Scripta Nova.
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.
Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788]
Nº 4, 1 de junio de 1997.

LA MINA DE MERCURIO DE HUANCAVELICA (PERU): ENTRE LOS INTENTOS DE REFORMA DE ANTONIO DE ULLOA Y EL CONTINUISMO DE CARLOS DE BERANGER (1758-1767)

María del Carmen Navarro Abrines


"La mina de Guancabelica, no produce Plata, ni Oro; pero produce el Asogue, un ingrediente tan necesario, para el beneficio de todas las de Oro, y Plata del Reyno. Es la unica, que se trabaja en este metal, y es propia, y perteneciente a V.M. Provee al Peru, y ha proveido a Mexico, a donde en muchas ocasiones se han remitido cantidades cresidas de Asogue"(1)

"pues sin la Real Mina no ay fomento de las demas de este Reyno, por que faltando el Azogue, deverà subministrarlos la España, a costa de gastos grandiosos que sufrira a mas de las mermas quantiosas que se experimentarà, transportes costosos y retardos indefectibles perjuicios seguros en tantas contingencias;"(2)

Así se expresan - durante los años 1764 y 1766 respectivamente - en relación al yacimiento, por un lado, el fiscal de la Real Audiencia de Lima, Diego de Holgado, y, por otro, Carlos de Beranger al referirse a la mina de Huancavelica. Epítetos como "la más preciosa joya de S.M. en América" o "la alhaja más preciada" serán constantes cada vez que se mencione la mina en los comunicados e informes de la época. Y no era para menos, puesto que sin el abastecimiento de mercurio se hubiera visto seriamente comprometida la producción de plata, uno de los pilares más sólidos de la riqueza de los virreinatos de Nueva España y Perú.


Huancavelica era uno de los centros mineros de mayor importancia de Hispanoamérica. Enclavado en los Andes, en el cerro llamado de Chacllatana al sureste de Lima, los yacimientos se encontraban a gran altura, entre los 3.800 y 4.400 metros. Se trataba por tanto de una zona montañosa que la nieve cubría durante los largos inviernos. Allí se elevaba un montículo a cuyos pies corría el arroyo Siquisichaca sobre la llanura de Seccha, donde se asentaba una importante población que se había desarrollado al amparo de la extracción de mercurio y, en menor grado, de plata y de plomo(3).

Como es sabido, el azogue era necesario para obtener plata - mediante el proceso de amalgama - de minerales que no resultaban rentables con los procedimientos de extracción tradicionales; de ahí la especial importancia de estos yacimientos, que suponían el complemento de la riqueza del Potosí. No obstante, la producción de plata había comenzado a declinar a mediados del siglo XVIII, y una de las causas que estaban provocando el hundimiento del sector se encontraba en la profunda crisis que arrastraba el centro azoguero de Huancavelica(4).

Este artículo es el resultado de un estudio que, en mayor profundidad, forma parte de la tesis doctoral que presenté el 27 de febrero de 1997 en la Universidad de Barcelona y que aborda, en uno de sus capítulos, el plan del gobierno central para recuperar el control de la producción de azogue frente al gremio de mineros, haciendo que el gobernador de Huancavelica dependiera directamente de la Corona y no del virrey para, de este modo, poder emprender una política de reformas conducente a aumentar la producción de mercurio y así abastecer, con menor costo, a los centros argentíferos de México y Perú(5).


LA MINERIA AMERICANA EN EL SIGLO XVIII Y LA POLITICA REFORMISTA

Como es sabido, la política económica que emprendió la Corona española tras la formación de su imperio colonial se basó en un estricto control de las relaciones comerciales, estableciendo su monopolio sobre la extracción o el intercambio de ciertas materias primas que, por regla general, adjudicaron a particulares y consorcios contra pago de los correspondientes derechos.

Los esfuerzos modernización de la minería

En esta línea de actuación, la actividad económica que más beneficios reportó a los monarcas españoles fue, sin duda, la extracción e importación de metales preciosos. La atención, por tanto, que se dedicó siempre a la minería fue prioritaria en detrimento de otros sectores.

Sin embargo, esta estructura económica comenzó a ser cuestionada y seriamente criticada por los políticos e intelectuales que iniciaron el proceso de reformas a mediados del siglo XVIII. En principio, no consideraron desacertada la producción de metales preciosos, pero sí juzgaron equivocado desatender el gran potencial agrícola y ganadero que ofrecían las tierras americanas(6). Este cambio de planteamiento se vio reflejado en los planes económicos que emprendieron los Borbones, generándose una mayor preocupación por modernizar todos los sectores productivos, potenciándose una renovación tecnológica que se aplicó tanto en el sector agrícola como en el industrial(7). Ahora bien, en lo concerniente a las provincias de Ultramar, la minería siguió siendo uno de los sectores más importantes de la economía colonial.

Así, en el campo de la economía americana las innovaciones se vieron materializadas en la fabricación de nuevos tipos de hornos, en la utilización de nuevas herramientas, en la generalización del uso de la pólvora y, fundamentalmente, en la aplicación de los fundamentos de la geografía subterránea y en el empleo de instrumentos de precisión(8).

Durante el siglo XVIII, la industria minera argentífera estaba dominada por el virreinato de Nueva España, pero hay pruebas - según afirma Fisher(9) - de que en Perú, a su vez, también se había experimentado un resurgimiento gradual en este mismo sector durante el periodo de 1700 a 1780.

El mercurio, entre otros factores, guardaba una estrecha relación con la mayor o menor producción de plata. Los suministros de azogue americano procedían del yacimiento de Huancavelica y cuando su explotación entró en crisis a partir de 1770, se importó en mayor cantidad de Almadén e Idrija, de manera que las minas peruanas y de Nueva España no padecieron escaseces(10). La notable actividad minera en ambos virreinatos, podría haberse debido, por tanto, al abastecimiento regular de mercurio, aunque no debiera olvidarse otros aspectos importantes como el incremento de la población, con la consiguiente restricción de costes de la mano de obra, y el aumento de los aportes de capital conducente, fundamentalmente, a mejorar las explotaciones mineras(11).

La política reformista en Huancavelica en el siglo XVIII

La política reformista de los Borbones iba a prestar una especial atención al sector minero y, en consecuencia, Huancavelica iba a ser uno de los primeros yacimientos sobre los que iba a recaer la atención del gobierno, ya que de él dependía, el fomento y el progreso de la minería peruana además de la reactivación del comercio que a su amparo se desarrollaba.

Desde que la explotación de la mina recayera directamente en la Corona en el último cuarto del siglo XVI, en la época del virrey Toledo, la fuerza de la administración real nunca resultó suficiente para controlar todo el proceso de producción y transporte. Por tanto, a partir de 1579 el gobierno se vio obligado a firmar contratos (asientos) con particulares integrados todos ellos en el gremio de mineros(12). Aunque oficialmente la Corona monopolizaba la distribución del mercurio y fijaba el precio de venta a los refinadores, en la práctica compraba el mercurio a un precio negociado a los contratistas que eran, de hecho, los que explotaban la mina(13).

