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Scripta Nova.
 Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.
Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788] 
Nº 69 (85), 1 de agosto de 2000

INNOVACIÓN, DESARROLLO Y MEDIO LOCAL.
DIMENSIONES SOCIALES Y ESPACIALES DE LA INNOVACIÓN

Número extraordinario dedicado al II Coloquio Internacional de Geocrítica (Actas del Coloquio)

INNOVACIÓN AGROPRODUCTIVA Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.
EL CASO DEL DESARROLLO FORESTAL CHILENO.

Pablo Camus Gayán
Licenciado en Historia
Magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente
Doctor candidato en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile(*)



Innovación agroproductiva y ordenamiento del territorio. El caso del desarrollo forestal chileno (Resumen)

Los diversos ensayos para contener la erosión en Chile evidenciaron el rápido crecimiento del pino insigne. Por sus ventajas comparativas la política forestal nacional en los setenta y ochenta estimuló su plantación a través del Decreto Ley 701 de 1974 que subsidió en un 75 por ciento el costo de forestación, aplicó diversos incentivos tributarios y estableció la inexpropiabilidad de los terrenos forestales. Como consecuencia se llevó a cabo en el país una notable expansión de las plantaciones forestales, lo que implicó un espactacular auge de la industria y de las exportaciones madereras. No obstante, esta política forestal fue duramente criticada por algunos sectores de la opinión pública que cuestionaron sus efectos sobre el ambiente físico y socioeconómico, especialmente la expulsión y pauperización de las comunidades rurales, la concentración de la propiedad, la pérdida de biodiversidad, el desecamiento de vertientes y la salinización y compactación de suelos.

Palabras clave: Políticas forestales/forestación/empresarios/campesinos/medio ambiente.



Agroproductive innovation and territorial management.  The case of Chilian forest development (Abstract)

The various trials to contain the erosion in Chile evidenced the rapid growth of the illustrious pine. For its comparative advantages, the national forest policy stimulated his plantation through decree law 701 of 1974 that subsidized in a 75% the afforestation cost. It apply various tax incentives and established the imposibility of expropiation of lands forest. As consequence is carried out in the country a notable expansion of the forest plantations, what implied a spectacular summit of industry and of the exports wood companies. Nevertheless, this forest policy was severely criticized by some sectors of the opinion publish that they questionned its effects on the physical environment and socioeconomic, especially the expulsion and pauperization of the rural communities, the concentration of the property, the loss of biodiversity, the desiccation of floods and the salinization and compactaction of soils.

Key words:  Forest policy/ forestry/ management/ environment


Durante siglos Chile fue una nación exportadora de trigo que deforestó sus suelos con el objetivo de ampliar su frontera agrícola y alcanzar mayores producciones. Sin embargo, hacia 1930 el país inicio un período de decadencia en su producción y exportación de este cereal. La caída general del ciclo económico triguero se debió tanto a factores exógenos como endógenos. La apertura del Canal de Panamá y la importancia que adquirieron otros países exportadores como Argentina, Canadá y USA, desde inicios del siglo XX, no favorecieron a nuestro país. Por otro lado, como factor endógeno, de las agotadas tierras nacionales cada vez se obtuvieron menores rendimientos. Tampoco el latifundio, donde predominaba el cultivo extensivo y de bajo rendimiento, era eficiente en la producción trigo(1).

En este contexto, en la década del treinta y del cuarenta, los científicos y agrónomos nacionales comenzaron a buscar explicaciones sobre los bajos rendimientos de los cultivos de trigo en el país. Desde entonces tomo fuerza el argumento de que la erosión de los suelos era la causa principal de los bajos índices de producción. Las agotadas tierras reclamaban un descanso luego de siglos de explotación. Manuel Elgueta y Juan Jirkal calculaban hacia 1943 que no menos de 4 millones de hectáreas del territorio nacional habían sido afectadas por la erosión. Entre los principales factores que favorecían la erosión se encontraba la explotación de la vegetación protectora, pues el hombre había recurrido al "roce a fuego" de terrenos inclinados para cultivar el trigo, facilitando, de este modo, un mayor arrastre del suelo por acción de las aguas lluvias(2).

