Pablo Camus
Licenciado en Historia
Magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente
Doctor (c) en Historia.

Jaime Rosenblitt
Licenciado en Historia
Magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente.

Desde mediados de la década de 1970 la República de Chile adoptó el modelo de desarrollo económico de "libre mercado", impulsado por la dictadura militar que encabezaba el General Augusto Pinochet e inspirado en los principios teóricos del neoliberalismo. Dicho modelo, que en la siguiente década comenzó a ser aplicado en varios países latinoamericanos y del mundo, se impuso sobre el viejo estado "benefactor", "empresario", "keynesiano" o "desarrollista", que había predominado desde los años treinta, caracterizándose por el incuestionable predominio del sector público en la conducción del proceso económico, ya que éste contaba con múltiples instrumentos, recursos y atribuciones para intervenir y regular los mercados. El "estado desarrollista" interpretaba las aspiraciones de la mayoría ciudadana que había conquistado el control del sistema político en 1938 (Frente Popular) y tenía como principales propósitos mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los sectores sociales medios y bajos, potenciar la estructura productiva nacional y resguardar al país de las oscilaciones de la economía mundial, aún traumatizado por los efectos de la Gran Crisis de 1929. Para ello, debía orientar la producción nacional a satisfacer los requerimientos del mercado interno y a inducir el desenvolvimiento de un aparato industrial capaz de liderar el desarrollo de los demás sectores productivos y, en definitiva, de romper con la dependencia respecto de los países más poderosos del planeta.

Anuladas las facciones y tendencias estatistas al interior del régimen militar y sus partidarios civiles, la instauración del modelo de "libre mercado" fue emprendida por un selecto grupo de técnicos economistas formados en la matriz neoliberal de la Universidad de Chicago, quienes profesaban una devoción casi religiosa en las bondades de "su ciencia" y que, además, contaban con la excepcional oportunidad de ejecutar el proyecto de transformaciones estructurales sin tener que enfrentar oposición social y política alguna. El "estado desarrollista" fue desmantelado con la reducción de sus atribuciones normativas y regulatorias, la enajenación de su patrimonio y el traspaso de sus funciones de asistencia a la población al sector privado; se consideraba que su gestión era ineficiente, pues en ella predominaban criterios políticos en lugar de los de rentabilidad, que eran los que en definitiva permitían asegurar la óptima asignación de los recursos. El estado debía abstenerse de intervenir en la economía, ya que con ello sólo lograba distorsionar el libre juego de las fuerzas del mercado y entorpecer el desenvolvimiento de los agentes privados. En adelante, el fisco debía limitar sus funciones a dirimir los conflictos entre los actores económicos, resguardar la estabilidad de la moneda, fomentar el intercambio comercial con otros países y, a garantizar el orden público; y sólo podría asumir directamente el control de algún servicio social o sector productivo que por sus bajas expectativas de lucro no fuese atractivo para la participación del capital privado(1).

En el plano territorial, los efectos de la adopción del modelo neoliberal fueron devastadores para las regiones más atrasadas y cuyo progreso el "estado desarrollista" había intentado proteger y propiciar mediante la aplicación de políticas especiales. En este sentido, el caso de la cuenca del río Choapa es paradigmático. Situada a casi trescientos kilómetros al Norte de Santiago –la capital nacional-, la región atraviesa por un letargo económico que se remonta a los comienzos del siglo XIX. Desde la llegada de los conquistadores españoles, a mediados del siglo XVI, la minería se había constituido en la principal actividad productiva local, propiciando el asentamiento de importantes contingentes de población, sin embargo, el agotamiento de las reservas metálicas provocó el declive de su estructura económica y el estancamiento de su dinámica demográfica, fenómenos que se extienden hasta el presente.

A lo largo de ya casi dos siglos, los habitantes de la cuenca del Chopa se resisten a abandonar su tierra, practicando una agricultura de bajísima productividad que les permite subsistir al borde de la miseria y con la única esperanza de hallar una "mina de oro" que cambie su destino. A las puertas del tercer milenio, parece que allí el tiempo se hubiese detenido, sin que ello parezca preocupar a las autoridades nacionales y sin que nada puedan hacer sus habitantes. A continuación, un relato sobre la evolución del sistema de asentamientos humanos de la región.
 

El período prehispano y la cultura Molle-Diagüita.
 

La historia del poblamiento de la cuenca del Choapa se remonta a unos 11.000 a 15.000 años atrás, de acuerdo con el hallazgo de un sitio arqueológico en la localidad de Quereo, tres kilómetros al sur de Los Vilos. Otro descubrimiento de importancia es el sitio de Huentelauquén, el que revela la presencia de bandas cazadoras recolectoras y pescadoras.

Francisco Cornely encontró en 1938 restos arqueológicos que han permitido establecer que hacia el 310 +/-90 años d. de C., se consolidó el primer pueblo de agricultores alfareros que habitó la región: la cultura molle, que poseía una cerámica roja y negra pulida y conocía la metalurgia de cobre, que le permitía fabricar pinzas, brazaletes, anillos y pendientes. Un elemento característico de la cultura molle es el tembetá, un adorno fabricado de piedra que se introducía en una perforación practicada para este fin debajo del labio inferior(2).

En las mismas áreas donde se encontraba asentada la cultura El Molle, aparecieron nuevos grupos humanos con una cultura diferente, aunque también alfareros y agricultores. Latcham dio a esta cultura el nombre de diagüitas, por sus semejanzas con la cultura diagüita argentina. Durante mucho tiempo estas dos culturas coexistieron, adoptando los diagüitas algunas técnicas y motivos molles, pero sin abandonar su propio estilo alfarero. Al parecer, aprendieron de los molles el trabajo y uso del cobre y otros metales, por lo que se entiende que la base económica minera de esta región se extiende desde tiempos inmemoriales(3). El momento culminante de estas manifestaciones culturales, así como de su organización socio económica, se habría producido hacia el siglo XV, extendiéndose hasta el período de la conquista inca y luego la española(4).
 

