Xosé Manuel Souto González
Proyecto Gea-Clío.

Uno de los asuntos que más ha ocupado y preocupado a la geografía ha sido el análisis de la ordenación del territorio. Los paisajes como resultado de la interacción entre los factores ecológicos, entre los cuales destaca la acción antrópica, ha sido un objeto tradicional de la materia. Ya en el siglo XX la evolución de la geografía humana hacia posiciones más críticas con los modelos urbanos ha dado lugar al análisis de leyes de ordenación territorial y el papel de los agentes que inciden en su gestión.

La incorporación de España a la Unión Europea y la ampliación de ésta hasta un total de 25 estados ha aumentado esta dedicación. Los geógrafos que han compartido sus tareas docentes e investigadoras con la gestión pública del territorio han sido protagonistas de reflexiones importantes para el futuro de esta materia. En este artículo queremos dar cuenta de las iniciativas desarrolladas por Joan Romero y Joaquín Farinós por difundir una síntesis informativa y una perspectiva analítica sobre la Estrategia Territorial Europea, una manera de entender la ordenación del territorio que tiene repercusión sobre el planeamiento que se realiza en España y en otros países de la UE. Ofrecen un estudio de los cambios registrados en los Estados de la Unión y los intentos de alcanzar una política común, al menos en la definición de objetivos y estrategias.

En un caso se trata de un libro de síntesis sobre la Estrategia Territorial Europea, que se genera en el seno de la UE y pretende condicionar la política y planificación territorial de los Estados miembros. En el otro se analizan experiencias españolas, en diferentes escalas, con objeto de valorar la incidencia del programa europeo en la práctica política autonómica y local. En ambos casos se presentan los esfuerzos realizados para alcanzar unas metas comunes y al mismo tiempo presentan las dificultades de su puesta en práctica.

Palabras clave: Estrategia territorial europea, Gestión del Territorio, planeamiento regional, fondos europeos

Key words: European Territorial Strategy, Territory management, regional planning, European Funds.

ROMERO GONZÁLEZ, Juan y FARINÓS DASÍ, Joaquín (editores). Ordenación del territorio y desarrollo territorial. El gobierno del territorio en Europa: tradiciones, contextos, culturas y nuevas visiones, Gijón: Ediciones Trea, S.L, 2004

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES.  Desarrollo territorial sostenible en España: experiencias de cooperaciónMadrid: AGE, 2005, número 39.Coordinado por Juan Romero y Joaquín Farinós
 
 

Juan Romero es catedrático de Geografía en la Universidad de Valencia y ha compaginado su labor docente e investigadora con la actividad política: ha sido conseller de Educación en el gobierno autónomo, secretario general del Partido Socialista en País Valencia y participa activamente en actividades sindicales y sociales en las cuales se reivindica un uso más racional de los recursos naturales

Joaquín Farinós es profesor de la Universidad de Valencia y coordinador de proyectos de investigación europeos en los que participan diversas universidades; así es el caso del proyecto sobre la gobernanza europea donde coinciden más de veinte centros de investigación de la UE. Se trata pues de dos personas que conocen bien el ámbito de relaciones entre el lenguaje técnico y político, de sus limitaciones y posibilidades, de las vanidades personas y de la efectividad de transformación por medio de los fondos económicos y programas operativos.

El libro surge de los intentos técnicos de limitar los desajustes ambientales, territoriales y sociales derivados de las desigualdades producidas por el modelo de propiedad privada, beneficio económico empresarial y competitividad. Es el resultado de las ponencias y reflexiones que han tenido lugar en el Seminario Internacional sobre “el gobierno de los territorios”, celebrado en Valencia en la sede de la UIMP en el mes de septiembre de 2003. En el año 2004 se publica con el título Ordenación del territorio y desarrollo territorial. El gobierno del territorio en Europa: tradiciones, contextos, culturas y nuevas visiones, lo que de alguna manera nos presenta su contenido: una presentación de las nuevas posibilidades de gestionar el territorio desde una posición europea1. El libro presenta, por su propia naturaleza de compilación, una cierta desigualdad de sus capítulos en extensión, profundidad y redacción. Echamos en falta un glosario final para poder consultar la cantidad enorme de acrónimos que se usan en el lenguaje técnico de la ordenación territorial europea.

Este volumen que reseñamos se estructura en quince artículos que se han organizado en dos partes, una presentación y un epílogo. La primera parte se ocupa de experiencias de ordenación del territorio en Europa, mientras que la segunda hace referencia al desarrollo territorial sostenible en España. La presentación nos avanza el contenido del libro, mientras que el epílogo es una reflexión muy oportuna sobre el papel de los profesionales en la gestión del territorio y en la difusión de una teoría racional sobre el solar europeo, que se organiza en diferentes escalas espaciales con sus correspondientes competencias administrativas.
 

Construcción teórica de los técnicos y dudas en la voluntad política

Por ello me parece oportuno comenzar el análisis crítico de este libro con las reflexiones narrativas que ofrece Andreu Ulied. Como señalan los editores nos muestra un texto “muy sugerente y lleno de información cualitativa de gran interés”, lo que es resultado de su amplio conocimiento sobre los actores de la ordenación territorial para Europa (página 11).

Con una sinceridad muy grande nos refleja sus impresiones y preocupaciones sobre la formulación teórica del marco en que se inscriben las políticas territoriales europeas: “Cuando apenas sí alcanzamos a describir los fenómenos que suceden, con nuestras pobres metáforas científicas, orgánicas, metálicas, cosmológicas, ¿cómo estar seguros de que nuestras propuestas de orden, de estructura territorial, no son contraproducentes y aceleran el desorden? (página 334). Y se refiere en concreto al objetivo de policentrismo, donde los acrónimos utilizados confunden no sólo a un lector ajeno a la jerga europea, sino incluso a los propios miembros de las comisiones. ¿Por qué el pentágono central europeo tiene más fuerza explicativa que la banana azul?, ¿hasta qué punto el policentrismo que evoca la teoría clásica de Christaller será capaz de frenar la dispersión, hoy denominada “ciudad difusa”? Será preciso analizar los intereses que subyacen a las palabras y retóricas creadas en los balnearios de Luxemburgo, pues bajo la noble reivindicación de autonomía local se esconden intereses inmobiliarios, como se hace eco recordando la intervención de Josefina Cruz (página 328).

