría resultar esclarecedor. El avance, mucho más tortuoso y difícil, del proceso en el Raval de Barcelona parece guardar una relación directa con la gran afluencia de inmigrantes al barrio (Sargatal, 2001), produciendo el efecto contrario, la desvalorización de la zona; un factor que no existe en el caso del Conjunto Histórico de Sevilla.

En otros casos, en otras ciudades, podemos ver como el proceso ha encontrado resistencias fuertes, llegando incluso a retroceder notablemente. Mike Davis, nos describe varios casos de este tipo en la ciudad de los Ángeles (Davies, 2000), resistencias asociadas principalmente a la existencia de minorías étnicas y a la gran afluencia de inmigrantes latinoamericanos, como en el caso descrito del barrio de Oakwood (Davies, 2007)

Gentrificación e intervención pública en Sevilla

En Sevilla la existencia de estos fenómenos pasa desapercibida hasta los años ochenta, cuando varios sectores, urbanísticamente degradados, pertenecientes al conjunto histórico comienzan a revalorizarse, en un proceso que viene marcado por la generalización de las demoliciones y los desalojos. Este proceso se concentra en el Centro Histórico y resulta paradigmático el caso del arrabal San Bernardo, de igual forma que el sector nordeste del Casco Histórico. Son todos ellos barrios de carácter obrero con un cierto desarrollo industrial entre el siglo XIX y la primera mitad del XX, con un caserío viejo y degradado y predomino del alquiler sobre la propiedad. Sufren un proceso acentuado de degradación urbanística, económica y social (Marín de Terán, L. 1980; sobre San Bernardo Vera, A. L., 1990; sobre San Luis  León Vela, J. 2002) y su recuperación se lleva a cabo a partir del Plan General de 1987. En concreto respecto de San Bernardo y del sector nordeste del Casco, su recuperación urbanística se plantea a partir del Plan de Reforma Interior del Arrabal de San Bernardo y de los PERI C3, C4 y C5, respectivamente. Dichos planes serán paradójicamente ejecutados a partir de los Planes Especiales de Protección de los Sectores 2, 3 y 12. A los PEP 2 y 3 al noreste del Casco Histórico, habría que sumarles la ejecución del Plan Urban entre 1995 y el 2000 (García Jaén, M. J. 1988). Los ensanches, las agregaciones de parcelas y las nuevas alineaciones, suponen el derribo de numerosas edificaciones; esto unido a la reurbanización de calles y plazas y la creación de nuevas y costosas dotaciones -casi una tercera parte de los fondos del Plan Urban se dirigieron a la rehabilitación de dos edificios públicos- servirán de incentivo para el sector privado que invertirá de forma masiva en la mercancía vivienda de estas zonas.

Los efectos de de estas intervenciones sobre la dinamización del sector privado de la vivienda en estas zonas los hemos podido comprobar a partir del examen de la Actas de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla. De tal forma que entre el 2000 y el 2006, en el sector delimitado por el Plan Urban “San Luis-Alameda”, se derribaron 79 edificios, se reforman 418 y se levantaron 96 nuevas plantas. En el arrabal de San Bernardo, en este mismo periodo y a pesar de su reducido tamaño, se derribaron 17 edificios, se rehabilitaron 32 y se levantaron 24 nuevas plantas. Las consecuencias sociales de este intenso proceso de renovación urbana no pasan desapercibidas. La descapitalización durante cerca de medio siglo de edificaciones de mucha edad, y a menudo obsoletas, unidas a una rápida revalorización de estas zonas desbocan en una vorágine de declaraciones de ruina, desalojos y demoliciones. En el mismo periodo antes indicado en San Luís se declaran 43 edificios en ruina y la Gerencia de Urbanismo ordena el desalojo de 36 edificios. En San Bernardo se declaran 14 edificios en ruina y se desalojan por orden de la administración 4 edificios.

Las denuncias contra malas prácticas por parte de los propietarios con intención de expulsar inquilinos se han multiplicado desde la apertura de las dos oficinas de asesoramiento a inquilinos en Sevilla en el 2004, OTAINSA[1] y UBAI[2]. De los 214 casos de acoso a inquilinos tratados por la OTAINSA registrados entre 2004 y 2005, el mencionado sector San Luís-Alameda recoge 94 casos, el 43,92% del total, reduciéndose notablemente el numero de casos en San Lorenzo y en la mitad sur del casco histórico.  San Bernardo recoge 7 casos, el 3, 27% de los casos, a pesar de su reducida superficie. El otro sector de Sevilla donde se concentran este tipo de casos es Triana con 27 casos, el 12, 61 %,  En total, estos tres sectores, suman el 59.78% de los casos recogidos por la OTAINSA.