La cuenca del Choapa en el período de dominación hispano colonial.
 

Las riquezas mineras del Choapa.
 

La minería ha sido la principal riqueza del valle del Choapa y más concretamente de la zona de Illapel, donde ha tenido una importancia económica fundamental desde épocas prehispánicas. De hecho, Illapel es un vocablo indígena que significa "Pluma de Oro". La riqueza minera de la zona, especialmente la aurífera, atrajo desde los primeros años de la conquista a los españoles, quienes de inmediato comenzaron a instalar faenas en minas y lavaderos de oro. A través de la historia regional, prácticamente todos los vericuetos de la comarca han sido objeto de explotación minera hasta épocas muy tardías e incluso hasta el día de hoy se encuentran faenas auríferas y cupríferas. La presencia de viejas ruinas de trapiches y molinos de minerales en diversos lugares del Choapa, como en Farellón de Sanchez y Matancilla, dejan entrever que los trabajos mineros alcanzaron bastante intensidad.

En este contexto, por ejemplo, durante el gobierno de García Hurtado de Mendoza (1557-1561) se descubrieron los riquísimos lavaderos de oro del Choapa, que produjeron abundantes cantidades de dicho mineral y enriquecieron a algunos conquistadores, entre otros, a Gonzalo de los Ríos, abuelo de Catalina de los Ríos y Lisperguer, la legendaria y tristemente célebre Quintrala. Los asientos mineros auríferos más importantes del siglo XVI y XVII fueron Illapel, Chillamahuida, Chigualoco, Nuestra Señora y Espíritu Santo(5).

La fama de la riqueza aurífera de la cuenca del Choapa era tan grande, que en el año 1605 el gobernador García Ramón escribía que "es uno de esos ríos de oro que corren por el mundo". En el siglo XVIII el rey de España, al otorgarle un escudo de armas a la villa de San Rafael de las Rosas (Illapel), le dio por lema la siguiente frase: "mis entrañas son de oro". En el siglo XIX, el historiador Benjamín Vicuña Mackena escribía: "las minas de Illapel y Choapa, que como un arroyo de oro inagotable no han dejado de rendir su tributo, en ocasiones pingüe, escaso en otras, pero nunca completamente desfallecido, al caudal de Chile"(6).

Las faenas mineras en los lavaderos de oro demandaron importantes cantidades de trabajadores indígenas, pues se requería una infinidad de manos para manejar las bateas y separar el oro con rapidez y sin parar. De ahí el interés de los españoles por obtener una encomienda(7), ya que ésta les permitía disponer una abundante mano de obra gratuita para la extracción del mineral. En una primera etapa, se utilizaron los indios de encomiendas cercanas, como la de Juan Godinez, la de Juan de Ahumada y la de García de Cáceres, quienes se enriquecieron en forma extraordinaria. Pero en la medida que los indios de encomiendas locales se hicieron insuficientes, hubo que trasladar a otros aborígenes desde regiones más lejanas. Por ejemplo, en 1579 la encomienda de Juan de Cuevas, que reunía entre otros los pueblos de Vichuquén, Huenchullami y Loncomilla, en la región del Maule, tenía destacados en Chigualoco a 33 trabajadores, con 39 mujeres y 31 niños(8).

La caída de la población indígena, producto de la conquista y sus epidemias, guerras y trabajos forzados, mermó la capacidad productiva de las primeras encomiendas de indios, de modo que se recurrió a la utilización de indios tomados como esclavos en la guerra de Arauco, en el sur de Chile, que adquirieron cada vez mayor relevancia para las faenas mineras de los valles transversales, pues cada vez fue mayor el interés por aumentar el número de trabajadores y por lo tanto, la productividad de los yacimientos. Con todo, la población indígena entró progresivamente en un intenso proceso de integración con la creciente población mestiza derivada del cruce de indios, blancos y negros, que terminó por transformar al indio encomendado en peón asalariado, el que predominará a partir de 1730 aproximadamente(9).

Durante la primera parte siglo XVIII, la población mantuvo un ritmo lento de crecimiento, pero en la medida en que la economía regional se recuperó, a partir de 1750, la población se incrementó en forma notable, a una tasa de crecimiento anual de 3,6 por ciento(10). En este sentido, el incremento de la demanda de cobre desde España, Perú, Río de la Plata y Santiago, repercutió en el desarrollo minero de los valles transversales debido a que la mayor producción de estos yacimientos se sumó a la plata y el oro. Antonio Martínez de Mata, visitador de minas en 1789, señalaba los siguientes yacimientos cupríferos: Achupallas, El Arrayán, Don Gonzalo, La Higuera, Los Hornos, Limahuida, Llahuin, Laucave, El Romero, entre otros(11).

Pero los tres siglos de intensa explotación de los yacimientos minerales del Choapa significaron, en definitiva, además de una riqueza inmensa, la ruina de los recursos naturales de la región, derivada de las actividades anexas a la extracción de mineral, especialmente a causa de la demanda de combustible y madera. Ello se expresa en el descenso demográfico experimentado desde fines del siglo XVIII. En general, la población y economía del Norte Chico se desarrollaba y estancaba con gran facilidad. Bastaba un descubrimiento afortunado en algún punto de la región para que la población se desplazara hacia allá, pero tan pronto se esfumaba la ilusión o se agotaba el mineral, estos asentamientos eran abandonados.
 

Mercedes de tierras, haciendas y comunidades agrícolas.
 

Junto a la encomienda, otro de los buenos premios que podía obtener el conquistador era una merced de tierra. En los valles transversales y en la cuenca del Choapa, el principal factor que parece haber estimulado la solicitud de mercedes y la ocupación de tierras fueron las labores mineras, cuya demanda por alimentos e insumos propiciaba una intensa actividad agroganadera de apoyo: cueros, carne, charqui, sebo, cereales y chacarería. En este sentido, por ejemplo, en 1579 el Gobernador Rodrigo de Quiroga concedió a Pedro Bustamante una merced de tierras "desde la boca del mar hasta su nacimiento que comienza de la subida de la cuesta caminando para las minas de Chigualoco"(12).