Como se ve en este texto se huye de la descripción objetiva de las estadísticas y las leyes, que abundan en las páginas restantes, para adentrarnos en la cuestión clave de la gestión del territorio. ¿Cómo se produce el diálogo entre técnicos, responsables del discurso teórico y de la creación de estrategias territoriales,  y los políticos que representan intereses económicos, particulares o colectivos? ¿Cuál es todavía la influencia del marco estatal en la creación de una política europea? El Tratado de Niza parece indicarnos que los gobiernos de los Estados todavía tienen un gran poder de decisión para coordinar una política europea común, esa que se plasma en el documento de Postdam de 1999 y que nos recuerdan A. Faludi y J. Farinós.

Para encuadrar mejor este diálogo entre los técnicos y los políticos, ambos forman parte del conjunto de la ciudadanía, es preciso conocer la organización ESPON. La European Spatial Planning Observation Network es un programa iniciativa de la UE, cuyo objetivo es estructurar una red europea de investigación, difusión y debate del planeamiento europeo, en el cual aparecen las propuestas de aplicación de la Estrategia Territorial Europea. Este programa está financiado por la iniciativa europea INTERREG III, pues la Comisión no tiene competencias en materia de planificación territorial. Su papel principal consiste en el redacción del Documento de Estrategia Territorial Europea y en el establecimiento de las relaciones entre la investigación y la política para el desarrollo espacial de la nueva Europa. Lo que sería útil averiguar es hasta qué punto las directrices políticas condicionan el marco teórico de este programa.

Una formulación que se hace bajo la presión política de unos intereses determinados y con unas estadísticas que no reproducen la realidad social y geográfica como sería de esperar. “Con esa información escasa, con teorías meritorias pero simplistas, construimos modelos explicativos y sistemas de previsión demográfica, económica, de transporte y energía” (página 336).

Una crítica ácida que nos alerta de lo mucho que queda por hacer, de la necesidad de estudios locales que pongan en relación lo local con lo global, la Europa policéntrica con una Europa en un mundo policéntrico.

Por eso el libro tiene el enorme valor de sintetizarnos qué es lo que sabemos hasta este momento sobre las posibilidades de gestionar el territorio europeo en diferentes escalas. Puede ser poco, pero no es irrelevante, como queremos mostrar en las líneas que siguen.
 

El frágil equilibrio entre los intereses estatales y la estategia común europea

Los dos primeros capítulos (de A. Faludi y J. Farinós) nos presentan la Estrategia Territorial Europea (ETE) desde la perspectiva política e institucional. En el primer caso se analiza su gestación, en especial la influencia que ha tenido sobre el proceso de europeización. Para ello se tiene en cuenta la tradición de ordenación del territorio en los diferentes Estados de la Unión, en especial Francia, Países Bajos y Alemania.

Hay dos notas que me interesa subrayar en esta primera aproximación. La primera hace referencia al déficit democrático que se observa en la UE y por lo mismo los esfuerzos financieros que se dedican a los Fondos Regionales para integrar a los gobiernos regionales en la gestión del territorio, para lo cual se espera la participación de la ciudadanía (programa de gobernanza, Agendas 21). Ahora bien, mi experiencia directa en la gestión de proyectos de desarrollo regional (Eixo Atlántico) y local (Agendas 21) me indica que la cuestión de la participación democrática es un proceso largo y complejo y que la tentación de control por parte de las autoridades locales todavía es muy grande. Tal parece como que habría que formular una educación democrática ciudadana de mayor alcance. En este sentido creemos que hay que valorar positivamente que la ETE pueda significar una pieza más en el engranaje institucional que reconoce la necesidad de la participación. Los fines parecen adecuados, otra cuestión es la metodología que se emplea.

La segunda nota tiene que ver con la anterior. Supone una reflexión sobre el intento de transmitir las experiencia de las distintas tradiciones estatales al conjunto de la Unión. En este sentido puede ser muy oportuna la confluencia de experiencias dispares, como es la planificación regional centralizada en Francia y la descentralizada en Holanda o Alemania. Además se puede beneficiar de análisis realizados por algunos países para hacer frente a problemas concretos, así Holanda tenía un objetivo prioritario en la política regional: controlar el crecimiento disperso de la periferia urbana, preocupación común en otros lugares de la UE. O bien cómo combinar la gestión territorial en diferentes escalas, aprovechando la experiencia alemana de los länder.

Tal parece que los equilibrios de poder no han permitido avanzar en una línea clara. Pero ello no puede ser valorado de una forma absoluta. Hay que considerar las ventajas de debatir la definición de un modelo policéntrico, de enfrentarse a la dispersión periurbana, de coordinar las políticas sectoriales. Son las virtudes de un aprendizaje lento (página 40), como recuerda Andreas Faludi, pero que no pueden hacernos olvidar la necesidad de un mayor control democrático sobre la gestión de los fondos europeos. Es en este sentido donde echo en falta una mayor claridad conceptual y empírica en los primeros artículos de este libro.

En efecto, si la ETE supone una nueva visión global del conjunto del territorio europeo, “mediante un proceso abierto, participativo y consensuado” (página 46, J. Farinós), lo que interesa conocer es cómo se gestiona este proceso participativo2. Pues hasta el momento presente los derechos de propiedad privada, los beneficios empresariales y la institucionalización del poder político se han impuesto a otros intereses particulares y colectivos. El tránsito hacia los objetivos definidos por J. Farinós como “la triple C” (cooperación, concentración y competencia) nos muestran incertidumbres de difícil resolución: cómo combinar la competencia entre áreas con la cooperación entre iniciativas y organizaciones, si precisamente una de las claves de la competitividad estriba en ocultar las estrategias a los posibles competidores. Cuando descendemos al terreno de la práctica podemos observar que incluso entre ciudades que están aliadas, bajo la figura de un pacto institucional, existen recelos ante la propuesta de una política común. Aparece la desconfianza política como reseña J. Farinós.
 

Las competencias y decisiones en sus marcos espaciales

En este sentido parece que la solución de una gestión multiescalar parece adecuada, pues las autoridades regionales, estatales y comunitarias pueden establecer unos objetivos estratégicos que ayuden a definir las posiciones comunes de las entidades locales. Pero ello no es fácil, pues es preciso definir con rigor los conceptos y valorar los recursos humanos y materiales que existen en las diferentes instituciones que cuentan con las correspondientes competencias administrativas.