El movimiento vecinal en torno a la Casa Grande del Pumarejo

Las primeras acciones de denuncia en el casco norte de Sevilla se producen en torno al aparcamiento subterráneo proyectado a finales de la década de los años noventa en la Alameda de Hércules, y la plataforma que se crea con el objetivo de frenarlo. Dentro de este movimiento, con ciertas conexiones con Asociaciones de Vecinos pero compuesto en su mayor parte por jóvenes activistas, de orientación ecologista o antidesarrollista, se relaciona la inversión publica en infraestructuras con el proceso de expulsión de los vecinos tradicionales del barrio, el derribo de las edificaciones populares y el encarecimiento de la vivienda en la zona (Barber, S. 2006). El movimiento en principio, carece de una visión global del conflicto social y oscila hacia el ecologismo. Sin embargo esta lucha da lugar a intentos de un enfoque más social que llevan inevitablemente a una crítica feroz al Plan Urban y a un progresivo acercamiento a los vecinos amenazados. Los primeros acercamientos se dan a raíz de las protestas por el desalojo de una casa de vecinos en Palacios Malaver en julio de 1998 que desembocó en una acampada en plena calle y el desalojo de un corral de artesanos en la calle San Luis por parte de la empresa publica de vivienda EMVISESA en Junio del 2001 (Barber, S. 2006), en el que se desobedece la orden de desalojo con una tímida resistencia.

Un año antes se crea la Plataforma por La Casa del Pumarejo, de una alianza entre jóvenes activistas que provienen de estas primeras resistencias reseñadas y vecinos o principalmente hijos de vecinos de La Casa. Se crea también un vínculo importante en principio con la Asociación de Vecinos Areneros de San Gil, que se reunía en La Casa hasta que el local que ocupaban fue desalojado. El objetivo de la plataforma es defender los derechos de los vecinos a permanecer dignamente en el edificio. También se reivindica la permanencia del uso residencial en la entreplanta y segunda planta, así como los usos artesanales y comerciales de los bajos.

De forma paralela se va desarrollando en la zona un cierto movimiento de ocupación de corte más juvenil, que se concreta en las ocupaciones de las calles Divina Pastora y Antonia Sáenz. Los ocupas tienen una cierta politización y conciencia de la problemática del barrio y no tardan en entablar relaciones, aunque tibias, con la Plataforma. También se traslada a la zona la Casa de la Paz, centro social de grupos pacifistas. Estos elementos van creando un entramado político en el barrio que va sumando fuerzas a la Plataforma.

La Casa del Pumarejo es una casa palacio del s. XVIII que acoge diversos usos. Es palacio señorial, hospicio, cárcel, escuela de adultos y finalmente corral de vecinos. A finales del XIX la planta alta es compartimentada para multiplicar el numero de viviendas mientas que los locales en planta baja se utilizan para actividades comerciales y artesanales principalmente. A principios de la década se encontraba en la misma situación que tantos corrales del centro histórico. Una población envejecida y de bajo poder adquisitivo y un edificio deteriorado con la propiedad eludiendo el deber de conservación, esperando que cayese a pedazos o a que no quedase un solo vecino para remodelar el edifico. En el 2006 quedaban solo nueve viviendas habitadas, ya que la propiedad se ha negado a renovar los contratos y a hacer otros nuevos. De igual forma a sucedido con muchos de los locales de la planta baja.

La Plataforma se estructura entorno a algunos vecinos de la zona concienciados, algunos hijos de vecinas de la Casa del Pumarejo y militantes que habían estado inmiscuidos en la lucha contra el Parking. Entre el reducido grupo inicial encontramos gente con un cierto nivel técnico, capaz de manejarse con los planes urbanísticos, los políticos y la prensa, lo que será determinante a la hora de ganar eco en la prensa local y de presionar a la administración local. La plataforma utiliza los medios a su alcance para conseguir el objetivo de hacer que permanezca la población tradicional en el corral. Pasa necesariamente por la presión-negociación con la administración pública, con el objetivo de conseguir la rehabilitación subsidiaria del edificio. Se sigue una estrategia de denuncia a través de actos y acciones de visualización para presionar a urbanismo, utilizando al mismo tiempo a los medios locales de comunicación.