La propiedad más importante del Choapa fue la hacienda Illapel, que permaneció durante más de cuatro siglos en poder de los descendientes directos de sus primeros dueños. Se fue constituyendo a través de mercedes de tierras y adquisiciones diversas, hasta formar una de las haciendas más grandes de la Colonia y de gran parte de la República, pues comprendía prácticamente todo el valle de Illapel, desde su confluencia con el estero Aucó, los Hornos, Chillán y Alcaparrosa, hasta deslindar con Valle Hermoso, en Combarbalá. Su primer propietario fue el conquistador Diego García de Cáceres, hombre de confianza de Pedro de Valdivia, de quien fue su mayordomo y albacea testamentario. Diego García vino a Chile con Valdivia en 1540, alcanzando posteriormente diversos cargos, como regidor, alguacil mayor, alférez real, procurador e incluso gobernador interino del reino en 1581. Con el tiempo se creó el título nobiliario de "Marqués de Pica", mayorazgo(13) en poder de la familia Irarrázaval, que terminó por convertirse en la más influyente de la región. El último titular de esta larga tradición fue Manuel José Irarrázaval, destacado hombre público e impulsor de la Ley de Comuna Autónoma en 1891. No obstante, la permanente limitación a la concentración de la propiedad territorial de las autoridades públicas, como la abolición de las encomiendas en 1721, las restricciones a los mayorazgos introducida por la ilustración borbónica a fines del siglo XVIII, así como la disolución definitiva de dicha institución dispuesta por el estado republicano en 1854, los descendientes de Irarrázaval lograron mantener las haciendas de Illapel y Pullally en su poder hasta la reforma agraria en 1967(14).

Otra propiedad de grandes dimensiones que existió en la región fue la hacienda Choapa, que abarcaba tierras que con posteridad se dividieron en catorce latifundios, extendidos a lo largo y ancho de la cuenca del Choapa, desde la confluencia con el río Illapel, hasta la cordillera, incluyendo el valle de Illapel hasta tocar con el estero Auco, comprendiendo los terrenos en los que se emplaza la ciudad de Illapel y la hacienda de Cavivolen por la costa, además de otra serie de propiedades en el valle del Choapa. Esta propiedad perteneció durante la conquista y casi toda la colonia a la familia Ahumada. Su primer dueño fue Juan de Ahumada, compañero del gobernador García Hurtado de Mendoza.

Otra forma de tenencia de la tierra originada, ya desde los tiempos coloniales, fueron las comunidades agrícolas. Un estudio del Ministerio de Agricultura realizado en 1962, señalaba que algunas de las mercedes de tierra otorgadas por la Corona de España fueron concedidas en terrenos de secano, pobres y poco productivos. Aunque cubrían vastas áreas, los descendientes de los primitivos beneficiarios no tuvieron interés en hacer valer sus derechos de herencia. Posteriormente, la falta de incentivos económicos no habría justificado la inscripción y regularización de dichas tierras, que paralelamente eran pobladas espontáneamente por miembros de los estratos inferiores de la sociedad, que las utilizaban como unidades de rasgos semicomunales y semiindividuales caracterizadas tanto por la explotación de pequeños pedazos de tierra regada, denominados hijuelas, como de tierras comunales en suelos de secano y pastoreo. Asimismo, otras comunidades parecen haber derivado de antiguos asentamientos mineros, que una vez agotados, su población emprendía actividades agropastoriles de subsistencia. Incluso, uno de los principales incentivos para atraer mano de obra consistió en el ofrecimiento de tierras y aguas. Otro origen que se ha identificado en la conformación de la propiedad comunitaria, consiste en que algunos hacendados españoles que disponían de grandes cantidades de indios encomendados y asentados en suelos de buena calidad, decidieron su traslado a sectores de inferior productividad para emprender por su cuenta el cultivo de cereales para la exportación.

Ubicadas en las márgenes de los ríos, esteros o vertientes, las hijuelas son generalmente planas y cultivables, con riego ocasional o permanente. El campo común representa la propiedad indivisa, poseída por varias personas naturales o por sucesiones que los comuneros destinaban al pastoreo y a la explotación del monte y matorral para obtener elementos de construcción y especialmente combustible.

De acuerdo con un estudio realizado en 1966, muchas comunidades de la provincia de Illapel han mantenido seculares conflictos de deslindes con haciendas y fundos vecinos. Tales antagonismos han surgido por la falta de límites de propiedad claros, la no inscripción de títulos, la falta de los mismos o de transacciones poco transparentes. Lo anterior se ha traducido en largos y a veces violentos pleitos que se han transmitido por generaciones(15).

La economía de haciendas y comunidades agrarias se orientó inicialmente hacia la ganadería. Las actividades mineras, tanto en el Norte Chico como en Potosí y otras zonas del Alto Perú, demandaban insumos como cueros, sebo, charqui y cordobanes que eran obtenidos a partir, de la cría de ganado. Desde fines del siglo XVII y especialmente durante el siglo XVIII, se originó una significativa demanda de trigos desde el Perú que, en definitiva, impulsó el monocultivo de este cereal en gran escala, transformando drásticamente el paisaje original de la región. Cada vez más hectáreas se dedicaban al cultivo de trigo que luego sería exportado al virreinato.

Como ha demostrado Sergio Sepúlveda, la conquista del mercado peruano por el trigo chileno se impone por la influencia de factores geográficos, los que permiten comprender como en Chile, a pesar de las difíciles condiciones creadas al impulso conquistador, como la resistencia indígena en el sur y el aislamiento y pobreza del país, fue posible iniciar un incipiente desarrollo agrícola en el centro-norte del valle longitudinal, escenario estable de la mayor actividad española. El trigo adquirió pronto la calidad de cultivo preferencial del reino de Chile; planta típica de la zona templada se adaptó al clima chileno y en poco tiempo pudo superar las limitadas necesidades internas para ir a golpear las puertas del Perú, Australia, California y Gran Bretaña(16).

