EL MOVIMIENTO 15-M Y EL DEBATE SOBRE EL ESTADO Y LA VIOLENCIA EN LOS CAMBIOS SOCIALES

Xosé M. Souto González
Proyecto Gea-Clío
Universitat de València

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El movimiento 15-M y el debate sobre el estado y la violencia en los cambios sociales (Resumen)

El debate mantenido por los profesores Garnier y Capel nos permite interpretar algunas acciones del movimiento 15-M. Destacamos dos aspectos básicos: las actuaciones de los gobiernos locales en la transformación urbana y la gestión de los cambios sociales, con el recurso de la violencia o la desobediencia.

Palabras clave: urbanismo, ciudadanía, movimientos sociales.

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The 15-M mouvement and the debate on the State and violence in social changes (Abstract)

The debate by Garnier and Capel allows us to explain some actions of the movement 15-M. Highlight two key aspects: the actions of local governments in urban transformation and management of social changes, with the use of violence or disobedience.

Key words:  urban planning, citizenship, social movements.

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El debate entre Jean-Pierre Garnier y Horacio Capel, ya citado en varias ocasiones en el Geoforo[1] (www.geoforo.com), nos sirve de pretexto para iniciar este comentario sobre los elementos y factores que caracterizan el Movimiento 15 de Mayo (15-M) en España[2]. En su enfrentamiento dialéctico, J. P. Garnier habla de la necesidad de superar los límites legales impuestos por el Estado capitalista para poder derrocar este sistema, pues sin el cambio revolucionario es imposible la solución de los problemas generados en la sociedad capitalista.

Por su parte H. Capel representa la posición de los avances en la legalidad vigente y no acudir a la violencia revolucionaria. Para él es preciso proponer nuevas leyes, acudiendo a tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la tesis de J-P. Garnier se sustenta en marginalizar los espacios de poder, en vez de conquistarlos. Su opción radica en la formación de grupos autogestionarios, relacionados en una sociedad de redes.

Estas diferencias tienen su razón ética en el recurso a la violencia. Para Capel su ejercicio puede dar lugar a situaciones donde una “vanguardia iluminada” gestione el proceso de cambio y, para Garnier, sería el recurso legítimo ante la violencia del Estado, que no está dispuesto a transformar la situación si no es bajo la amenaza revolucionaria.

Sintetizar los cien folios de debate en tres párrafos es una temeridad. Pero me ha parecido conveniente acudir a esta densa polémica para poder explicar mi posición respecto a dos aspectos básicos. Por una parte, el papel del Estado como regulador, o no, de las aspiraciones ciudadanas que pretenden ejercer su derecho a la ciudad y, en segundo lugar, el recurso a la legalidad y/o a la ilegalidad y violencia como método para modificar situaciones no deseadas.

Como datos empíricos de mi argumentación voy a utilizar algunos hechos informativos que he utilizado en mis investigaciones en la ciudad de Vigo y en otros los que he recogido del movimiento 15-M en la ciudad de Valencia, así como en el análisis de las opiniones recogidas en las asambleas de los barrios de esta ciudad. Opiniones que he procurado contrastar con datos fehacientes obtenidos de fuentes oficiales, como en su momento haré constar.

El papel del Estado

La Constitución española de 1978 define a España en su artículo 1 como un Estado democrático y de derecho.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Sin embargo, cundo leemos el artículo 6 de la Constitución observamos que la manifestación de la voluntad popular reside en los partidos políticos.

Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Desde mi posición de ciudadano e investigador de hecho sociales en el espacio esta afirmación tiene una importancia fundamental. Transforma la legitimidad de la soberanía nacional en la legitimidad de la representatividad de los partidos respecto a la voluntad popular.

Ello ha quedado de manifiesto en los medios de comunicación cuando tras el éxito de movilización del 19 de junio en las principales ciudades españolas enfrentaban las cantidades de personas movilizadas con el número de personas que habían votado el 22 de mayo[3]. Esta oposición de legitimidades se observó también en las declaraciones de los principales grupos políticos españoles, mientras que sus agrupaciones juveniles matizan la opinión de los aparatos partidistas, seguramente por complicidad generacional[4].

