menú principal

volver al programa provisional

AMÉRICA LATINA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI: LA SEGURIDAD AMENAZADA

Luis Alberto Buttó
Departamento de Formación General y Ciencias Básicas
Universidad Simón Bolívar. Venezuela
lmontes@usb.ve

---

América latina en los albores del siglo XXI: la seguridad amenazada (Resumen)

En las dos últimas décadas del siglo XX, el cuadro general de la seguridad individual y colectiva en varios países latinoamericanos, con las especificaciones propias de cada caso nacional, ha experimentado un significativo impacto negativo, resulta, en buena medida, del conjunto de transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales, científicas y tecnológicas, acontecidas a escala planetaria, hemisférica y regional en dicho período. En efecto, amenazas emergentes y amenazas si se quiere tradicionales, pero remozadas en la manera concreta de operar, ponen en entredicho la capacidad del Estado para brindar adecuada protección al colectivo ciudadano. Es un claro alerta sobre la necesidad de repensar, por un lado, las consideraciones estratégicas que sustentan el diseño de políticas de seguridad en estos países y, por el otro, los esquemas de operación a través de los cuales se pretende éstas adquieran expresión tangible en la praxis, so pena de no enfrentar con éxito los problemas detectados.

Palabras Clave: América Latina, seguridad, amenazas, Estado, políticas p úblicas.

---

Latin america at the beginning of the twenty-first century: the security threatened (Abstract)

In the last two decades of the twentieth century, the overall picture of individual and collective security in several Latin American countries, with the specifications of each national event, has experienced a significant negative impact, it is, in large measure, of all political, economic, social, cultural, scientific and technological changes, occurring on a global scale, hemispheric and regional levels in that period. Indeed, emerging threats and threats if you like traditional, but modified in a concrete manner to operate, call into question the ability of the State to provide adequate protection for the citizen group. It is a clear warning about the need to rethink, the one hand, the strategic considerations underlying the design of security policies in these countries and, on the other hand, the schemes of operation through which they intended to acquire tangible expression in praxis; failing to successfully tackle the problems identified.

Key Words: Latin America, security, threats, State, public policy.

---

La Seguridad y la Defensa en América Latina: interrogantes a dilucidar

La primera tarea desprendida de la necesidad de abordar en términos académicos el tema de la Seguridad en América Latina bajo los parámetros que emergen con el arribo de la nueva centuria, es rechazar con claridad conceptual los lugares comunes entronizados con anterioridad. Las definiciones surgen, entonces, como requerimiento previo a cualquier intento expositivo. Encabezan la lista los vocablos Seguridad y Defensa, entendidos como fenómenos diferenciados y no el binomio indisoluble normalmente citado, independientemente de las interrelaciones existentes entre ambos. Una cosa es Seguridad y otra Defensa. La primera fácilmente puede conceptuarse como la sensación de tranquilidad mínima indispensable que debe sentir la población de un país específico, para el ejercicio de las actividades desarrolladas al interior del conglomerado social, sean éstas productivas, políticas, culturales, etcétera. La segunda es un conjunto de recursos (humanos y materiales), instrumentos, mecanismos y procedimientos, agrupados y organizados en las instituciones del Estado facultadas legalmente para el ejercicio de la violencia en ambientes fundamentalmente anárquicos (Fuerza Armada), en función de contribuir a garantizar en términos macros la protección del Estado y la Sociedad, neutralizando las amenazas y disminuyendo los riesgos al respecto detectados. De esta manera, el sector Defensa coadyuva a la creación del clima de Seguridad necesario.

Y resalto el uso del verbo coadyuvar, pues debe quedar claro que la Seguridad de una nación no se logra tan sólo con la actuación del sector Defensa: éste no es más que uno de los actores participantes, concretamente en las áreas delimitadas a tal fin. La definición anterior excluye el ejercicio de la coerción y fuerza legal por instituciones del Estado que actúan en ambientes restringidos o regulados y que en términos micros buscan proteger al ciudadano como individuo, al participar en la garantía del cumplimiento de las Leyes; vale decir, la Fuerza Policial. El punto aquí es delimitar el área de competencia de la Policía y el área de competencia de la Fuerza Armada, con dependencia a las características de las amenazas planteadas. En este escrito se entiende sector Defensa de manera restringida a la acción de la Fuerza Armada, sin dejar de reconocer otras concepciones que agrupan ambos espectros. Concretamente, en algunos países latinoamericanos, las policías nacionales están adscritas a los ministerios de la Defensa, o como se les llame, reconociendo, de hecho, que el ámbito policial forma parte del radio de acción de la Defensa.

Así pues, la Defensa de un país está estructurada para enfrentar con las armas y la Inteligencia, aquellas amenazas a la Seguridad que deben ser atacadas de esta manera. No todas las amenazas pertenecen al área de competencia del sector Defensa. En una concepción calificada integral de la Seguridad, por cierto con gran aceptación en predios latinoamericanos, el bajo grado de desarrollo relativo de un país es considerado una amenaza a la Seguridad, relación a partir de la cual se le exige, por ejemplo, a la Fuerza Armada, la participación activa en los esfuerzos por superar cuadros de subdesarrollo.

Bajo este prisma es imposible que las instituciones de Defensa operen con indicadores satisfactorios de eficacia, eficiencia y efectividad. En líneas generales, convocar a la Fuerza Armada a realizar estas labores es apartarla de su naturaleza histórica y funcional, llevándola a descuidar sus verdaderas tareas (lo cual repercute negativamente en la Seguridad) y obligándola a desempeñarse en espacios para los cuales no tiene ni la experiencia ni la experticia necesaria, pues no fue formada para ello. Aquí hay que hilar fino y llamar las cosas por su nombre, so pena que cobijadas por el manto protector del discurso, se escondan dos realidades, cual de ellas más peligrosa para la estabilidad interna. En primer lugar, la aspiración de sectores pretorianos militares y civiles de que la Fuerza Armada actúe en política, convirtiéndose en factor decisivo en tal sentido, desvirtuando la esencia del sistema democrático liberal representativo. Precisamente, la relación entre seguridad interna y desarrollo nacional ha sido el leit motiv del llamado nuevo profesionalismo militar, inspirador de movimientos militares insurgentes que han aspirado y/o conquistado el poder político en diversos momentos históricos en ciertos países latinoamericanos[1].