Para defender los intereses de la Monarquía, se había creado una nutrida plantilla, formada por un superintendente, cuyo cargo ejercía el gobernador, dos veedores además de otros colaboradores y varios capataces, pero su nivel de eficiencia y honradez era cuestionable, ya que existía un alto grado de corrupción en el que estaban involucrados la mayoría de estos funcionarios desde los niveles superiores a los subalternos(14).

Uno de los motivos que favorecía esta situación era el hecho de que desde los comienzos de la explotación del yacimiento, los gobernadores de Huancavelica dependieran del virrey, siendo uno de los oidores de la Audiencia de Lima el que asumía el cargo durante cinco años con el título de superintendente(15). Por tanto, una de las primeras acciones que acometió el reformismo borbónico en lo concerniente a Huancavelica fue la de recurrir a una administración que dependiera directamente de la Corona.

El primer gobernador de designación real fue Jerónimo de Sola y Fuente (1736-1748), al que se conoce como "restaurador de la mina". Durante su gestión se negoció un nuevo asiento (1744) y se mejoró considerablemente la explotación de la mina, al igual que las condiciones de trabajo.

Sola fue sustituido por Gaspar de la Cerda y Leyba (1748-1754), que continuó con la trayectoria trazada por su antecesor, pero, como en su opinión la mayoría de los problemas que existían en Huancavelica eran debidos a la mala organización del gremio de mineros, optó por sustituirlo por una compañía que regulara el trabajo de la mina y la distribución del mercurio. Con ello pretendía facilitar el cobro de las deudas que habían contraído los mineros con la Corona y al mismo tiempo fomentar el aumento de la producción(16).

Estas actuaciones provocaron la oposición de los mineros, que vieron lesionados sus intereses. Sin embargo, y a pesar de los disturbios que se produjeron, la gestión de Jerónimo de Sola y de Gaspar de la Cerda dio buenos resultados, aumentando la producción de 2.757 quintales al año en el periodo 1724-1736 a 5.454 en 1736-1748(17).

Al cesar Gaspar de la Cerda, el virrey Superunda nombró como gobernador interino, hasta que la Corona designara al definitivo, a Pablo de la Vega, quien durante los cuatro años de su gobierno trató de congraciarse con el gremio de mineros, deshaciendo así las reformas de sus antecesores.

LOS INTENTOS DE REFORMA DE ANTONIO DE ULLOA (1758-1764)

En las postrimerías del largo gobierno del virrey Manso de Velasco, conde de Superunda (1745-17619), los logros conseguidos por la administración real habían sido contrarrestados por el gobierno de Pablo de la Vega, con lo que la mina entró en un nuevo proceso de degradación y deterioro. Una nueva intervención en el yacimiento para procurar su restablecimiento, prosiguiendo la línea emprendida e interrumpida, se convirtió en objetivo prioritario de la Corona.

Para esta delicada misión se pensó en uno de los más prestigiosos científicos del momento: Antonio de Ulloa, que por entonces ya tenía una merecida fama como experto en minería(18).

El 11 de julio de 1754 se expidió el decreto que entregaba el gobierno de Huancavelica a Antonio de Ulloa y en noviembre de 1758 se encontraba ya en su nuevo destino. El cargo que iba a desempeñar tenía como función principal hacer frente al gobierno y conservación de la mina, además debía presidir las juntas y asambleas del gremio de mineros para velar por el cumplimiento estricto de los asientos. Por otro lado, debía ejercer el control de la caja Real de Huancavelica y de las otras diez donde se distribuían azogues(19). A todo ello hay que añadir el gobierno político, civil y económico de la villa de Huancavelica y de la provincia de Angaraes(20).

Con Ulloa se pretendía introducir una política renovadora acorde con los cambios científicos y tecnológicos que se estaban experimentando en Europa. Sin embargo, esta opción llevará implícito el enfrentamiento con el importante grupo de presión - representado por el gremio de mineros avalado por la alianza de los funcionarios reales - interesado en mantener sus privilegios(21).

Ulloa emprendió con energía su labor, sin apenas tener en cuenta lo que se había hecho anteriormente(22). Una vez examinada la mina y tras comprobar por sí mismo el lamentable estado en el que se encontraba, se propuso abordar los problemas más acuciantes. Uno de ellos era confirmar la cantidad de mineral extraído y su calidad; otro, ocuparse de los envíos de mercurio, y el último iniciar las labores de reforma y restauración de la mina, siendo lo más urgente asegurar las galerías principales. Para ello mandó sustituir los pilares, pilones y estribos de cantería o mampostería por unos estemples de hierro trabados con una mezcla de arena y cal, que más adelante serían objeto de polémica.

Si en estas empresas Ulloa se encontró con numerosos escollos, éstos no serían nada comparados con las dificultades con las que tuvo que enfrentarse para poner un cierto orden en la administración. Para ello, entre otras medidas, obligó a los funcionarios de las Cajas Reales a dar cuenta detallada, por medio de las llamadas "cartas cuentas", de las partidas de azogue con objeto de evitar, de este modo, la especulación con el reparto de mercurio.

Todas las reformas propuestas por Ulloa al virrey Manso de Velasco fueron muy mal acogidas por los funcionarios, que trataron de obstaculizar, con todos los medios a su alcance, cualquier iniciativa que lesionara sus intereses. Pero el hecho que provocó la más fuerte oposición contra el gobernador y el que a la larga daría como resultado su sustitución por Beranger, fue la causa que emprendió contra los veedores José Campuzano y Juan de Afino y el sobrestante de materiales José Gordillo.

En octubre de 1760, Ulloa los mandó encarcelar a los tres bajo la acusación de permitir ventas de metales de zonas prohibidas. Los responsabilizó, además, de los abusos y excesos cometidos en la administración, consistentes en falsear las memorias de gastos semanales, acrecentándolas de manera fraudulenta, y de apropiarse de partidas que luego no eran empleadas para su cometido.

Los acusados encargaron su defensa a Juan José de Aguirre, cura de la iglesia de San Sebastián y único abogado de Huancavelica. Tenía este sacerdote muy buenas influencias y relaciones entre el gremio de mineros y los funcionarios de la villa, además de gozar de cierto prestigio entre la sociedad limeña, puesto que había sido preceptor de José Perfecto de Salas, que sería asesor del siguiente virrey, Manuel de Amat(23).