La plataforma consigue en primer lugar paralizar los desalojos y el proyecto de convertir el edificio en hotel. También se consigue el compromiso del Ayuntamiento y el inicio de los trámites para la expropiación del edificio a sus propietarios por incumplimiento del deber de conservación. Otro de las victorias es la declaración del edificio como Monumento. Tras una lucha de cuatro años se consigue en el 2003 la declaración de Bien de Interés Cultural por parte de la Conserjería de Cultura.

En el 2004 se ocupan uno de los numerosos bajos abandonado del edifico, donde se crea el Centro Vecinal del Pumarejo. A partir de este momento el numero de personas, del barrio y ajenas a él que pasan a implicarse no para de crecer.

A pesar de la importancia de las victorias de la plataforma es reseñable que el proceso de gentrificación ha seguido su curso en el barrio. Sin embargo en el entorno del movimiento para salvar El Pumarejo nacen dos plataformas con una visión más amplia de la problemática. En el 2003 se crea la Plataforma de Inquilinos Amenazados, que engendrará la Liga de Inquilinos de Sevilla, ya en el 2005; una asociación que en estos sus primeros pasos se dirige a defender principalmente a los vecinos que se encuentran en peligro de desalojo en barrios con este tipo de problemáticas y que podría convertirse en una buena herramienta organizativa y de lucha contra los procesos de gentrificación. En el 2005 también se crea la PACA Plataforma de Artesanos del Casco Antiguo, enfocada hacia la problemática del desalojo de los corrales de artesanos.

Las ocupaciones de San Bernardo

En el 2005 se ocupa en la Calle San Bernardo un antiguo colegio de adultos, abandonado durante quince años por la administración local, con el objetivo de crear un centro social. Esta ocupación se presenta como reivindicativa y política y ejerce una tímida denuncia de la especulación en el barrio en sus primeros panfletos. Los jóvenes ocupas contactan con algunos antiguos vecinos del barrio, que a su vez habían tenido contacto con el movimiento en torno a El Pumarejo. Una de las primeras actividades, en Marzo del 2005, son unas “Jornadas contra la Especulación”, en las que se trata específicamente la problemática de la gentrificación. Gracias a los contactos previos, acude un nutrido grupo de vecinos del barrio, de edad avanzada y en situación precaria con respecto a sus viviendas.

El trabajo de dinamización que algunos vecinos empiezan a desarrollar en el barrio a partir de entonces, desemboca en la ocupación de un bloque de viviendas sociales por parte de vecinos amenazados de desalojo y con sus casas en estado avanzado de deterioro.

De esta forma el martes 24 de Mayo se ocupa un bloque de viviendas de VPO en la Calle San Bernardo 52. Las viviendas llevaban más de dos años terminadas sin haber salido en sorteo por presuntos litigios entre la administración y la empresa constructora Prasa. Los ocupantes son un grupo de 16 personas que forman 10 núcleos familiares. En su mayoría se trata de personas de avanzada edad, la media se sitúa en los 65 años, la más anciana con 88 años, y la más joven con 48.  Son familias además con ingresos muy escasos, la mujer de 88 años por ejemplo cobra 73 euros al mes de pensión por viudedad, dado que su cónyuge a penas había cotizado en vida. Todos los vecinos tenían expedientes en urbanismo por el incumplimiento de los propietarios del deber de conservación de las edificaciones.

Las viviendas que se ocupan estaban dirigidas en principio a viviendas de realojo. Sin embargo, en el 2003, los actuales vecinos del barrio se movilizan contra la existencia de viviendas de realojo y el Ayuntamiento cambia las viviendas al régimen de VPO para que fueran adjudicadas por sorteo mediante EMVISESA. Urbanismo disfrutaba de asignación preferente sobre diez de las viviendas construidas por Prasa, sin embargo existía un litigio pendiente entre ambas partes por el que Prasa todavía no había transferido lo derechos de estas diez viviendas a la administración.

En un principio se plantea un encierro para denunciar la situación de algunos de los últimos vecinos históricos de San Bernardo, acosados por la propiedad y con sus viviendas extremadamente deterioradas. A medida que pasan los días la situación va transformándose en un “realojo reivindicativo”.