En el número monográfico del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) podemos encontrar una información semejante en el artículo que suscribe Andres Faludi (páginas 11 a 30). Plantea la hipótesis de que el policentrismo es un instrumento de la ordenación territorial para hacer frente al desarrollo desequilibrado, que se produce como consecuencia de la acción de las leyes del mercado. Lo cual no deja de ser muy complejo, pues la ETE, así como “la política de cohesión territorial se suma (con limitaciones...) al actual paradigma del desarrollo regional enfocado a la competitividad” (página 16). Entiendo que esta cohesión sería posible si existiera un poder territorial que organizara la competitividad regional, en la escala planetaria, desde una planificación imperativa, asignando funciones a cada espacio, lo cual es totalmente inviable en un sistema económico libre y capitalista. Por tanto, la ETE se limitará a efectuar recomendaciones sobre la cooperación, buenas prácticas y asegurar la coherencia entre la política territorial y las sectoriales.

En consecuencia, la ETE estará subordinada en su política de cohesión territorial al papel de los Estados, como se recoge en el libro reseñado en las páginas 61 a 66; la Constitución europea trataba de solventar este obstáculo a través de la definición del objetivo de la cohesión. Por una parte se analizan los presupuestos de planificación desde una perspectiva integral y comprensiva, frente a otros modelos más intervensionistas en la retórica política; una manera de organizar el territorio que nos recuerda posiciones ya antiguas, como las teorías de Christaller o los polos de Perroux. Por otra parte se muestran las desconfianzas entre los diferentes niveles de Estado (desde la UE hasta el municipio) en la gestión del territorio, lo que anula muchas de las iniciativas que buscan la cooperación.

Dado que numerosas iniciativas tienen su punto de referencia en las políticas regionales, es importante consultar el artículo de L. Polverari y J. Bachtler respecto a las relaciones entre este nivel de decisión y el conjunto de decisiones europeas, que sobre todo tienen unos instrumentos operativos como son los programas derivados de los Fondos Estructurales. Y en este contexto es donde descubrimos las limitaciones de las declaraciones institucionales, sirva como ejemplo la declaración de la Comunidad Valenciana en defensa del policentrismo (página 83), cuando en realidad está provocando una dispersión masiva de la urbanización en todo el litoral y parte del interior, como consecuencia de las nefastas actuaciones de los planes de acción integrados3.

El ejercicio de la gestión territorial desde la diversidad de competencias es una cuestión crucial si se desea obtener un resultado coherente con los principios del desarrollo sostenible. Una persona con amplia experiencia en el campo de la administración, como es Josefina Cruz, lo percibe de forma clara, cuando afirma que la gestión del territorio supone, sobre todo, la racionalización del conjunto de políticas públicas que inciden o repercuten en el territorio. Para ello existe un doble obstáculo que revela la contraposición de intereses: la yuxtaposición de las políticas sectoriales frente a la territorial y la influencia de la planificación urbanística, ésta de escala local. Su breve artículo (páginas 233 a 240 del libro reseñado) expresa de forma contundente los peligros de sectorializar la política territorial y ambiental, consecuencia de las presiones gremiales, y la suplantación de las estrategias territoriales a los intereses del urbanismo especulativo, del que existen numerosos ejemplos en España.

En este mismo ámbito de reflexión encontramos un artículo de G. Dematteis y F. Governa sobre el modelo SLOT (sistemas locales territoriales). Con un lenguaje complejo, que oscila entre la jerga y la extraña construcción sintáctica, nos explican la importancia de interpretar el desarrollo local desde una perspectiva territorial. Un artículo muy ambicioso en que mezcla reflexiones teóricas sobre la interpretación del lugar (tema clásico de la geografía) con reflexiones técnicas sobre el desarrollo local, que se define como “una problemática amplia y compleja que contiene una multiplicidad de cuestiones económicas, sociales, culturales y políticas” (página 40 de la revista AGE). Como alternativa se propone un modelo (SLOT) en el cual el desarrollo combina el análisis territorial con la práctica de la gobernanza. Para ello es preciso identificar los agentes locales y analizar qué tipo de intereses representan, pues pueden constituirse en un auténtico lobby inmobiliario. Un modelo que se basa en la capacidad de autonomía que puedan tener los lugares y agentes para reproducir sus recursos culturales y la gestión del medio.

La cuestión clave es evaluar si la cohesión territorial representa un modelo holístico que sea capaz de integrar los objetivos de la cohesión social, pues la competitividad entre áreas está gestionada por empresas, instituciones y personas que tienen unos intereses concretos. Ello no impugna la política territorial, que como indican procura relacionar el desarrollo endógeno con el sostenible y con una mayor acceso a las infraestructuras, además de buscar la competitividad (página 87), pero sí muestra sus limitaciones. Y la principal consiste en la gestión de los Fondos Estructurales y en la aplicación de los principios de la buena gobernanza. En el caso de la Península Ibérica estos fondos son gestionados por las autoridades estatales y ello ha derivado en conflictos de competencias con los proyectos que se inspiran desde autoridades regionales y de las Comunidades Autónomas; en este sentido hay numerosos ejemplos4 que nos muestran los recelos y desconfianzas en la gestión de los fondos respecto a territorios marginales. Junto a ello no podemos olvidar los obstáculos aparecidos en la gestión de la participación de las Agendas 21, en gran medida como consecuencia de la falta de cultura de participación democrática y ausencia de criterios en las políticas de desarrollo sostenible. En todos estos casos es obvio que el impulso ejercido por la ETE es positivo, pues obliga a gobernantes e instituciones representativas a planificar programas de divulgación y análisis territorial, lo que contribuirá a una mayor cultura. Y aquí reside uno de los retos principales de los gremios académicos, como es el caso de las personas que forman parte de las asociaciones de geografía.
 

Consignas retóricas y poderes políticos y económicos

Pero para analizar adecuadamente estos desafíos será necesario tener en cuenta los poderes económicos, sociales y culturales (gremiales) que se ejercen sobre el medio, pues como dice Santiago González-Varas “el territorio es lugar de encuentro de distintas esferas del poder” (página 112). Entiendo que posee una mayor utilidad el análisis de las posiciones de los diferentes agentes, lo que permitirá una mejor interpretación de esta normativa legal. Sin embargo, el capítulo de las competencias nos muestra un estudio muy descriptivo de los instrumentos legales, sobre todo de aquellos que estando en una escala geográfica supramunicipal pretenden abordar el desarrollo sostenible y el desarrollo territorial equilibrado. Noble pretensión, pero que oculta los factores subyacentes que ordenan el territorio de acuerdo con las leyes del mercado e intereses empresariales privados.