Aguirre, con gran habilidad, supo aprovechar el descontento que había suscitado la política del gobernador entre el gremio de mineros. El gremio poseía una serie de privilegios concedidos desde el asiento de Sola de 1744 que privaban de una parte de sus beneficios a la Corona, lo que, desde la óptica de un funcionario que velaba por los intereses reales, hacía necesaria una reforma. Hubiera podido llevarse adelante en 1759 transformando el gremio en una compañía, pero Ulloa optó por establecer la "Minería del Rey", que funcionaba como una compañía - sin serlo - sostenida por el gremio de mineros y bajo la dirección del mismo gobernador. Su objetivo principal consistía en beneficiar los minerales de los estribos naturales que se extraían por estar supuestamente en mal estado - pero que contenían minerales de alta ley - y de ese modo conseguir los niveles de producción exigidos por la Corte para abastecer urgentemente a México con 5.000 quintales de mercurio(24).

Sin embargo, por su irregular creación, sin permiso explícito de la Corona, será uno de los puntos más controvertidos del gobierno de Ulloa ya que los mineros vieron en esta compañía el propósito del gobierno de controlar la explotación minera.

El gremio, según Ulloa, se componía en su mayor parte de "sugetos que se les da poco o nada de lo que no es su propio interes:este lugar se sugeta tan mal a la razon y a lo que es la Justicia, que cada uno hace lo que se le antoja, y con decir que hay apelacion a la Audiencia, a V.E. y a los demas tribunales no reconocen sugecion"(25). Precisamente a solicitud de los mineros, Aguirre consiguió que se firmara un escrito en el que se defendía a los encausados y en contrapartida se presentaba como responsable de la ruina de Huancavelica al mismo Ulloa.

La situación llegó a tal extremo que el virrey Superunda nombró un juez extraordinario para que investigara el caso: Diego de Holgado, fiscal de la sala del Crimen de la Audiencia de Lima(26).

Este proceso se inició ya con Amat, que en 1761 había reemplazado a Manso de Velasco en el gobierno del virreinato(27).

El pleito de Ulloa

En 1761, Amat a su llegada tuvo que hacer frente al pleito desatado ya con su antecesor. Su trayectoria explica el contexto en que se produce el relevo de Ulloa por Beranger, por lo que es fundamental para juzgar la obra de gobierno de este último.

Iniciado el proceso, el propio Ulloa instó, para apoyar sus argumentos, a realizar dos visitas de inspección para comprobar el estado de la mina y averiguar si eran ciertas las acusaciones contra los funcionarios reales. La primera estuvo a cargo de Carlos Batemburg y Plazaert, corregidor de Huamanga, pero fue invalidada por el juez Holgado, que la descalificó por la presencia del gobernador, que a su juicio habría privado de libertad de movimientos al corregidor(28). Tras unas tensas entrevistas personales de Ulloa con Amat en Lima, el gobernador consiguió del virrey que nombrara un nuevo representante de la Audiencia para que realizara una segunda y definitiva visita a la mina antes de que se dictara sentencia. El nombramiento recayó después de varias propuestas en el oidor Cristóbal Mesía y Munive(29).

Los informes de Mesía fueron en conjunto favorables a Ulloa, a pesar de que éste mostrara su disconformidad con algunas actuaciones del oidor durante la visita. Sin embargo, la acusación - representada por el fiscal Diego de Holgado - iba a mostrar serias reticencias respecto a las conclusiones del oidor antes de pronunciar sentencia.

En su informe, el fiscal se decanta clarísimamente por los veedores, tratando de encontrar sucesivas contradicciones en la actitud de Ulloa. En concreto hace hincapié en destacar que lo que más interesaba al gobernador era acusar a los veedores del fraude de materiales, en lugar de insistir en el destrozo de la mina, que era lo fundamental. Lo primero perjudicaba al gremio de mineros - puesto que ellos eran los que debían costear los gastos de mantenimiento -; lo segundo, al rey. Según Holgado, "no puede haver comparacion, y cotexo, entre cargar a los mineros 30 pesos mas cada semana, o arruinarle al rey la mina"(30). Para Holgado, y esa será la base de su acusación, la mina estaba arruinada por haberse quitado, de orden del gobernador y para la Minería del Rey, los estribos y pilares que la sostenían.

Ulloa no supo llevar la cuestión con la precisión requerida, llegando a proceder con métodos inadecuados y en ocasiones contradictorios. Falta de habilidad política que supo aprovechar Holgado, una vez realizada la visita del oidor Mesía, a la hora de revisar el caso y proceder al dictamen en relación a los autos presentados por las partes en litigio: los veedores y el gobernador.

Aunque el fiscal Holgado se declaraba imparcial y hace una declaración de principios de su absoluta neutralidad, no es del todo ajeno a los intereses de los funcionarios reales. Sus argumentos, contrastados con los de Ulloa, carecen de solidez y de poder de convicción. Ulloa sirve a los intereses de la Corona, Holgado representa la defensa de unos beneficios adquiridos mediante una administración corrupta mantenida fuera del control del Estado por medio de sus propios funcionarios.

Sin embargo, a pesar de la manifiesta oposición de los miembros del Cabildo hacia la labor de Ulloa, el dictamen del Real Acuerdo se resolvió, el 21 de febrero de 1764, a favor del gobernador, no obstante, se reiteró la prohibición de quitar más estribos y se decretó se extinguiera definitivamente la Minería del Rey(31).

Al poco tiempo de hacerse público el fallo del Real Acuerdo, Antonio de Ulloa envió un comunicado dirigido al rey, quejándose de la demora en la sentencia, producto, según él, de la conspiración de la que era objeto. Hizo responsable a Holgado de haber atentado contra su honor y manifestó lealtad a la Corona, al igual que al virrey Amat. No obstante a éste le acusó de flaquedad y debilidad, puesto que había obstaculizado durante más de tres años su labor de gobierno. Y no le faltaba razón a Ulloa en sus duras afirmaciones, ya que las contemporizaciones y la lentitud del proceso habían atrasado y de hecho impedido su proyecto de saneamiento y reforma tanto en la administración de la mina como en su más racional explotación(32).

A pesar de que la resolución del Real Acuerdo dejaba clara la culpabilidad de los funcionarios reales y demás enemigos de Ulloa, el virrey Amat era de la opinión - en un extenso informe dirigido a Arriaga - de que los problemas generados durante la gestión del gobernador no acabarían con la sentencia. A su juicio, e incluso en el de los que más se inclinaban y defendían a Ulloa, la corrupción en la administración estaba enraizada de tal manera que era difícil erradicarla. Aunque esta situación de desgobierno venía de tiempo atrás, los distintos estamentos de la ciudad de Huancavelica habían elevado numerosas peticiones al virrey para que cesara al gobernador, responsabilizándole de ella.

No hay duda de que Amat era un político hábil, por lo que su informe optaba por la solución más cómoda. Teniendo en cuenta que las cajas del reino estaban suficientemente abastecidas de azogue y que habiéndose cumplido los cinco años de gobierno de Ulloa se acercaba el momento de plantear su reemplazo, el virrey aconsejaba al monarca que el cargo recayera en una persona "de la más juiciosa conducta que es la prenda dominante, que se requiere en aquel Gobierno, de una villa agitada de turbulencias"(33).