En segundo término, la incapacidad de la sociedad para discutir con amplitud y transparencia, privando el principio del Control Civil Democrático, cuál es el papel de la Fuerza Armada, a partir del cuestionamiento a su propia existencia, estructurado sobre la base de tres aspectos que en ocasiones se exponen simultáneamente y en otras de manera separada; a saber: i) la considerada alta erogación económica que ellas representan; ii)su desempeño represivo en regímenes de facto ya superados, pero cuyas secuelas no han dejado de sentirse en el ánimo de los afectados; iii)el planteamiento proveniente de la Academia en torno a la desaparición de las amenazas tradicionales, encarnadas en la Fuerza Armada actuando de forma convencional; o sea, actos bélicos provenientes de otro(s) Estado(s) Nacional(es) que, al no tener posibilidades de ocurrir, conducen a pensar en la necesidad de reducir las magnitudes de la propia Fuerza Armada o de asignarle nuevas misión y funciones, para evitar pagar el costo político de plantear su radical eliminación.

En mi opinión, el debate no debe obviarse y es inconveniente poner en práctica la política de los hechos cumplidos, o lo que es lo mismo, hacer sin agotar la discusión previa. En primer lugar, las amenazas tradicionales (y uso el término sólo como referencia didáctica) no han desaparecido, ni lo harán por un tiempo demarcado por el resultado de procesos de orden político y económico, como la integración en bloques regionales o hemisféricos o la resolución por vía diplomática de cualquier diferendo surgido. En América Latina, a qué negarlo, hay países que mantienen hipótesis de conflicto de larga data con sus vecinos (e incluso más allá), inspiradas en algún tipo de reivindicación territorial, ya que consideran estratégico el rescate o mantenimiento de ciertos espacios. Es la lógica subyacente que entre abril y junio de 1982 llevó a la Argentina a enfrentarse militarmente con Gran Bretaña por la ocupación de las Islas Malvinas; que en agosto de 1987 puso al borde de la guerra a Venezuela y Colombia por la irrupción de la corbeta colombiana Caldas en aguas del Golfo de Venezuela; o que entre enero y febrero de 1995 propició los combates entre las Fuerzas Armadas de Perú y Ecuador en la Cordillera del Cóndor.

En tal sentido, la Fuerza Armada cumple un papel disuasivo de primera importancia y es arriesgado (por no utilizar un calificativo más fuerte) confundir paz con imposibilidad de guerra. No se puede esperar la agresión para reclutar, organizar, equipar y entrenar los contingentes necesarios para repelerla, salvo no haya verdadera disposición de lograr este objetivo. El desastre sería absoluto. Además, agresiones de este tipo pueden partir de regímenes propensos a despertar viejas rencillas como válvula de escape a críticas situaciones de falta de gobernabilidad. Gobiernos sin legitimidad tienden a arremeter contra otros países, intentando nuclear a su población bajo la égida del nacionalismo mal entendido. El potencial agredido no puede, por consiguiente, dormirse en los laureles.

Por otro lado, es perentorio evitar que la discusión entre acciones tradicionales y no tradicionales de la Fuerza Armada, o mejor dicho, entre acciones propiamente militares (acciones de combate) y acciones no estrictamente militares (acciones sin combate), penetre los propios cimientos de la razón de ser de la institución castrense y se llegue a plantear que entre sus funciones orgánicas está, por ejemplo, la ayuda humanitaria, la construcción y/o mantenimiento de infraestructura o el apoyo permanente a programas de salud, instrucción básica, entre otras. Se sustenta tal razonamiento en el aprovechamiento de las ventajas competitivas de la Fuerza Armada (expansión territorial, disciplina, logística, etcétera) y en el reconocimiento de la debilidad de otras instituciones del Estado. Es un contrasentido pretender que la incapacidad del aparato estatal, visto como un todo, pueda corregirse colocando un peso extenuativo sobre determinada organización, que de paso no tiene los medios, ni las capacidades, ni el conocimiento, para ser en sí misma todo el Estado.

Puede que la Fuerza Armada, en situaciones de coyuntura (un terremoto, un deslave), participe activamente en los esfuerzos por corregir la situación de desastre desprendida, pero debe quedar claro que esa no es su misión. En este caso, los Estados deben contar con un óptimo servicio de asistencia civil, o como se le conozca, así como debe contar con adecuados sistemas de salud, educación y pare de contar. La misión de la Fuerza Armada es neutralizar las amenazas y así contribuir a construir la Seguridad mínima indispensable. Para dejarlo en claro, recurro a la sentencia de Samuel P. Huntington:

"The mission of the Armed Forces is combat, to deter and defeat enemies (...) The military must be recruited, organized, trained, and equipped for that purpose alone. Its capabilities can, and should be used for humanitarian and other civilian activities, but the military should not be organized or prepared or trained to perform such roles. A military force is fundamentally antihumanitarian: its purpose is to kill people in the most efficient way possible. That is why nations have traditionally maintained armies and navies"[2].

El otro elemento clave a dilucidar, desde el punto de vista conceptual, es lo que se asume como amenaza. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española proporciona la siguiente definición: "Acción de amenazar (...) Dicho o hecho con que se amenaza". Igualmente, señala que amenazar es "Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro"... Deducción imprescindible: en la conceptuación de amenaza el factor básico a tener en cuenta es la identificación de determinado(s) actor(es) con voluntad manifiesta de dañar, destruir, aniquilar, para lo cual ha(n) acumulado los medios y capacidades orgánicas correspondientes que le posibilitan llevar a cabo procedimientos encaminados a tal fin, estableciendo por consiguiente una relación dialéctica con el sujeto amenazado, que en contraprestación al deseo del otro de destruirlo, debe a su vez adquirir los medios y capacidades que le permitan prevenir, disuadir o repeler tales acciones y neutralizar con el mayor grado de eficacia posible a sus ejecutores. En términos de la Defensa de un país, la amenaza puede ser a la integridad territorial, la soberanía, la vigencia del Estado y sus instituciones o al sano funcionamiento de la sociedad. Como corresponde, la respuesta contundente a las amenazas pasa por el uso de la fuerza de la cual dispone el Estado, y por ende, la sociedad en peligro.

La aclaratoria anterior es básica para operar en el sector Defensa. El amplio espectro que se pretende abarcar con la identificación de "nuevas" amenazas puede terminar por poner en entredicho la posibilidad real de enfrentarlas si se pretende que todas sean responsabilidad de la Fuerza Armada. Esto es así en tanto la extensión del concepto niega dos principios básicos de la planificación. El primero: si todo es importante nada es importante. La planificación es una herramienta metodológica basada en la determinación de prioridades y si cualquier problema es evaluado otorgándole igual importancia a los demás considerados, es simplemente imposible jerarquizar líneas de acción, lo cual es imprescindible si se da por cierto el principio económico de las necesidades siempre crecientes y los recursos siempre escasos. Tales consideraciones son válidas para la planificación de Defensa. El segundo, tiene que ver con la proporcionalidad y correspondencia de los medios dadas las características particulares del problema abordado. Los problemas inherentes al sector Defensa son aquellos que pueden y tienen que ser tratados utilizando los dispositivos de Inteligencia y el poder de fuego otorgado por el monopolio de las armas, y no otros, salvo se quiera crear nuevos problemas sin corregir el original.