Por eso saludamos el sano escepticismo que se respiran en las palabras de Simin Davoudi cuando indica que “hoy en día está de moda ser policéntrico” (página 127). A mi modo de ver los objetivos europeos (competitividad, acceso a las infraestructuras y desarrollo sostenible) se exponen como eslóganes que los políticos y técnicos reproducen y que el auditorio no quiere comprender, pues le parecen palabras huecas. En unos casos por desconocer su significado, en otros porque ocultan intereses concretos de los agentes sociales y económicos que se reúnen en mesas para debatir sobre planes estratégicos y recogen beneficios económicos de las plusvalías urbanísticas. Por eso es preciso educar en el estudio crítico de los planes y sus efectos, analizando los resultados sobre la modificación del paisaje, las mutaciones en las actividades económicas y en la formulación de los problemas.

Así en el caso del acceso a las infraestructuras es preciso analizar algunas cuestiones previas, lo que no siempre sucede. En otras palabras, antes de hablar de infraestructura de transportes será preciso conocer el plan de movilidad de personas y mercancías y cómo se estructura el territorio con las infraestructuras proyectadas. O bien cómo se reduce o amplía la brecha digital con la expansión de las infraestructuras de las tecnologías de información y comunicación.

Son cuestiones y análisis de la realidad que no siempre se consideran. Y algo parecido sucede con el policentrismo. Parece loable el esfuerzo de S. Davoudi por aclarar el concepto a través de ejemplos concretos de diferentes escalas. En una escala local hace referencia a los modelos de ciudad dispersa y difusa, para contrastarla con la ciudad compacta. Es un asunto que requiere un tratamiento más preciso, pues habría que considerar umbrales de densidades, eficacia en el funcionamiento de las infraestructuras y percepción de calidad de vida. Algo que no se suele realizar y que da lugar a una distinta tipificación para una misma ciudad, como se recuerda en el caso de Los Ángeles (página 130). Más precisa es la explicación del policentrismo regional, en especial en una escala europea, con ejemplos precisos y con preguntas relevantes, como las que formula en la página 134: ¿cuál es la proximidad razonable? Y ¿cómo medimos la conexión funcional? entre ciudades de una misma región policéntrica.
 

Europa como sistema urbano policéntrico

Todo ello conduce a preguntarse sobre la posibilidad de una Europa policéntrica. Pero cabe antes cuestionarse si esta posibilidad es relevante para el futuro europeo o por el contrario es más coherente plantearse los problemas de vivienda, servicios públicos y control del paisaje. A mi modo de ver el policentrismo es un concepto poco riguroso para definir los desequilibrios europeos, que empiezan por la distinta rentabilidad del suelo en función de las expectativas mercantiles de los productos finales que se pueden construir sobre él. Por eso habría que analizar qué sucede con el mercado del suelo y cómo ello afecta al desarrollo territorial. E incluso preguntarnos cómo se puede controlar este mercado.

La difusión del objetivo de una Europa policéntrica va inserta en la búsqueda de una estructura urbana equilibrada, donde “la distinción entre ámbitos rural y urbano ya no es una dicotomía válida para definir el espacio europeo”, nos señala H. Aalbu al inicio de su artículo (página 145). Coincido con este planteamiento, tal como hemos venido defendiendo para el caso de Galicia desde hace años5, pero ello debe ser usado con precisión y debe ir acompañado de las propias finalidades de la ETE. Me refiero a la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo de las periferias urbanas y los espacios hegemónicos, que poseen más accesibilidad, mejores servicios y más concentración de capital.

Con ello quiero significar que hay voces interesadas que interpretan la disolución del mundo rural tradicional en el sentido que ya ha desaparecido de las proximidades de las ciudades y que, por tanto, no se debe preservar la huerta, tanto sea en las proximidades de Valencia en el Mediterráneo como en las de Vigo en el Atlántico. De esta manera se trata de presentar a las personas defensoras del medio rústico, entendido como modo de vida, de trasnochados o gente que tiene poco que hacer. Las reivindicaciones de los Salvem en Valencia y de grupos semejantes en otras ciudades son presentados ante la opinión pública como obsoletos y bucólicos. Sin embargo, cuando se analiza con cuidado estas reivindicaciones podemos encontrar su fuerte contenido político: enfrentarse a una política de tierra quemada, donde todo terreno es susceptible de ser convertido en solar edificable6. Una teorías que no son nuevas, como ya nos enseñó en su momento la geografía muniquesa con el concepto de barbecho social.

Por eso es necesario relacionar los objetivos de la ETE entre sí y desarrollar las posibilidades de cooperación entre espacios diversos. La definición de policentrismo tiene aspectos muy positivos tal como la enuncia H. Aalbu: “Un sistema urbano policéntrico es una organización espacial de ciudades caracterizada por una división funcional del trabajo, por su integración económica e institucional y por su cooperación política” (página 147). Para ello propone una serie de medidas entre las que podemos destacar la mejora de los vínculos entre los centros urbanos de una región y el aumento de calidad de vida de los centros urbanos secundarios, para hacer frente a la dispersión periurbana. La aportación de datos empíricos que acompaña a sus argumentaciones nos permite calibrar hasta que punto el sistema urbano es policéntrico o jerárquico, para lo cual es útil utilizar los indicadores que el proyecto ESPON 1.1.1 ha sistematizado. Pero en el fondo late la misma incógnita: si el sistema urbano policéntrico implica una cooperación política entre diversas instituciones, ¿quién actúa con la generosidad de poner sobre la mesa de un grupo de alcaldes de diferente signo político sus planes estratégicos? Para resolver esta cuestión es preciso adoptar decisiones políticas en una escala diferente a la local: regional, autonómica, estatal o interestatal. Y aquí radica el juego de las palabras en la cual es preciso introducirse: hasta dónde debe alcanzar la autonomía local para ejercer las competencias de urbanismo.
 

Las experiencias diversas de planeamiento en Europa

La primera parte de esta publicación se cierra con el análisis de dos experiencias concretas en planificación territorial. Por una parte Inglaterra y, por otra Alemania. En el primer caso la profesora S. Davoudi no presenta en su esbozo histórico los dos grandes problemas de la planificación que todavía persisten: el alejamiento de los técnicos de las preocupaciones de la población y la hegemonía del mercado sobre la idea de planificación de las autoridades públicas. En un caso estamos ante el intervensionismo ilustrado y tecnócrata, en el otro en el triunfo de los poderes económicos.

La reflexión que nos propone entiendo que es útil como líneas políticas teóricas: desarrollo sostenible, enfoques globales, cooperación y delegación de competencias. Para que este modelo funcione hace falta un sistema de planes integrados, tal como nos muestra la figura 1 (página 178), donde existe toda una jerarquía organizativa; con un sistema de poderes que se ancla en una estructura regional. Y un sistema que se preocupe tanto por los lugares como por las personas, como señala en las conclusiones del artículo (página 189). De esta manera sí es posible avanzar hacia un sistema urbano policéntrico y equilibrado que permita la integración del medio rural en la dinámica urbana.