Desde el momento en que la empresa constructora, y que retiene en su propiedad la totalidad de las viviendas por litigios con el ayuntamiento, tiene constancia de la ocupación toma medidas. Denuncia la ocupación en los juzgados de lo penal, La titular del juzgado de Instrucción numero 19 de Sevilla, envía a la policía nacional a la zona tras la denuncia de la propiedad y da la orden de que no entre ninguna persona ni mobiliario alguno en el edificio[3].  Desde entonces el edificio aparece cercado por un fuerte dispositivo de la policía nacional equipada con material antidisturbios, que impide la entrada de enseres y los primeros días, e incluso de comida. No obstante se paraliza el desalojo temporalmente por traumático al tratarse en su mayoría de ancianos. La propiedad por su parte anuncia la denuncia por usurpación de los ocupantes[4].

Los vecinos se organizan dentro de la Liga de Inquilinos, que interviene en el conflicto, realiza declaraciones de apoyo e interviene en las negociaciones con la administración. Se solicita el realojo, se denuncia la situación de los ocupantes y el elevado numero de viviendas vacías en la ciudad. Durante estos primeros días se producen concentraciones de hasta setenta personas en las puertas del edificio, apoyando la ocupación[5] . 

El viernes se anuncia un acuerdo entre urbanismo y Prasa, que todavía tendrá que esperar unos días para concretarse, y se retiran las dotaciones de la policía nacional. Ya el sábado Emasesa ha dado agua los pisos y los guardias de seguridad privados de la empresa son sustituidos por otros de urbanismo[6].

El ayuntamiento abre por lo tanto dos vías para la solución del problema, por un lado negocia con Prasa las viviendas ocupadas, por otra amenaza con expropiar a los propietarios de las casas de origen de los ocupas si no realizan las obras de mantenimiento. Finalmente, Urbanismo acuerda con Prasa quedarse con las 15 viviendas. De esta forma el Ayuntamiento pasa a gestionar la totalidad de las viviendas del bloque, a través de la OTAINSA. Diez de las viviendas se dedican al realojo temporal de los ocupantes. Los otros cinco se reservan para otros realojos. El coste de la operación asciende a 1.350.000 euros, 90.000 por vivienda adquirida. Por su parte Prasa retirará la denuncia penal por usurpación[7].

A partir de Agosto del 2005 empieza una cierta actividad de la denominada “Plataforma Salvemos San Bernardo” claramente influenciado el uso de esta denominación por la Plataforma para salvar la Casa del Pumarejo. A partir de este momento es el nombre bajo el que se van a defender los derechos de los vecinos. Se utiliza el termino “gentrificación” por parte de los portavoces, y se vincula a fuertes procesos de especulación urbanística. También se reclaman expropiaciones por parte de la administración para abordar el problema[8].

Cambios en la política municipal respecto de la gentrificación a partir del 2003.

Con el cambio del pacto de gobierno de la ciudad ocurrido en el año 2003, que afecta notablemente a la composición de los cargos políticos situados en la gerencia de urbanismo se advierten cambios destacables en la política urbanística de la administración para la zona. Si bien el proceso de renovación urbana y el paralelo proceso de gentrificación siguen su curso de forma natural, si que se percibe una sensibilidad antes inexistente hacia la problemática de la sustitución de la población de la zona y los abusos cometidos sobre los inquilinos tradicionales.

La principal apuesta de intervención en la zona va a ser la reordenación de la Alameda de Hércules, que tras múltiples intentos será llevada a cabo definitivamente a través del “Proyecto básico y de ejecución de regeneración y adecuación de la Alameda de Hércules en el 2004” y que vendrá acompañado de un fuerte impulso a la gentrificación comercial de la zona con la apertura de numerosos nuevos locales.

Por otro lado, la nueva orientación de la administración se concreta en dos nuevos órganos dependientes de la gerencia de urbanismo. Por un lado la oficina del Área de Rehabilitación concertada San Luis-Alameda- San Julián y la OTAINSA (Oficina de asesoramiento a inquilinos en situación de abuso) ambas operativas a partir del año 2004. Esta área de rehabilitación concertada estaba prevista por la gerencia desde el 2001, incluyéndose dentro del III Er. Plan Andaluz de Vivienda y Suelo y habiéndose redactado la memoria justificativa de su declaración. Sin embargo no es hasta el cambio de gobierno que su puesta en marcha se hace prioritaria. En Marzo del 2004 se firma el Convenio de Colaboración para el inicio y desarrollo del Área de Rehabilitación Concertada de la zona Alameda- San Luis -San Julián, relativas a la redacción del programa de actuación, constitución de la oficina técnica del área, así como para las actuaciones de carácter prioritario, siguiendo el modelo ya experimentado en otras ciudades andaluzas, como Cádiz y Granda.

