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REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
(Serie  documental de Geo Crítica)
Universidad de Barcelona
ISSN: 1138-9796. Depósito Legal: B. 21.742-98
Vol. IX, nº 489, 30 de enero de 2004

RAQUEL HERNÁNDEZ DE ARCE, Regina María. El Distrito Federal. Su definición político-administrativa y territorial. Una visión de conjunto, Tesis Doctoral dirigida por los Drs. Manuel González Portilla y Carmen Blázquez Domínguez, Departamento de Historia Contemporánea, Universidad del País Vasco, Leioa, 2003. 420 p.

Horacio Capel

Universidad de Barcelona


Palabras clave: México, capital federal, distrito federal, áreas metropolitanas.

Key words: México, federal district, metropolitan areas


La determinación de la ciudad que ha de convertirse en la capital de una república federal plantea problemas delicados de equilibrio de poderes. El primer país que hubo de enfrentarse a este problema fue Estados Unidos de América, que adoptó el compromiso de otorgar la capitalidad a una nueva ciudad, Washington, a la que se otorgó la consideración de Distrito Federal. Cuando, tras la independencia de España, varios países hispanoamericanos se dieran una estructura federal, volvería a plantearse este mismo problema, para cuya resolución el ejemplo norteamericano tuvo que estar necesariamente presente. Las soluciones que se adoptaron en cada caso reflejan las relaciones de fuerza entre los grupos que condujeron el proceso emancipador, así como sus ideales respecto a la organización del país, que podían oscilar entre el mantenimiento de las estructuras del Antiguo Régimen hasta posiciones de un liberalismo radical, y desde el centralismo al federalismo e incluso a la disgregación. En cualquier caso, esas soluciones generaron nuevos problemas, en particular el del encaje de las estructuras administrativas de la capital del país con la estructura de la capitalidad de un estado federado (en el caso de que coincidieran) y con la estructura municipal de gobierno de la ciudad.

La Tesis Doctoral que ha realizado Regina María Raquel Hernández de Arce, elaborada en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, en Lejona (Bilbao), aborda este tema desde una perspectiva de historia política y constitucional[1]. La investigación ha sido dirigida por los Drs. Manuel González Portilla, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, y Carmen Blázquez Domínguez, que tiene la misma función en la Universidad Veracruzana de Veracruz (México). Consta de siete capítulos, y se inicia con el estudio de las características geográficas y demográficas del Distrito Federal, y con el análisis de la transición desde las primeras formas de organización tribal prehispana a la organización durante el periodo virreinal. A continuación realiza un estudio de la evolución de la organización territorial del distrito de la capital de México a partir de la independencia, con las primeras propuestas correspondientes a la monarquía constitucional (1808-1823), la "creación" o "invención" del Distrito Federal en la primera República Federal (1824-1836), los cambios durante el período 1836 a 1854, la definición del Distrito Federal como área administrativa durante el periodo 1855-1876, y el DF durante el periodo porfirista ("Mucha administración, centralización y control, 1876-1910"). El último capítulo se dedica al Distrito Federal durante el periodo 1917-1970, en el que se llega a un régimen de excepción, y es complementado con un llamado epílogo –aunque en realidad es otro capítulo- que analiza la evolución en las últimas tres décadas.

Estamos ante una investigación que es calificada por su autora como una historia político-social sobre la configuración del Distrito Federal, en la que intenta evitar la confusión que a veces existe entre ciudad de México y Distrito Federal. Las preguntas básicas que han guiado este trabajo están bien definidas desde la primera página: "Qué es un Distrito Federal, ¿cómo surge?, ¿cómo se organiza?, ¿cómo se gobierna?, ¿cuáles son sus estructuras administrativas?, ¿qué grupos de poder lo promueven y construyen su desarrollo?" (p. 5).