Desde entonces se escribieron numerosos artículos llamando la atención sobre este flagelo. Algunos ejemplos: en 1947 Víctor Bianchi escribió Erosión Cáncer del Suelo; en 1957 Manuel Rodríguez Zapata calculo en 19.000.0000 de hectáreas las tierras erosionadas por distintas causas y en diversos grados; en 1958 Rafael Elizalde escribió La Sobrevivencia de Chile; en 1965 un estudio de evaluación de la erosión de la Cordillera de la Costa entre Valparaíso y Cautín realizado por el Instituto de Investigación de los Recursos Naturales de Chile (IREN) determino que el 59 % del área estudiada se encontraba bajo los efectos de la erosión y en 1970 Florencio Duran publicó La Conservación de Suelos y la Erosión. Estos escritos y muchos otros hicieron un ferviente llamado a detener los procesos erosivos que afectaban gravemente al medio ambiente y a la agricultura nacional. En este contexto, el geógrafo Pedro Cunill planteó en 1974 que en Chile se producía una situación geográfica paradojal: la de un país joven subpoblado y subutilizado pero que tenia la mayor parte de su espacio seriamente deteriorado(3).

En este sentido, el objetivo del trabajo es advertir que las políticas de crecimiento e innovación agroproductiva, en este caso las forestales, provocaron impactos negativos en el ambiente físico y socioeconómico de la región del Bío Bío en Chile, ya que no estuvieron asociadas a planes de manejo y programas de mitigación.

Los primeros intentos de reforestación y las misiones para el desarrollo de la industria forestal.

Ciertamente el problema de la erosión era anterior al siglo XX y se relacionaba con los ciclos de explotación agrícola. Ya en 1839 la Comisión de Bosques y Plantíos de la Sociedad Nacional de Agricultura planteaba que la falta de arboles traería enormes desgracias como la sequedad, aridez, falta de vegetación, enfermedades, despoblamiento y miseria, pues los arboles eran indispensables para conservar la humedad, proteger los suelos, favorecer las lluvias, mantener el caudal de los ríos y evitar las inundaciones(4).

Posteriormente, en 1870, Benjamin Vicuña Mackenna escribiría en el diario El Ferrocarril: «De todas las necesidades mas urgentes la que exige mayor atención es la reglamentación de los bosques. A esta grave cuestión esta vinculado el porvenir del país. ¿Qué es lo que se está haciendo? nos preguntamos se está incendiando a Chile en nombre de la agricultura. Se está decretando el desierto en el sur a nombre del trigo, así como en el norte se consumió y decretó a nombre del cobre» (5). En este contexto, en 1872 se promulgó la primera ley sobre corta de bosques con la intención de proteger los bosques y las quebradas de la acción destructora del hombre.

A fines del siglo XIX, inicio su labor Federico Albert, quien, como precursor de la reforestación nacional, organizó los primeros servicios de vigilancia y fomento de los recursos naturales del país, labor que culminó con la creación de la Inspección General de Bosques, Pesca y Caza en 1911. Gracias a su acción reforestadora, el pueblo de Chanco se salvo de ser sepultado por las dunas y se crearon numerosos viveros fiscales con el objetivo de ofrecer plantas a los particulares interesados en forestar(6).

De este modo, la replantación forestal de las tierras con pendiente comenzó a vislumbrarse como el medio para detener la erosión de los suelos del país. Después de intensos esfuerzos y debates, en 1931, se dicto la denominada Ley de Bosques, que estableció exenciones totales por un plazo de 30 anos para todas las plantaciones ubicadas sobre terrenos declarados forestales. A partir de esta iniciativa se iniciaron los primeros intentos sistemáticos y a gran escala de forestación especialmente en las erosionadas tierras de la región del Bío Bío.

Al cabo de unos años, en el marco de la preocupación por la destrucción del bosque, el 25 de Julio de 1935, se constituyó la «Sociedad Amigos del Arbol». Entre sus numerosas iniciativas esta sociedad organizo, en 1942, la primera Asamblea Forestal Nacional, con el objetivo de «formar un ambiente en favor de la protección de nuestros arboles, del desarrollo intensivo de las plantaciones forestales y, en una palabra, para que se inicie una verdadera política forestal»(7).

