El complejo proceso para la instauración de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País

Palabras clave: Sociedad Económica, Academia de Ciencias, Barcelona, siglo XIX

Con la fundación, en 1765, de la Sociedad Vascongada de Amigos del País daba comienzo un proceso de creación de instituciones encaminadas a fomentar la producción y la instrucción de las clases populares, sustentadas en la iniciativa particular pero apoyadas con entusiasmo por los gobiernos ilustrados. Aun habiéndose creado en algunas ciudades de Cataluña (Tàrrega, Tarragona) sociedades económicas, Barcelona permaneció durante más de cincuenta años al margen de este movimiento.

Se ha dicho que la razón principal de este hecho era la existencia en esta ciudad de otras instituciones que ya realizaban la función que las sociedades económicas tenían encomendada: la Junta de Comerç y la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts. La primera, según la Ordenanza de 1763, debería ocuparse de todos "los negocios de Comercio, Agricultura y Fábricas"^[1]; la Academia, contaba con una activísima Dirección de Agricultura, entre otras secciones dedicadas a la investigación y difusión de las ciencias puras y aplicadas.

Esta explicación es correcta, pero insuficiente, pues, como ha mostrado Ernest Lluch^[2], había, además, causas profundas que impedían el establecimiento de una Sociedad Económica; estas causas referían a la diferente estrategia de desarrollo económico de la burguesía barcelonesa respecto a la que, desde los gobiernos ilustrados de Carlos III, representaban las Sociedades económicas.

En efecto, la pretensión del gran impulsor de las Sociedades económicas y presidente de la de Madrid, el marqués de Campomanes -más preocupado por el fomento de la industria rural que por un desarrollo industrial como el que se prefiguraba en Catalunya-, su pretensión decimos, de eliminar los gremios o, cuando menos, someterlos a la vigilancia de las Sociedades económicas, chocaba con los intereses de la Junta de Comercio que venía desarrollando de antiguo esa función de supervisión y control.

Por ello, ni las propuestas de los gobiernos de Carlos III, ni los esfuerzos de Salvà i Campillo en 1796^[3], ni el decreto de las Cortes de 8 de junio de 1813 que autorizaba la reapertura de las económicas clausuradas y la fundación de otras en aquellas ciudades que no tuvieran, fueron estímulo bastante para su establecimiento en Barcelona.

La Guerra del Francés y los posteriores vaivenes políticos afectaron profundamente al funcionamiento de la Junta de Comerç, que iba perdiendo competencias a la par que reforzaba su programa de enseñanza, creando las escuelas de Economía (1814), de Arquitectura (1817) o publicaciones como las "Memorias de Agricultura y Artes" (1815) y dedicaba grandes esfuerzos a la defensa del proteccionismo. Liberalismo y centralización van produciendo, según Ruiz y Pablo, su asfixia funcional y la pérdida de atribuciones, mostrándose cada vez más como una institución del Antiguo Régimen. Una muestra de este desfallecimiento fue la creación de la Comisión de Fomento (julio de 1821), que, integrada a partes iguales por representantes de la Junta y el Ayuntamiento, se ocuparía de aquellas funciones de fomento de la agricultura, el comercio y la industria que antes eran exclusivas de la Junta.

La Academia de Ciencias observaba con preocupación este deterioro de la Junta. La esperanza de situar el fomento de la industria y la agricultura en el ámbito del nuevo régimen liberal, inaugurado en 1820, con el que la Junta parecía no avenirse^[4], por una parte, y la necesidad de recabar fondos para sus enseñanzas, ya que las subvenciones de la Junta de Comercio tenían un porvenir muy incierto^[5], por otra, llevaron a la Academia a solicitar de la Diputación provincial "poder unir a sus funciones las de Sociedad Económica". Pero conviene, quizás, precisar que la pretensión de crear una Sociedad Económica dependiente de la Academia no obedece a la retirada de las subvenciones sino a aquella incapacidad de la Junta de adaptarse al tiempo nuevo. Así aparece claramente expresado en el borrador de exposición a la Diputación de Cataluña, en esta frase que no sería incorporada a la redacción definitiva:

