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REVISTA
ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Universidad
de Barcelona
ISSN: 1138-9788.
Depósito Legal: B. 21.741-98
Nº 95,
15 de agosto de 2001
|
¿SEMBRAR EL PETRÓLEO PARA PRODUCIR LA CIUDAD?
UNAS ENSEÑANZAS DEL CASO DE LAS CIUDADES PETROLERAS DE CASANARE,
COLOMBIA[1]
Françoise Dureau
IRD - Mobilités et Recompositions Urbaines,
UMR Regards
Vincent Gouëset
Université de Rennes II, UMR ESO - CNRS
¿Sembrar el petróleo para producir la ciudad ? Unas
enseñanzas del caso de las ciudades petroleras de Casanare, Colombia
(Resumen)
El auge petrolero en Yopal, Aguazul y Tauramena,
ciudades de los Llanos orientales de Colombia, ha provocado, en los años
noventa, una serie de cambios demográficos acelerados, cuya complejidad,
mal conocida por los gobiernos locales, ha sido analizada en un texto anterior.
El propósito aquí es de indagar detalladamente el impacto
urbano del petróleo en las ciudades consideradas. Se plantearon
problemas de control del crecimiento urbano, de provision de los servicios
públicos, y de producción de vivienda adecuada a una población
fluctuante, en un contexto -nacional- de descentralización politico-administrativa,
y una coyuntura -local- de bonanza financiera para los gobiernos locales.
Frente a la debilidad del sector público en materia residencial,
la población, acudiendo al sector privado o a la autoprovisión
de vivienda, actuó según estrategias y patrones flexibles,
que están expuestos en el texto. Pese al auge económico derivado
del petróleo, las condiciones generales de hábitat se han
degradado netamente en las ciudades estudiadas, aunque la cobertura en
servicios públicos -un sector en el cual los gobiernos locales empeñaron
muchos esfuerzos- mejoró de manera significativa.
Palabras clave Gobiernos locales/ Urbanización/ Mercado
de la vivienda/ Servicios públicos/ Prácticas residenciales/
Colombia
To sow petroleum to produce the city? Some lessons around the case
of petroleum-producers cities of Casanare, Colombia (Summary)
Yopal, Aguazul and Tauramena, cities lying in the eastern colombian
Llanos, have experienced over the nineties a petroleum boom causing
in little time a number of demographic changes whose complexity, largely
ignored by the local authorities, has been examined in a former paper.
The object of this paper is to consider in detail the urban impact
of petroleum in these cities. The major problems involve the control of
urban expansion, public services efficiency and housing projects suited
to a population with a high residential mobility, in a national setting
of political and administrative decentralization, and a local situation
affected by a rapid increase of community financial resources. Because
of a lack of public action in favour of housing, the population has turned
either to private sector or to self-made constructions, and has taken up
flexible residential strategies and patterns, exposed in the present paper.
In spite of the economic boom related to petroleum, the general housing
conditions in the examined cities have clearly deteriorated, ever if public
services coverage -a sector which the local authorities have greatly favoured-
has been significantly improved.
Key words Local authorities/ Urbanization/ Housing market/ Public
services/ Residential patterns/ Colombia
El presente estudio considera el impacto del boom petrolero ocurrido
en Aguazul, Tauramena y Yopal, tres ciudades de los Llanos orientales de
Colombia, en el piedemonte de la cordillera andina[2] En el texto anterior[3],
se vio como el auge petrolero generó, en una región marginada
y poco poblada, una agudización y una complejización de los
flujos migratorios, lo cual tuvo un impacto fuerte sobre el volumen y la
composición de la población urbana, según modalides
mal conocidas por los actores locales, que suelen tener del fenómeno
una visión muy distinta a lo que es su realidad.
Veremos a continuación el rol de los gobiernos locales en la
gestión del boom petrolero y migratorio (¿como manejar el
flujo migratorio? ¿Cómo ordenar unas ciudades en proceso
de crecimiento muy rápido? ¿Qué hacer con el dinero
del petróleo?); las prácticas residenciales en las ciudades
petroleras (¿cómo se adaptan los habitantes al contexto de
déficit y de inadaptación de la oferta de la vivienda a la
demanda real?), y el papel de la población en la dinámica
del mercado de la vivienda: condiciones de hábitat, de oferta de
servicios públicos y de alojamiento en las ciudades petroleras al
momento del estudio (1996-1999).