Por su parte, en 1944, el Estado Nacionaldesarrollista, por iniciativa de la Corporación Nacional de Fomento, en cooperación con el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contrato una Misión Forestal dirigida por Irvine Haig con el objetivo de realizar un estudio sobre la situación forestal del país como base para una planificación del sector, tendiente a su industrialización y a la formulación de una sólida política forestal nacional. Esta misión concluyó que la principal causa de destrucción del bosque seguía siendo el "roce a fuego" y llamó la atención sobre las posibilidades de agotamiento del bosque si no se tomaban las medidas adecuadas contra esta práctica. En este sentido, Haig señalaba que «la economía forestal de Chile es actualmente de escasez, siendo que esta riqueza es capaz de mantener una economía de abundancia»(8).

En 1952, se contrato otra misión a cargo del ingeniero forestal finlandes, miembro del grupo forestal de la FAO, Lars Hartmann, quien luego de cinco años de trabajo redacto un informe denominado «La industria forestal en Chile y sus posibilidades de desarrollo en la explotación de los bosques naturales chilenos» en el que dió algunos consejos para elevar los rendimientos de las industrias forestales en el sur del país, mejorar los métodos de trabajo y crear nuevas industrias integrales que aprovechasen más plenamente la materia prima que brindaba dicha fuente de riqueza nacional. En su trabajo, Hartmann consideraba que era indispensable proteger los bosques que aún quedaban para asegurar el abastecimiento continuo de materia prima y conceder créditos adecuados para las industrias forestales.

Durante la década del sesenta se observa un mayor interés del Estado por ampliar sus áreas forestales protegidas y para expandir las plantaciones forestales. En este sentido, el presidente Frei Montalva, en un discurso realizado en agosto de 1965, al inaugurar la campaña de reforestación, señalaba que «una de las aspiraciones mas grandes que yo tenía al llegar a la presidencia era afrontar este problema del árbol en Chile». En consecuencia, en su gobierno, se inició la mayor campaña de reforestación conocida hasta entonces. La meta era formar 450.000 hectáreas de nuevos bosques para asegurar el abastecimiento de madera, el adecuado resguardo de los recursos naturales, la detención de la erosión causada por la deforestación y la satisfacción de las funciones recreativas y turísticas de los bosques(9).

De esta forma, la forestación no solo adquiría importancia económica respecto de su rol en el abastecimiento de madera y de la industria de celulosa, sino también se le consideraba importante en cuanto al rol que cumplía en la detención de los procesos erosivos que afectaban al país por la apertura de la frontera agrícola para el cultivo de trigo. Por ejemplo, Florencio Duran señalaba en 1970 que «el bosque es el elemento conservacionista por excelencia del suelo. Defiende como ningún otro recurso natural su conservación amortiguando la acción mortificante del agua de lluvia, el viento y los cambios atmosféricos»(10).

La Teoría de las Ventajas Comparativas y el Decreto Ley 701

Después de la crisis socio política y económica que afecto a Chile a principios de los setenta, el gobierno de facto del General Pinochet inició una nueva política económica basada en el libre mercado. La reducción sustancial de las protecciones arancelarias, la disminución de la participación del Estado en el desarrollo productivo del país, la progresiva privatización de la economía y la participación de capitales extranjeros en las inversiones nacionales fueron las políticas características del nuevo modelo de desarrollo. Ante las nuevas medidas aplicadas, atrás quedaba el Estado Nacionaldesarrollista.

La estrategia de desarrollo nacional estimulo la diversificación de las exportaciones nacionales en el contexto de la teoría de las Ventajas Comparativas. En este sentido la explotación de los recursos naturales del país se transformó en el más importante de los productos con que podía competir, por lo que se paso de un modelo industrializador a uno de explotación primario exportador.

El sector forestal presentaba notables ventajas comparativas respecto del contexto internacional. Nuestro país posee condiciones edafo climáticas favorables para el crecimiento y desarrollo de diferentes especies forestales, en forma muy especial del pino insigne, cuya rotación fluctúa entre los 20 y 25 años, la mitad de lo que demora en Canadá, un tercio de lo que tarda en Suecia y algo inferior a lo observado en Nueva Zelandia y EEUU. Además, los costos de plantación son bajos y las faenas de explotación, por tratarse de plantaciones, son expeditas y menos costosas(11).

Conociendo estas ventajas, el gobierno militar dicto el Decreto Ley N 701 sobre fomento forestal que estableció una bonificación fiscal de un 75% del costo de forestación en que incurrieran quienes se acogieran a este decreto, estableciéndose asimismo una línea de crédito del Banco Central destinada exclusivamente a fomentar la forestación, como también la inexpropiabilidad de los terrenos forestales y la libertad para comercializar todos los productos de bosque, levantándose, por ejemplo, la prohibición de exportación de rollizos.