Tras la independencia de México en 1821, y una vez superado el breve imperio de Iturbide, el Congreso Constituyente de 1823 abordó la tarea de dar la forma política al nuevo Estado independiente, en una situación en la que coexistían grupos sociales con objetivos diferentes. Dicho con las propias palabras de la autora, muy suaves y ponderadas: "personificaban dos mundos que convivían dentro de un mismo espacio, uno nuevo que intentaba llegar a la modernidad y que buscaba establecer un Estado nacional, y otro que pretendía cambios lentos para que permanecieran y sobrevivieran esquemas del Antiguo Régimen" (p. 132). Es bien sabido que las oligarquías novohispanas habían visto con gran temor los levantamientos de Hidalgo, en 1810, y de Morelos, en 1813, ante el carácter liberal y las reformas sociales que ambos propugnaban  (abolición de la esclavitud, abolición del tributo del sistema de castas y redistribución de las tierras) y por ello no las apoyaron; en realidad siguieron vinculados a la metrópoli hasta el momento en que triunfó en España el régimen liberal en 1820 y se restauró la Constitución de 1812. En ese contexto pueden comprenderse las tensiones que se vivieron en el Congreso Constituyente mexicano, en el que además de las diferencias que existían entre los partidarios de reformas políticas y sociales modernizadoras y las continuistas (similares a las que se vivieron en España y que dieron lugar a la guerra civil entre liberales y carlistas), se enfrentaron asimismo tendencias contrapuestas para la organización del Estado, la centralista y la federalista, y dentro de ésta última los federalistas radicales, que sostenían que la soberanía nacional radicaba en la unión de los estados, y los federalistas moderados, para los cuales la soberanía residía en la nación que delegaba atribuciones en las provincias.

En esa situación el debate sobre el lugar donde había de establecerse la capital y sobre su régimen político-administrativo tenía una importancia considerable. A esta cuestión dedica la autora el capítulo IV de su Tesis, uno de los más interesantes y que muestra la línea esencial de su investigación.

No cabe duda de que para entender los debates que se realizaron en el seno del Congreso Constituyente de 1823 es importante conocer la forma como se realizó el proceso de independencia respecto a España. Ese es el objeto del capítulo III, en el que se presentan las diversas propuestas de organización territorial a partir de la crisis de la monarquía, es decir la evolución entre 1808 y 1823, con los debates que se realizaron en las Cortes de Cádiz y que llevaron a la Constitución de 1812, en cuya redacción participaron diputados novohispanos, y donde se plantearon problemas referentes a la representatividad americana en la futura organización del imperio.

Podría aceptarse también que para entender en sus justos términos esos debates es necesario tener una idea de las reformas realizadas por el gobierno español en el último tercio del siglo XVIII, a partir de la visita de Gálvez, de la creación de las intendencias y de la actuación de los virreyes ilustrados que hubo en Nueva España en esos años. Pero parece totalmente innecesario remontarse a la organización virreinal del siglo XVI y, más todavía, a la del imperio azteca prehispano, algo que se hace en el capítulo II.

Mucho menos justificado todavía está, me parece, iniciar la Tesis con un capítulo dedicado al medio físico, lo que seguramente es una herencia de la historiografía de la Escuela de los Annales pero que no tiene sentido alguno aquí, ya que es evidente que las consideraciones geomorfológicas, climáticas o biogeográficas que se describen no intervinieron para nada en los debates que condujeron a establecer el Distrito Federal de México.

Desde luego la autora trata en algún momento de justificar su opción. Y lo hace con estas palabras:

"El terreno donde (el Distrito Federal) se situó, no era un espacio vacío que permitiera crear y poner en él una delimitación jurisdiccional y construir una ciudad con nuevos habitantes, calles y edificios. El espacio existía y, como vimos en los capítulos anteriores, tenía delimitaciones jurisdiccionales, ciudades, villas, haciendas y ranchos. Eran municipalidades y pueblos con jurisdicciones político-administrativas y formas de gobierno determinadas desde siglos anteriores" (p. 167)

Pero no creo que el enfoque adoptado en los dos primeros capítulos sea el más adecuado para entender lo que la autora trata de mostrar, es decir el peso económico de la ciudad de México al final del período español, con 168.811 habitantes en 1811, (frente a 95.000 de Nueva York, 53.000 de Lima, 53.000 de Filadelfia y 33.000 de Boston), y el poder de la oligarquía minera, comercial y agro-ganadera que allí residía.

A partir del capítulo IV la Tesis aborda de una forma sólida los debates que existieron en relación con la elección de la capital, y los intereses en juego. Esos intereses se desplegaron y enfrentaron con claridad en el Congreso Constituyente de 1823, en el que se pusieron en evidencia intereses contrapuestos que la autora caracteriza como "borbonistas, iturbidistas, republicanos, federalistas y centralistas" (pág. 131). También se desplegaron abiertamente las estrategias de las logias masónicas yorquiana, con el apoyo del embajador norteamericano, y escocesa, podemos suponer que con el británico.