El mismo Ulloa era consciente de su fracaso, no debido sólo a su gestión, sino a la falta de apoyo por parte de las autoridades reales. Su desaliento ante los primeros tropiezos le había hecho solicitar su sustitución en varias ocasiones. Finalmente el 13 de julio de 1764 acusaba recibo de la real orden de 4 de enero del mismo año por la que se le enviaba a La Habana, donde debía esperar el nuevo nombramiento para su próximo destino, que iba a ser el gobierno de La Luisiana(34).

Valoración del gobierno de Antonio de Ulloa

Reducir a una sola causa el fracaso de la gestión de Ulloa en Huancavelica sería caer en un análisis limitado. En todo caso este fracaso, como también sostienen Whitaker, Fisher y Molina(35), fue el resultado de una auténtica maraña de intereses compartidos entre los mineros, los funcionarios reales, los oficiales del ejército y el mismo clero, que formaron un frente común para protegerlos ante cualquier intento de reforma que les pudiera lesionar.

Ahora bien, a pesar del fracaso de la administración de Ulloa, el gobernador apuntó los males que aquejaban a la mina y que en un futuro no muy lejano sus sucesores tratarán de resolver.

En primer lugar, era necesaria una administración honesta, aunque incluso así podía resultar totalmente ineficaz si no contaba con el apoyo y el respaldo de la Corte.

Segundo, aunque era notorio que se había producido un declive en la obtención de azogue, el gobernador se veía obligado a mantener una producción determinada para abastecer las necesidades del Reino. Sin embargo, el proceso de producción estaba en manos del gremio de mineros y el gobernador sólo jugaba un papel de mero supervisor. Además, el gremio pagaba a los veedores, que eran los encargados de controlar el trabajo de los mineros y por tanto estaban supeditados a aquél en lugar de mantenerse leales al gobernador. Es cierto, por otro lado, que el gobernador tenía potestad para nombrar a nuevos miembros en el gremio, pero no tenía poder para responsabilizarlos si éstos no cumplían con los niveles de producción exigidos. Era imprescindible, por tanto una reforma.

Tercero, aunque la producción de azogue durante la administración de Ulloa había sido superior en valores absolutos a la de los seis años precedentes, ésta no había llegado a alcanzar los niveles del siglo anterior, puesto que los filones más ricos estaban totalmente agotados y era muy baja la ley de los metales que se extraían, fracasando la búsqueda de nuevos yacimientos. La única alternativa era mejorar el proceso de amalgama, pero esto suponía una inversión de carácter técnico que en estos momentos no estaba al alcance de la Corona.

Finalmente, a pesar de su oposición contra el gobierno de Ulloa, el propio virrey Amat había reconocido que el nudo de corrupción y los intereses de los mineros, avalados por la alianza de los funcionarios, hacían imposible cualquier intento de reforma de la administración de la mina(36).


EL GREMIO DE MINEROS SE IMPONE: EL GOBIERNO DE CARLOS DE BERANGER

El conflicto con Ulloa

Tras recibirse la Real Orden que transfería a Ulloa a La Habana, se le comunicó a Amat otra disposición urgiéndole al nombramiento interino de una persona adecuada para el gobierno de Huancavelica, hasta que recayera la designación real en un gobernador definitivo.

Dada la situación comprometida y delicada en la que se encontraba la villa de Huancavelica, Amat necesitaba un hombre de su entera confianza. Porque si bien es cierto que el virrey había querido doblegar a Ulloa - por una cuestión posiblemente de competencias - no por ello pretendía obstaculizar la política de reformas iniciada por él y según el deseo expreso de la Corona. Para ello no bastaba con la lealtad y la incondicionalidad; el cargo requería además unos conocimientos de carácter técnico que permitiera al nuevo gobernador la eficacia y competencia en su gestión. De no ser así podría abrirse un nuevo paréntesis en el que se impusiera una acción indiscriminada en la explotación de la mina, como había ocurrido en tiempos del predecesor de Ulloa, el gobernador interino Pablo de la Vega. Ahora bien, era necesario, por otra parte, que el candidato contara con la habilidad necesaria para no lesionar en demasía los múltiples intereses que existían en la sociedad minera, lo que podía generar un clima de tensión y violencia, como había sucedido con Ulloa.

La persona que en aquel momento, a juicio de Amat, reunía las condiciones más adecuadas para hacerse cargo interinamente de un gobierno tan comprometido como el de Huancavelica era Carlos de Beranger y Renau, del que sabía que tenía una sólida formación como ingeniero que le facultaba para ponerse al día en poco tiempo en asuntos de minería(37). Así, el 9 de julio de 1764, el virrey nombró a Carlos de Beranger Gobernador y Superintendente general de la villa y mina de Huancavelica y Corregidor de la provincia de Angaraes. El ingeniero pagó por dicho título - como era obligado - el derecho de media annata y juró su nuevo cargo el 6 de agosto del mismo año, presentándose ante el Cabildo de la villa de Huancavelica, presidido por Antonio de Ulloa, quien le hizo entrega del bastón de mando(38).

Tras la toma de posesión y después de un gobierno tan accidentado como el de su predecesor, Beranger quiso cerciorarse en primer lugar del estado en el que se encontraba la mina, tomando nota especialmente de los puntos que habían sido más conflictivos. Sobre todo se detuvo en los estribos donde se habían realizado reparaciones de cantería y en los que se encontraban rajados y cuarteados. Comprobó que estas zonas estaban en un estado de deterioro tal que, al finalizar la inspección, se vio abocado a declarar por escrito que no se hacía responsable de lo actuado previamente en el caso de que se sobreviniera algún accidente. Este hecho provocará un fuerte enfrentamiento entre el gobernador saliente y el entrante.

Enterado de la negativa de Beranger a responsabilizarse del estado en el que había recibido la mina, Ulloa le dirigió una "consulta" instándole a asumir lo que era de obligado cumplimiento de los gobernadores en la ceremonia de toma de posesión. Las razones que daba para ello se centraban en los siguientes puntos:

1º. La postura de Beranger podía alentar a los mineros a aprovecharse de los metales de mayor ley, que se encontraban precisamente en los lugares cubiertos por los pilarones.

2º. El deterioro de las zonas castigadas se debía a los continuos trabajos que habían soportado desde los mismos comienzos de la explotación de la mina y no al descuido que se le atribuía, puesto que los pilarones que había mandado construir se mantenían todavía con regular fortaleza.

3º. Los destrozos que se habían ocasionado durante su gobierno eran imputables a la mala actuación de los veedores y del gremio de mineros, tal como había quedado patente en la sentencia del real Acuerdo.