Si acudimos a la opinión del movimiento 15-M en sus diferentes manifiestos y programas encontramos que el núcleo de sus demandas estriba en la escasa legitimidad que conceden a la representatividad política: “Respeto real a los valores de justicia, libertad, igualdad y pluralismo”, reclaman desde Valencia[5], o el fomento de la participación ciudadana, planteaban desde Málaga[6] con la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento andaluz.

Todos estos datos guardan una estrecha relación con el debate antedicho y en concreto con la objeción 19 de Garnier:

19/ Llego ahora a lo que tú consideras como “un hecho esencial”, certificado por “datos”: “la capacidad de la administración pública para regular y controlar eficazmente el funcionamiento de la economía, si tiene voluntad para ello”. Lo que tú sintetizas con una formulación divertida: “la Mano Invisible del Mercado puede ser regulada y controlada por la Mano Visible de la Administración Pública” El problema es que esto no es un “hecho”, “esencial” o no, sino una apreciación, un punto de vista, eventualmente una hipótesis y, para mí, un credo o un voto piadoso. Quizás tú tienes una mirada muy aguda para poder discernir la “Mano Visible de la Administración Pública” regulando y controlando el Mercado, es decir a los capitalistas. A menos que tu mirada esté orientada por presupuestos, “estas categorías del pensamiento no pensadas —como decía el sociólogo Pierre Bourdieu— que delimitan lo pensable y predeterminan el pensamiento”. Incluyendo la selección de los “datos” en que tú te apoyas.

Lo que se ve, actualmente, es más bien la mano muy visible de una Administración Pública, teleguiada bajo mano por, entre otros, el FMI, el BCE, los grupos industriales o financieros, y los dirigentes políticos en el poder, sometidos a la dictadura del “mercado” (de Sarkozy a Berlusconi pasando por Papandreou y Zapatero), imponiendo nuevos “planes de rigor” a la mayoría de la población para sacar el capitalismo de la crisis provocada por una minoría de aprovechados. En realidad, lo que los “datos” demuestran, hasta ahora — pero quizás estos no son los mismos que los tuyos—, es que el capitalismo financierizado, flexibilizado y transnacionalizado gobierna el planeta por gobiernos interpuestos. En la lengua nueva — novlang, escribía George Orwell en 1984 —, a esto se le llama governance.[7]

Que da lugar a la respuesta de Horacio Capel:

Otro punto importante es el que se refiere a la capacidad de la administración pública para regular eficazmente el funcionamiento de la economía, si tiene voluntad de hacerlo. La fórmula que utilizo (“la Mano Invisible del Mercado puede ser regulada y controlada por la Mano Visible de la Administración Pública”) no es la primera vez que se emplea y me parece muy acertada. Creo que es posible hacer eso en un sistema democrático, si se tiene voluntad para realizarlo. Es decir, si tiene la mayoría un gobierno de izquierda que sepa bien a dónde quiere llegar.

Hace bien Garnier en considerar que eso es solo “una apreciación, un punto de vista y, más exactamente, un credo o un voto piadoso”. Pero podemos hablar de ello.

Su punto de vista es, como otras veces, simplemente descalificador: “Tú debes tener buenos ojos para ver la ‘mano invisible de la Administración pública’ regular y controlar los ‘mercados’, es decir a los capitalistas. A menos [otra vez la insinuación]-que tu estés orientado por pre-supuestos”. Lo de que uno puede estar influido por pre-supuestos no me cabe duda. Y que la administración pública en muchos Estados no ha querido ni ha sido capaz de regular los mercados es evidente, como muestra la actual crisis financiera y económica. Pero, aparte de que parece que se está aprendiendo la lección, y poniendo en cuestión el modelo neo-liberal en boga durante estos años –al menos, eso espero-, creo que hay diferencias sensibles entre gobiernos de derechas y de izquierda. Pero si se lee bien el texto de mi artículo se verá que no me refería solo a eso, es decir a la regulación de los mercados financieros o mercantiles, de lo que tendremos que volver a hablar, sino a la regulación del urbanismo.[8]

Me gustaría aportar dos conjeturas sobre el funcionamiento del papel del Estado que voy a desarrollar muy brevemente. Por una parte, la que considera que la institución del Estado es una organización política que surge históricamente para determinar el dominio de unos grupos sociales sobre otros. Ello se hace evidente en España en el siglo XIX, pues la consolidación del Estado liberal supone una alianza de clases que se fragua en la Restauración, en gran medida para controlar a las masas que accedían al sufragio universal masculino (desde 1890), dando lugar al control de las votaciones desde el ministerio de Gobernación y a través del sistema del caciquismo.