Sin duda en esos momentos inicial de la independencia les fueron esenciales a los norteamericanos los informes que el vanidoso Alejandro de Humboldt había dado al mismo presidente Jefferson y al secretario de Estado durante los días en que, de mayo a julio de 1804 y de vuelta de su periplo hispanoamericano fue recibido en Washington y les permitió copiar los valiosos datos que liberalmente había obtenido de autoridades y funcionarios novohispanos. Como ha explicado su biógrafo Hanno Beck, el presidente, el secretario de Estado y el secretario del Tesoro "estaban fascinados por los informes de Humboldt; éste, que "estaba rodeado de proyectos de mapas, permitió libremente a Gallatin (Secretario del Tesoro) 'que copiara algunos fielmente'". Jefferson que "veía ya por anticipado un reino gigantesco que se extendía del Atlántico hasta el Pacífico, invitó a Humboldt a conversaciones personales"[2], que le fueron sin duda de gran provecho.

En el Congreso Constituyente mexicano, una vez decidida la forma federal de la nueva república, la elección de una capital federal se convirtió en un tema candente. El modelo de Estados Unidos, con la creación de una nueva capital en terrenos cedidos por los estados de Virginia y Maryland, pasó a ser una referencia ineludible, y algunos abogaron por la creación de una circunscripción territorial para sede de los poderes federales. Una primera propuesta declaraba incluso que debería estar "fuera de las capitales de los estados", aunque luego se realizó otra para elegir la ciudad de Querétaro. Los intereses económicos de la ciudad de México, que seguía teniendo la función de capitalidad, como había sucedido durante todo el periodo virreinal español, se movilizaron. Como señala la autora: "la conservación de la ciudad de México como sede de los poderes permitiría a los miembros de la oligarquía recuperar el poder político que había sido tomado por las oligarquías locales a través del control de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales".  El gobierno, por otra parte, obtenía importantes fuentes de financiación de la capital y apoyaba esa opción.

Los debates que exhuma la autora son muy interesantes, y muestran el ropaje retórico con el que se revistieron los intereses en juego, desde valorar el dinamismo de la capital, hasta, por parte de los opositores, señalar a la ciudad de México como "foco de la opulencia, la corrupción y las envidias, y por ello se deberían alejar de allí los supremos poderes del país", como alegó el diputado por Guanajuato (p. 144). El cambio de idea de algunos diputados que antes se oponían a la capitalidad en México generó sospechas de "seducción" e "intrigas", que hicieron decir a Lucas Alamán, representante del gobierno, que "suponer que el Congreso fuera seducido por el gobierno, o que ambos lo hubieran sido por particulares acaudalados, era muy injurioso" (p. 149).

El acuerdo final para la elección de la ciudad de México se convirtiera en capital federal fue tomado por votación. La propuesta del grupo liberal federalista, que había propuesto asentar el gobierno en Querétaro "por el concepto mismo que implicaba crear un espacio territorial donde se asentara la capital federal, libre de cualquier injerencia para coordinar la unión voluntaria de los estados y por consiguiente evitar la desunión" (p. 150), quedaba con ello rechazada.

La promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos se hizo el 4 de octubre de 1824. La decisión de establecer la capital en la ciudad de México originó inmediatamente un conflicto jurídico-administrativo, porque no se sabía bien el estatuto que había de darse a ese espacio (si el de Estado, lo que era imposible políticamente, o el de Territorio).

Al mismo tiempo, se planteó otro problema con el estado de México, que se oponía a la capitalidad federal por entender que la ciudad de México era la capital de ese estado federado, y que ello planteaba problemas de jurisdicciones. Finalmente, tras largos debates que están bien resumidos en la Tesis, se acordó que el Distrito Federal tuviera un diámetro de 4 leguas cuyo centro estaría en la plaza mayor de la ciudad, que recibiría el estatuto de Territorio, y que al frente del mismo estaría un gobernador nombrado por el gobierno federal. Poco después, la capital del estado de México decidió establecerse en otra ciudad, mudándose, primero a Texcoco, luego a Tlalpan y, desde 1830, a Toluca donde sigue residiendo.

La conclusión de la autora es que el Distrito Federal se "inventa" y que adquiere un carácter muy complejo "en el que lo nacional y lo local confluyen de una manera muy singular":

"Si bien se inventó como un área jurisdiccional de la capital para impedir la desunión  de los estados y la ruptura del federalismo, en realidad su verdadero sentido fue el interés de las oligarquías por conservar su núcleo de poder económico-político y la principal fuente de financiamiento del Estado. El Distrito sería la expresión de todo lo nacional pero al mismo tiempo manifestaría, también, su propia especificidad" (p. 169).