En esta exposición a la Diputación de Cataluña, aprobada el 14 de junio de 1820, ateniéndose a los artículos 4 y 5 del Decreto de 8 de junio de 1813 y aprovechando el "cambio feliz de sistema, los ciudadanos que componen la Academia exponente se presentan a V.E. con el fin de que se sirva autorizarlos para formar una Sociedad económica en esta Capital". Aducían en su favor que desde su fundación en 1764, había venido cumpliendo subsidiariamente la misión de Sociedad económica, en completa concordancia con lo establecido en el artículo 5 del citado decreto^[6]. Esperaba con ello la Academia, además de la mencionada obtención de recursos, poder cumplir con su anhelado objetivo de servir de intermediaria entre la ciencia y el público, entre los creadores y los usuarios de la ciencia.

Este documento fue enviado el día 22 de junio de 1820 al presidente de la Diputación -que era a la vez Jefe superior político de la provincia^[7] y, como tal, presidente nato de la Academia de Ciencias- Joseph de Castellar, el cual, en un oficio dirigido a la propia Academia el día 28, manifestaba que la solicitud "queda entregada y apoyada por mí a S.E. la Diputación Provincial."

Para poder decidir con mayor acierto y fundamento, la Diputación pidió a la Academia (8 de julio de 1820) una información más "circunstanciada" sobre su actividad^[8]. Este requerimiento molestó sobremanera a la Academia, que esperaba una inmediata satisfacción de su demanda, pero contestó por deferencia a la autoridad provincial. El escrito de contestación (31 de julio) es de un enorme interés para la historia de la institución, porque, de manera esquemática y ordenada, refleja la situación de la Academia en aquellos agitados y apasionantes días; consideraba que reunía méritos más que suficientes para que su pretensión fuera atendida y, mostrando aquel disgusto que la embargaba, aseguraba que

Haciendo caso omiso de esta advertencia, y contradiciendo todas las expectativas favorables, la Diputación se desentendió del asunto, supeditándolo a la aprobación del gobierno del Estado, y así se lo ofició a la Academia el 18 de agosto. Elaboró ésta un "dossier" con todos los trámites realizados hasta ese momento y se lo envió al gobernador (12 de septiembre de 1820), junto con una breve exposición en la que se quejaba del escaso eco que sus propuestas habían tenido en la Diputación, hecho "que considera como un desaire", y demandaba su intervención, "como ejecutor que es de las leyes", para que las aplicara en este caso conforme los deseos de la Academia.

El expediente quedó paralizado durante los meses siguientes. Pero un lance intrascendente de correspondencia entre sociedades vino a reactivarlo. Según se notificó en la junta de 10 de enero de 1821, la Sociedad Económica Matritense había enviado circulares a todas las Económicas pidiendo ideas para hacer un proyecto de código rural que habría de ser enviado a las Cortes. Al no existir Económica en Barcelona, la circular fue a parar a la Junta de Comercio, quien la hizo llegar, "confidencialmente", al vicepresidente de la Academia, que decidió pasar el encargo a la Dirección de Agricultura.

Este incidente pone en evidencia dos cosas. En primer lugar, que el papel de la Academia como lo que podríamos llamar Sociedad Económica en funciones no era solamente una autoproclamación de los académicos, sino que era reconocida por la propia Junta de Comercio; en segundo lugar, que a pesar de las fricciones que se estaban produciendo entre la Junta y la Academia por la cuestión de las cátedras, había una relación absolutamente leal, pues, de lo contrario, muy bien hubiera podido la Junta desentenderse del asunto y no dar a la Academia la oportunidad de sentar precedentes.

Dice también el acta de la reunión en que este asunto se debatió que con este motivo se haga un "recuerdo" a la Diputación provincial para la resolución del expediente que promovió la Academia para reunir las atribuciones de Económica.