Por otra, la que considera que los partidos políticos en tanto manifestación de la expresión de la voluntad popular, han patrimonializado el gobierno territorial de España, donde priman más sus intereses que los de la ciudadanía, como queda de relieve en las transformaciones de las áreas metropolitanas o en los debates sobre las Diputaciones provinciales[9]. El Estado se entiende en España como la organización del poder político y supone la institucionalización del sistema de relaciones sociales y su gestión a través de las Administraciones central, autonómica y local. Este hecho no está exento de conflictos, pues como recuerda Joan Romero existe un problema de gobernanza, para utilizar este neologismo citado por Garnier[10]. Son tanto los diferentes niveles de competencias: desde la UE hasta el nivel local, como la interferencia de los agentes y actores urbanos, que es otro de los debates mantenidos y que ahora no vamos a analizar[11]. Además hay una coincidencia en la manera de enjuiciar la influencia que ejercen los oligarcas económicos del FMI y los eurócratas de la UE en los Estados que conforman dicha UE.

Lo que ahora pretendo aportar, desde mi visión parcial y particular del urbanismo, es cómo inciden las relaciones sociales y económicas, mediadas por las instituciones del Estado en la creación de un espacio geográfico, que se delimita como un territorio con sus fronteras monetarias, o sea las que resultan de la calificación del suelo que se transforma en solar construible.

El Estado tal como lo conocemos es una invención del siglo XIX por parte de la burguesía ascendente para controlar precisamente al “Estado llano”, o “Estado general”, tal como lo definía el Diccionario de la Real Academia Española de 1803: Estado llano. Lo mismo que Estado general[12].

Es decir, el origen histórico de este concepto nos conduce a un análisis de las relaciones de clase: “Estado llano: el común de los vecinos de que se componen algún pueblo, a excepción de los nobles”. “Orden, clase, gerarquía (sic) y calidad de las personas que componen un reino, una república o un pueblo”[13].

Esta manera de entender el Estado da lugar a que en la edición de 1869 se incorpore el concepto de “el cuerpo político de una nación” y que en 1936 se haga alusión al Estado de alarma: Situación de inquietud que supone la suspensión de las garantías constitucionales[14]

Por eso en la edición de 2001 aparece “Estado del bienestar: Sistema social de organización en el que se procura compensar las deficiencias e injusticias de la economía de mercado con redistribuciones de renta y prestaciones sociales otorgadas a los menos favorecidos”[15]. Fijémonos que la Real Academia dice “procura compensar”, o sea es un canto al sol dentro de las deficiencias e injusticias de la economía de mercado.

Los datos manejados por mí en la elaboración de la Tesis doctoral sobre la ciudad de Vigo ponían de manifiesto que los conflictos locales sobre el poder territorial no procedían tanto de la presión de las masas populares como de las rivalidades de grupos hegemónicos en su afán de controlar el gobierno local y ejercer su influencia sobre el proceso económico.

Pero los conflictos no evitan los acuerdos. Tanto en la época del franquismo como en la Transición democrática. En el primer caso el Ministerio de Vivienda y las autoridades locales alcanzan un acuerdo para aprobar el Plan General, después de numerosos conflictos que acabaron con el procesamiento de un concejal. Y pese a las disputas con el Colegio de Arquitectos en los años sesenta y setenta se aprobará y gestionará con su apoyo la expropiación para uso hotelero del mercado municipal, se construirá una torre sobre los restos romanos de la isla de Toralla o se edificará el nuevo edificio del Ayuntamiento sobre el patrimonio municipal de San Sebastián[16].

Parecía lógico que las autoridades locales franquistas no defendieran los intereses públicos del espacio y patrimonio público. Pero en  la democracia nos encontramos con un comportamiento semejante. Esta vez son los representantes políticos del PSOE y del PP quienes firman el 12 de junio de 1985 un acuerdo para modificar el Plan General de Ordenación Urbana, que supuso un cambio sustancial en las condiciones de edificación[17]. Y un comportamiento parecido registramos respecto a la participación pública en los debates del actual Plan General[18].