Por su parte K.P. Schön nos ilustra cómo se puede desarrollar una política territorial integrada y global desde un sistema político descentralizado, como es el caso alemán. Los 16 länder, 439 kreise (condados semejantes a comarcas) y los 15.700 municipios tienen autonomía y competencias en materia de ordenación. Su aportación nos indica la acción positiva que significó la introducción del nivel regional entre los länder y las competencias locales, pues facilitó la coordinación y colaboración entre municipios y condados, pues precisaban de la aprobación regional para poder evaluar el impacto que produciría en el conjunto regional.

Las lecciones del Estado alemán se podrían extrapolar a España, donde contamos con 17 Comunidades Autónomas con competencias plenas en urbanismo y ordenación del territorio. Así la Conferencia de Ministros de Ordenación del Territorio de los länder nos invita a pensar en la misma figura orgánica en el Estado de las Autonomías. Por su parte el nivel intermedio regional debería suplir las antaño competencias de la Delegación Provincial de Urbanismo7, pues las provincias tienen una enorme heterogeneidad y sería más aconsejable tomar como punto de partida las regiones funcionales y las áreas metropolitanas y urbanas. Algo parecido, por cierto, a lo que ha hecho Portugal en 2003 con la creación de Grandes Áreas Metropolitanas e Comunidades Urbanas, que se constituirán como tales en 2004, no sin recelos y conflictos entre municipios.

Aquí radica una de las cuestiones clave del planeamiento territorial. La delimitación de áreas implica un reparto del poder político y la agregación de municipios en unidades regionales con su propia burocracia. El ejemplo de plan de comarcalización de Galicia mostró hasta qué punto una estructuración del territorio hecha “desde arriba”, o sea desde la Xunta de Galicia8, no ha solucionado problemas y ha generado un aumento de identidades localistas, bien estimuladas desde el poder municipal. Hace falta una cultura de gestión territorial que se difunda desde los poderes políticos, sin miedo a perder control e influencia local, y con un trabajo técnico que permita la participación, y no tanto la asistencia a reuniones para legitimar proyectos ya trazados. Las aportaciones de la geografía de la percepción deberían ser tenidas en cuenta en este momento, así como las técnicas de sociología para abrir debates críticos participativos. Esta ausencia de cultura territorial también parece que es consustancial al ámbito académico, pues los centros líderes de los programas europeos (por ejemplo los que forman parte del Observatorio en Red de Ordenación Territorial, ESPON en sus siglas en inglés) pertenecen sobre todo a los países escandinavos, así como a Reino Unido y Alemania. Una tendencia que parece cambiar en los últimos lustros.

En este sentido parece correcto analizar las buenas prácticas que nos muestra Alemania, donde se ha avanzado más que en España o Italia en diseñar un conjunto de instrumentos de planificación territorial que estén coordinados. Ello sería muy relevante para las investigaciones locales, pues es común la queja de agentes sociales y económicos respecto a la consulta reiterada que se hace de sus posiciones sin ningún tipo de coordinación9.
 

El caso español: un federalismo funcional y una estructura política tradicional

Como hemos señalado, la segunda parte del libro se dedica a analizar la situación española. Juan Romero aborda en sendos artículos (páginas 215 a 232 del libro y 59-86 del monográfico de la AGE) el estado del funcionamiento federal del Estado español. Defiende que la administración autonómica (17 Comunidades Autónomas) y la local también son Estado y que el territorio debe ser entendido de otra manera en la sociedad de la información, donde las fronteras administrativas y culturales son más difusas.

Su contribución invita a un optimismo en la actuación política, sobre todo si gira alrededor de los principios de la gobernanza (repolitización, proximidad y actitudes relacionales), en especial en la escala local. Una manera de abordar la problemática de la gestión compleja del territorio que posee obstáculos bien definidos, en especial en las tensiones producidas por el recurso al bilateralismo entre administraciones, que más parecen competir y oponerse que coordinarse. En este listado de problemas no podemos olvidarnos de dos de ellos, que están bien reflejados en su síntesis: la carencia de un marco estable de coordinación (Conferencias Sectoriales) y las funciones que desempeña la administración local, por encima de las que les corresponden por competencias y financiamiento (página 66). Unas sobredimensión de competencias que está en el origen de algunas prácticas fraudulentas en el urbanismo local, con la pretensión de recaudar más fondos económicos.

Creo que el acierto de la contribución de Juan Romero es saber conciliar el lenguaje académico con el político y jurídico. Ello se constata cuando precisa el sentido de los principios de coordinación y cooperación, conceptos que son fundamentales para poner en marcha una gestión del territorio desde diversas administraciones (La España compleja y plural). Como señala, sin duda condicionado por su experiencia, “el impulso a una determinada dirección no es tanto una cuestión normativa como de voluntad política” (pág. 72); una acción política que más de una vez se transforma en táctica partidista y gestión burocrática que la aleja de las necesidades sociales y personales.

Este artículo debería iniciar el número monográfico de la revista de la AGE, pues nos presenta algunos ejemplos de gestión integrada del territorio (autoridad regional fronteriza, planes estratégicos metropolitanos, comarcalización) que después se abordan en las páginas siguientes. Respecto a las perspectivas de futuro creo que es preciso entender que las “obligaciones” europeas, o mejor recomendaciones de Bruselas, están influyendo en la toma de decisiones local, pero con un balance que a veces es claramente negativo, como él mismo reconoce en la página 81 respecto a las Agendas 21 locales.
 

Los instrumentos de gestión del territorio en España: voluntades y frustraciones

Los dos artículos que vienen a continuación nos ofrecen un análisis de dos instrumentos de gestión del territorio que se han venido utilizando con asiduidad. En especial los Planes de Ordenación del Territorio, derivados de la asunción de competencias por las Comunidades Autónomas y la consiguiente redacción de las directrices de ordenación territorial, que no se han desarrollado en todas las Autonomías. El estudio realizado por los colegas de la universidad sevillana (José Mª Feria y otros) nos sintetiza la legislación española transferida a las Comunidades y su incidencia en los planes territoriales, sectoriales o en los impactos ambientales. La amplia documentación que se ha recogido es una base de datos muy útil para cualquier trabajo de índole comparativa, pues nos permite comprobar la dinámica de la gestión del territorio en ámbitos regionales y subregionales (metropolitano, litoral y rural-ambiental). Sin embargo sus afirmaciones en el sentido de que los “planes de ordenación del territorio sobre espacios litorales está mostrando la capacidad de este instrumento para intentar abordar modelos de desarrollo territorial sostenibles” (página 115) parece que se contradice con el análisis empírico de la situación de las costas del Mediterráneo en España.