La delimitación del área parece muy acertada, cubriendo casi la totalidad del sector norte del casco histórico, del que se excluyen en el barrio de San Lorenzo, de otra naturaleza y devenir social, y los bloques de tipo polígono ejecutados en los años setenta sobre parte del barrio de San Julián.

La oficina técnica del área se pone en marcha a mediados del 2004, y en sus documentos se denuncia la sustitución de población y  la segregación que se viene produciendo en la zona en los últimos años, asumiendo la necesidad de intervenir sobre el proceso. Para ellos se ponen en marcha distintos programas, predominando aquellos dirigidos a la transformación de infraviviendas. En los dos primeros años de vida del Área de Rehabilitación Concertada se interviene sobre 14 edificaciones. Los programas de rehabilitación autonómica cuentan con 89 expedientes abiertos. También se incluye entre las líneas de actuación la creación de vivienda pública en alquiler, iniciando expedientes para la construcción de seis edificios de nueva planta sobre solares aportados por el ayuntamiento y con su ejecución a cargo de la Empresa Públic a del Suelo de Andalucía. Estas actuaciones se recogen en el Programa de Actuación, documento marco que recoge la actividad conjunta de ambas administraciones y que se ha redactado de forma coordinada con el PGOU 2006.

Otra de las particularidades del Área de Rehabilitación Concertada es el énfasis en la colaboración con las asociaciones de la zona a través de una Comisión de Participación Ciudadana. Es notable la intención, al menos aparente, de acercarse al movimiento asociativo crítico, como denota la inclusión en los programas de espacios como el Palacio del Pumarejo, el Huerto del Rey Moro o los talleres de artesanos de Castellar 52 y Pasaje Mallol.

OTAINSA nace en Marzo del 2004, coordinada y auspiciada desde el Servicio de Observatorio y Control de Procesos de la Gerencia de Urbanismo, con la participación del Departamento de Conservación de la Edificación.

Se trata de una oficina dirigida a tratar la problemática social generada entre inquilinos y propietarios de inmuebles en los que se incumple el deber de conservación. Debido a la particularidad de esta problemática, la intervención de esta oficina se encuentra muy localizada en el conjunto histórico de la ciudad. Los documentos internos de la OTAINSA mencionan  explícitamente el Sector Norte del Conjunto Histórico y Triana.  Llama la atención sobre  160 edificios que “presentan patologías graves de deterioro de la edificación, unido a la actitud de sus propietarios de no garantizar, en la mayor parte de los edificios, las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato”.

Desde la oficina se hace un correcto análisis de la problemática, apuntando como causas a la existencia de rentas antiguas y al mercado inmobiliario especulativo, y situando el inicio del proceso de sustitución de la población del centro histórico en 1995.

OTAINSA declara como objetivo el exigir a los propietarios de edificios, donde habitan inquilinos en situaciones de difícil habitabilidad, el cumplimiento del deber de conservación. Esta actividad venía siendo realizada por la gerencia de urbanismo, sin embargo la irrupción de OTAINSA introduce la voluntad expresa de expropiar a los propietarios que reiteradamente incumplan sus deberes y de tener un contacto más directo con los inquilinos que soportan estas problemáticas.

El objetivo sería así la rehabilitación de las viviendas de origen y el realojo temporal, de carácter gratuito para aquellos inquilinos con escasos recursos económicos,  mientras se realizan las obras. Para este fin, se han promovido desde la gerencia varias iniciativas de viviendas de realojo temporal de inquilinos. De esta forma en el 2005 se construyen 19 viviendas para este fin en el llamado Corral del Cura en la calle Pagés del Corro, poco después se adquieren 15 viviendas públicas, ya construidas, en la Calle San Bernardo 52. Así mismo se proyectan para el año 2007 la construcción de 13 viviendas en el Corral de la Encarnación, en Pagés del Corro 126-128.