Tomo como explicación situaciones acontecidas por la acción de la naturaleza o de determinadas condiciones sociales, económicas y culturales, o la combinación de todas. Verbigracia, la destrucción de poblados ocasionada por la erupción de un volcán, las inundaciones causadas por elevadas precipitaciones o la propagación de una enfermedad como el SIDA, por mencionar el flagelo para la salud más ampliamente tratado en los medios de comunicación de masas. La pregunta inicial a responder es si se puede determinar en estos casos la voluntad manifiesta de un actor para hacer daño. Una respuesta positiva al respecto sólo puede provenir de la ciencia ficción. Por consiguiente, no puede verse esto como una amenaza ni mucho menos pretenderse que el sector Defensa se encargue de su atención, en algunos casos casi en condición de exclusividad.

Caso similar, sería la posibilidad de que en el manejo y/o transporte de desechos tóxicos, materiales radiactivos o potencialmente peligrosos (el petróleo es un buen ejemplo), ocurra un accidente con bajas humanas o daño ecológico. Lo fortuito no es una amenaza. Cosa distinta es determinar, mediante acciones de Inteligencia, la disposición de grupos al margen de la legalidad, de provocar incidentes de este tipo con la finalidad de desestabilizar un país o gobierno.

¿Es la pobreza una amenaza o es el caldo de cultivo para que florezcan ciertas y determinadas amenazas? Y en cualquiera de los dos casos, ¿es atribuible su solución (sin olvidar, por supuesto, que se aminoran las magnitudes de la pobreza o el deterioro de las condiciones de vida por ella originado, no se elimina el fenómeno del todo) al mundo de la Defensa? Hay una diferencia tajante entre situaciones de riesgo que pueden afectar a un Estado o Nación, la vulnerabilidad de estos frente a determinadas contingencias y las amenazas que sobre ellos se ciernen. No demarcar las fronteras en este sentido desguarnece significativamente a una sociedad, pues o conlleva al Estado a abarcar más de lo que materialmente puede o confunde los campos de influencia de las instituciones y por ende reduce drásticamente su eficacia, eficiencia y efectividad.

¿Nuevas amenazas a la Seguridad en América Latina?

Hecha, con intención introductoria, la exposición precedente, corresponde presentar ciertas reflexiones en torno a algunas de las "nuevas" amenazas a la Seguridad de los países latinoamericanos, que podrían considerarse competencia del sector Defensa. Abordaré el tema de manera global, intentando recoger los aspectos comunes del problema y desdeñando la especificidad de los países por separado, lo cual acortará la cobertura del análisis. A lo largo del texto, he colocado comillas al vocablo nuevas, para llamar la atención sobre la necesidad metodológica de responder, con antelación a la discusión del punto, la primera interrogante a considerar en el estudio del fenómeno: son estas amenazas de reciente aparición, o lo novedoso de ellas estriba, nomás, en los modos de manifestarse. De ser positiva la primera condición, estaríamos obligados a delimitar temporalmente. Sin embargo, creo que priva la segunda condición y voy a tratar de argumentar el planteo con el siguiente desarrollo.

Veamos, por ejemplo, el caso del terrorismo. ¿Puede esgrimirse con exactitud que el terrorismo es una "nueva" amenaza? Difícilmente. La historia mundial está atravesada por una hilera de actos terroristas, cada uno pensado y ejecutado para alcanzar un grado superlativo con respecto a los anteriores. Y América Latina, sin lugar a dudas, ha sido víctima de este flagelo por mucho tiempo, lo cual contradice la falacia sostenida por ciertos círculos académicos y políticos latinoamericanos de que el punto ha sido impuesto a la agenda de Defensa de la región por la influencia de los Estados Unidos de América. Nada más inexacto. El terrorismo fue puesto en la agenda latinoamericana por los propios grupos terroristas que han actuado y actúan en esta parte del continente. Ya sea porque determinadas organizaciones criminales escogieron este método aberrante como acto de guerra contra los Estados Nacionales de esta porción del mundo, en aras de intentar dirimir a su favor conflictos de orden interno, ya sea porque grupos terroristas enfrentados a otros Estados allende el continente, decidieron trasladar su Teatro de Operaciones a este territorio, matando e hiriendo a nuestra gente.

El caso inicialmente señalado se puede graficar con dos aberrantes atentados cometidos en contra de vuelos de la aviación civil, aquí presentados en el orden cronológico de ocurrencia. El primero tuvo lugar el 6 de octubre de 1976, cuando un avión DC-8 de Cubana de Aviación, identificado con el número 455, que cubría la ruta Barbados-Cuba, con escala previa en Jamaica, fue hecho trizas en el aire sobre las costas del primer país nombrado, por efectos de un bomba colocada en su interior por terroristas opuestos al gobierno marxista instalado en la mayor de las Antillas, quienes lo abordaron en parada anterior realizada en Trinidad. Resultado: setenta y tres personas asesinadas, entre las cuales se encontraban, amén de la tripulación del vuelo y los asistentes del pasaje, quince trabajadores de cabina de la línea que para el fatídico momento se rotaban luego de permanecer un tiempo en Barbados, cinco integrantes de una delegación cultural de Corea del Norte, once jóvenes de nacionalidad guyanesa que en su mayoría viajaban a Cuba a iniciar estudios de medicina y algo más veinte deportistas integrantes del Equipo Juvenil de Esgrima cubano, coronados vencedores en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Esgrima, escenificado días antes en Caracas.

El segundo atentado lo experimentó el avión Boeing 707 de la aerolínea bandera colombiana Avianca, que el 27 de noviembre de 1989, fue hecho estallar por el Cartel de Medellín, apenas al despegar del aeropuerto El Dorado que sirve a la ciudad de Bogotá, causando la atroz muerte de sus 107 ocupantes. Por cierto, según data aportada por Alicia Herrera [3], para el momento de la voladura del avión cubano, dos de los implicados en tan horrible hecho, Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, ya exhibían amplio prontuario en acciones de este tenor. El primero de los identificados, como organizador y directivo de varias organizaciones terroristas denominadas Poder Cubano, Acción Cubana, Comando de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU) y Omega 7, que en conjunto, entre 1968 y 1979, ejecutaron más de setenta acciones terroristas, principalmente bombas contra objetivos e intereses de varios países latinoamericanos (Cuba, México y Venezuela, fundamentalmente) y asesinatos y desapariciones forzosas de personas marcadas como blancos. Carriles, por su parte, luego de su paso por los servicios de Inteligencia venezolanos, fue soldado de Acción Cubana y el CORU, y como tal tomó parte en importante cantidad de los actos criminales cometidos por ambos grupos.