El gobierno del Distrito estaría en manos, como hemos dicho, de un gobernador auxiliado por una Diputación y por los ayuntamientos para todo lo que se refiere a las cuestiones de ornato, salubridad, caminos y beneficencia. Muchos de los problemas de competencias y de representatividad que ya estaban presentes en el momento inicial volverían a aparecer a lo largo de la historia posterior, hasta las reformas recientes.

Los capítulos V al VIII presentan la evolución de esa estructura político-administrativa relacionándola con los vaivenes políticos de México, y en especial la oscilación entre posiciones centralistas y federalistas. Al mismo tiempo el Distrito experimentó también cambios en su composición y órganos de gobierno. En conjunto estos capítulos se han construido a partir de una documentación de base muy pertinente y sólidamente tratada.

Durante el siglo XX se aprobaron nuevas leyes para el Distrito Federal. Una primera en 1903, durante el periodo porfirista. En 1928 se aprobó una nueva ley que consideraba al Distrito Federal como una unidad administrativa, pero sin gobierno local propio. Se estableció que el gobierno del Distrito estaría a cargo del presidente de la República, que lo ejercería a través del Jefe del Departamento del Distrito Federal, y delegados auxiliados por consejos consultivos. Era, pues, un distrito, pero gobernado de forma diferente a los estados, donde los gobernadores se elegían por elección popular.

En 1941 la Ley de Organización del Distrito Federal reconocía por primera vez a la ciudad de México como sede de los poderes, capital del país y capital del Distrito Federal, lo que significaba que se la estaba considerando como capital de una entidad federativa. Pero el gobierno siguió en manos del gobierno, que nombraba al ahora llamado Gobernador del Distrito

En 1965 el Partido de Acción Popular, en la oposición, presentó una propuesta de ley de organización del D.F. proponiendo la constitución de un consejo de gobierno del Distrito, constituido a través del voto directo de los ciudadanos, para acabar con la anómala situación de que los habitantes del mismo fueran los únicos de la República que no tenían ese derecho. Como decía la propuesta "no hay argumento válido para privar a los ciudadanos del Distrito Federal, y solamente a ellos, de intervenir en la designación de sus autoridades locales". Aunque no se aceptó, en los años siguientes las demandas para un cambio en ese sentido aumentaron. La Ley de 1970 sobre Organización del Distrito Federal, cuya justificación fue la creciente complejidad del D.F. y la exigencia de nuevas infraestructuras y servicios, declaraba como objetivo la desconcentración administrativa, lo que condujo a la desaparición de la ciudad de México como área jurisdiccional, apareciendo en su lugar cuatro nuevas circunscripciones llamadas delegaciones, a las que se dieron nombres de personajes ligados a la historia de México: Cuauthémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, y Venustiano Carranza, y se propuso hacer sinónimos los nombres de ciudad de México y Distrito Federal. La autora considera que ese uso indistinto de los nombres "es incorrecto y presenta confusión, porque desde el momento de su creación en 1824 el Distrito Federal no surgió como una ciudad sino como un área jurisdiccional donde se localizaban ciudades, pueblos, haciendas y ranchos, cuyos espacios se encontraban perfectamente definidos; las áreas territoriales del Distrito y de la ciudad de México, desde 1824 a 1970 eran diferentes, al igual que lo fueron sus formas de gobierno" (pág. 319).

Ante la pregunta sobre lo que pretendía la nueva ley con el uso indistinto de ciudad de México y Distrito Federal, la respuesta de la autora es ésta:

"Simplemente conservar un nombre identificado con siglos de historia, esconder la desaparición del territorio que le era propio y distintivo, y acentuar, por medio de un territorio único, la 'desconcentración administrativa', la centralización del poder y el control del Distrito por el gobierno federal a través del Ejecutivo" (p. 320).

Es posible que eso sea así. Pero tal vez habría que tener en cuenta otros datos.