"Sembrar el petróleo", o sea, convertir una coyuntura de bonanza
minera (y una "economía de enclave") en desarrollo duradero y equilibrado
siempre ha sido una meta difícil de alcanzar en Colombia y en el
resto de América latina. El ejemplo de las ciudades casanareñas
muestra que este reto sigue siendo un problema de actualidad, a pesar de
toda la riqueza inyectada por el petróleo, y a pesar de la descentralización
y del fortalecimiento, innegable, de los gobiernos locales.
1. La intervención de los gobiernos locales en el proceso
de urbanización : el reto de convertir la bonanza petrolera en desarrollo
duradero
Frente a la complejidad de los flujos migratorios, de las prácticas
residenciales de los habitantes y de las dinámicas demográficas,
la tarea de los gobiernos locales (en este caso el Departamento y los Municipios
de Yopal, Aguazul y Tauramena) constituye en sí todo un reto. Además
el Casanare es, históricamente, una región periférica,
pobre en recursos financieros y humanos.
El poder municipal, en particular en materia de planificación
urbana y de construcción de vivienda era, por lo menos hasta los
años 80, limitado. Afortunadamente, la política de descentralización
de los años 80, la nueva Constitución de 1991, y las reformas
posteriores a la nueva Carta magna reforzaron de manera sustancial las
prerrogativas y los recursos financieros de los gobiernos locales.
Si bien es cierto que la bonanza petrolera echó las bases financieras
para permitir a los municipios afectados por el flujo migratorio de enfrentar
los numerosos problemas sociales y urbanísticos derivados del auge
petrolero, en la práctica la gestión del ciclo petrolero
resultó ser muy delicada. Varios factores contribuyeron a limitar
el margen de maniobra de los gobiernos locales: la brevedad de los mandatos
electorales (3 años), el nivel a veces insuficiente de capacitación
de los equipos municipales y departamentales, su conocimiento incompleto
de la realidad del fenómeno migratorio (sin hablar de su temor hacia
una hipotética “invasión” de inmigrantes atraídos
por “el olor a bonanza”, y más aun, de que la intervención
pública pudiera convertirse en factor de atracción adicional),
y el carácter limitado de su poder de intervención real (en
particular en el mercado de la vivienda).
El contexto institucional : descentralización, reforma del
poder local y ampliación de las prerrogativas en materia de ordenamiento
territorial
Hasta finales de los años 80, los municipios colombianos en
su conjunto padecían de una fuerte dependencia frente al Estado
central y a sus funcionarios territoriales. Los alcaldes eran nombrados
por los gobernadores departamentales, que a su vez eran nombrados por el
ejecutivo nacional. El territorio del departamento actual de Casanare tardó
mucho en adquirir su autonomía. Perteneció primero al departamento
vecino de Boyacá, y cuando se separó definitivamente de él,
en 1973, fue erigido en simple ‘Intendencia’, una entidad que gozaba de
un menor grado de autonomía que los departamentos, y que era controlada
por una administración central, el DAINCO (Departamento Administrativo
de Intendencias y Comisarías), que manejaba su desarrollo desde
Bogotá. La Constitución de 1991 convirtió las intendencias
y comisarías en departamentos ordinarios, y liberó sus municipios
del control del DAINCO, al convertirlos en entes autónomos.
La onda descentralizadora de los años 80 y 90 también
consagró los siguientes principios, en todo el país : elección
popular de los alcaldes municipales (1986) y de los gobernadores departamentales
(1991), nuevo régimen municipal (1986) y departamental (1987), Ley
de reforma urbana (1989) que amplió las prerrogativas municipales
en materia de gestión urbana, transferencia de competencias y recursos
centrales hacia los gobiernos locales (1993 y 1999), cuyas reglas de funcionamiento
se definen con precisión (Ley 136 de 1994), e integran medidas anticorrupción
y un código de disciplina (Leyes 190 y 200 de 1995), legislación
ambiental (1993), que obliga entre otros las empresas mineras a preocuparse
del bienestar de las comunidades afectadas por sus proyectos, legislación
sobre los planes de desarrollo municipal (1997).