En otra línea de actuación se proyectan para el 2007 cuarenta viviendas distribuidas por diferentes puntos de la ciudad, a disposición de el colectivo de mayores expulsados del centro de la ciudad “no atendiendo a criterios de rentabilidad económica al uso, sino atendiendo a criterios de rentabilidad social” para mayores de 65 años que hayan perdido la cualidad de inquilinos por causas no imputables a ellos o habitar inmuebles de los denominados infraviviendas y no tener ingresos superiores al IPREM. El objetivo expreso de la oficina es contar con un parque de viviendas de realojo públicas los suficientemente extenso, que permita operar en las zonas que están sufriendo estas tensiones y obligar a los propietarios a intervenir sobre sus viviendas.

Los datos obtenidos de las Actas de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla pueden arrojar luz sobre el efecto real del cambio en las políticas públicas.

Respecto de San Luis-Alameda, y de las declaraciones de ruina, desalojos y demoliciones, entre el 2000 y el 2006 la tendencia es a reducir su número. En el caso de las demoliciones en los años 2000 y 2004 son en los que se realizó un mayor número de ellas, con 16 demoliciones en cada caso, mientras el dato más bajo es el del 2006 con solo tres demoliciones. La serie empieza reduciendo el número de demoliciones, con un breve repunte entre el 2003 y el 2004. Esto coincide con la existencia de una tendencia a que aumente la importancia de la rehabilitación de viviendas frente a las demoliciones y nuevas plantas y que viene de la década de los noventa.

Las declaraciones de ruina comienzan la serie con un dato elevado en el 2000 con 13 declaraciones, cayendo en el 2001 para recuperarse inmediatamente formando un pico en el 2002 con 14 declaraciones, el dato más alto. El 2003 mantiene un número elevado para caer posteriormente en el 2004 hasta las 3 declaraciones y prácticamente desaparecer en el 2005. En el caso de las órdenes de desalojo se diferencian claramente dos periodos. Desde el 2000 hasta el 2003, las oscilaciones son elevadas entre 4 y 10 desalojos por año, con los datos más elevados en el 2002. En un segundo periodo, disminuye notablemente el número de desalojos por años hasta el 2006 donde nos consta una única orden de desalojo para San Luis-Alameda. Es notable el hecho de que los desalojos describan una grafica muy similar a la de las declaraciones de ruina.

Por lo que se ha podido comprobar durante el examen de las actas de la comisión ejecutiva de la gerencia de urbanismo, tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento, a partir de Junio del 2003, empiezan a aparecer numerosas solicitudes de declaración de ruina rechazadas. En los años anteriores la mayor parte de las solicitudes de ruina se aceptan, y solo ocasionalmente se rechazan indicando que lo que existe es una mala conservación del edificio, que en ningún caso esta en estado de ruina. A partir del año 2004, las declaraciones de ruina prácticamente desaparecen, a pesar de que siguen solicitándose, indicando que existe una mala conservación y conminando al propietario a ejecutar obras de conservación con distinto grado de urgencia según el caso.

En San Bernardo Aún partiendo de unos datos relativamente elevados, el peso de la ruina y la demolición parece muy reducido en el periodo que se ha trabajado. Los datos elevados con los que comienza la serie para las declaraciones de ruina y desalojos nos indican la existencia de un periodo anterior, en el que la sustitución de la edificación ha sido mucho mayor. En el 2001 se ordena el último desalojo del que tenemos constancia en el barrio por parte de la Gerencia de Urbanismo y en el 2002 se declara la última edificación en ruina.

Lo más reseñable para el ámbito de San Bernardo son sin embargo las oscilaciones en cuanto a la ejecución de obras subsidiarias. Desdeñables en toda la serie excepto en el 2005, podrían justificarse por una mayor actividad de la OTAINSA en base a la alarma social creada por las ocupaciones realizadas ese año en San Bernardo 52. En el caso de que asumamos que esto no es una coincidencia y que la mayor actividad de la administración en la zona se debe a la acción de los vecinos, esto vendría a sumarse al hecho de la transformación de las 10 viviendas de VPO de San Bernardo 52 en viviendas de realojo y la adquisición de cinco viviendas más, en principio de renta libre. Así a la voluntad política de la administración debemos sumarle la acción en primera persona de los vecinos que empuja a la administración a actuar.

Conclusiones

La existencia de un cambio en las políticas por parte de la administración local a partir del cambio de gobierno en el 2003 es un hecho que consideramos probado. El cambio de gobierno parece en este caso la forma en la que la una ideología critica con los procesos de gentrificación ha podido introducirse en la administración publica, recogiendo parte de la ideas y el descontento que se venían gestando desde el Plan Urban a propósito de la forma en la que se estaban recuperando ciertos sectores del Conjunto Histórico. A este respecto es especialmente reseñable la supresión del recurso, hasta entonces muy utilizado de la declaración de ruina y el consiguiente desalojo, así como la creación y la actitud de la OTAINSA y el Área de Rehabilitación Concertada.