Durante todo el periodo del porifiriato se produjo un fuerte proceso de expansión periférica, con nuevas urbanizaciones, y un claro proceso de metropolización, el cual se reinició después de los años convulsos de la Revolución. La ciudad de México había rebasado sus límites antiguos y se estaba configurando una nueva realidad urbana. Lo cual coincide con lo que ocurría en otros países, donde igualmente aparecían Áreas Metropolitanas, que estaban dando lugar a la creación de órganos de gestión común para esos grandes conglomerados urbanos. El énfasis que se pone en esta Tesis en los aspectos referentes al debate político a la escala federal, muy oportuno, hace tal vez olvidar otras dimensiones, que tienen que ver con la evolución del pensamiento urbanístico y la tendencia a la creación de áreas metropolitanas que aparece en Europa y Estados Unidos desde comienzos del siglo XX y, de forma muy clara, desde los años 1920 y 30. Las anexiones de términos municipales periféricos que fueron realizando las grandes ciudades desde finales del siglo, los debates sobre el planeamiento del Gran Berlín y de otras capitales, sobre la municipalización de los servicios públicos, sobre la delimitación estadística de Áreas metropolitanas que integraran a la ciudad principal y a los municipios periféricos, sobre la necesidad de crear órganos de gestión común para estos grandes conglomerados urbanos seguramente influyó también en la decisión tomada para unificar el conjunto del Distrito Federal.

El crecimiento de la aglomeración constituida en torno a la ciudad de México había sido considerable, los conflictos por el urbanismo y la aspiración a una mayor participación ciudadana tenían sin duda un efecto político. Un diputado del partido del gobierno advertía en 1970 que eran precisas reformas "propiciando que la ciudadanía intervenga, junto con sus autoridades, en forma más directa para la resolución de los problemas de la capital de la República" (p. 321). Por ello el tema de la descentralización administrativa y la creación de juntas de vecinos adquirió ahora gran importancia. Pero la circunstancia de que estas juntas fueran consideradas simplemente como órganos consultivos muestra las limitaciones de las reformas que el PRI estaba dispuesto a aceptar.

En realidad sería solo en los años 1990 en una fase de descomposición del poder del PRI y de disminución del voto a este partido (69 % de los votos en 1958 y 55 % en 1970), cuando se emprenderían cambios verdaderamente democratizadores del Distrito Federal. En 1977 se intentaron medidas paliativas como el uso del referéndum y la posibilidad de la iniciativa popular, y tras el terremoto de 1985, que dio lugar a un fuerte descontento y a medidas de organización popular, se promulgó (1987) el decreto de creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, el primer órgano representativo local del D.F.

En 1993, en relación con la nueva Constitución, se abordó otra vez la organización del Distrito Federal. Nuevamente, el problema tenía que ver con la complejidad de los problemas urbanísticos existentes. Según la autora:

"Por primera vez se reconocía la complejidad del Distrito Federal como una zona metropolitana, al establecer la creación de coordinaciones que realizaran la vinculación entre distintas jurisdicciones locales conurbadas con la Federación y el Distrito Federal, para llevar a cabo programas en materia de planeación y en problemáticas relativas a asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibro ecológico, transporte de agua, drenaje, tratamiento y disposición de los desechos públicos y seguridad pública" (p. 336).

El nuevo estatuto del Distrito Federal fue publicado el 26 de julio de 1994, estableciendo que la Ciudad de México, en su calidad de Distrito Federal y con los límites establecidos en 1898, es la sede de los poderes federales. Aunque, como señala la autora, el hecho de que no se dijera explícitamente que desaparecía la denominación de Distrito Federal deja abierta la posibilidad de seguir utilizandola.

En realidad, la importancia que ha adquirido el conglomerado urbano constituido a partir y en torno a la ciudad de México se refleja en que el término Ciudad de México, con mayúscula es el que da nombre al distrito jurisdiccional. Un distrito que tiene ahora un órgano local y un jefe de gobierno elegidos en elección directa, libre y secreta cada seis años, consolidándose así el proceso de democratización ya iniciado antes.

La conclusión de la autora vuelve nuevamente al debate político, lo que es apropiado, pero insuficiente:

"Con la aplicación del Estatuto de Gobierno (de 1994), se hizo realidad un largo proceso de búsqueda para la democratización del  Distrito Federal. Sin embargo, el Distrito aún se debate entre seguir siendo considerado como un órgano político-administrativo, un régimen de excepción o una entidad federal. Tuvieron que pasar más de 100 años para que el error de 1824 de no definir el carácter político-administrativo del Distrito Federal fuera solucionado, pero al igual que en ese año, la decisión de su conformación fue una necesidad vertical emanada directamente de la autoridad" (p. 339).