Dos ejemplos de la otra situación anunciada párrafos atrás (importación a predios latinoamericanos de conflictos extraños a estas tierras), se evidenció con los repudiables ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina el 18 de julio de 1994, dejando una estela sangrienta de más de 120 víctimas fatales entre ambos. Como puede colegirse, independientemente de la acción de Timothy McVeigh al volar el edificio gubernamental en Oklahoma (19 de abril de 1995) o de Al Qaeda al estrellar los aviones secuestrados contra las Torres Gemelas en Nueva York y la sede del Pentágono en Washington D.C. (11 de septiembre de 2001), puede decirse sin ambages que el terrorismo nacional e internacional ya le había declarado la guerra a los países latinoamericanos, razón por la cual la amenaza no nos es ni ajena ni nueva en ningún sentido.

Si algo novedoso se puede reconocer en el derrotero del terrorismo es que la expresión del problema no se limita a las acciones armadas en concreto y se expande a los aspectos logísticos del fenómeno. Así, una de sus manifestaciones, que necesariamente debe ser combatida sin contemplaciones, es el hecho de que nuestros países sean utilizados como centros de entrenamiento, refugio, descanso o atención médica de "soldados" de organizaciones terroristas o que las economías de la región integren la madeja tejida para financiarlas, proceso que, gracias a los caminos verdes del dinero, ha adquirido tal grado de complejidad que dificulta al extremo el rastreo de estos fondos. Con pasmosa facilidad, a tales fines, se hacen pequeñas remesas de divisas de una región a otra, de un país a otro, o se utilizan los llamados "métodos alternativos" de envío de dinero, como por ejemplo, el efectivo que cualquier turista lleva en su equipaje cuando cruza la frontera entre una nación y otra. Así, con una impunidad alarmante, se contribuye a engrosar el presupuesto requerido (en muchos casos no tan grande) por una célula terrorista para actuar, al igual que colaboran en este sentido las manipulaciones monetarias provenientes de organizaciones no gubernamentales o de supuesta ayuda humanitaria, no más que fachadas al respecto montadas con filigrana.

Nada de novedoso hay en el nacionalismo, las aspiraciones políticas, la lucha de clases, el fanatismo religioso y las diferencias étnicas o culturales como ejes inspiradores del terrorismo. Entre otras variables, lo novedoso del problema radica en la propia constitución de las organizaciones terroristas, ahora alejadas del centralismo y la verticalidad y estructuradas con base en la idea de redes conectadas y esquemas matriciales de operación. Son actores no estatales, con múltiples vínculos transnacionales establecidos a partir del máximo aprovechamiento de las facilidades brindadas por el proceso de globalización, en especial lo referido a las comunicaciones. De hecho, llegan a formar redes de redes, pues infinidad de organizaciones (diversificadas en sí mismas) se relacionan, apoyan en ciertos aspectos o actúan mancomunadamente, sin tener mayor afinidad ideológica, hermanadas tan sólo por el simple hecho de operar en la trastienda de la legalidad. Por ello, en ocasiones, cuesta tanto establecer la autoría material o intelectual de un atentado.

En lo absoluto es novedoso que los grupos criminales que recurren al terrorismo sean cultores de la asimetría en la guerra. En sí mismo, el terrorismo es una de las más preclaras expresiones de la guerra asimétrica, pues los practicantes de tal método de lucha reconocen la superioridad numérica y de recursos del oponente y bajo la excusa de su debilidad usufructúan los propios adelantos de éste, principalmente en materia tecnológica y de libertades ciudadanas (lo cual, por cierto, les proporciona elevada facilidad de movimiento), con lo cual pueden transgredir normas inconcebibles de violar por las instituciones llamadas a combatirlos. Sin embargo, es menester prestar debida atención a lo de la asimetría pues ésta puede operar en sentido contrario. No debería despacharse como dato aislado del realismo mágico latinoamericano, la oferta hecha años atrás por cierto narcotraficante boliviano de cancelar la totalidad de la deuda externa de su país, ni el alarde que hizo de poseer una flotilla de aeronaves superior en cantidad a las contabilizadas en el inventario de la Fuerza Aérea de su Nación. Era la advertencia de un contrapoder que amenazaba con superar la fortaleza del Estado empeñado en enfrentarlo.

Lo novedoso, en todo caso, estriba en fijar a los civiles como blancos de las acciones armadas para incrementar con creces el clima de inseguridad generado. Con premeditación, los terroristas apelan al inmoral procedimiento de matar a quienes son completamente inofensivos para ellos, pues ni se les están oponiendo ni amenazan con hacerlo. Sólo piensan en la utilidad de estas víctimas inocentes en función del impacto causado al resto de la población. La intención no es otra sino lanzar a los cuatro vientos el hórrido mensaje de que nadie está a salvo y que las bajas ya no serán, tan sólo, quienes están directamente en la línea de fuego; vale decir, militares, policías y demás funcionarios. Como puede inferirse, la lógica subyacente no persigue construir nada. Priva el deseo de destruir lo máximo posible. No en balde una de las más certeras definiciones de terrorismo es "miedo intenso generalizado, utilizado como medio de coerción" [4]. Coerción que es factible de ser ejercida cuando los terroristas, en su desenfreno criminal, dan a entender que son capaces de:

"afectar o poner en alto riesgo el núcleo de bienes más apreciados por el ser humano, como son la vida, la integridad y la libertad física.
…borrar las fronteras entre los espacios o situaciones en que dichos bienes están protegidos y aquellos en que están en riesgo, de tal modo que el riesgo que afecta a dichos bienes sea indeterminado, generalizado y difuso"[5].

Puede considerarse novedoso que grupos terroristas utilicen armamento no orgánico de la Fuerza Armada, como los agentes biológicos, para originar el fenómeno asaz peligroso del bioterrorismo agrícola; vale decir, bioterrorismo no sólo utilizado contra personas, sino, principalmente, para golpear severamente la estructura económica de un país, en especial aquellos donde la agricultura juega un papel preponderante como porcentaje del Producto Interno Bruto, en la generación de empleo, en el equilibro de la balanza de pagos o en el establecimiento de la seguridad alimentaria. Imaginemos el daño causado a un país exportador de carne si sus rebaños son infectados. Múltiples erogaciones y tareas desprendidas: el costo de diagnosticar la extensión del mal, el costo acarreado por paralizar las actividades productivas, el costo de sacrificar animales, el costo de intentar curar las piezas que se puedan, el costo de sanear las áreas infectadas, el costo de las exportaciones perdidas, el costo de la pérdida de confianza de los consumidores internos y externos, el costo de intentar reconquistar los mercados que al efecto se pierdan y pare de contar. Lo mismo podría decirse de cualquier commodity de origen vegetal o animal: el banano, la caña de azúcar, las aves de corral, los peces comestibles, etcétera.