4º Una de las misiones del gobernador era la de poner especial cuidado en conservar y proteger las zonas más ruinosas, prohibiendo el trabajo en ellas y realizando las reparaciones necesarias(39).

No satisfizo a Beranger las explicaciones de su predecesor y le contestó con otra "consulta", argumentando primeramente que él no podía hacerse responsable de lo que no podía ver, ya que los enormes pilares que Ulloa había mandado levantar se lo impedían, y procediendo, a renglón seguido, a la crítica de las reparaciones de cantería que había observado durante su visita.

En segundo lugar, Beranger afirmó que para conservar la mina no bastaba con asumir la responsabilidad y sí proceder a la vigilancia, las reparaciones y los cuidados que se había comprometido a realizar.

Por último, Beranger reprochó a Ulloa que le hubiese entregado la mina sin el repuesto necesario de cal, material imprescindible para las reparaciones(40).

Por otro lado, para Carlos de Beranger, el mal estado de la mina era debido a la extracción indiscriminada de estribos prohibidos para fundir sus ricos metales en beneficio de la llamada "Minería del Rey". Si admitía la entrega de la mina en semejante estado, argüía finalmente Beranger, corría el riesgo de que se le atribuyeran todos los males ocasionados. Por esa razón se negó a asumir tal responsabilidad.

Tras este primer enfrentamiento, el nuevo gobernador se va a encontrar con la hostilidad y la falta de cooperación por parte de su predecesor. Así, Ulloa se negará a entregar a Beranger las cédulas, reales órdenes e instrucciones recibidas durante su gobierno, alegando que todo ello era de carácter reservado. Igualmente se opondrá rotundamente a dar cuentas a su sucesor de la Minería del Rey hasta que el propio monarca se lo demandara en el juicio de Residencia(41).


La labor de gobierno

La escasa colaboración que Beranger obtuvo de Ulloa le obligó a buscar información en otros gobiernos precedentes. Esta información la encontró en los informes de los dos primeros gobernadores que dependieron directamente de la Corona, Jerónimo de Sola y Gaspar de la Cerda, a los que tanto él como Ulloa coincidían en reconocer su buena gestión y labor en la Real Mina.

Por otra parte, aunque el nuevo gobernador tenía buena preparación como ingeniero, no poseía, sin embargo, experiencia en mineralogía, ciencia que, como él mismo reconocía, era necesaria para desempeñar con eficacia el cargo. Para compensar esta carencia de conocimientos, se empeñó en estudiar y ponerse a un nivel que le permitiera hacer frente a una empresa tan compleja y tan alejada de sus misiones anteriores.

El gobernador era consciente del enorme peso que tenía todavía la mina de Huancavelica en la economía de la Monarquía. No podía, sin embargo, el sustituto de Ulloa emprender una política excesivamente innovadora, puesto que su permanencia en Huancavelica debía ser necesariamente provisional hasta la llegada del gobernador definitivo nombrado por la Corona y también porque estaba avisado de la nefasta experiencia de su rígido antecesor. Así pues, se declaró partidario de respetar y hacer cumplir las ordenanzas del Real Asiento y se propuso ser sumamente escrupuloso para evitar que se trabajara en los arcos, puentes y estribos de las zonas prohibidas, puesto que eran los que proporcionaban la solidez y seguridad de la Real Mina(42).

Era evidente que mantener un equilibrio entre los intereses de los mineros y los de la Corona resultaba una empresa muy difícil de acometer, por lo que uno de los primeros objetivos que se propuso Beranger fue el de apaciguar los crispados ánimos de la ciudad minera y tratar de encontrar una solución de compromiso que resolviera el descontento surgido en torno a la Minería del Rey. Como ésta fue abolida por el Real Acuerdo, Beranger dispuso que el trabajo de la mina se realizara por medio de una mancomunidad integrada por el gremio y el Estado. De este modo los dos socios contratantes recibirían beneficios sin sufrir gravámenes y la intervención del gobernador se reduciría sólo a distribuir entre los mineros los trabajos en partes iguales y en los lugares no prohibidos por el Real Asiento. El gremio consideró equitativo el reparto y se mostró satisfecho con su actuación(43).

Por último, Beranger trató de establecer un mínimo control y orden en la contabilidad del gremio de mineros, que era donde se producían mayores irregularidades, en particular en sus cuentas anuales de Mitas. Dispuso para ello un libro nuevo donde se indicaran la entrada y salida de Mitas, incluyéndose los gastos de pensión y su reparto. Hay que señalar, al paso, que si bien el sistema de Mitas seguía siendo muy discutido porque contradecía el principio de libertad de los indios, en Huancavelica se mantuvo hasta el final del periodo colonial, a partir del argumento - compartido por el mismo Beranger - de potenciar el bien público por encima del particular(44).

En otro orden de cosas, más técnico, Beranger dispuso la reparación de la mina, poniendo especial atención en los lugares donde había observado más deterioro. En concreto, se centró en las zonas que había señalado en sus visitas de inspección. Así, mandó reconstruir los estribos a base de cal y canto en las zonas que debían soportar el peso de las galerías superiores. En algunas, como en el llamado paraje de Santo Domingo, fue necesario destruir lo que se había reparado anteriormente, por haberse realizado con piedra suelta sin mezclarla con cal, y volverlo a construir de nuevo(45).

El objetivo de estas obras había sido el de asegurar los lugares más deteriorados y evitar posibles accidentes. También había mandado construir tres canales para el desagüe general de la mina, dejando las galerías libres de obstáculos para así facilitar el tránsito por ellas. Una de las obras a las que había dedicado especial cuidado había sido la de la máquina del Brocal, principal vía de respiración. Allí se macizaron dos grandes oquedades que habían quedado al descubierto por falta de estribos.

Es evidente, y así lo reconoce el mismo Beranger, que la mina no quedó del todo reparada - en tan solo tres años era imposible acabar con obras de tal envergadura -, pero sí que la dejó fuera de peligro inminente, sobre todo en los lugares que presentaban mayor riesgo(46).

En los tres años que permaneció Beranger en el gobierno de Huancavelica, se obtuvieron 17.723 qq. 1 libra 8 onzas de azogue, que junto a la existencia que se le entregaron de 2.457 qq. 32 libras 9 onzas sumaron un total de 20.180 qq. 32 libras 7 onzas. Esta cantidad fue más que suficiente para abastecer las necesidades de los centros mineros de Perú y Nueva España(47).

El nivel de producción se mantuvo prácticamente en los mismos niveles del periodo anterior - en los seis años de gobierno de Ulloa se habían extraído 389.810 qq. -(48). Tales cifras, ante las expectativas pesimistas que se habían anunciado, fueron reconocidas como un excelente resultado por el contador real Tomás Ortiz de Landázuri(49).