Posteriormente, hacia fines del siglo XVIII, se observa un giro en la actividad agrícola de la hacienda, que de productora y exportadora de trigo, se transformó en productora y exportadora de productos semielaborados, tales como vino, aguardiente, y frutas secas. Sumado a lo anterior, otro cultivo señero en el Choapa ha sido el de la vid, necesaria para la elaboración de vinos y aguardientes, que, según las descripciones de cronistas y viajeros, eran muy apetecidos en las provincias mineras(17).

Esta incipiente economía fue complementada por la intensa actividad minera que tuvo lugar, con interrupciones, al menos hasta las primeras décadas del siglo XIX, período en el cual se descubrieron los mejores minerales hacia el norte y se terminaron por "agotar" las tierras de la cuenca del Choapa.

En este contexto, el desarrollo de Illapel durante el período hispano colonial parece tener dos ciclos económicos. El primero ocurre durante la conquista y está relacionado con los "ríos de oro" o lavaderos que aseguraron inmensas fortunas a los encomenderos que dispusieron de indios para separar el oro del agua y la tierra de los ríos. De modo que en torno a una economía minera se desarrolló paulatinamente una economía ganadera, proveedora de los insumos necesarios para el abastecimiento de las faenas extractivas.

Un segundo ciclo económico y social se relaciona particularmente con el auge en la demanda internacional de cobre y trigo, registrada durante el siglo XVIII y las primeras décadas del XIX. Como consecuencia de este segundo ciclo de expansión económica y de la política urbana de los Borbones, en 1754 se fundó la villa de San Rafael de las Rozas, actual Illapel, con el propósito de controlar de mejor forma la evangelización de los indígenas asentados en la región, la administración de justicia y el cobro de impuestos a los campesinos, mineros y hacendados que vivían dispersos en el valle. El pueblo original comprendía seis cuadras de largo por cuatro de ancho. Por más de treinta años algunos vecinos tuvieron innumerables dificultades para instalarse en la villa por las trabas impuestas por los grandes propietarios, mientras que otros mantuvieron actitudes renuentes a arraigarse. Sin embargo, en 1788, el gobernador Ambrosio O'Higgins, al encontrarla en un estado deplorable, dio un impulso definitivo al poblamiento de San Rafael de las Rozas, ampliando los derechos de los vecinos y zanjando sus pleitos con los hacendados(18).

En suma, cíclicamente, una vez agotados los descubrimientos minerales, la población que acudía a ellos, retornaba a trabajar a sus tierras comunitarias o a emplearse en las haciendas, actividad que si bien ofrecía menores expectativas económicas, constituía una alternativa válida durante los períodos en que escaseaban los minerales. Viceversa, en años de sequía muchos peones y comuneros abandonaban la zona para ir a trabajar o catear minerales en otras regiones. El habitante de los valles transversales no ha abandonado nunca la ilusión y sigue buscando el yacimiento o la veta que le permitirá "hacerse rico". Se ha formado entonces un sui generis peón minero-agrícola, que ha mantenido su flexibilidad laboral hasta el presente.
 

Explotación de los recursos naturales y deterioro del paisaje.
 

Como se ha señalado, inserta en el sistema de dominación colonial, la región de los valles transversales experimentó diversas transformaciones en su estructura económica, de acuerdo con su dotación de recursos naturales y con las demandas de los mercados y núcleos coloniales en América y Europa.

Desde el siglo XVI hasta promediar el siglo XVII, esta estructura se caracterizó por el predominio de la minería del oro y de la ganadería como complemento. En el siglo XVIII, la agricultura, especialmente los cultivos de trigo, reemplazaron a la ganadería, producto de los requerimientos provenientes desde el Perú. Paralelamente, sin embargo, la minería se mantuvo como actividad relevante, y muchas veces supeditando a la agricultura y la ganadería a sus propias necesidades.

Pedro Cunill ha señalado que ya desde la conquista española se inició una presión sobre los recursos forestales, especialmente sobre el mollle, el chañar y el algarrobo americano. Documentos de archivos notariales indican el empleo de estas maderas en la construcción de viviendas y edificios públicos, en los que se utilizaron "maderos de algarrobos de más de una vara de largo". Incluso, hay documentos que demuestran la presencia en el territorio de grandes sauces, cuya madera era exportada a través del río Huasco, bastante más al norte de Illapel.

Más gravitante aún en la destrucción de los recursos naturales regionales y en la transformación del paisaje geográfico, fue la utilización de árboles y matorrales como elemento combustible básico en las fundiciones mineras, la expansión de los cultivos de trigo(19) y la recolección con fines comerciales de la brea y el pangue(20).

La utilización temprana del pangue, como planta curtiente de cueros y cordobanes necesarios para las faenas mineras, hizo disminuir su distribución a los sitios más inaccesibles. Actualmente, dicha especie se encuentra virtualmente extinguida en la región, conservándose sólo en la toponimia.

Paralelamente con la expansión de la minería de cobre y de los cultivos de trigo en el siglo XVIII, se requirió despejar las laderas de los cerros para obtener más tierras de cultivo y mayores cantidades de combustible para alimentar hornos y fundiciones. El derecho minero colonial, no modificado hasta la década de los setenta del siglo XIX, establecía la figura del "denuncio de bosques", que permitía al minero talar los bosques cercanos a su yacimiento para llevar a cabo las faenas.