También se habla de las "nuevas" amenazas encarnadas en la acción de los grupos criminales que operan en el espectro llamado por algunos autores como William W. Mendel [6] área gris o zona gris. En resumidas cuentas, el crimen organizado y sus múltiples expresiones: cultivo y tráfico de estupefacientes (genéricamente llamado narcotráfico), lavado de dinero o cualesquiera otros movimientos ilícitos de capital, trata de blancas, mercado negro de órganos, rapto y venta de niños, comercio ilegal de armas de todo tipo, comercio ilegal de metales y piedras preciosas, tráfico ilegal de inmigrantes (las bandas de coyotes, por ejemplo), piratería y/o falsificación de productos, pornografía, secuestros, extorsión, usurpación de identidades, entre tantas otras. En verdad, ninguno de estos fenómenos puede tildarse de nuevo, casi son consustanciales a la historia de la especie humana.

Lo novedoso, que agrega peligrosidad y complejidad a la amenaza como tal, es el caudal de interrelaciones establecidas entre estas actividades. Se desdibujan las fronteras entre las organizaciones practicantes y se dificultan las posibilidades del Estado de contrarrestar dichas acciones. Así, una fuerza guerrillera puede financiarse con el secuestro o el narcotráfico y no por ello secuestra directamente, sino que "compra" el secuestrado a organizaciones hampescas y no cultiva ni trafica drogas directamente, tan sólo brinda protección a quienes sí lo hacen y recaba el porcentaje correspondiente. Estudiosos del tema advierten que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC) colectan más de 300 y 200 millones de dólares al año, respectivamente, de sus vínculos con el narcotráfico [7]. No casualmente, según data aportada por la fiscal 19 del Ministerio Público en el estado Miranda (Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela) en la 1ª. Convención Nacional en Materia de Drogas, realizada en Caracas en noviembre de 2006, por el Caribe circulan anualmente 650 toneladas de drogas en múltiples tipos de embarcaciones [8].

La gama de posibilidades de la cual disponen las organizaciones terroristas para financiar sus actividades criminales, ni por asomo, se constriñe a las arriba mencionadas, por más lucrativas que aquéllas efectivamente puedan ser. El círculo vicioso se expande a las más diversas áreas de lo tipificado como delito en la legislación de la mayoría de los países latinoamericanos. El ex diputado a la Asamblea Nacional venezolana, Julio Montoya, denunció en cierta oportunidad que en lo transcurrido de la primera década del siglo XXI, grupos irregulares como la FARC colectaban en las entidades territoriales limítrofes con la vecina Colombia, el aproximado de un millón quinientos mil dólares (1.500.000 $) mensuales por concepto de cobro de vacuna; esto es, la extorsión a la cual someten a industriales, productores agrícolas y comerciantes operantes en la zona [9].

Otro ejemplo de la situación: el caso de las piedras preciosas. Algunos estudios [10] indican que el comercio ilegal de diamantes a escala planetaria mueve cantidades y cifras cercanas a los 115 millones de quilates de diamantes en bruto y los 6.700 millones de dólares anuales. Con este comercio se han financiando, en parte, conflictos internos que en países como Sierra Leona, Angola, Liberia y la República Democrática del Congo, muestran la secuela de más de 500.000 civiles muertos. ¿Puede un cuadro como éste presentarse en América Latina? Pensemos en el papel que al respecto podría jugar el comercio ilícito de las esmeraldas colombianas, por ejemplo. A mediados de la década de los noventa, inversores extranjeros (fundamentalmente de la India) le propusieron al Gobierno venezolano instalar en Ciudad Bolívar (sur del país) un centro de comercialización de diamantes (Bolsa de Diamantes fue llamado). Los estudios previos constataron que 90% de los diamantes extraídos en Venezuela se comerciaba de manera ilegal [11]. La propuesta no prosperó.

En similar dirección apunta un informe preparado por la Agencia Brasileña de Inteligencia en marzo de 2003, dado a conocer a la opinión pública por el diario Extra de Río de Janeiro [12]. Allí se daba cuenta del control de la extracción ilegal de diamantes, oro y bauxita en ciertas zonas limítrofes del norte de Brasil por parte de las FARC, para lo cual estarían pensando en la conformación de un llamado Frente Amazónico, integrado por algo más de quinientos efectivos.

Las amenazas se globalizan a velocidad y con efectividad superior a la globalización de los Estados. Para 2002, el gobierno colombiano había individualizado por lo menos 162 grupos organizados para la actividad del narcotráfico, vinculados en su actuar a más de 40 grandes organizaciones criminales internacionales [13]. ¿Sería un exabrupto coligar que entre los relacionados al narcotráfico colombiano se cuentan algunas de las 25 organizaciones de la mafia rusa que, según investigaciones desarrolladas por el Ministerio del Interior ruso, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Policía mexicana y la Interpol, operan en territorio latinoamericano? [14]. Y cada arista del problema es tan o más grave que la otra. Se calcula que la piratería de productos mueve a lo largo y ancho del planeta cuatro veces la cantidad de dinero puesta en circulación por el narcotráfico, lo cual advierte sobre el poder que esta actividad puede tener para dañar la economía real de un país o corromper a los funcionarios llamados a combatirla. Inexplicablemente, en las postrimerías de 2001, 3000 fusiles AK-47, con su respectiva munición, fueron extraídos del parque de la Policía y el Ejército nicaragüenses y fueron a dar a manos de combatientes de las AUC.

La presencia de pandillas callejeras no es, ni remotamente, una amenaza constituida de unos años para acá. ¿Quién en América Latina no conoce algún relato o experiencia relacionada con la actuación de estos grupos, fundamentalmente radicados en los cordones de miseria que rodean las grandes capitales y evidencian la incapacidad de determinados modelos de acumulación y desarrollo para generar riqueza y aminorar los porcentajes de pobreza, sea ésta relativa, absoluta o atroz? Otros son los elementos novedosos del fenómeno, causantes de la más profunda preocupación. Su desmedido crecimiento numérico, por ejemplo. Ejercicios de cuantificación en este sentido [15] manejan cifras cercanas a 500.000 integrantes de las Maras operantes en Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿La suma de los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales de todos los países centroamericanos se equipara con esta cantidad? Así las cosas, pudiera parecer brutal el planteo, pero, siendo realistas, para cualquiera de estos países representa un peligro mayor y más inmediato la acción coordinada de estas organizaciones que la invasión armada proveniente de una Nación extranjera. Lo novedoso, y ciertamente alarmante, es el carácter transnacional del fenómeno. El origen de las Maras 18 y Salvatrucha se remonta al estado norteamericano de California y se ha detectado la coordinación de acciones con sus filiales (si cabe el término) radicadas en Centroamérica y Canadá. Así como otras amenazas se han globalizado, los pandilleros también se han agrupado en la transnacional correspondiente mientras los Estados discuten mecanismos de actuación conjuntos.