Por su parte el grupo de profesores levantino (Joaquín Farinós y otros) nos muestran la relevancia de la planificación estratégica territorial, que aparece en las dos últimas décadas del siglo XX y que tiene una influencia relativa en los planes de desarrollo de empresas e instituciones, sobre todo por el carácter voluntario de las agrupaciones supramunicipales. Además como señalan, siguiendo el juicio de J. Borja, persona con amplia experiencia en este campo, existe un gran riesgo en la planificación estratégica: la banalización (página 121). En efecto, muchas veces el planeamiento estratégico ha derivado en una mala campaña de marketing territorial, para más tarde finalizar en una campaña de propaganda institucional.

La experiencia que he conocido en espacios atlánticos (Vigo, Eixo Atlántico) pone de manifiesto la necesidad de contar con un proceso de dirección política fuertemente anclado en aspectos visibles territoriales, lo que no siempre sucede. En más de una ocasión se solapa en planeamiento estratégico y el urbano, pero acaban realizándose de espaldas uno al otro, sin coordinarse entre sí ni con otros instrumentos de planeamiento como las Agendas 21. Más que nueva jerga política (gobernanza, intermodalidad, descentralización, bottom-up) lo que se necesita es una metodología de participación ciudadana y unas metas que velen por los principios de la coordinación entre instituciones y programas, lo cual evitaría el derroche financiero en estudios que repiten los mismos diagnósticos.
 

La gestión del territorio y la necesidad del cambio administrativo e institucional

Los dos artículos que siguen nos presentan experiencias prácticas en el ámbito de la colaboración institucional. Son estudios sobre las mancomunidades (Pilar Riera y otros) y sobre consorcios y comarcas (Fermín Rodríguez y otros), o sea agregaciones de municipios de forman voluntaria, o no, para disponer de mayor umbral demográfico. Creo que aquí reside uno de los grandes valores positivos de este monográfico, tal como sucedía en la recopilación del planeamiento territorial y estratégico. Contamos de esta manera con una exhaustiva base de datos que nos presenta un conjunto de experiencias plurales que nos permite valorar sus ejemplos de buenas prácticas.

En ambos casos lo que pone de relieve una verdad incuestionable: el mapa municipal diseñado en el siglo XIX no es funcional para las necesidades de la población de los albores del siglo XXI. Es preciso abordar una “reforma profunda que modifique sustancialmente la fragmentación del mapa municipal”, como se indica en la página 153. Los objetivos que poseen las mancomunidades, que se clasifican por los autores en nueve grandes grupos, nos ponen de manifiesto esta falta de operatividad del mapa municipal: seguridad, promoción social, tratamiento de residuos, cultura... Es decir, todos los grandes servicios públicos que el Estado debe prestar al ciudadano en contrapartida al pacto cívico establecido, a través de la mediación de impuestos y cesión de soberanía cada cuatro años.

Debemos agradecer el trabajo de síntesis que se ha realizado en ambos casos, lo que muestra la utilidad que tiene la geografía política, poco valorada en la segunda mitad del siglo XX en España. Sin embargo sugerimos para próximas publicaciones el análisis del funcionamiento en la práctica de algunos casos seleccionados de mancomunidades, comarcas y consorcios, para poder evaluar su respuesta a las demandas cívicas y ver si no reproducen artificialmente el juego partidista del reparto del poder local10.

En la misma línea de información sobre formas institucionales que ordenan el territorio aparecen dos nuevos artículos: los planes de excelencia y dinamización turística, y los espacios protegidos en España (artículos coordinados por Pere J. Brunet y Miguel A. Troitiño respectivamente). Como se puede percibir fácilmente se trata de ofrecer una panorámica descriptiva sobre las políticas de protección de los medios naturales y su utilización como recurso turístico. En este último caso se trata de hacer frente a la crisis del modelo turístico tradicional de sol y playa.

Lo que más nos debe preocupar como ciudadanos, además del interés geográfico que se pueda desprender del estudio de las transformaciones espaciales, es la falta de coordinación entre quienes toman decisiones de protección y los que gestionan el territorio. La duplicidad de departamentos de medio ambiente y ordenación del territorio nos indica la falta de coordinación de la administración, lo cual genera conflictos entre instituciones y confunde al ciudadano, que se debate entre la perplejidad y la impotencia. Como se expone en la página 232 “ante el complejo problema del reparto de competencias medioambientales entre las diversas administraciones, no se ha llegado a perfilar una estrategia clara para establecer una red de Espacios Protegidos”. Y asombra todavía más la variopinta tipificación de los espacios: Parques (con seis denominaciones diferentes); Reservas (con catorce tipologías), Monumentos Naturales (con dos tipos) y Paisajes Protegidos (sin variantes).

Los cuatro artículos siguientes hacen referencia a la financiación de la Unión Europea de proyectos de ordenación territorial. El primero de ellos analiza la iniciativa comunitaria Interreg (Julián Mora y otros); el segundo estudia la experiencia concreta del programa Terra en la escala local (Mª Isabel Martín); el tercero estudia la iniciativa Equal, que relaciona la equidad social y el desarrollo (Eugenio Ruiz Urrestarazu y otros); por último se estudian los Pactos territoriales a favor del empleo (Rubén Lois y otros). No hay duda de la incidencia de la política europea no sólo en la orientación de planes de desarrollo territorial, sino también en el cambio de imagen de las zonas fronterizas, además de las transformaciones que se operan en infraestructuras y política ambiental. La financiación europea ha dado lugar a numerosas obras de infraestructura, estudios técnicos y también campañas de imagen. Pero sin esta intervención sería difícil explicar algunas modificaciones del paisaje español. Lo que quisiera destacar en estos artículos es la importancia de las iniciativas institucionales para generar desarrollo económico y social, que se utilizan como factores básicos de la gestión del territorio. Aquí reside una de las claves de toda la política europea: la gestión pública desde iniciativas institucionales y desarrollo desde la oportunidad del beneficio privado empresarial. El equilibrio entre ambos polos estará condicionado por la fuerza de la ciudadanía activa, que se movilizará o no según su grado de concienciación sobre los cambios institucionales y legislativos que ordenan su vida cotidiana y el territorio en el cual viven.