Es insuficiente porque lo político no lo es todo, y porque la evolución no ha terminado. En realidad, el área urbanizada organizada en torno a la ciudad de México se ha extendido hoy ampliamente más allá del Distrito Federal hacia el Estado de México. Nuevos problemas de coordinación vuelven a plantearse. Y es seguro que los políticos y urbanistas tendrán que hacer frente a ellos en el futuro. Lo que pone de manifiesto la importancia de esa dimensión urbanística que no ha sido tratada en la Tesis, aunque de pasada se hagan observaciones muy interesantes que convendría profundizar en el futuro en relación con la práctica del urbanismo.

Entre esas alusiones quiero destacar dos, que me parecen de especial importancia. Una se refiere a la estrategia desarrollada por el PRI en los años 1930 para evitar los conflictos. En relación con ello se señala que "en el caso de las colonias populares se estableció una práctica que se convertiría en un patrón entre colonos y autoridades, invasión de terrenos, expropiación por el gobierno del Distrito y regularización de la tenencia de la tierra, situación que provocó un crecimiento desordenado y la ausencia de políticas urbanas a largo plazo" (p. 311). Con ello nos desvela la clave de las invasiones de terrenos periféricos que se convirtieron en una práctica en los años 1960 y 70 y que dieron lugar a la creación de inmensos barrios de chabolas. Lo que algunos habían podido ver en ocasiones como un proceso popular espontáneo nos aparece bajo esta óptica como una estrategia política del partido gubernamental destinada a suavizar tensiones sociales, a controlar a los movimientos sociales y, podemos suponer, a castigar a los grandes propietarios de tierras a los que conviniera penalizar por algún motivo.

En otra ocasión la autora se refiere a la ley de 1941 sobre el Distrito Federal y señala que se otorgó a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público un control absoluto en las cuestiones financieras del Distrito, con lo cual "el gobierno federal se convirtió en urbanizador y constructor en beneficio directo de los funcionarios-empresarios" (p. 313). Algo que desearíamos saber con mayor detalle qué implicaciones concretas tuvo.

El trabajo que ha realizado Regina María Raquel Hernández de Arce es, como se ve, de un interés extraordinario. Es seguro que vale la pena seguir profundizando en la línea de investigación que ha abierto. Tal vez en el futuro convendría relacionar la  historia que se narra con los cambios que se han realizado a la escala del Área Metropolitana de México y que han conducido a la creación de una de las grandes Megalópolis del mundo actual. También habría que prestar más atención a la evolución intelectual y científica. Los debates sobre el municipio mantenidos a finales del siglo XIX, y a los que ha prestado atención Joan Antón Sánchez de Juan, tuvieron que realizarse también en México, y deberían igualmente exhumarse.

Naturalmente, convendría profundiza en las estrategias electorales, y en las políticas de control social puestas a punto por los sucesivos gobiernos mexicanos. Y en la vinculación de la clase política con los intereses inmobiliarios. Sería interesante estudiar también el ropaje retórico con el que se revisten los argumentos acerca de la ciudad (sobre la ciudad como lugar de innovación y dinamismo o de lujo y corrupción) . Y finalmente es preciso profundizar sobre la composición de esa oligarquía a la que se alude repetidamente en la Tesis, y que seguramente tiene intereses y estrategias diferentes en momentos distintos de la evolución que se presenta.

Se trata de cuestiones sobre las que debemos esperar nuevas aportaciones de la autora en el futuro. Mientras tanto, esta Tesis, que esperamos se publique pronto, constituirá una referencia ineludible para futuros estudios sobre el tema.
 

Notas
 

[1]La Tesis se defendió el día 19 de diciembre de 2003 ante un tribunal presidido por el Dr. Félix Luengo Teixidor, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, y que tuvo como vocales, a los Drs. Horacio Capel Sáez, Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Barcelona, Antonio Morales Moya, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Contreras Cruz, Catedrático de Historia la Universidad de Puebla, México, y Pedro Alberto Novo, Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco.  Obtuvo la calificación de Sobresaliente cum laude.
 
[2] Los datos sobre la estancia de Humboldt en Washington pueden encontrarse en Hanno Beck. Alejandro de Humboldt. México: Fondo de Cultura Económica, 1971, p. 231-235. No extraña que el presidente Jefferson escuchara "con total entrega" al viajero, "que le abría el mundo de las colonias españolas", en las que inmediatamente los norteamericanos empezarían a intervenir.
 

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Ficha bibliográfica

CAPEL, H. Raquel Hernández de Arce, Regina María. El Distrito Federal. Su definición político-administrativa y territorial. Una visión de conjunto. Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. IX, nº 489, 30 de enero de 2004. [http://www.ub.es/geocrit/b3w-489.htm]. [ISSN 1138-9796].


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