Por tanto puedo concluir que mis investigaciones revelan que las autoridades del Estado no se han comprometido con los intereses ciudadanos en la defensa del espacio público y más bien han sucumbido a los intereses de las fuerzas económicas del urbanismo.

En el caso de la ciudad de Valencia también nos encontramos con una situación en la cual se pone de relieve que el gobierno municipal (esta vez de derechas) frena la rehabilitación del barrio histórico del Cabanyal, después de que el Ministerio de Cultura dictara una orden de declaración de Bien de Interés Cultural, porque se lo ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de mayo de 2009. Esta declaración impedía la destrucción de la trama del barrio por parte del ayuntamiento gobernado por el PP, que pretendía prolongarla avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, destruyendo la trama histórica.

Ello ha dado lugar a que frente a las reivindicaciones de los vecinos, que quieren rehabilitar sus casas, el gobierno local paraliza las obras de rehabilitación, pues ello no interesa a los actores económicos interesados en su transformación. Incluso en esta pugna partidista interviene el gobierno autonómico, que pretendía derogar la orden ministerial. Como se ve una pugna partidista que afecta a la conservación del patrimonio histórico, sobre el cual se han manifestado numerosos vecinos[19].

 

 

En consecuencia, yo afirmaría que mis investigaciones geográficas sobre las ciudades de Vigo y Valencia muestran que ha existido una connivencia de los gobiernos municipales con las fuerzas económicas. Es decir, han contribuido a transformar en mercancía los solares y el valor de uso del patrimonio y suelo municipal. Y lo más grave es que esta actitud se puede tipificar como una de las continuidades históricas, pus ya existían en el franquismo y han continuado con la democracia, donde la complicidad de los gobiernos del PP y del PSOE ha sido evidente.

Todo ello ha derivado, junto a otros factores, en la protesta ciudadana del 15-M. Y ello nos lleva a un segundo comentario, esta vez sobre los cambios que se pueden producir y las maneras de gestionarlos.

Los cambios sociales y la violencia ciudadana

Una de las mayores simpatías que manifiesta el movimiento nacido de la indignación, ante la situación de crisis económica y política de España, es la que se relaciona con el carácter pacífico de sus reivindicaciones. Así una mayoría de españoles (más de tres cuartas partes de los preguntados) consideraban que las peticiones de este movimiento eran justas, pues estaban cargadas de razón para un 80 por ciento de los entrevistados por Metroscopia para el diario El País.

Destacaban de forma casi unánime (90%) la demanda de que los partidos deben introducir cambios en su forma de funcionar para prestar más atención a lo que piensa la gente. La mitad de los electores (51%) afirma que los partidos representan solo sus propios intereses y únicamente el 19% cree que representan realmente los intereses de la mayoría de los ciudadanos.[20]

Más del 85 por ciento manifestaban su desacuerdo con la prescripción de la corrupción política, con paralizar los ERE en empresas con beneficios, así como la necesidad de que la banca devuelva el dinero que se le ha prestado para sus problemas y que se pueda cancelar la hipoteca por el sistema de dación[21].

Precisamente las acciones para evitar los desahucios dentro del movimiento ciudadano del 15-M nos permite valorar las actuaciones que bordean la legalidad y que impiden ejecutar las sentencias judiciales.

La facilidad con que se concedieron los créditos hipotecarios ha conducido a esta situación de desalojos y desahucios. La película Inside Job[22] retrata perfectamente la ausencia de control por las autoridades estadounidenses en la fiscalización del mercado crediticio e inmobiliario. Y algo parecido ha pasado en España donde las compañías de tasación estaban vinculadas a las entidades financieras y sobrevaloraban los bienes para que se pudiera conceder una hipoteca más elevada.

Los cálculos actuales nos indican que según el Consejo del Poder Judicial el número de desahucios ha aumentado un 36,9 por ciento en el primer trimestre de 2011 respecto  al mismo período del año anterior. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca este número es todavía mayor en realidad, pues miles de familias al ver que no pueden pagar se autodesahucian; según este movimiento social el número real de desalojos en 2010 duplicaba las cifras oficiales.