Este Decreto Ley estableció, además, los siguientes incentivos tributarios: «los terrenos declarados de aptitud preferentemente forestal, los bosques naturales y los bosques artificiales estarán exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas y no se considerarán para los efectos de la determinación de la renta presunta, ni para el cálculo del impuesto global complementario. Los mencionados terrenos y bosques y las acciones emitidas por las sociedades de giro preferentemente forestal tampoco se computarán para los efectos de la ley de impuestos sobre herencias, asignaciones y donaciones».

En consecuencia, ya en 1975, el primer año de vigencia del DL 701, se sembraron casi el doble de hectáreas que el área máxima plantada en cualquier año del «plan de reforestación» de la decada de 1970. Así, la superficie reforestada en el periodo 1975-1989 aumento de 390.000 hectáreas en 1975 a 1.326.700 hectáreas en 1989, siendo la plantación promedio anual de 63.267 hectáreas, es decir tres veces el promedio anual de forestación entre los anos 1960 y 1973. Otro hecho característico de este periodo fue el papel que adquirió el sector privado que, aprovechando el subsidio a las plantaciones otorgado por el Decreto Ley N 701, efectuó el 80 por ciento de las plantaciones totales realizadas en el país.

La expansión de las plantaciones implico un notable crecimiento de los niveles de producción de madera y sus derivados. Por ejemplo, mientras en 1973 se cortaron 4,6 millones de metros cúbicos de bosques, en 1984 se cortaron 11,3 millones. Asimismo la producción de madera creció de 930.000 metros cúbicos en 1973 a 2.000.000 en 1984, la producción de celulosa de 242.000 toneladas en 1973 a 682.300 en 1984 y la producción de papel para periódicos de 105.100 toneladas en 1973 a 170.400 en 1984(12).

Paralelamente las exportaciones de productos forestales tuvieron un auge espectacular pasando del 3,7 por ciento de las exportaciones totales del país en 1970 al 9,7 por ciento en 1980 y al 13,2 por ciento en 1993. De este modo, a inicios de los años noventa, los puertos de las zonas forestales del país se encontraban llenos de madera aserrable, madera aserrada, madera palpable y verdaderas montañas de astillas esperando ser embarcadas. Incluso existía preocupación por la capacidad de los puertos para embarcar el gran volumen de productos forestales existente. En este marco, las proyecciones mas optimistas señalaban que en el futuro el recurso forestal reemplazaría al cobre como principal producto de exportación nacional(13).

Para los sectores partidarios del desarrollo forestal, las plantaciones no solo permitían un crecimiento acelerado de la economía forestal del país, con el consecuente aporte al desarrollo nacional, sino que, además, las plantaciones constituían «el más colosal aporte medioambiental concreto que se haya efectuado en el país, conteniendo graves procesos de erosión, iniciando la recuperación de suelos degradados, contribuyendo sustancialmente a la absorción de carbono de la atmósfera y a la producción de oxigeno, y liberando de una fuerte presión de demanda por madera a los bosques naturales. A esto debe agregarse el enorme impacto socioeconómico de las plantaciones forestales, que sostienen más del 85 por ciento de la actividad económica del sector, proyectándose a futuro como el segundo sector económico mas dinámico después de la minería y el primero sobre bases sustentables»(14)4.

No obstante los logros alcanzados por la expansión de las plantaciones de pino insigne y el desarrollo de la industria forestal en el país, este crecimiento fue fuertemente criticado por distintos sectores de la sociedad. A continuación presentaremos un resumen de los principales argumentos esgrimidos en contra del desarrollo forestal nacional.

Argumentos sociales y ambientales en contra del desarrollo forestal.

En general los estudios realizados sobre la implantación del Pino Radiata se refirieron a la consideración de dos factores: las ventajas comparativas y la rentabilidad. Estos argumentos justificaban plenamente la expansión de las plantaciones forestales en el país, pues, en efecto, el Pino Radiata es un árbol optimo para el suelo y el clima de la zona centro sur de Chile, lo que se comprueba fácilmente dado el rápido crecimiento que tiene. Sin embargo, para algunos sectores estos argumentos debían contrastarse con el alto costo social y ambiental que dicho proceso había implicado.