Al igual que lo hecho por otras organizaciones que constituyen serias amenazas a la Seguridad en América Latina, la gerencia de las pandillas aprendió velozmente a manejar el tablero de los contactos internacionales. Cómo explicarse, si lo anterior no se da como válido, su presencia como demandantes en el mercado negro de las armas, a donde llegan, dicho sea de paso, con una capacidad pasmosa de compra. Y esto sí es novedoso, como también lo es lo conscientes que son estos grupos del poder de fuego acumulado y sus posibilidades de maniobra, al punto de llegar a retar públicamente a los gobiernos que las enfrentan, como ocurrió con el desafío público hecho al presidente Oscar Berger de Guatemala. A poco de asumir éste la presidencia de su país en enero de 2004, y por haber decidido utilizar su guardia presidencial como elemento de choque contra la acción de los pandilleros, los integrantes de cierta Mara, al dejar en la vía pública a una de sus víctimas, cruelmente maltratada antes de darle muerte, le espetaron al presidente, en una nota escrita colocada sobre el cadáver: ..."Señor presidente: si sigue persiguiendo a los pandilleros, seguiremos matando a gente" [16].

El anterior, uno entre tantos macabros ejemplos que sirven de inspiración a otras bandas criminales regadas a lo largo y ancho de América Latina, todas ellas afanadas en emular el salvajismo delictuoso de sus pares operantes en la región. Al estilo desafiante de la Mara citada en el párrafo precedente, sicarios de una pandilla de narcotraficantes radicada en la ciudad mexicana de Acapulco, asesinaron en abril de 2006 al comandante de una fuerza especial de la policía del estado destinada a enfrentar acciones de este tipo, de nombre Mario Nuñez Magaña, conjuntamente con otro agente que en el infortunado momento lo acompañaba, llamado Jesús Alberto Ibarra Velásquez. Para demostrar su arrojo y poder y su indubitada disposición a neutralizar la acción gubernamental en el combate contra el narcotráfico, los asesinos decapitaron a ambos funcionarios y empalaron sus cabezas en una cerca ubicada frente a una estación de policía municipal. El horroroso cuadro fue acompañado con un letrero trazado en letras rojas donde podía leerse "Para que aprendan a respetar" [17].

Novedoso es que la acción de las pandillas funcione como mecanismo que hace pensar, literalmente, en el retroceso de la historia a etapas supuestamente superadas. No es en nada dramático plantear que en áreas controladas por estas pandillas se establecen especies de feudos, donde la única autoridad real la ejercen los barones, los capos, los jefes pandilleros, al punto que ni la Fuerza Policial ni la Fuerza Armada de muchos de nuestros países se atreven a penetrar estos territorios. Ciertamente, son señores feudales que deciden sobre la vida y la muerte de los millones de personas asentadas en las zonas sometidas a su influencia, situación que no es exclusiva de las zonas marginales de El Salvador, Honduras o Guatemala. En los chismes de farándula se cuenta que cierto cantante pop norteamericano, al momento de grabar un videoclip en la locación escogida de una favela de Río de Janeiro, negoció con los cabecillas de las bandas allí operantes la seguridad de su equipo, descartando, y podemos deducir el porqué, solicitar este servicio a las instancias oficiales. La prensa reseñó [18] el intento fallido, en agosto de 2003, de la policía del Distrito Federal mexicano (más de 1200 efectivos apoyados por tanquetas y helicópteros) por penetrar en el barrio conocido como Tepito, sito en la colonia Morelos de Ciudad de México, centro de operaciones de más de 40 bandas dedicadas al comercio de armas, secuestro express, robo y modificación de vehículos y clonación industrial de tarjetas de crédito. Estados paralelos cuasi soberanos dentro de Estados Nacionales que efectivamente, como resultado del terreno ganado por el crimen, van perdiendo soberanía.

En Bogotá, estudiosos del tema, contabilizaron en 2004 la presencia de 803 pandillas, cifra en crecimiento desde 1994, cuando se identificaron apenas 104 [19]. Simples paradojas del problema: 80% de los homicidios anualmente cometidos en Colombia, están relacionados con la criminalidad y no, contrario a lo que podría pensarse, con el conflicto armado que asola este país desde hace más de cuarenta años [20].

En los barrios marginales de Caracas, el enfrentamiento entre grupos rivales por controlar áreas geográficas y los llamados ajustes de cuentas, arrojan un saldo superior a las cien víctimas fatales cada fin de semana. Basta hojear los titulares de la prensa para constatarlo. En este país, en 1995, las estadísticas oficiales revelaron el total de 4.481 homicidios cometidos en ese año calendario [21], doce asesinatos promedio por día. En 2000, el dato creció a la espantosa cantidad de 8.022 [22], veintidós homicidios por día, y en 2003 a 11.330 [23], treinta y un venezolanos arrancados prematuramente de la vida cada veinticuatro horas. Resultado: la población sumida en el terror, presa del Estado de Sitio y el Toque de Queda decretado por el hampa enseñoreada. Salto atrás, caída al abismo de la época en que el respeto a la vida y la libertad de tránsito no eran considerados derechos fundamentales del ser humano.

La múltiple conexión de actores y fenómenos se evidencia en amenazas como las descritas. Escojamos una relación cualquiera. Comercio ilegal de armas, pandillas, muertes violentas, por ejemplo. En Brasil, aproximadamente, 40.000 personas mueren al año por heridas causadas con armas de fuego. Y no es de extrañar que sea así en un país donde, según los datos arrojados por la investigación intitulada Brasil: as armas e as vítimas, adelantada por el Instituto de Estudos da Religião, la cantidad de armas en manos privadas es diez veces superior al total de armas en posesión del Estado, incluyendo la Fuerza Armada, las diversas policías y otras instituciones gubernamentales. De 17 millones de armas existentes en Brasil, más de la mitad no tienen registro alguno, pertenecen a organizaciones criminales y fueron adquiridas a través del mercado negro [24]. En este comercio ilegal de armamento desempeña un papel capital la llamada Triple Frontera, conformada por las poblaciones Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) y Ciudad del Este (Paraguay), tristemente célebre por otras actividades como el financiamiento al terrorismo internacional, por ejemplo.

En líneas generales, algo más de 150.000 personas son asesinadas cada año en predios latinoamericanos [25]. Amén del sufrimiento causado a los deudos, y del mismo escalofriante hecho de que a esos seres humanos se le haya negado el derecho a un normal tránsito terrenal, hay que reflexionar sobre el daño causado a la esperanza de nuestros pueblos, en términos de la destrucción del capital social necesario para andar el camino hacia el desarrollo, ya que el grueso de estas víctimas su ubica en la franja de la población económicamente activa.