En consecuencia, la tala destructiva de la vegetación arbustiva y arbórea de la región de los valles transversales se acentuó notablemente. Minas y trapiches requerían de recursos como la madera y los matorrales para emplear como combustible y para la alimentación de los animales de carga. Una vez agotada la veta, las actividades extractivas se trasladaban a otro lugar, repitiendo la tala de árboles y arbustos, especialmente de los espinos que abundaban en la región. A fines del siglo XVIII existían alrededor de cuarenta fundiciones entre Copiapó y Aconcagua(21). Según Vicuña Mackenna, posteriormente a la introducción del horno de reverbero de Carlos Lambert, entre 1831 y 1851 se produjo la destrucción casi total de chañares, molles, algarrobos, espinos, arbustos y matorrales como el talguén(22).
 

El siglo XIX y el avance de la frontera minera hacia el norte.
 

El progresivo agotamiento de los minerales en la cuenca del Choapa, estimuló a cateadores y aventureros a explorar más hacia el norte, con el objetivo de encontrar nuevas riquezas. En este sentido, se descubrieron, por ejemplo, los siguientes minerales de plata: en 1811 el mineral de Agua Amarga, en 1825 el mineral de Arqueros y en 1832 el de Chañarcillo. Los hallazgos de nuevos yacimientos argentiferos continuaron más al norte, pues en 1848 se descubrió el mineral de Tres Puntas y en 1870 el Caracoles. Producto de estos hallazgos, entre 1840 y 1870, el ritmo de crecimiento demográfico provocado por la migración laboral hacia Atacama fue extraordinario en dicha provincia. La prosperidad generada por la expansión minera del siglo XIX implicó asimismo un rápido crecimiento urbano de Copiapó, que se convirtió en el nuevo centro de gravedad de la producción de plata y propició la aparición de poblaciones que antes no existían y luego desaparecieron, como Tres Puntas, Chañarcillo y Carrizal. La explotación del cobre también fue una actividad que alcanzó gran auge en los valles transversales durante el siglo XIX, especialmente en las zonas de La Serena y Ovalle. Uno de los descubrimientos de cobre más importantes fue el de Tamaya, base de la fortuna de José Tomás Urmeneta(23). Posteriormente, el notable desarrollo de la industria salitrera en el "Norte Grande" se constituyó en un nuevo incentivo para migraciones laborales, todavía más lejanas, por parte de los mineros de los valles transversales.

Junto con la decadencia de la minería de oro, plata y cobre, en los valles transversales y específicamente en Illapel, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se aprecia una constante reducción de sus habitantes, que migran hacia otras regiones en busca de mejores expectativas. De este modo, en 1875 había 175.044 individuos en la región de Coquimbo, mientras que en 1895 estos eran 175.435 y en 1920 la cifra apenas había aumentado a 176.041 habitantes, observándose un claro estancamiento de la población (Cuadro 1). La caída demográfica es aún más evidente en el Departamento de Illapel, que en 1875 contaba con 49.078 individuos, mientras que en 1895 estos habían disminuido a 42.282 y en 1920 a 40.439. Esta tendencia es incluso más aguda en la propia ciudad de Illapel, que tampoco escapó al proceso de decadencia poblacional. De los 6.607 vecinos que la habitaban en 1865, estos se redujeron a 3.170 en 1895 y a 3.139 en 1920. A escala nacional, en 1865 la población de los valles transversales (Copiapó y La Serena) representaba el 12,4 por ciento del total del país, mientras que en 1895 esta región aportaba sólo el 8,7 por ciento del total y en 1920 su participación había descendido al 6,0 por ciento de toda la población del país. En este contexto, es plausible suponer que entre 1885 y 1907, la mayor parte de la emigración proveniente del Norte Chico se dirigió en masa hacia las zonas salitreras inmediatamente al norte, que entre 1885 y 1920 aumentaron su ritmo de incremento demográfico a tasas muy superiores a las del país en su conjunto(24).
 

Cuadro 1
Población Provincia de Coquimbo, Departamento, Comuna y Ciudad de Illapel.
 

	Provincia de Coquimbo	Departamento de Illapel	Comuna de Illapel	Ciudad de Illapel
1844	78.574	17.640
1854	110.589	24.736
1865	153.720	39.127		6.607
1875	175.044	49.078	19.663	6.403
1885	190.727	46.246	15.620	4.703
1895	175.435	42.282	12.489	3.170
1907	190.867	45.213	13.277	3.359
1920	176.041	40.439	10.653	3.139
1930	198.336	41.249	12.527	4.405
1940	245.609	52.709	16.653	6.085
1952	262.169	56.212	19.059	17.573
1960	308.991	63.581	21.662	10.395
1970	338.646	61.569	20.757	12.246
1982	419.956	69.761	25.584	15.465
1992	504.387	78.078	29.007	18.868

Fuente: INE. Censos de la República de Chile.
 

Pero este proceso no fue permanente en el tiempo, siendo abruptamente interrumpido hacia 1929, como consecuencia de la profunda crisis experimentada por la industria salitrera a partir de ese año, la que a su vez fue resultado del colapso de la economía mundial, aunque a lo largo de toda la década del veinte ya se venía registrando una gradual declinación en la demanda externa de salitre, con la consiguiente contracción del sector. Un efecto inmediato de la crisis del salitre fue la "migración de retorno" hacia el Norte Chico y la zona central del país de un considerable contingente de desempleados. Se ha estimado que la corriente emigratoria total de la región salitrera en ese período fue de aproximadamente 40.000 personas. Miles de cesantes se vieron obligados ha desplazarse hacia otras zonas del país en busca del esquivo sustento(25).