La iniciativa Interreg se financia desde el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y como tal pretende desarrollar tres tipos de actuaciones: la cooperación transfronteriza (zonas contiguas); la cooperación transnacional y la integración en redes interregionales. De acuerdo a estos ámbitos de trabajo se formulan las iniciativas Interreg A, B, C. La más importante por su cuantía y por las mutaciones a que ha dado lugar es la iniciativa IIIA, que afecta a las zonas fronterizas de España con Portugal, Francia y Marruecos. Y dentro de éstas la más importante es la que afecta a las relaciones hispano-lusas, que determinaron la construcción de numerosas infraestructuras no sólo de transporte, sino también del ciclo del agua y energía. Por su parte, los proyectos con Marruecos inciden sobre todo en el fomento de la cooperación e integración social e institucional y en el caso de Francia el desarrollo de actividades y del empleo.Las iniciativas Interreg plantean además las necesarias transformaciones institucionales para hacer efectiva la colaboración transfronteriza. El Tratado de Bayona, entre España y Francia, o el de Valencia entre España y Portugal, crean las bases para que el poder  local pueda llegar a acuerdos a un lado y otro de la frontera. En este sentido un impulso relevante será la reciente Ley de Bases de Régimen Local, del año 2003, que plantea en su artículo 87 los consorcios transfronterizos para la gestión de los servicios públicos locales; un marco legislativo en proceso de revisión en el año 2006.

Para poder valorar los métodos y técnicas de ordenación del territorio a escala local se ha desarrollado el programa TERRA. Se incardina dentro de la misma filosofía que la ETE, así rápidamente se adapta a los tres grandes objetivos de la Estrategia Territorial Europea, de tal modo que los proyectos analizados (ocho de los cuales registra la participación española) inciden en el desarrollo territorial policéntrico, en el acceso a las infraestructuras y en la gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio cultural.

Del estudio realizado por Isabel Martín se deduce que el programa Terra permite desarrollar un conjunto de temas que inciden en la vertiente metodológica de la Ordenación territorial: participación, indicadores de sostenibilidad, políticas comunitarias e información. Entiendo que la creación de bases de datos fiables y renovables constituye un reto para cualquier política de ordenación, pues en los trabajos de campo se puede constatar la dificultad de comparar datos de diferentes Estados, que en apariencia deberían ser semejantes. Por eso celebramos la creación de proyectos sobre Sistemas de Información Geográfica (como Eurogise, o INSPIRE11), pues permitirán disponer de una información fiable para planificar. Tal como hemos indicado al inicio de esta reseña, recordando las palabras de Andreu Ulied, es imposible gestionar un territorio si desconocemos los datos precisos del medio sobre el que se quiere intervenir. Los SIG son un buen instrumento para alcanzar una base de datos geográfica, pero no podemos olvidar la presencia de otros datos cualitativos que son cartografiables, como los espacios vitales, que forman parte de la identidad colectiva, aunque no sean perceptibles en las estadísticas oficiales.

Tanto este artículo como el que analiza la iniciativa Equal (Eugenio Ruiz Urrestarazu y otros) poseen el valor añadido de ofrecer una información exhaustiva sobre la localización de los proyectos en diferentes lugares de España. En este caso se pone en relación el empleo con el desarrollo territorial, que es otro de los grandes objetivos de la política regional europea: la competitividad y la cohesión social. Los cuatro ejes de la iniciativa Equal inciden en la inserción profesional, la igualdad de oportunidades y en la adaptabilidad, por una parte más social, y fomentar el espíritu de empresa, por la otra más económica. No estoy de acuerdo con la frase que expresa que “dada la finalidad eminentemente social de este programa parece lógica la escasa presencia de aportaciones privadas” (página 315), a no ser que concibamos la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas privadas como un refuerzo de los poderes públicos a las estrategias de beneficio privado. Experiencias de países nórdicos han demostrado que es posible obtener beneficios económicos a través de políticas sociales12. Así la iniciativa Equal pone sobre la mesa la hipocresía de algunas actuaciones empresariales, que sólo colaboran con un beneficio seguro, sin querer arriesgar a invertir en opciones de futuro social; por ejemplo la inversión en educación escolar supone una disminución de gasto en prisiones en un futuro a medio plazo.

El estudio de los pactos territoriales a favor del empleo (Rubén Lois et al.) está muy relacionado con el artículo anterior, pues suponen la relación entre las políticas sectoriales y la gestión del territorio. Se trata de valorar la cooperación territorial entre las administraciones públicas de diferentes escalas con empresas y otros agentes locales. El origen de estos pactos está relacionado con la preocupación con la situación de paro que vivía Europa en el último decenio del siglo XX. Se plantea así una Estrategia sobre el empleo que combinara la cohesión social y la competitividad. Los principios que definen estos pactos introducen las variables territoriales e innovación, con el objetivo de crear un consenso a través del diálogo social. Es pues un ejemplo del nuevo paradigma de la concertación social que prima sobre las relaciones laborales en los años del tránsito del segundo al tercer milenio. Las medidas adoptadas en España suponen por una parte un conjunto de acciones para promover empleo en zonas en crisis laboral y, por otra, el fomento de nuevas actividades relacionadas con la sociedad de la información. La experiencia conocida en algunos casos puntuales (como el PAVACE en la Comunidad Valenciana) suponen más una campaña institucional a favor de la concertación que una política decidida de creación de empleo, lo que nos obliga a analizar  con cuidado los resultados de estos planes, adoptando una posición prudente sobre los resultados de estas acciones, tal como manifiestan los autores de este artículo en la página 350 del monográfico de la AGE.
 

Una nueva perspectiva de los espacios rurales y urbanos en el desarrollo sostenible

Los tres últimos artículos analizan tres iniciativas europeas que deberían conducir a un modelo de desarrollo sostenible, en la línea de las recomendaciones derivadas de las Cumbres Internacionales sobre Medio Ambiente (Kyoto, Río, Johannesburgo). En el primer caso se trata de la iniciativa comunitaria Leader (José L García y otros), después el programa Proder (Juan I. Plaza) y por último las Agendas 21 (Pere Brunet y otros). Echamos en falta un análisis de las programas Urban, que tanta incidencia han tenido en la renovación de los centros históricos urbanos y, también, de barrios periféricos y en situación de marginalidad.