Diversas investigaciones realizadas por el Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA) de la Academia de Humanismo Cristiano, por el Comité de Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF) y por la Vicaria Pastoral Obrera de Concepción indicaban, ya a fines de los años setenta y en los años ochenta, las consecuencias sociales y ambientales de la modernización agroproductiva forestal introducida a partir de 1975, la que en definitiva transformó completamente el ordenamiento territorial preexistente en las regiones donde se realizaron las plantaciones forestales.

Para el GIA, por ejemplo, los cambios no fueron solamente agroproductivos sino por el contrario implicaron una transformación del territorio en su conjunto, es decir, una perturbación profunda de toda la estructura socioeconómica regional.

Efectos sociales: Concentración de la propiedad, expulsión migratoria y "descampesinización pauperizante".

Concentración de la propiedad de la tierra y la industria forestal.

Uno de los procesos más notorios del desarrollo forestal chileno fue la concentración de la propiedad de la tierra en manos de los grandes empresarios forestales. En efecto, en 1988, a fines del gobierno militar, había 1.242.300 hectáreas de plantaciones forestales. De estas, los dos mayores grupos económicos nacionales, Matte y Angelini, eran dueños del 40 % de dicho recurso productivo, es decir 451.200 hectareas.(15) Paralelamente, los mismos conglomerados empresariales obtuvieron, a partir de la privatización de la economía, buena parte de las industrias forestales, tales como aserraderos, viveros e industrias de celulosa. En el estudio de Fernando Dahse: Mapa de la Extrema Riqueza en Chile. Los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales, se desprende que estos grupos basaron buena parte de su crecimiento y riqueza precisamente en las industrias forestales.

"Descampesinizacion Pauperizante"

Para el GIA, una de las principales consecuencias negativas provocadas por las plantaciones forestales fue el notable incremento de la expulsión de la población de las áreas rurales forestadas, pues los fundos comenzaron a ser plantados en su totalidad, no permitiendo la coexistencia de otras actividades agrícolas o ganaderas: «Una vez que las empresas forestales han adquirido los antiguos fundos y haciendas que se dedicaban a la actividad agropecuaria ha sobrevenido un drástico cambio en el empleo. Mientras antes se ocupaban decenas de inquilinos, actualmente se requiere un número ínfimo de guardabosques. Como resultado de ello centenares de personas han debido buscar nuevos sitios de asentamientos en aldeas, pueblos y ciudades del sector»(16).

A modo de ejemplo, un estudio de la Cepal indicaba a mediados de los años ochenta, que en el fundo Coihueco, Trinitarias y Landa, de la VIII región, donde había 260 trabajadores quedaban 14. En otro fundo de esa región, de la Caja de Empleados Públicos, donde laboraban 120 trabajadores después de su forestación solo permaneció un guardabosque(17).

Asimismo, debido a las probabilidades de incendio, la presencia de los campesinos representaba un potencial peligro de combustibilidad. Por ello los campesinos se transformaron en una preocupación constante para las empresas pineras, las que, de acuerdo con el GIA, recurrieron a mecanismos más o menos coercitivos para hacerlos migrar.

Por otra parte, los pesticidas que se usaban para eliminar los conejos que destruían los ápices de crecimiento de las plantas, afectaban a los campesinos y a sus animales debido al alto grado de contaminantes que estos poseían, lo que los obligó a abandonar las parcelas circundantes, lo que se constituyó, además, en un problema del ambiente físico.

Junto a la adquisición de fundos para ser forestados y a la expulsión de los campesinos que en ellos vivían, el GIA observó un proceso de "descampesinización pauperizante"(18). Los pueblos y ciudades a los que debieron migrar los pobladores rurales se convirtieron en verdaderos depósitos de fuerza laboral a los cuales llegaban los contratistas a buscar asalariados. De este modo, un campesino, aislado en el campo, no podía aspirar a incorporarse como trabajador forestal.

Sin embargo, las condiciones laborales del trabajador forestal fueron paupérrimas y se encontraban entre las peores del país. Un estudio realizado por Luis Otero para la Vicaria Pastoral Obrera de Concepción, indicaba que solo eran comparables con la realidad de los trabajadores del salitre de principios de siglo(19).