Ante esta situación se ha intentado proponer una medida de Iniciativa Legislativa Popular. El objetivo es que la dación del bien suponga la cancelación de la deuda, pues eso no ocurre actualmente. Además al ejercer la entidad financiera la potestad de quedarse en la puja con el piso por la mitad de su valor la deuda se alarga muchos más años.

Sin embargo, esta I.L.P. como todas menos una de las setenta presentadas desde la existencia del texto constitucional no ha prosperado. En las asambleas del 15-M se hizo referencia a los mecanismos constitucionales para fomentar la participación ciudadana, esencia misma del sistema democrático. En el caso de España el artículo 87.3 y las Leyes Orgánicas 3/1984 y 4/2006 regulan este derecho. En el caso de Portugal son el artículo 167 de la Constitución y la Ley 17/2003. La comparación de ambos procedimientos llama la atención sobre sus diferencias: en España son necesarias medio millón de firmas, mientras que en Portugal llegan con 35.000, pero también una petición pública de modificación legal es oída en la Asamblea de la República si va acompañada de 4.000 firmas. Si obtenemos los números relativos respecto a la población de España y Portugal para el año 2010 (poco más de 48 y 11 millones de personas) vemos que la proporción es mucho mayor en el caso español y que además las iniciativas no se consideran ni a trámite.

Creo que este es uno de los conflictos más graves entre las legitimidades de la representación de la soberanía nacional. En España sólo ha tenido éxito una Iniciativa Legislativa Popular, avalada con 830.00 firmas, en relación con la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 8/1999). Sin embargo, otras iniciativas, como la impulsada por casi 600.00 firmas en relación con la financiación de la Ley de Educación de 1990 no tuvo eco en la sensibilidad parlamentaria. Por 155 votos frente a 150 se tumbó la simple consideración a debate de dicha ley en diciembre de 1996, que estaba avalada por más de 600.000 firmas. Es decir se rechazó la toma en consideración de la proposición de Ley por una alianza entre los partidos conservadores de España (PP, PNV, CiU) que echaron en cara al PSOE que no aprobara dicha medida cuando gobernaba y aprobó la LOGSE[23].

Una vez más asistimos a la deserción de la manifestación popular a través de la democracia representativa. Por eso entiendo que se bordee la legalidad en actos como el de la Jornada de Reflexión del 21 de mayo, en el bloqueo de las puertas donde viven personas que van a ser desahuciadas o en las desobediencia civil ante propuestas de los partidos políticos para gestionar la vida local, cuando impiden que puedan hablar los colectivos vecinales.

Sin embargo discrepo del juicio de J-P. Garnier sobre el uso de la violencia y sobre su explicación de los procesos revolucionarios. Creo que utiliza unos esquemas que ya están obsoletos. Se deja guiar por un modelo teleológico de la historia que nos conduce a la vanguardia de un partido político, que dirige a las masas (analfabetas y campesinas como en Rusia de 1917) a una dictadura del proletariado, paso previo a la sociedad sin clases.

En esos mismos momentos estaban sucediendo otras transformaciones en el campo español. Más concretamente en Galicia, donde la creación de una opinión pública a favor de la redención de los foros, contratos enfitéuticos feudales, favoreció el Decreto Ley de 1926, que permitió a muchos foreros convertirse en pequeños propietarios[24]. No quiero defender aquí este proceso sino mostrar que el trabajo de reformistas agraristas y urbanos (José Estévez, Portela Valladares, Leonardo Rodríguez, Basilio Álvarez…) fue capaz de transformar una situación de dominio feudal en el campo gallego.

Sería bueno comparar la evolución de dos aldeas (una gallega y otra rusa) a lo largo del siglo XX y ver cómo afectaron los cambios reformistas y revolucionarios al devenir de las familias: situación social, sanitaria, educativa, aspiraciones laborales, alimentación, esperanza de vida, expresiones culturales… Porque cuando hablamos de Historia también debemos hablar de esta micropolítica local y ver las aspiraciones humanas.