Pues ya fuera por este recuerdo, ya por la intervención del gobernador que los académicos habían reclamado meses atrás, o ya por el acceso a la presidencia de Juan Manuel de Munárriz, el caso es que la Diputación pidió a la Academia, mediante oficio de 5 de febrero de 1821, que elaborase un proyecto de estatutos para establecer la futura Sociedad Económica. A tal efecto se constituyó inmediatamente una comisión especial, para elaborar unos estatutos a la vista de los de otras sociedades ya existentes y de la ley de 8 de junio de 1813^[9]. El proyecto de la comisión fue discutido en dos sesiones consecutivas convocadas al efecto (17 y 22 de marzo de 1821) y enviado a la Diputación el 13 de mayo. En caso de ser aprobados, la Sociedad se constituiría contando como socios a todos los académicos actuales, al tiempo que ofrecía su sede para sus reuniones.

El 31 de julio de 1821, la Diputación remitió al ministro de la Gobernación el expediente con la recomendación de su aprobación. Ponía, no obstante, tres condiciones: que los ex diputados provinciales fueran socios natos; que los socios que ejerciesen los oficios de "secretario, vicesecretario, dador de libranzas, contador y tesorero se tengan por debidamente compensados con la honrosa confianza que se hace de sus personas"; y que los medios para allegar recursos fueran lo "menos gravosos y más voluntarios" al público.

Y de nuevo se paralizó el proceso, hasta que, durante una segunda presidencia de Munárriz, fue la propia Diputación quien tomó la iniciativa y se dirigió al Ayuntamiento y la Junta de Comercio (19 de febrero de 1822) para que propusieran a veinte personas cada uno "para que entre ellas pueda escoger el número suficiente de socios para instalar una Sociedad Económica de Amigos del País". No aparecía en el oficio el menor indicio del origen académico del expediente.

Una semana tardó el Ayuntamiento en enviar su lista de veinte individuos^[10], y aunque se aseguraba, en el oficio que la acompañaba, que habían sido "escogidos de varias clases y profesiones, no solamente de las que tienen un interés directo en el fomento de la agricultura, artes y comercio", la verdad es que, ateniéndonos a su profesión, todos ellos tenían intereses directos en el desarrollo económico; aun en el caso de las personas formalmente más alejadas de la producción, la utilidad o el lucro, como podría ser el caso del "literato" Benito Plandolit o del obispo Torres i Amat, puede encontrarse ese vínculo, en ambos casos, a través de su familia directa.

La Junta de Comercio envió su lista el 8 de marzo, también con "veinte personas de todas clases", que la propia Junta dividía en cuatro grupos: propietarios (4), comerciantes (5), fabricantes (2) y artistas (9)^[11]; estos últimos, más que artistas en el sentido que hoy tiene la palabra, eran artesanos relacionados estrechamente con los antiguos gremios.

En el gráfico^[12]de la figura 1 hemos resumido estos datos, agrupando profesionalmente a las personas propuestas por la Junta y el Ayuntamiento, y añadiendo los que finalmente fueron elegidos por la Diputación para establecer la Sociedad Económica.

Una vez conocidas las preferencias del Ayuntamiento y la Junta, la Diputación eligió a los veinte ciudadanos que habrían de formar la Sociedad^[13], entre los que no figuraba ningún artesano. Hemos reflejado en el gráfico de la figura 2 la relación entre ese primer grupo fundador y las tres instituciones de las que nos venimos ocupando, es decir, la Junta, el Ayuntamiento y la Academia de Ciencias. Algunas de esas personas pertenecían a -o fueron propuestos por- dos de esas instituciones; en ese caso aparecen agrupados bajo los epígrafes "comunes" y no contabilizados en ninguna de las instituciones a las que pertenecían.