El blanco de críticas de esta situación fue el sistema de contratistas, generalizado en las labores forestales desde 1978. A partir de ese año, las grandes empresas comenzaron a licitar las faenas forestales delegando en los "contratistas" el empleo de los obreros forestales y la realización de los trabajos en las plantaciones. En la medida que los contratistas aspiraban a bajar sus costos para satisfacer los requerimientos de las grandes compañías y con ello ganar los contratos, debieron disminuir al mínimo los gastos en la faena. De esta forma se produjo una increíble competencia por quien pagaba menos al trabajador. Al mismo tiempo, la mayor parte de ellos tampoco proveía a sus empleados de las medidas de seguridad mínimas para el trabajo forestal. Además, las condiciones de vida en los campamentos se establecieron al nivel de subsistencia. Las viviendas carecían de servicios higiénicos e incluso de pisos. La mayoría estaba construida de madera de mala calidad e incluso de "tapas", es decir, de tablas de los primeros cortes de los rollizos por lo que presentaban huecos por donde se filtraba el aire y el frío.

El sistema de contratistas favoreció ampliamente a los grandes empresarios forestales pues transformó los trabajos permanentes en temporales y debilitó o eliminó a los sindicatos. Asimismo, el miedo al despido por parte de los asalariados forestales, anuló la negociación colectiva, evitando así la conquista de regalías y el pago de indemnizaciones. Este sistema permitió, además, el contrato y el despido de mano de obra de acuerdo al ritmo de los negocios. En este contexto, los contratistas se constituyeron, para el empresario, en un mecanismo de reducción de costos, permitiéndole, al mismo tiempo, desligarse de las responsabilidades frente al trabajador y conservar una imagen limpia frente a la opinión pública, pues, en definitiva, eran los contratistas quienes incurrían en faltas y perjudicaban al asalariado forestal(20).

Entre las irregularidades mas frecuentes denunciadas por los trabajadores forestales se señalaba el no pago de salarios, el alto número de trabajadores sin contrato, el atraso en el pago de las asignaciones familiares, el no pago de imposiciones, la no entrega de elementos de seguridad, e inclusive el abandono de las faenas y de los trabajadores sin realizar el pago respectivo.

Efectos ambientales: perdida de biodiversidad, desecamiento de vertientes, salinización y compactación de suelos.

Diversos estudios de CODEFF indicaban que uno de los mayores impactos ambientales negativos provocados por la actividad forestal era la destrucción por medio del fuego del bosque nativo para ser reemplazado por plantaciones de Pino Insigne, con la consiguiente perdida de biodiversidad. Para CODEFF, la destrucción del bosque nativo no solo implicaba la perdida de grandes volúmenes de especies de Roble, Rauli, Avellano, Coigüe y Mañío, sino que también la muerte indiscriminada de aves, mamíferos y animales domésticos. Es así como en un informe realizado por esta institución se afirmaba que en los «incendios de Arauco se ha visto individuos de pudu huir con su pelaje ardiendo»(21). Pero no solo se mataban poblaciones completas de diversas especies, sino también, mediante los incendios o quemas, se les destruyó el hábitat y el micro hábitat.

Es así como la pérdida de la cubierta del bosque natural tuvo efectos negativos en la flora y fauna asociada y la homogeneización del paisaje, lo que significó su drástico empobrecimiento que fué en detrimento de las posibilidades de uso que el bosque nativo entrega.

CODEFF determinó que entre 1978 y 1987 el proceso de destrucción del bosque nativo debido a la expansión de las plantaciones de Pino Insigne significó la destrucción de un 31,3 por ciento de los bosques nativos de la Cordillera de la Costa de la VIII región, y amenazaba con eliminar la totalidad de los bosques nativos de la Cordillera de la Costa de la región del Maule.

Por su parte, el GIA, afirmaba que las extensas plantaciones de Pino Insigne, con su alto consumo de agua, produjeron el desecamiento de vertientes y de otras fuentes de agua, además del embancamiento de los ríos y de las crecidas irregulares de los mismos, considerando que esto, además, impulsaba las mencionadas migraciones campesinas, quienes debían migrar por falta de agua para su consumo, el de sus animales y el de sus terrenos de cultivo. Al respecto el siguiente testimonio de un ingeniero forestal recogido por el GIA: «Yo recuerdo perfectamente que había arroyos de tres metros de ancho con aguas cristalinas . Después de un tiempo en el año 1976 regrese a esos lugares. El bosque nativo y la actividad agrícola había sido sustituida por grandes bosques de pino. Los arroyos cristalinos que había conocido eran ahora acequias barrosas»(22)2.