También puede considerarse un éxito si juzgamos por la imposibilidad de mantener posteriormente este ritmo, hasta el punto de considerarse la eventualidad de cerrar la mina de Huancavelica y garantizar el abastecimiento de mercurio exclusivamente con partidas procedentes de Almadén. No obstante, dadas las necesidades de mineral, hubo de optarse por mantener la mina peruana a pesar de los elevados costos que suponía su modernización(50).

Además de velar por los intereses del Estado en la explotación de la mina y atender a su mantenimiento, los gobernadores debían promover obras públicas en la villa y en el departamento. En primer lugar, no hay que olvidar que esta zona vivía básicamente de la exportación del mercurio, por lo que era necesario mantener en buen estado las vías de comunicación. Así Beranger mandó reparar los puentes que cruzaban los distintos brazos y arroyos, como el puente de Santa Ana y el del Lacho y, sobre todo, el puente principal que cruzaba el río Siquisichaca. Por otro lado, mantuvo limpia y expedita la acequia que corría al pie de los cerros y que proporcionaba agua a la pila de la plaza de la villa, de modo que no provocase inundaciones con los consiguientes destrozos en la época de lluvias.

Seguidamente, atendió a obras de reparación de los edificios oficiales. Así dirigió las obras de restauración y afianzamiento de las casas capitulares, que ya estaban amenazando ruina, y dentro de ellas especialmente las oficinas de la tesorería de la Caja de Huancavelica.(51)

Las condiciones de trabajo en la mina eran durísimas, puesto que al enorme esfuerzo físico que se requería, a los accidentes que continuamente se producían y a los cambios de temperatura a los que estaban sometidos los trabajadores, había que añadir, en el caso del cinabrio, el polvillo altamente tóxico que se respiraba en el interior de las galerías y que provocaba el llamado "mal de la mina", que en la mayoría de los casos producía la muerte al cabo de cierto tiempo. En consecuencia, las minas de mercurio de Huancavelica eran consideradas las más peligrosas y las que producían el índice de mortalidad más elevado de toda América(52).

Era responsabilidad del gremio de mineros pagar el salario de un médico cirujano. En la mayoría de los casos, se elegían a personas sin título y por lo tanto sin conocimientos suficientes, lo que había provocado dejar en manos de aventureros y personas sin escrúpulos la salud de los trabajadores de la mina. Por tal motivo, Beranger decidió no proceder a la elección de un facultativo hasta que no se encontrara a la persona idónea.

En el mismo sentido y desde su cargo de superintendente del hospital de San Juan de Dios, se ocupó de que mejorara la atención a los enfermos, la mayor parte de los cuales eran trabajadores de la mina-, dotando al centro de nuevo material(53).


Cese y juicio de residencia

Después de sus tres años de gobierno, Carlos de Beranger fue sustituido en octubre de 1767 por el gobernador titular, Domingo Antonio de Jáuregui. Al cesar en su cargo y como era habitual, el ingeniero elaboró un informe dirigido a su sucesor y otro dirigido a la Corona(54). En ambos reiteraba la enorme importancia que poseía la mina de Huancavelica y daba una serie de recomendaciones y consejos al nuevo gobernador.

También siguiendo la práctica habitual, el 17 de setiembre de 1767, se formó juicio de residencia a Carlos de Beranger. En él se destacó su capacidad de trabajo, que le había llevado a no contentarse con las visitas semanales sino a realizar todas aquellas que habían sido necesarias para mantener un seguimiento continuado de las obras de reparación en curso. Además se ponderó su estrecha vigilancia de la distribución de los metales que iban cayendo de los rajados para que se realizara con la mayor equidad y justicia.

Uno de los aspectos que más se valoraron fue el gran esfuerzo desplegado en apaciguar los ánimos exaltados de los mineros. El clima de irritación generado por Ulloa en su intento de atajar de un modo drástico la corrupción crónica en la administración fue de tal magnitud que parecía imposible establecer el mínimo orden necesario para obtener los resultados y objetivos fijados por la Corona en la producción de mercurio.

En el juicio de residencia se valoró finalmente la eficacia del gobernador en cobrar los tributos, su competencia en las obras de restauración de la mina y la abundancia de azogue obtenido para proveer las necesidades del virreinato. Por último, se insistió en su gran prudencia para administrar justicia, de tal manera que se recomendaba a la Corona que "se le honre, premie, y ponga en maiores cargos y puestos en que ciertamente cumplira con sus muchas y grandes obligaciones"(55).

La Real Audiencia de Lima confirmó la sentencia dada por el juez instructor Soldevilla, firmándola Holgado el 19 de diciembre de 1767.


El fracaso de la política reformista: balance de la obra de Beranger

Hay que proceder con gran cautela a la hora de hacer un balance de la actuación de gobierno de Beranger. Si nos ceñimos a la documentación oficial, presentada en el juicio de residencia, extraeríamos la conclusión de que su gestión de gobierno no pudo ser más ejemplar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de los testigos eran miembros del gremio de mineros y enemigos declarados de Ulloa. El mismo juez instructor, José Francisco Soldevila, era el ayudante mayor del batallón de milicias de la villa de Huancavelica, además de procurador general. Por ello no debe de extrañar el inmenso agradecimiento que todos sintieron por un representante de la Corona que, lejos de continuar con una política que obviamente lesionaba sus intereses, trató desde un principio de limar asperezas y crear un clima de consenso que evidentemente les beneficiaba.

El papel que desempeñó Carlos de Beranger en el gobierno de Huancavelica fue el de representar la política trazada por el virrey Amat que, aunque consciente de los extremos a los que se había llegado en materia de corrupción y que él mismo había denunciado, se inclinó más por contemporizar con los intereses de la sociedad limeña que por apoyar un proceso de reformas radicales(56). Sin embargo, Beranger no se limitó a ser un simple embajador del virrey, al que en todo caso demostró siempre su lealtad, sino que puso todo su empeño en dejar la mina en buenas condiciones para evitar una ruina que se anunciaba como inevitable tras la visita de Mesía. Por otro lado, si bien es cierto que buscó el apoyo del gremio de mineros e incluso hizo ciertas concesiones, no se dejó manipular por ellos, imponiéndose siempre que lo estimó necesario. Ahora bien, Beranger sí tuvo el apoyo del virrey, tal como señaló Ulloa, quejándose de la diferencia de trato:

"Hoy sucede otro caso que faborece mucho mi Justicia: y es que habiendose excedido en algunos escritos contra Don Carlos de Beranger sucesor interino mio en Guancavelica, los mismos sujetos que conmigo lo executaron, y de quienes se han servido para que pidan contra mi, fundando en sus recursos las inniquas causas que se han hecho; ocurrio al virrey quien inmediatamente, respondio que habia hecho mui mal de no haberle embiado preso desde Luego a Lima para desterrarle a un Presidio, y que lo executase sin dilacion, haciendo averiguacion de los complises; en lo que se quedaba entendiendo; y en su consequencia Don Miguel Cebrian se hallaba en la carcel: Don Antonio del Castillo fugitivo en Guamanga: y los que habian merecido la confianza de Beranger ceparados de ella, y temerosos de las resultas. No procedio el virrey durante mi gobierno en esa forma, sino mui al contrario;(57)"

CONCLUSIONES

La actuación de Antonio de Ulloa en Huancavelica fue controvertida. En primer lugar obedeció al proyecto del gobierno central de recuperar el control de la producción de mercurio frente al gremio de mineros. Sin embargo, Ulloa careció de habilidad política para imponerse al gremio, que defendía enconadamente sus intereses y que estaba, a su vez, aliado con los funcionarios reales en una cadena de corrupción difícil de romper. Ahora bien, también es cierto que el gobernador no contó con el respaldo necesario por parte de la metrópoli en los momentos más críticos de su acción de gobierno.