Este fenómeno se refleja en el análisis de las cifras consignadas por los censos de 1930 y 1940. Hacia 1930, la población regional no había logrado superar los 200.000 habitantes, fluctuando entre los 175 mil y los 190 mil desde 1875, mientras que en 1940 alcanzó a 245.609 personas. Asimismo, el Departamento de Illapel que desde hacía décadas mantenía una población en torno a los 40 mil habitantes, en 1940 registró 52.709 personas. Posteriormente y después de permanecer largo tiempo en torno a los 12 mil habitantes, en 1940 la población de la comuna creció a 16.653 y la población de la ciudad subió de 4.405 habitantes en 1930 a 6.085 en 1940. Así, el período comprendido entre 1930 y 1940 se caracteriza por la irrupción de los "salitreros" en el escenario local, tal como desde hace siglos lo hacían sus antepasados cuando se agotaban los lavaderos de oro o los filones de plata. No obstante, a escala regional la generalizada tendencia a la emigración persiste más allá de los años sesenta. Junto a ello, se aprecia un proceso de urbanización y concentración espacial común a todo el país en este período(26).

Las actividades silvoagropecuarias, que en el pasado habían apaciguado la intensidad de los ciclos de decadencia minera, se encontraban muy deprimidas por el agotamiento y erosión de los suelos y por las dificultades para acceder al recurso agua de riego. En este contexto, la cuenca del río Choapa ha debido buscar durante el siglo XX nuevas alternativas para su desarrollo.
 

Decadencia de Illapel y la cuenca del Choapa: comunicaciones, agua y comunidades. Alternativas de desarrollo en el siglo XX.
 

Como una forma de conectar las regiones mineras con el centro del país e impulsar el desarrollo de las zonas agroganaderas del Norte Chico, el presidente José Manuel Balmaceda dispuso en 1888 la construcción de la red norte de ferrocarriles. Ian Thomson y Dietrich Angerstein han planteado que la decisión de construir la vía férrea por el centro de la región y no por la costa, habría obedecido a razones geopolíticas, pues por el centro se estaba a salvo de los cañones de buques de guerra de otros países vecinos con los que potencialmente podría estallar un conflicto armado. Otra explicación podría ser la necesidad de revitalizar las ciudades y las influyentes haciendas de los valles transversales, que por lo general estaban localizadas en el centro y hacia los sectores cordilleranos de la región. Por otra parte, no debe olvidarse que el camino por el interior era la vía histórica que desde tiempos inmemoriales servía para conectar el centro del país con Perú y Bolivia. La definición del trazado de los rieles generó un amplio debate entre los partidarios de la ruta costera y los defensores de la que atravesaba los valles interiores, el que tuvo lugar en los medios de prensa y en las sesiones legislativas, y que se prolongó hasta 1908, año en que se adoptó una decisión definitiva.

El problema principal de la alternativa por el interior era la topografía, que exigía la conquista de altas cumbres, como las de Quelon, Cristales y Las Astas. Incluso, se hizo necesario tender una cremallera, por no ser practicable el arrastre de los trenes por los cerros utilizando la sola adherencia de las ruedas de las locomotoras sobre rieles lisos. El trayecto de La Serena al sur estuvo listo en 1913. Hacia 1917, el viaje entre La Calera y la Serena demoraba un día. Además de estas incomodidades, la operación de la vía por el centro de la región representaba un enorme costo, llegándose al punto de aprobar, en 1936, su rectificación y traslado a la costa en el sector de Los Vilos, lo que implicó abandonar el uso de cremalleras(27). Posteriormente, al construirse la Carretera Panamericana también se optó por el sector de la costa, lo que en definitiva ha perjudicado las comunicaciones del interior con los grandes mercados nacionales, que se han visto privados de los primores del valle de Illapel.

Otro conflicto que ha surgido en la región es la disputa por el uso del agua del río Illapel(28). El primer caso que se conoce sobre disputa legal por el agua en el valle de Illapel data de 1844. Desde entonces en adelante, los regantes enfrentaron serios problemas por la regulación y el uso del agua, entre los regantes de arriba, es decir la Hacienda Illapel, y los regantes de abajo, quienes en 1844 lograron obtener un turno para llevar agua a sus propiedades. En 1886, 1893 y 1896 se produjeron nuevos conflictos por el uso del agua del Illapel(29).

Por ejemplo, en 1896 los propietarios de los fundos El Peral y Los lavaderos hicieron llegar una nota al Juez de Aguas en la que señalaban: "sabemos que los terrenos de la Hacienda Illapel se están regando en su totalidad con aguas del río Illapel privándonos actualmente, con graves perjuicios de nuestros intereses, de regar los nuestros con aguas del mismo río". El administrador de la Hacienda Illapel apeló ante el juez de aguas, pero éste finalmente resolvió un nuevo turno en favor de los regantes río abajo.

Después de diversos problemas de distribución del agua, los conflictos se volvieron a repetir durante el siguiente período de sequía, ocurrido en 1908, año en que se concedió un tercer turno de riego a los de abajo, el cual fue apelado por el administrador de la Hacienda Illapel, pero la Corte Suprema rechazó el recurso. Algunos años después, en 1912 y 1914, se produjeron nuevas solicitudes de turnos de regadío, pero esta vez si fueron rechazadas por la Corte Suprema.

En 1916 tuvo lugar una nueva pugna respecto de la distribución de aguas del río Illapel. En esa oportunidad, dieciséis personas que se identificaron como "comuneras de las aguas del río Illapel", solicitaron que se nombrase un repartidor de aguas que reconociese sus derechos sobre un turno de riego. Años después, en el transcurso de la aguda sequía que afectó al país en 1924, reaparecieron las disputas por la distribución del agua. Ese año, el decreto ley Nº 160 dispuso la inscripción de los derechos de agua. El primero en hacerlo fue Sergio Irarrazaval, propietario de la Hacienda Illapel, después lo hicieron los fundos El Peral y Las Casas y las comunidades de Canal de Cuz Cuz y Bartolomé Gomila. En este sentido, numerosas inscripciones se realizaron entre 1925 y 1936.