Otro efecto ambiental que se le atribuyó a la reforestación con pino Radiata es la acidificación del suelo que impediría el desarrollo de la micro fauna que interviene en la formación de humus como también en el crecimiento posterior o simultáneo de otras plantas no coníferas. A diferencia del bosque nativo, que aporta nutrientes, el pino tendería a extraerlos. En este contexto el bosque de pino no parece realmente un bosque sino una plantación. No hay sotobosque, ni fauna asociada. Al respecto la siguiente opinión de Gonzalo Falabella, sociólogo que trabajó como asalariado forestal: «No vi un solo pájaro, o conejo, ni ninguna flor durante el mes que permanecí allí»(23). Otros impactos ambientales provocados sobre el medio físico son la compactación, remoción, erosión y agotamiento de los nutrientes del suelo, especialmente cuando se realiza la cosecha del pino(24).

En este contexto, cabe concluir: ¿ventajas comparativas para quien?, pues de acuerdo a los estudios señalados los beneficios económicos alcanzados por las plantaciones forestales habrían significado un alto costo social y un fuerte impacto sobre el medio ambiente físico.

Los sectores vinculados al empresariado forestal se han empeñado en responder las acusaciones que se les han formulado. Como se ha señalado estos sectores han planteado que las plantaciones de pino insigne han detenido los procesos erosivos y que no existen pruebas concretas sobre la acidificación de los suelos y la desecación de las vertientes. Sobre estos aspectos del ambiente físico habrá que esperar unas cuantas décadas para dimensionar quienes, en definitiva, tenían la razón. Lo que no ha sido respondido con tanto vigor es el proceso de descampesinización y pauperización de los habitantes rurales pues sobre ello las pruebas abundan en denuncias efectuadas en los diarios y en las inspecciones del trabajo de las zonas pineras. Sobre la migración los censos entregan datos elocuentes. Al parecer los logros macroeconómicos del desarrollo forestal no se difundieron hacia los sectores menos favorecidos de la sociedad chilena.

En este contexto, se estima que cualquier tipo de innovación agroproductiva debe considerar las variables ambientales en su aplicación con el objetivo de mitigar los posibles impactos negativos que ella produzca y transformarla en ambientalmente sustentable.

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Notas

* Este trabajo forma parte de la tesis doctoral en Historia que el autor se encuentra realizando en el Instituto de Historia de la Universidad Catolica de Chile. Se inserta además en el proyecto ECOS/CONICYT "Las relaciones entre actores institucionales y territorios. Un estudio comparativo entre Chile y Francia".

1. SEPÚLVEDA, Sergio (1959) p. 108-110.

2. ELGUETA, Manuel y JIRKAL, Juan (1942) p. 9, 11 y 12.

3. CUNILL, Pedro (1974) p. 126.

4. Comisión de Bosques y Plantíos (1839) p. 1.

5. VICUÑA MACKENNA, Benjamín (1870) p.63.

6. Para mayores informaciones sobre Federico Albert ver CASALS COSTA, Vicente (1999).

7. Sociedad de Amigos del Árbol (1943) p. 3.

8. HAIG, Irvine (1944) p.152.

9. CAMUS, Pablo y HAJEK, Ernst (1998) p. 20.

10. DURAN, Florencio (1970) p. 138.

11. GANA, Juanita (1983) p. 15 y 16.

12. CASTRO, Ivan 51984) p.21.

13. WISECARVER, Daniel (1992) p.483.

14. La opinión es de Eliodoro Matte, quien encabeza de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), una de las mayores empresas forestales del país. Ver prólogo al libro La tierra que recuperamos de Fernando Hartwing . HARTWING, Fernando (1994), p.14.

15. CONTRERAS, Rodolfo (1988) p.183.

16. CRUZ, Maria Elena y RIVERA Rigoberto (1983) p. 64.

17. CEPAL (1986) p. 215.

18. Termino utilizado por el Director del GIA Jaime Crispi en un artículo escrito en 1980. Ver CRISPI, Jaime (1980).

19. OTERO, Luis (1884) p.2.

20. OTERO, Luis (1984) p. 49 y 50.

21. CODEFF (1983) p.54.

22. CRUZ, Maria Elena y RIVERA, Rigoberto (1983) p. 67.

23. FALABELLA, Gonzalo (1983) p. 253.

24. GAYOSO, Jorge y IROUME, Andrés (1995) p. 3.

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