En segundo lugar, la ambigüedad de competencias de la gobernación de Huancavelica por designación directa de la Corona frente a la autoridad del virrey, dio como resultado un duro enfrentamiento entre Ulloa y Amat que derivó en descalificaciones mútuas y en la subsiguiente falta de colaboración y apoyo por parte de la institución virreinal, lo que hizo todavía más difícil el gobierno del científico sevillano.

Beranger se hizo cargo del gobierno de Huancavelica interinamente y por decisión de Amat. Como consecuencia, ante los ojos de Ulloa, sus sucesor se convertirá inmediatamente en un enemigo que, lejos de continuar su política de regeneración destinada a favorecer los intereses de la Corona frente al gremio de mineros, buscará una alianza con éstos últimos para desprestigiar su gobierno y mantener los privilegios de la sociedad criolla.

En realidad, y tal como señala Whitaker, ni Beranger ni su sucesor Jáuregui, se apartaron de la política iniciada por los gobernadores nombrados directamente por la Corona, aunque estos dos últimos escaparon a la profunda controversia suscitada por Ulloa. Sin embargo no fue debido a que éstos fueran nativos del Perú - como afirma erróneamente Whitaker(58) - y por esa razón fueran mejor acogidos, ya que ambos eran también peninsulares, por lo que hay que buscar la explicación en otros motivos. Posiblemente, en el caso de Beranger, su éxito se debiera a su política de concesiones y ayudas al gremio o a su mayor habilidad conducente a restablecer la tranquilidad y acabar con las fuertes tensiones que se habían producido en el gobierno anterior. Sin embargo, no atajó el mal endémico de la corrupción ni logró, por falta de tiempo y medios, modernizar la explotación minera.

En lo concerniente a los niveles de producción de azogue proveniente de Huancavelica, se logró proveer con abundancia a las necesidades de mercurio de la monarquía hispana. Este ritmo se mantuvo e incluso se superó durante los dos primeros años del gobierno de Jáuregui, pero a partir de 1770, y a pesar de los esfuerzos del sucesor de Beranger por evitarlo, se inicia una caída sistemática en la producción, no lográndose ya nunca ni igualar ni superar aquellas cantidades.

Con Beranger y Jáuregui se acabó el viejo sistema de asiento con el gremio de mineros, que quedaría disuelto, y comenzaría un nuevo régimen en la administración de la mina. Sin embargo las reformas llegaron demasiado tarde, puesto que el yacimiento de mercurio más importante de América se encontraba en una decadencia prácticamente irreversible(59).

Finalmente cabe señalar que, durante la administración de Ulloa, Beranger y los dos primeros años de Jáuregui, se consiguió satisfacer una de las aspiraciones de Amat, es decir la de incrementar la producción de plata peruana. Después ya nunca se logró ni superar ni igualar aquellas cantidades a pesar de los esfuerzos que se realizaron.


NOTAS

1. A.G.I. Lima 843. Holgado a S.M. Lima, 15 de febrero de 1764.

2. A.G.I. Lima 776. Beranger a Amat. Huancavelica, 30 de abril de 1766.

3. CONTRERAS, C. La ciudad del Mercurio. Huancavelica 1570-1700. Lima: 1982, p. 20; LOHMANN VILLENA, G.: Las minas de Huancavelica en los siglos XVI y XVII. Sevilla: 1949.

4. FISHER, J. Minas y mineros en el Perú colonial. 1776-1824, Lima: 1977, cap. I.

5. NAVARRO ABRINES, Mª C. Carlos de Beranger, un ingeniero militar en el virreinato del Perú (1719-1793). Tesis doctoral presentada en la Universidad de Barcelona (Director: Dr. Carlos Martínez Shaw), 1997 ( inédita). Véase la reseña de esta Tesis doctoral en la revista electrónica Biblio 3W

6. Es interesante la visión que dieron los prestigiosos científicos y marinos de la Armada española Jorge Juan y Antonio de Ulloa, después del viaje que realizaron a América de 1735 a 1745. Véase en la edición de RAMOS GOMEZ, L.J. Noticias secretas de América de Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1735-1745). Madrid: 1985.

7. PESET, J. L. Ciencia y Libertad. El papel del científico ante la independencia americana. Madrid: 1987. PESET, J. L. y LAFUENTE, A. Ciencia e Historia de la Ciencia en la España Ilustrada. Boletín de la Real Academia de la Historia, nº 178 (Madrid, 1981) ps. 267-300.

8. FUENTES, M.D. El azogue en las postrimerías del Perú colonial. Revista de Indias, nº 177 (1986) ps. 75-90.

9. FISHER, J. Minas y mineros, p. 87.

10. FELICIANO RAMOS, H.R. La economía hispanoamericana durante el siglo XVIII, Documentación indiana en Simancas. Valladolid: 1990, ps. 51-65, p. 59.

11. BAKEWELL, P. La minería en la Hispanoamérica colonial en BETELL, L Historia de América Latina. Barcelona: 1990, t. 3, p. 87.

12. Los asientos funcionaban como verdaderos contratos privados entre la Monarquía y los azogueros, los cuales, reconociendo la propiedad estatal de las minas, procedían a tomarlas en arriendo por un plazo estipulado. Véase BARCELLI, A. Breve historia Económico-Social del Perú. Lima: 1982, p. 287.

13. BAKEWELL, P. La minería. p. 74.

14. FISHER, J. Government and Society in Colonial Peru. The Intendant System: 1784-1814. Londres: 1970, p. 24.

15. ULLOA, A. Viaje a la América meridional. SAUMELL, A. (ed.) Madrid: 1990, libro I, cap. XII, p. 148.

16. WHITAKER, A.P. The Huancavelica Mercury Mine. Cambrige: 1941, ps. 25-30.

17. BARCELLI, A. Breve Historia. p. 289.

18. Para la actuación de Antonio de Ulloa en el centro minero de Huancavelica véase MOLINA MARTINEZ, M. Antonio de Ulloa en Huancavelica. Granada: 1995.