A partir de la compleja controversia generada por la inscripción y obtención de derechos de agua en la región de Choapa, después de la sequía de 1924, se elaboró un proyecto para construir un embalse en el valle de Illapel, el cual estaría ubicado en la zona de Huintil, 24 kilómetros aguas arriba del pueblo de Illapel y dentro de los limites de la hacienda del mismo nombre. Sin embargo, se disponen de muy pocos antecedentes relativos a este proyecto. Sólo existe un informe sin firma ni fecha, elaborado a principios de la década del treinta, que fue encontrado en la Dirección de Riego del Ministerio de Agricultura. Más concreta fue la constitución ante Notario Público de la "Asociación de Canalistas del río Illapel" en 1936, que intentó asegurar la administración del agua de riego en una zona que, como hemos visto, estaba sometida a la presión demográfica del retorno de los cesantes pampinos. Esta asociación fue reconocida y ratificada por el Presidente de la República Arturo Alessandri en 1937.

No obstante los lentos avances en la solución del conflicto, en 1936 los regantes del valle iniciaron un nuevo litigio de importancia sobre la distribución de las aguas del río Illapel. Un nuevo comparendo ante la justicia de todos los interesados fue solicitado en 1937, al cual se opuso Sergio Irarrazaval, propietario de la hacienda Illapel, basándose en la excepción de Litispendencia, es decir en el hecho que existiera otro juicio pendiente sobre la misma materia. Sin embargo, el 29 de noviembre tuvo lugar el comparendo, al cual asistieron 42 interesados por las aguas, 35 de la sección de arriba y 7 de la sección de abajo, todos comuneros de las aguas del río Illapel. Si bien se dictó una sentencia a fines de 1937, desde comienzos de 1938 comenzaron a plantearse cuestiones procesales de tal complicación, que el juicio fue definitivamente archivado en 1954 y sin que se hubiera dado cumplimiento a la sentencia de 1937.

Mientras se resolvía el complicado proceso judicial, los regantes del valle comenzaron a elaborar los términos de lo que se conocería como el "convenio voluntario", para distribuir las aguas del río Illapel en períodos de escasez. La necesidad de llegar a un acuerdo viable se hizo cada vez más urgente. El convenio voluntario fue firmado en 1945, seis años después del inicio de las conversaciones de acuerdo. Pero con ello no terminaron los problemas, pues no todos quedaron conformes con el arreglo.

En 1951 se dictó el Código de Aguas, que estuvo en vigencia hasta 1965. En este período se sostuvieron prácticamente todos los años múltiples pleitos menores entre los regantes del valle, que fueron vistos por la Dirección de Riego. En todo caso, después de siglos de conflicto, en 1965 la situación aparecía tan confusa como antes, lo que finalmente redundó en un deficiente aprovechamiento de la capacidad del río. Un estudio realizado en este período señalaba; "el agua, hoy día, está mal distribuida, puesto que los predios cuyos suelos caen bajo la clasificación de buenos reciben menos agua por hectárea que otros. Es decir, el recurso podría asignarse mejor si se diera una mayor cantidad de agua a los predios con suelos buenos"(30).

Otro tema fundamental e inmemorial de la cuenca del Choapa y de la región de Coquimbo en general, ha sido la situación de los comuneros, quienes hacia 1960 se encontraban entre los grupos más pobres de la sociedad agraria chilena de entonces, ocupando suelos marginales, de muy precaria productividad y rentabilidad. El emplazamiento mismo de las comunidades en suelos de secano y topografía accidentada, propicia para la configuración de procesos erosivos, permite prever las condiciones de escasez que presentan los ya sobreexplotados recursos naturales, así como la extrema fragilidad del entorno natural(31).

En 1966, un estudio del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola señalaba sobre los comuneros de los valles transversales: "bastará visitarlos y observar sus viviendas, la forma en que se alimentan; el origen del agua para usos domésticos, anormalidades en la constitución y funcionamiento de la familia, pobreza de mobiliario, menaje y vestuario en la comunidad. Se observan grupos sociales constituidos por "parias sociales", descendientes ilegítimos que no han heredado tierra y han generado abundante prole; por extraños que han pedido un "rinconcito donde arrancharse", y por fugitivos de la hacienda o el fundo vecino distantes. Mas de la mitad de las casas fueron encontradas en mal o pésimo estado. Lo general es encontrar un rancho de unos 50 m2 constituido por dos o tres habitaciones donde viven hacinados siete u ocho familiares".

Otro estudio realizado sobre los comuneros de Huentelauquén en 1979, arrojaba resultados similares: "desde el punto de vista de las condiciones de vida se constata una clara situación de extrema pobreza expresada en una tasa de analfabetismo (21%), muy superior al índice regional (14,2%), un bajo nivel educacional de la población, un bajo nivel de ingresos monetarios per cápita (US$ 166 anuales) y una deficitaria situación habitacional (54,9% de los comuneros habitan viviendas de mala o muy mala calidad). La actividad económica que se desarrolla en Huentelauquén tiene un carácter de subsistencia no dando lugar al ahorro o capitalización"(32).

En la actualidad, la Región de Coquimbo registra la existencia de 166 comunidades agrícolas, distribuidas entre 12.731 comuneros, ocupando una superficie total de 1.005.480,71 metros cuadrados, correspondiente al 24,8 por ciento del total de la región. En la provincia de Choapa hay 30 comunidades de las cuales 24 se encuentran en la zona de Mincha, 3 en Illapel, 2 en Los Vilos y 1 en Salamanca, que ocupan una superficie de 149.212,5 metros cuadrados, es decir, el 14,92 por ciento del total provincial (999.950 metros cuadrados). Los comuneros con derechos en esta provincia son 3.284, de los cuales 2.588 se encuentran en Mincha(33).