Con todos los ejemplos anteriores, lo que he querido plantear es que, no propiamente, son "nuevas" muchas de las amenazas relacionadas directamente con el sector Defensa de los países latinoamericanos. La novedosa encrucijada se traza con las características y dinámica propia que dichos fenómenos han adquirido al expandir desmesuradamente su radio de acción e incrementar casi de manera exponencial su poder destructivo. Si es menester entender la novedad en la manifestación de estas amenazas, es obligatorio identificar los rasgos comunes que las identifican. Algunos de estos son los siguientes:

Primero, no son amenazas geográficamente definibles. En sí, no resultan de la movilización de unidades militares conformadas como producto de la evolución de Estados Nacionales nacidos en la modernidad, cuyas fronteras han estado por años claramente definidas. Pese a lo anterior, pueden guardar estrecha relación con aquellos Estados que por razones ideológicas, o de cualquier otro tipo, le dan amparo a sus actores o permiten que desde sus países se activen los mecanismos logísticos que hacen posible la supervivencia de estas organizaciones. Entre otras razones, este último argumento dio pie para estructurar el concepto de Estados Forajidos, Estados Delincuentes o Estados Villanos.

Sin embargo, no hay que confundir y/o simplificar peligrosamente las realidades. Los actores de estas amenazas pueden atrincherarse en un determinado país pese a la voluntad en contrario de sus autoridades, pues en la mayoría de los casos, obviamente, los objetivos estratégicos de dichas organizaciones no coinciden con los objetivos nacionales de los países donde geográficamente se radican sus integrantes de manera permanente o transitoria.

Segundo, fundamentalmente estas amenazas provienen de actores no estatales. Aquí opera una especie de privatización de la amenaza, pues los operarios son grupos privados cuya razón de ser es precisamente el concretar la amenaza. Son agrupaciones no empujadas a la violencia: su misión es organizar la violencia y ejercerla de manera constante y sostenida. De hecho, ninguna de sus metas puede ser alcanzada sino a través de la puesta en práctica de la violencia. Sus protagonistas dejaron atrás el viejo adagio de que el fin justifica los medios: los medios son ahora el fin.

Tercero, si bien es exagerado plantear que estas amenazas provienen de enemigos virtuales, no puede obviarse el hecho cierto de que estos están ampliamente diluidos en el tejido social de cada país, razón por lo cual se dificulta al extremo su rastreo e individualización. Es de gran dificultad para los aparatos de Inteligencia poder concretar con exactitud de dónde provienen dichas amenazas. Factor que se agrava por cuanto son amenazas con múltiples dimensiones de expresarse que operan bajo eficaces, eficientes y efectivos esquemas transnacionales. Ciertamente, mientras los Estados aún debaten en foros y esquemas internacionales cómo mancomunarse para enfrentarlas, estas amenazas se han globalizado con pasmosa rapidez, pues sus ejecutores no se paran en mientes a discutir sobre límites jurídicos o áreas propias de competencia.

Cuarto, debe entenderse que la manera de operar de estas amenazas no está, de ninguna forma, normada y/o limitada por el apego a principios legales o diplomáticos como el Derecho Internacional de Guerra, la no injerencia en asuntos internos o el respeto a la autodeterminación de los pueblos. En la práctica, estas amenazas son un mentís al concepto de soberanía construido con base en los postulados de la modernidad.

Quinto, son amenazas que demandan de las Fuerzas de Defensa de los Estados acciones de combate constantes y permanentes, pues la simple disuasión no ejerce impacto alguno sobre ellas. Aquí el principio clave es entender que sólo se puede combatir al enemigo que diagnostica, planifica y actúa en este sentido aprendiendo y aprehendiendo la racionalidad por él utilizada. Los propulsores de estas amenazas no piensan en daños colaterales a civiles, pues los civiles son su blanco. Así, modificaron sobre el terreno el Teatro de Operaciones, lo cual va aunado a la puesta en práctica de la asimetría en la guerra. Por ello, la estrategia debe estar encaminada no sólo a repeler y castigar severamente los ataques propinados por los ejecutores de dichas amenazas, sino también, y sobre todo, a desarmarlos de manera preventiva y negarles cualquier resquicio de espacio y capacidad logística que les permita programar los ataques correspondientes.

Sexto, amén de los daños directos causados, estas amenazas dejan un impacto a corto, mediano y largo plazo sobre la estabilidad de los países contra los cuales operan, pues al hacer visible la incapacidad de los aparatos preventivos y represivos del Estado para evitarlas y/o castigarlas, ponen en entredicho la propia vigencia de la maquinaria estatal, quiebran la voluntad general de la sociedad para enfrentarlas o simplemente resistir ante ellas, propician que los gobiernos pierdan confianza y legitimidad e impulsan la gestación de agudas crisis de gobernabilidad, en ocasiones resueltas por métodos contrarios al sistema democrático.

No hay que olvidar que una población atemorizada puede perder la perspectiva de la vigilancia y el escrutinio constante sobre la acción gubernamental, y por tal motivo permitir, o por lo menos no darse cuenta a tiempo, para demandar los correctivos necesarios, que un gobierno se aparte en su accionar del estricto respeto a los cánones democráticos. Uno de los lineamientos estratégicos básicos de estas organizaciones es incrementar su poderío a costa del debilitamiento de Estados y gobiernos. En este sentido, algunos de los conflictos generados por la materialización de estas amenazas, bien podrían catalogarse dentro de la diferenciación general de conflictos de Cuarta Generación [26], en tanto y cuanto, más que derrotar a un gobierno o a sus Fuerzas de Defensa, lo que se pretende con ellos es echar por el suelo su legitimidad.

Séptimo, pese a dejar atrás el carácter tradicional de las "viejas" amenazas, las "nuevas" amenazas persiguen el mismo objetivo de menoscabar la integridad territorial de los Estados, pues su propia lógica de supervivencia requiere que dentro de las individualidades nacionales se constituyan espacios autónomos, donde la acción del gobierno sea nula por inexistente, a fin de garantizar sus bases de entrenamiento, operaciones o generación de capital.

Conclusiones

La respuesta a los retos planteados al sector Defensa en América Latina, a partir de las dos últimas décadas del siglo XX en adelante, pudiera ser una verdad de Perogrullo, si no fuese por la certeza existente de que algunas de las tareas desprendidas de esta realidad no han sido del todo asumidas en algunos de nuestros países y por ende materializadas en hechos tangibles; vale decir, hechos operacionales. Lo primero es lo primero. Los desafíos enfrentados por el sector Defensa no deben ser otros sino aquellos a ser neutralizados mediante la utilización adecuada de la información oportuna, pertinente y relevante aportada por los sistemas de Inteligencia dispuestos a tal fin y por el ejercicio legal y legítimo de la coerción y fuerza del Estado, materializado a través del poder de fuego concentrado en el armamento disponible y/o con posibilidad de ser adquirido.