Los ciudadanos seleccionados fueron invitados (26 de marzo de 1822) a aceptar el encargo y poner en marcha la Sociedad^[14], "bajo la inmediata protección de la Diputación y en clase de auxiliadora de sus importantes tareas". La Comisión de Fomento elaboró un dictamen recomendando la mejor manera de llevar a cabo la inauguración: "que se verifique con el mayor aparato y esplendor posibles, de modo empero que en nada se graven los fondos públicos". Proponía la comisión que el acto se celebrase en día de fiesta, habiéndose anunciado con anterioridad en toda la prensa, con la asistencia de todas las autoridades y "música para los intermedios". Todo este boato, viene a decir la comisión, es necesario para despertar el ardor en los ciudadanos, "naturalmente apáticos y amigos de la oscuridad", en beneficio del bien público: "póngaseles en la dulce precisión de trabajar en bien de su patria, lo cual no se logrará ciertamente si la publicidad no acompaña a sus nombres y a sus tareas."

No olvidaba la comisión los aspectos más utilitarios; proponía dotar a la Sociedad de un buen edificio público vacante y que la propia Diputación le suministrara fondos, mientras el Gobierno no fijase la cuota de gastos correspondiente.

El dictamen, emitido el 22 de mayo de 1822, fue aprobado el día siguiente, fijándose la fecha de la inauguración para el domingo 2 de junio, a las 12 del mediodía, en el salón de Sant Jordi de la Diputación. Se realizó, efectivamente, tal como estaba previsto.

No nos ocuparemos en este momento de las tareas que la Sociedad realizó o intentó llevar a cabo con distinto éxito en estos primeros años. Pero, ya que hemos examinado la composición sociológica y la procedencia institucional de los socios en el momento de comenzar su corta andadura -fue clausurada con la vuelta del absolutismo, en 1823-, puede ser interesante reflejar estos mismos factores una vez cubierto el cupo máximo de 44 socios que la institución alcanzó en esta etapa.

Hay dos cosas que destacan claramente. En primer lugar, la ampliación del espectro social, con incorporaciones de profesionales ajenos a los cuatro grupos iniciales, como jueces, arquitectos, ingenieros, y, sobre todo, funcionarios de las Administraciones públicas^[15] y catedráticos^[16], tal como se ve en el gráfico de la figura 3.

En segundo lugar, que a pesar de esa diversificación, y como refleja el gráfico de la figura 4, la Academia aumentaba su proporción (28% de los socios, frente al 24 % inicial) mientras la Junta mantenía la misma relación (20%). Además, la influencia de la Academia se veía reforzada por la incansable actividad del presidente, Albert Pujol, y del secretario, Agustí Yáñez, ambos académicos.

Todo este proceso pone de manifiesto que la modernización del país y el asentamiento del liberalismo necesitaban la creación de Sociedades Económicas; o así lo consideraban aquellos sectores sociales que, procedentes de la tradición ilustrada, veían en la formación de profesionales competentes la condición indispensable para el progreso. La Academia de Ciencias, con sus cátedras, y la Junta de Comerç, a través de las escuelas de la Llotja, venían cumpliendo esa misión desde cincuenta años atrás, colaborando en muchos proyectos, sin conflictos ni rivalidades, pero con perspectivas distintas y desde presupuestos ideológicos bien diferentes.

No era fácil, en aquellos años de bruscos y dramáticos cambios políticos, percibir el final del camino. Y aunque las clases dirigentes eran conscientes de los cambios en la estructura económica que se estaban produciendo en Cataluña, iban, como en tantas otras ocasiones, un paso por detrás de la realidad. No se atrevieron, o no pudieron, apoyar con decisión a aquellas organizaciones que, tan sólo unos años después, habrían de conducir la Revolución Industrial.

Por eso, cuando el gobierno liberal trató de generalizar las Sociedades Económicas como impulsoras del desarrollo, las instituciones políticas de Barcelona -Gobierno civil, Ayuntamiento y Diputación provincial- tuvieron buen cuidado de no inclinar totalmente la balanza en ninguno de los dos sentidos: ni atendieron las demandas de los académicos, ni incorporaron artesanos a la nueva Sociedad. Porque si es verdad que había una mayor sintonía con la trayectoria y las expectativas de la Academia, también lo es que la Junta, a pesar de su pérdida de influencia y de mostrarse más próxima a una estructura gremial que a los gérmenes de la Revolución Industrial en ciernes, representaba aún a una gran parte de las fuerzas productivas de Cataluña.