Su producción se concentra en chacras y hortalizas de consumo familiar y siembra de cereales en terrenos de secano, particularmente trigo, que corresponde a la actividad más antigua e importante para los comuneros, al menos en relación a la superficie involucrada. A pesar de su baja rentabilidad, las razones que pueden explicar la insistencia del comunero en la siembra de trigo se deben buscar en aspectos socio económicos y culturales. Así, por ejemplo, se puede afirmar que, tratándose de un cultivo tradicional, la tecnología requerida es simple y conocida, lo que además implica una baja inversión de capital, circunstancia que minimiza los riesgos de perdidas. Además, se debe tener en cuenta que es un producto no perecible, el que junto con constituir la base de la alimentación familiar mantiene su liquidez en forma permanente. Por último, el rastrojo es utilizado para la alimentación del ganado. Sin embargo y dadas las condiciones ambientales en que se realizan estos cultivos, su rendimiento es de los más bajos del país. Paralelamente, la ganadería caprina tiene gran importancia en la economía de estas comunidades, a pesar del impacto negativo que provoca sobre el medio natural, pues junto con proveer de carne y charqui, y de servir de importante medio de subsistencia, la masa caprina constituye el ahorro y seguro de los comuneros para situaciones imprevistas. Se trata entonces de una situación generalizada de deterioro natural y socioeconómico, derivada de la pobreza de los recursos naturales y la variabilidad de las precipitaciones pluviométricas en los territorios de los comuneros(34).
 

Conclusiones.
 

Los antecedentes históricos señalados evidencian la intensa explotación a la que ha sido sometida la cuenca del río Choapa. Pensamos que buena parte de las características de pobreza y degradación ambiental que la región presenta en la actualidad, derivan de los procesos de explotación socio-económica y ambiental que se han acumulado en el territorio de análisis en el transcurso de casi cinco siglos, especialmente en el período de explotación del cobre y de expansión de los cultivos de trigo, que provocaron la devastación de la vegetación xeromórfica que abundaba desde Copiapó a Petorca.

Durante el siglo XIX, después del avance de la frontera minera hacia Atacama, la región ha experimentado una crisis permanente, pues no ha repetido el esplendor que tuvo en la época del oro y el cobre. Sin embargo, por sus condiciones climáticas y agronómicas, la cuenca del Choapa tiene una alternativa de desarrollo en la agricultura de primores, es decir, frutas y verduras que alcanzan su madurez antes que en la zona central de Chile, lo que representa una notable oportunidad de mercado y progreso hasta ahora ignorada.

Durante el siglo XX, la disputa por el uso del agua del río Illapel demuestra que los agricultores de la zona están conscientes del potencial agrícola de la región. Sin embargo, el eterno problema ha radicado en la disponibilidad de riego. Un impulso productivo para la región precisa de un ordenamiento inteligente y eficaz del recurso, por lo que la creación de un embalse de regulación para las aguas del río Illapel, tal como recientemente lo ha propuesto el Ministerio de Obras Públicas de Chile, es una medida apropiada, pues aseguraría la disponibilidad del vital elemento durante los prolongados períodos de sequía que se suceden en el Choapa.

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Notas
 

1. Meller, Patricio (1996).

2. Mostny, Grete (1971).

3. La metalurgia era bien conocida por los molles. El cobre fue trabajado por procedimientos de fundición y martillaje, fabricándose pinzas para depilar, brazaletes, anillos, pendientes. Posteriormente se incorporó el trabajo del oro y plata y las técnicas de laminado, trefilado, repujado y aleación.

4. Mostny, Grete (1971); Ampuero (1979); Instituto Geográfico Militar (1986).

5. Serey, Arturo (1988).

6. Ibíd.

7. La institución de la encomienda tiene su origen en la España medieval y, estableció la base jurídica y los mecanismos mediante los cuales la sociedad colonial se apropió de los recursos y la fuerza de trabajo del mundo indígena en América. Asimilados a la calidad de vasallos del Rey de España, los indígenas debían a éste un tributo anual, cuya percepción el monarca "encomendaba" a los personajes más destacados de la Conquista y sus descendientes, como premio a los servicios prestados, a condición de comprometerse con la evangelización de los nuevos súbditos y, acudir en la defensa del territorio ("la ciudad y sus términos") cuando fuese necesario.

8. Villalobos, Sergio (1983).

9. Carmagnani, Marcello (1963).

10. Pinto, Jorge (1980).

11. Serey, Arturo (1988).

12. Villalobos, Sergio (1983).

13. La institución del Mayorazgo proviene de la tradición española medieval y consiste en que el rey premia por sus servicios a alguno de sus súbditos con la cesión de determinada extensión de tierras. Dicha cesión no es en propiedad, ya que el terreno no puede ser enajenado ni dividido. El disfrute de dicho terreno era entregado al titular y a dos generaciones de sus descendientes, luego podía ser volvía a poder de la corona, quien podía reasignarlo a la misma familia o a otra que estimase conveniente.

14. Serey, Arturo (1988).

15. Comite Interamericano de Desarrollo Agropecuario (1966).

16. Sepúlveda, Sergio (1959).

17. Carmagnani, Marcello (1963)

18. Sepulveda Eduardo (1954).

19. Zamora (1997). En este articulo Zamora estudia el caso de Cartagena,España, analizando la recuperación y los usos del bosque durante el período medieval y los peligros que significaban la expansión de la frontera agrícola en demanda de suelos para cultivar trigo en un proceso semejante al examinado en relación al Valle del Choapa.

20. Cunill, Pedro (1970).

21. Cunill, Pedro (1970).

22. Pinto, Jorge (1981).

23. Nazer, Ricardo (1994).

24. Geisse, Guillermo (1983). Anexo demográfico.

25. Goicovic, Igor (1996).

26. Instituto Geográfico Militar (1986). Anexo demográfico.

27. Thomson, Ian y Angerstein, Dietrich (1997).

28. El agua es un recurso estratégico y los conflictos por su uso son permanentes a lo largo de la historia y se incrementan con el aumento de la población y la creciente presión sobre los recursos naturales.

29. Stewart, Daniel (1970).

30. Steward, Daniel (1970).

31. Instituto Geográfico Militar (1986).

32. Bustamante, Jorge (1979).

33. Instituto Geográfico Militar (1986).

34. Instituto Geográfico Miltar (1986).
 
 

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