Respecto de los recursos utilizados, las expropiaciones y las viviendas de realojo parecen el camino adecuado aunque siguen siendo por ahora insuficientes en número. Los programas de transformación de infraviviendas no son una novedad en la zona y cuentan con el principal obstáculo de los propietarios, de que estos prefieran no rehabilitar sus viviendas dentro de estos planes si con ello tienen que mantener a los inquilinos de rentas bajas. En la medida en que a la propiedad de un edificio le sale más rentable derribar el edificio y reconstruirlo o rehabilitarlo y crear nuevas viviendas para clases medias y medias altas, estos preferirán esta opción a entrar en los planes de rehabilitación.

Respecto de la cuestión de frenar el proceso de segregación social, la única efectividad reside en las viviendas públicas y en la expropiación. En este sentido las intervenciones de vivienda pública en la zona son y siguen siendo escasas y esto es debido al elevado precio del suelo en la zona. Dado que la expropiación de suelo en estas zonas, por el numero de plantas permitidas y por los elevados precios de suelo, es mucho más cara y permite ejecutar muchas menos viviendas que una iniciativa publica de vivienda en otros sectores. Teniendo esto en cuenta, es evidente que es necesaria una voluntad política y una comprensión profunda del proceso, así como un cierta sensibilidad hacia los ciudadanos afectados, para realizar una intervención realmente efectiva en cuanto a frenar la expulsión de la población y la segregación social.

Las intervenciones de OTAINSA y su voluntad de forzar expropiaciones parecen idóneas a la hora de intervenir en el proceso desde un punto de vista asistencial. Tanto las viviendas de realojo temporal como la mediación con la propiedad y la creación de viviendas de realojo permanente parecen medidas adecuadas que se han aplicado demasiado tarde. No obstante los números de viviendas para realojo siguen siendo pingues en comparación con las dimensiones reales de la problemática.

Respecto de la actividad de los dos movimientos vecinales examinados extraemos dos conclusiones principales. La primera es que en la mayoría de los casos no se aborda la problemática general de la gentrificación, sino sus consecuencias en casos concretos con lo que solo se consiguen soluciones parciales y victorias puntuales. Planteando la problemática de forma integral en los barrios se podría buscar estrategias dirigidas a la solución de la problemática y no a casos individuales. En este sentido ha supuesto un notable avance la creación de la Liga de Inquilinos que parece encaminarse por ese camino, pero también el camino que parece estar tomando la experiencia de San Bernardo.

Por otro lado, esta lucha, al estar directamente relacionada con la cuestión de la propiedad del suelo encuentra una herramienta clave en la ocupación del mismo. En todas las experiencias comentadas los vecinos, ante la indefensión frente a los propietarios, y la desidia de la administración, tiene que enfrentarse directamente a los propietarios ocupando o negándose a pagar alquileres. Dado que la ley esta de parte de la propiedad y la administración y otros agentes sociales apoyan este tipo de procesos por las plusvalías que producen para la ciudad, los afectados no tienen más remedio que desobedecer a la ley y enfrentarse a la administración. Esto combinado con otros medios de carácter menos radical como es la presión a los políticos, la visualización en los medios de comunicación y la negociación con la administración y con la propiedad cuando fuese necesario.

En cuanto al camino que podrían seguir estas luchas, cabe la posibilidad de continuar por la vía abierta por la experiencia de San Bernardo de los realojos reivindicativos, es decir, ocupaciones masivas por parte de los vecinos. Desde una perspectiva más legalista, el aumento de la concienciación y de la comprensión de estos temas podría empujar a los agentes implicados en la defensa de los vecinos tradicionales solicitar figuras legales que protegieran a los habitantes de estos barrios y ofrecieran soluciones integrales o la prevención de futuros procesos de gentrificación. Ya empieza a hablarse de algunas figuras que podrían ser factibles, como la obligación de realizar “Estudios de Impacto Social” ante la realización de planes de renovación o rehabilitación de barriadas, o la creación de figuras de realojo en el barrio propio, especificas para vecinos afectados por este tipo de procesos.

Notas

 

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