19. Estas eran las de Lima, Pasco, Jauja, Chucuito, Oruro, Potosí, Cilloma, Cuzco, La Paz y Carangas.

20. RODRIGUEZ CASADO, V. Primeros años de dominación española en la Luisiana. Madrid: 1942, p. 77.

21. MOLINA MARTINEZ, M. Técnica y laboreo en Huancavelica a mediados del siglo XVIII. IX Congreso Internacional de Historia de América (AHILA). Sevilla: 1992, ps. 395-405.

22. B.P.R.M. (Biblioteca Palacio Real de Madrid) Ms. 2453. Relación de Gobierno del Capitán de Navío D. Antonio de Ulloa en la villa de Huancavelicay de la provincia de Angaraes.

23. AMAT, M. Memoria de Gobierno. RODRIGUEZ CASADO, V. y PEREZ EMBID, F. (ed.); RODRIGUEZ CASADO, V. Primeros años, p. 84.

24. WHITAKER, A. The Huancavelica. ps. 39-40.

25. A.G.I. Lima 842. Ulloa al conde de Superunda. Huancavelica, 19 de enero de 1761.

26. En los estudios realizados por Vicente Rodríguez Casado y ya citados anteriormente, se menciona erróneamente a Holgado como Hidalgo. Primeros años. p. 85; Memoria del Virrey Amat. Estudio Preliminar. p. XCVIII.

27. El proceso seguido contra los veedores y Aguirre se encuentra en A.G.I. Lima 846 B.

28. A.G.I. Lima 842. Ulloa a Arriaga. Huancavelica, 24 de junio de 1762.

29. RODRIGUEZ CASADO, V. Primeros años, ps. 89-90 y en Memoria Virrey Amat. Estudio preliminar. ps. CI-CII, menciona erróneamente a Mesía como Mencía.

30. A.G.I. Lima 824. Memorial del fiscal Holgado revisando el caso Ulloa en Lima, 12 de noviembre de 1763 y certificado por Félix García Romero el 9 de abril de 1764.

31. A.G.I. Lima 824. Resolución del Real Acuerdo sobre el asunto de Huancavelica. Lima, 21 de febrero de 1764.

32. A.G.I. Lima 843. Ulloa a la Corte. Huancavelica, febrero de 1764.

33. A.G.I. Lima 843. Amat a Arriaga. Lima, 23 de febrero de 1764.

34. A.G.I. Lima 842. Indice de todo quanto ha dado cuenta desde que se concedio el Gobierno y Superintendencia de la Mina de Guancavelica Dn. Antonio de Ulloa, como igualmente el Virrey de Lima, Fiscal, y Dn. Carlos de Beranger sobre sus causas.

35. WHITAKER, A.P. The Huancavelica. ps. 46 a 51. FISHER, J. Government and... p. 24; MOLINA MARTINEZ, M., Antonio de Ulloa, p. 186.

36. A.G.I. Lima 843. Amat a Arriaga. Lima, 23 de febrero de 1764; FISHER, J. Government and... p. 24.

37. Carlos de Beranger y Renau había nacido en Barcelona en 1719 y se había formado en la Academia Militar de Matemáticas de Barcelona. Tras varios destinos, fue finalmente enviado al Virreinato del Perú a las órdenes del virrey Amat. NAVARRO ABRINES, Mª C. L´enginyer militar Carles de Beranger, una aproximació biogràfica, 3es. Jornades d´Estudis Catalano-Americans. Barcelona: 1990, p. 310.

38. A.G.I. Lima 1498. Nombramiento de Beranger como Gobernador de Huancavelica. Huancavelica, 6 de agosto de 1764.

39. A.G.I. Lima 843. Ulloa a Beranger. Huancavelica, 6 de setiembre de 1764.

40. A.G.I. Lima 843. Beranger a Ulloa. Huancavelica, 9 de setiembre de 1764.

41. A.G.I. Lima 843. Ulloa a Arriaga. Bellavista, 8 de octubre de 1764.

42. A.G.I. Lima 840. Beranger a Jáuregui. Huancavelica, 32 de junio de 1767.

43. A.G.I. Lima 776. Beranger a Amat. Huancavelica, 30 de abril de 1766.

44. BAKEWELL, P. La mineria. p. 70; A.G.I. Lima 840. Beranger a Jáuregui. Huancavelica, 23 de junio de 1767.

45. A.G.I. Lima 835. Informe de la Contaduría General remitidos por el Virrey Amat. Madrid, 12 de diciembre de 1766.

46. A.G.I. Lima 840. Informe de Beranger al cesar en Huancavelica. Lima, 26 de octubre de 1767.

47. B.C. (Biblioteca de Cataluña) Ms. 400, nº 92. Estado general que demuestra las entradas de Azogue que ha ejecutado el ilustre gremio desde 6 de Agosto de 1764 hasta 30 de Junio de 1767 pertenecientes al gobierno del Capitán de Dragones Dn. Carlos de Beranger; A.G.I. Lima 840. Informe de Beranger al cesar en Huancavelica. Lima, 26 de octubre de 1767; A.G.I. Lima 840. Informe de Landázuri. Madrid, 8 de agosto de 1768.

48. MENDIBURU, M. Diccionario histórico-biográfico del Perú. Lima: 1935-1938, vol. VI, ps. 454-455; RIVERO Y USTARIZ, M. Memoria sobre la mina de Azogue de Huancavelica y de la Chonta. Colección de memorias científicas, agrícolas e industriales. Lima: 1848.

49. A.G.I. Lima 840. Informe de la Contaduría General. Tomás Ortiz de Landázuri. Madrid: 8 de agosto de 1768.

50. WHITAKER, A. Huancavelica. p. 54.

51. A.G.N.L. (Archivo General de la Nación de Lima). Cajas Reales de Huancavelica (1763-1766). Carlos de Beranger, Huancavelica, 20 de setiembre de 1764.

52. BAKEWELL, O. La minería. p. 72; LOHMANN VILLENA, G. Las minas de... p. 175.

53. A.G.I. Lima 840. Beranger a Jáuregui. Huancavelica, 23 de junio de 1767.

54. A.G.I. Lima 840. Informe de Beranger a Jáuregui. Huancavelica, 23 de junio de 1767; Lima 840. Informe de Beranger al Monarca. Lima, 26 de octubre de 1767.

55. A.G.I. Lima 776. Expediente del juicio de residencia practicado a Carlos de Beranger tras su cese como Gobernador interino de Huancavelica, para el que fue nombrado juez Francisco Soldevila. Lima, 15 de diciembre de 1767.

56. FISHER, J., Government and Society... p. 24.

57. A.G.I. Santo Domingo 2542. Ulloa a Arriaga. Balisay, 18 de diciembre de 1766.

58. WHITAKER, A., Huancavelica. p. 55.

59. BAKEWELL, P. La minería. p. 64.

 

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