Por eso no me gustan las vanguardias que se creen mesiánicas, ni tampoco los movimientos ilustrados que viven de espaldas a las emociones del pueblo. Condeno el uso de la violencia que se ha ejercido en el acoso a los parlamentarios catalanes, porque considero que su uso no es eficaz, como recuerda Hessel en su Manifiesto[25]. La utilización de policías infiltrados entre los manifestantes, o el uso de imágenes falsas por parte de la televisión oficial de Madrid, pone de relieve como se puede convertir en un boomerang no controlado. Porque el Estado está más acostumbrado al uso de la violencia para mantener el orden y por eso obtendrá mayores beneficios.

Frente a ello es necesario creatividad y cuestionar las “razones de Estado”. El president  Artur Mas apelaba a las líneas rojas que separan el espacio soberano del poder legislativo como espacio sagrado. Pero no decía nada de cómo la soberanía nacional (catalana supongo para él) se rompe en mil pedazos con la limitación de los recursos económico para sanidad y educación. No dice nada de respetar las líneas rojas que aparecen en los Derechos Universales y que él mismo debería garantizar. ¿Por qué él es competente para señalar las líneas rojas y otras personas no? ¿Quién le ha transferido la soberanía para saltarse los principios universales?

Como se puede comprobar la construcción del espacio soberano supone el empoderamiento de personas y grupos sociales. Es una tarea ardua y compleja no exenta de esfuerzo intelectual y compromiso ético. En primer lugar, en nuestro propio trabajo: ¿cómo desarrollamos el principio universal de la educación en nuestras aulas?, ¿cómo fomentamos la participación democrática para que las personas puedan pensar con autonomía de criterio?

Por poner sólo un ejemplo más. Una clase de un IES de Valencia: un grupo heterogéneo que se puede categorizar en una persona hindú, otra china, una boliviana, otra dominicana, cinco ecuatorianos, cinco españoles. Pero también se puede decir: una persona xenófoba, una persona que ha sufrido acoso, una madre soltera, dos personas hiperprotegidas en el seno familiar, una persona con ganas de regresar a su país, otras dos que quieren trabajar en esta ciudad… Ese es el día a día de muchos centros públicos de enseñanza secundaria, o sea con los denominados adolescentes que se quieren integrar en la vida ciudadana. Que quieren tener su derecho a la ciudad. ¿Cómo desarrollamos sus derechos ciudadanos? ¿Cómo  coarta o no la educación escolar sus derechos ciudadanos? ¿Por qué hay tan pocos inmigrantes en el Movimiento 15-M? Son preguntas para formular nuevas conjeturas.

Todos los ejemplos que he vivido en mi reciente experiencia vital, sobre todo en compañía de personas de la educación escolar o del movimiento 15-M me ha hecho valorar todavía más el derecho a la diversidad. Ese lema que sirve para proteger animales y plantas, pero que se olvida cuando se trata de ideas y reivindicaciones humanas.

En los barrios de Valencia se juega con la legalidad, se moldea de acuerdo con las ideas de justicia social y la legitimidad de construir una sociedad democrática. Y por eso se enfrentan a una Ley Hipotecaria injusta y a los desahucios que ponen en la calle a familias sin recursos. Porque frente a la violencia del Estado existe el camino histórico que han recorrido Gandhi, Luther King o Mandela. Quizá como comentó acertadamente Cristovam Buarque los movimientos españoles son como las revueltas de otoño, o sea de las frustraciones de los clientes europeos que reclaman la ciudadanía cuando pierden privilegios, mientras que las revueltas árabes son las revueltas de la primavera, que ansía el verano europeo[26].

Un día más el movimiento 15-M nos da lecciones en la calle. Esa calle y plaza que hay que tomar para la soberanía popular, pues los especuladores, los que piensan en el beneficio financiero urbanístico, nos la han expropiado con el beneplácito consenso de los poderes políticos. En la plaza de San Valero (Russafa) se hablaba de espacio público y de participación vecinal. Qué buena lección de Geografía, de Sociología, de Política… de vida democrática!

Seguro que los lectores del debate de Garnier  y Capel también han sentido el deseo de salir  la calle y observar con nuevos ojos esta realidad social. El debate, pocos como éste, estimula a salir a los barrios, a los espacios públicos y pensar en los derechos ciudadanos. Al menos conmigo lo han conseguido, aunque haya manifestado puntos discrepantes con sus juicios de valor.

 

Notas