La iniciativa Leader y el programa PRODER nos remiten al problema del futuro del mundo rural en la Unión Europea, preocupación que ya se planteó en una conferencia específica en 1988 y se ratificó en otra realizada en la ciudad irlandesa de Cork en 1996. La UE se ha planteado como hacer frente a la despoblación del mundo rural, a la pérdida de rentabilidad económica de las producciones y a la invasión de la cultura urbana que ha modificado el paisaje tradicional. De esta manera se han generado medidas para potenciar el medio rural desde una perspectiva territorial y “participativa” a través de la creación de los Grupos de Acción Local a finales de los años ochenta. En la práctica se busca una colaboración entre las instituciones públicas y algunos particulares, en especial empresarios jóvenes que pueden dinamizar el medio rural. Sin embargo, muchos de estos proyectos han conducido más a unas estrategias que respondían a requerimientos urbanos y no tanto a las demandas de las personas que viven constantemente en el medio rural.

Sin duda los planes que se generan en las iniciativas Leader (en especial Leader +) y en los programas PRODER se relacionan con la PAC, con el proceso de ampliación de la UE a 25 países (lo que hace aumentar en una tercera parte más el número de agricultores), y con las características del mercado planetaria de productos alimentarios. Y en este contexto la política europea se dirige sobre todo a la valorización de los productos locales y los recursos naturales y culturales, con la esperanza de que con la ayuda de los nuevos conocimientos y tecnologías puede mejorar la calidad de vida. Sin embargo, la implantación de estas iniciativas a veces chocan con proyectos que surgen de políticas sectoriales, que utilizan el medio rural como soporte de producción de recursos para negocios ajenos a lo local; así se comprueba en la instalación de aerogeneradores, o en la explotación de recursos mineros.

La fragilidad de estas iniciativas y programas estriba en la falta de un compromiso institucional para desarrollar actividades semejantes una vez que finalicen los fondos extraordinarios europeos, a la vez que se hace preciso un estudio integral del medio rural. Sin duda una de las claves más decisivas será la movilización de los agentes locales para poder responsabilizarlos de sus territorios futuros. Parece evidente que las medidas llevadas adelante por el programa PRODER facilitan el fomento de pequeñas empresas y servicios a las empresas en el medio rural, lo que permitirá contar con proyectos para la mejora de las producciones agrarias y forestales. Sin embargo de los grandes ocho ejes estratégicos destacan los que se dirigen a la mejora del sector turístico asociado al patrimonio rural.

El estudio de los programas e iniciativas desarrollados en España nos indican que existe una tendencia muy evidente a desarrollar un espacio rural relacionado con las expectativas urbanas. En este sentido se estaría muy próximo a los objetivos del sistema urbano policéntrico y a la integración del medio rural en el urbano. No obstante, hasta el momento presente lo que ha existido es una “invasión” del medio rural por parte de los “urbanitas”, que han construido, especulado, transformado y degradado el ecosistema. Lo que nos tenemos que preguntar es si estas iniciativas y recomendaciones de la tecnocracia europea puede corregir o paliar esta tendencia que se presenta falsamente como “espontánea”.

Las agendas 21 locales tienen un origen en el Programa 21 que forma parte de uno de los cuatro temas analizados en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 respecto a un modelo de desarrollo ecológico alternativo: los principios, el cambio climático, la biodeversidad y el programa 21; en el capítulo 28 de éste se hace referencia al papel de las autoridades locales. De ahí deriva la carta de las ciudades y municipios europeos hacia la sostenibilidad (Aalborg, 1994) que prosigue con otras actuaciones tomadas en los encuentros de Sevilla, Lisboa... y que buscan una nueva manera de relacionarse con la ciudadanía.

En consecuencia, los programas de sostenibilidad, y las agendas 21 lo son, buscan desarrollar el bienestar social y la calidad de vida desde una política que busque la distribución equitativa de la riqueza y la utilización racional de los recursos. En este sentido la política ambiental supone una alternativa contundente al modelo de crecimiento urbanístico que ha caracterizado la ordenación del territorio en España.
 

Conclusiones: Replanteando la utilidad política de la geografía

Los dos volúmenes que hemos comentado afectan de una manera decisiva a la comprensión y utilidad de la geografía como forma de conocimiento que aspira a ser útil a la formación ciudadana. El papel del geógrafo como persona que sabe interrelacionar diferentes escalas espaciales en el análisis de los problemas sociales parece evidente. Incluso hay quien afirma que su papel en la definición de los proyectos locales es fundamental13.

Si A. Ullied planteaba cómo se relacionaban las teorías de los técnicos con las acciones y responsabilidades políticas en el marco europeo, nosotros podemos cuestionarnos si la geografía es capaz de asumir el reto de responder a las exigencias de la sociedad española y europea en el horizonte de una sociedad saturada de información y con objetivos de competitividad económica que incide en la valoración del territorio como agente y factor de desarrollo.

Para ello es preciso que la geografía abandone la descripción enciclopédica y aprenda a trabajar sobre problemas. Ello implica una decisión educativa que afecta a las técnicas didácticas. Pero también a un compromiso político con la sociedad en que vive y trabaja el geógrafo. Viejos problemas que requieren nuevas respuestas.

El gran mérito de estas dos publicaciones, desde mi perspectiva, es la integrar la preocupación política territorial como un gran objetivo de la geografía académica. Sin duda son publicaciones de síntesis que narran experiencias globales y que evalúan mucho menos experiencias concretas. Pero es preciso abrir un nuevo campo de investigación que de respuestas a las demandas sociales. En caso contrario aparecerán nuevas ciencias y formas de conocimiento, tal como ha sucedido en la reciente historia de la geografía.

En este ámbito de investigación creemos que será de gran utilidad recuperar el trabajo de campo y la combinatoria de escalas para definir estos problemas. Entendemos que es necesario delimitar algunos territorios en los cuales existen programas europeos o proyectos estatales sobre el desarrollo sostenible con el objetivo de analizar la participación social, el respeto a las dinámicas ecogeográficas del medio y la relación entre localidades y medios en un sistema policéntrico.
 

Notas

 
13 Me refiero al libro de BLÁZQUEZ, M.; CORS, M.; GONZÁLEZ, J. y SEGUÍ, M. (coordinadores). Geografía y territorio. El papel del geógrafo a escala local, Palma: Universitat de Les Illes, 2002.
 
 
 
 

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Ficha bibliográfica

SOUTO GONZÁLEZ, X. M. L estrategia territorial europea: racionalización o privatización del espacio geográfico. Biblio 3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XI, nº 664, 20 de julio de 2006. [http://www.ub.es/geocrit/b3w-664.htm]. [ISSN 1138-9796].

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