[5] De hecho, a principios de 1822, fueron reducidas considerablemente las que concedía para las cátedras de Química aplicada a las Artes -desde 1805- y de Física experimental -desde 1814-, suprimiéndolas totalmente en octubre de 1823

[6] Art. 5 del Decreto de 8 de junio de 1813: Estas sociedades no ejercerán autoridad y se reducirán a formar cartillas rústicas acomodadas a la inteligencia de los labradores y a las circunstancias de los países; a la producción de memorias y otros escritos oportunos para promover y mejorar la agricultura y cría de ganados, y a las artes y oficios útiles; a la publicación y explicación de los secretos y máquinas que puedan ser convenientes; a la distribución gratuita de semillas y plantas que puedan aclimatarse; a proponer y distribuir públicamente algunos premios para excitar la aplicación y la circulación de luces; y a ilustrar a las Diputaciones provinciales y ayuntamientos con sus observaciones en beneficio de estos ramos.

[8] La Diputación quería saber el número de individuos de esa corporación, los que pertenezcan o formen secciones en la misma, el método que se observa en el desempeño de sus atribuciones, los fondos y rentas que perciba, las cátedras, sus obtentores y salarios que perciben cada uno, el número y estado de sus máquinas, las preciosidades de su gabinete de historia natural, el edificio destinado para el desempeño de sus atribuciones, copia de las ordinaciones o reglamentos con que se gobierna, y por fin cuantas noticias puedan ilustrar a S.E. la Diputación de cuya orden se lo comunico.

[10] La lista estaba formada por las siguientes personas: Felipe de Amat, caballero hacendado; Ramón de Bacardí, hacendado; José Bardié, mediero; Serafín Basigalupi, comerciante; Jayme Bosch, fabricante; Martirián Botet, comerciante, José Mariano de Cabanes, hacendado; José Castañer, fabricante; Antonio Coma, abogado; Joaquim Compte, comerciante; Felipe Costa, cerero; Erasmo Janer y de Gonima, fabricante; Benito Plandolit, literato; Antonio Puig y Luca, militar; Honorato de Puig, hacendado; José Francisco Puig, cerrajero; Gaspar Ramisa, comerciante; Juan Ros, hacendado; Félix Torres de Amat, obispo electo; Manuel Torner, fabricante.

[11] Propietarios: el Marqués de Monistrol, Narciso Sans, José Ignacio Mercader y Manuel de Angulo; comerciantes: Gaspar Ramisa, Joaquín Compte, Pedro Mallol, Jaime Moré y José Vilardaga; fabricantes: Domingo Coll y Manuel Torner; artistas: Felipe Solà, Juan Travería, Jaime Soler, Francisco Roselló, José Llopis, Cayetano Faralt, Pablo Mora, Cristóbal Montiu y Juan Francisco Bahí.

[13] La lista fue aprobada el 16 de marzo y estaba formada por Alberto Pujol, José Antº Balcells, Agustín Yáñez, Salvador Sanjuán, Próspero de Bofarull, Cristóbal Montiu, pbro., Ramón de Bacardí, Antonio Coma, Erasmo Janer y de Gómina, Benito Plandolit, Antº Puig y Luca, Antº Gironella, Gaspar Ramisa, Joaquín Compte (en su lugar, Joaquín Corominas), Felipe Solá, Manuel Angulo, Manuel de Forner, Juan Ros (en su lugar, Ramón de Siscar), Marqués de Llió y Felipe Martín Igual

[15] Un diputado provincial, el Gobernador civil, el secretario de la Diputación, el secretario y un vocal de la Junta de Comercio y el archivero de la Corona de Aragón

[16] Tres catedráticos de la Escuela especial de la ciencia de curar (Medicina y Farmacia), y uno de cada una de las disciplinas siguientes: Física experimental, Economía política, Matemáticas y Arquitectura.

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