De allí que sea perentorio delimitar con absoluta claridad las áreas de competencia y alcances de acción de las instituciones involucradas en el amplio campo de la Seguridad, so pena de pedirle peras al olmo y pretender que las organizaciones estructuradas con la misión de operar la Defensa se conviertan en la varita mágica capaz de resolver una ingente cantidad de problemas que corresponden a otras instituciones del Estado e incluso los problemas atinentes al funcionamiento de modelos de acumulación y desarrollo y sistemas políticos, algo sumamente peligroso para la estabilidad democrática.

Las "nuevas" amenazas a la Seguridad en América Latina, dada su no estructuración convencional, son problemas nada fáciles de abordar y nada raudos en resolver. No hay fórmulas mágicas ni verdades consumadas para su tratamiento. De hecho, está por discutirse lo que podría considerarse, en algo, una solución óptima, pensando los indicadores de medición al respecto a partir de lo que aspiren y sean conscientes de lograr nuestros países, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Sostengo que al enfrentamiento más o menos satisfactorio de estas amenazas y de los actores que las concretan, sólo podrán acercarse las naciones que apuesten por la cooperación transnacional sin cortapisa y en tal sentido se atrevan a imaginar mecanismos y procedimientos apartados del pensamiento estratégico tradicional, ampliamente desbordado por la inventiva de las fuerzas criminales. Si las amenazas son multidimensionales, multidimensionales deben ser la perspectiva y la metodología con las que se les combate. Si esto implica cuestionar incluso visiones y creencias arraigadas en el imaginario colectivo y en la manera de proceder probada del sector Defensa en América Latina en general, bienvenido sea el cuestionamiento del cual saldrán las nuevas estructuras a idearse y los nuevos métodos a implantarse.

En el tema de las "nuevas" amenazas, la respuesta a una simple interrogante puede arrojar luces en torno a la dirección correcta a seguir de cara al futuro de paz y estabilidad política y social, esperado, ansiado y deseado por los colectivos nacionales de la región latinoamericana: el enemigo maquinó (continúa maquinando) y puso en práctica (continúa haciéndolo) redes para desplegar con creciente eficacia su acción destructiva; en consecuencia, ¿es recomendable para las Fuerzas de Defensa latinoamericanas continuar actuando con base en estructuras verticales, burocráticas y jerarquizadas o, por el contrario, lo sano es colocarse a tono con los nuevos tiempos y organizarse, equiparse, entrenarse y accionar con innovadoras concepciones tácticas y estratégicas? Es perentorio estimular la discusión y llegar a acuerdos mínimos que propicien la posibilidad de acción. Lo otro es resignarse, casi en actitud suicida, a ser el blanco al que se le causa daño ¡Y vaya qué daño!

 

Notas

Bibliografía

BUTTÓ, Luis Alberto. El Nuevo Profesionalismo Militar de Seguridad Interna y Desarrollo Nacional. Un ejercicio de reflexión académica como hipótesis para entender las relaciones civiles y militares en Venezuela contemporánea. En IRWIN, Domingo y LANGUE, Frédérique. Militares y Sociedad en Venezuela. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2003, p. 129-146.

BUTTÓ, Luis Alberto. Nuevo profesionalismo militar de seguridad interna y desarrollo nacional e intervención política de militares populistas y radicales en Venezuela. En IRWIN, Domingo y LANGUE, Frédérique. Militares y poder en Venezuela. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2005, p. 139-177.

COPE, John. La guerra de Colombia: hacia una nueva estrategia. Strategic Forum, 2002, nº 194/S, p. 1-8.

EFE. Denuncian que las FARC controlan el negocio minero en Venezuela. El Nacional, Caracas, 7/4/2003, p. B-6.

GIRALDO, Javier. Guerra o Democracia. Bogotá: Fundación para la Investigación y la Cultura, 2003. 158 p.

HAMMES, Thomas X. Insurgency: Modern Warfare evolves into a Fourth Generation. Strategic Forum, 2005, nº 214, p. 1-8.

HERRERA, Alicia. Pusimos la bomba…¿y qué? Valencia (Venezuela): Vadell hermanos editores, 1981. 260 p.

HUNTINGTON, Samuel P. New Contingencies, Old Roles. Joint Force Quarterly, 2003, nº 34, p. 6-11.

MARTÍNEZ, Ibsen. El 'efecto Tepito'. El Nacional, Caracas, 13/12/2004, p. A-10.

Más de 800 pandillas en Colombia [En línea]. http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=592919. [2 de mayo de 2005].

MAYORCA, Javier. 650 toneladas de drogas circulan cada año por el Caribe. El Nacional, Caracas, 4/11/2006, p. B-27.

Mc KINLEY, James C. Jr. Los narcotraficantes aterrorizan a México. El Nacional (Suplemento The New York Times), Caracas, 4/11/2006, p. 3.

MENDEL, William W. Las Fuerzas Armadas de los EEUU: diversidad de misiones en el siglo XXI. Military Review (edición hispano-americana), 1996, nº mayo-junio, p. 49-57.

MORA CORTÉS, D. ¿Por qué es una amenaza nacional la delincuencia organizada continental? El Occidental, Guadalajara (México), 17/5/2004, p. 9-A.

Pesquisa Viva Rio/Iser: Brasil tem mais de 8 milhões de armas ilegais [En línea]. http://www.desarme.org [5 de mayo de 2005].

PETERS, Rebecca. El comercio de armas fuera de control [En línea]. 2003. http://argentina.indymedia.org/news/2003/10/141752.php. [5 de mayo de 2005].

RAMIRO, María Eugenia. La maldición de las Maras [En línea]. 2004 http://www.americaeconomica.com/numeros4/250/reportajes/mariaeugenia250.htm [2 de mayo de 2005].

RODRÍGUEZ, Miguel Ángel (moderador). La Entrevista [programa de TV]. Caracas: Radio Caracas Televisión, 27/7/2006.

STEPAN, Alfred. The state and society. Peru in comparative perspective. New Jersey: Princeton University Press, 1978. 348 p.

TARRE BRICEÑO, Mario (a). 10 años. El Nacional, Caracas, 16/1/2005, p. B-19.

TARRE BRICEÑO, Mario (b). Tráfico de Diamantes. El Nacional, Caracas, 28/2/2005, p. B-19.

TARRE BRICEÑO, Mario (c). La destrucción sistemática de Caracas (II). El Nacional, Caracas, 9/5/2005, p. B-19.

 

Referencia bibliográfica:

BUTTÓ, Luis Alberto. América latina en los albores del siglo XXI: la seguridad amenazada. Diez años de cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona, 26-30 de mayo de 2008.<http://www.ub.es/geocrit/-xcol/90.htm>

 

Volver al programa provisional