Estos cambios institucionales (que no respondían solamente a
un afán descentralizador, sino también a una voluntad de
racionalizar un sistema burocrático cuyo funcionamiento se degradaba
en una situación de centralismo extremo, y de fortalecer un sistema
político en déficit de legitimidad democrática (Blanquer
y Fajardo, 1991)), contribuyeron a complicar el juego de los actores locales,
sobre todo en las zonas como Casanare, poco pobladas, alejadas de los mayores
centros urbanos, y marginadas en términos de recursos financieros
y humanos.
El ejercicio del poder departamental y municipal en Casanare se complicó
aun más con la aparición del petróleo, y luego con
las aspiraciones participativas de la ‘sociedad civil’, que aumentaron
notoriamente en la última década. Más exigentes con
sus representantes políticos, menos dóciles en el campo electoral,
los ciudadanos se mostraron más atentos al manejo de los recursos
público (aunque los canales institucionales que permiten la participación
ciudadana, como las ‘Juntas de Acción Comunal’, o la nueva figura
jurídica de la ‘veeduría’, todavía son escasos y poco
eficientes). El florecimiento reciente de asociaciones vecinales, de tipo
ONG, constituyó la principal ilustración de este fenómeno[4].
Así, a medida que el poder de los gobiernos locales ha venido
creciendo y que sus recursos financieros han aumentado, la ‘gobernabilidad’
(governance) local se ha vuelto cada vez más compleja, y
más dependiente del petróleo (a través del empleo
directo e indirecto y de las regalías generadas por la actividad
extractiva).
El incremento de los recursos municipales y departamentales generados
por el petróleo
La Ley de regalías mineras, aprobada en 1994, pretendía
devolverles a los municipios y departamentos afectados por la actividad
minera (extracción, transporte, transformación o exportación)
parte de la plusvalía económica. El 20 por ciento de los
beneficios realizados por las empresas mineras (públicas o privadas;
nacionales o extranjeras) era devuelto a los gobiernos locales, en prioridad
a los departamentos (cerca de la mitad del valor total de las regalías);
luego a un ‘Fondo nacional de regalías’ (más o menos la tercera
parte) que los redistribuía a los municipios para financiar proyectos
locales de desarrollo; el resto se repartía entre los municipios
mineros y diversos fondos públicos de financiación del desarrollo.
El piedemonte casanareño se benefició ampliamente de las
bondades de esta ley: en el período 1993-97, el departamento de
Casanare recibió por sí solo el 23 por ciento del monto nacional
de las regalías; el municipio de Tauramena (que representaba menos
del 0,01% de la población colombiana) captó el 11 por ciento;
Aguazul el 6 por ciento; y Yopal, donde en este entonces no se había
perforado ningún pozo, sólo el 0,15 por ciento. Además,
los beneficios de la bonanza no se limitaron a las regalías petroleras.
Según una estimación de las propias empresas petroleras[5],
que corre sobre el período 1996-97, las regalías no representaron
sino el 40 por ciento del aporte total del petróleo a la economía
local. El resto del aporte petrolero se repartía entre salarios
y gastos laborales (31%), gastos no laborales ligados a la explotación
petrolera (26%), y gastos sociales varios (3%). Estos aportes indirectos
también generaron nuevos ingresos (a través de impuestos
y tasas) para los gobiernos locales, y estimularon la actividad económica
local.
De modo que el presupuesto de los gobiernos locales creció de
manera desmedida en los años 90. Entre 1987 y 1995, los ingresos
reales del departamento de Casanare aumentaron en más de 4 veces,
los del municipio de Tauramena en 65 veces, en Aguazul 22 veces, y en Yopal
en 3,5 veces. Semejante inflación del presupuesto público
conlleva en sí varios inconvenientes (Cuadro 1.1) : a nivel financiero,
el departamento y los municipios considerados se han vuelto ‘petro-dependientes’;
se han endeudado fuertemente; el desequilibrio entre municipios petroleros
y no petroleros en el departamento alcanzó un nivel preocupante,
en términos de solidaridad territorial[6]; finalmente el conjunto
de los municipios casanareños vieron aumentar su dependencia financiera
acerca del gobierno departamental.
Cuadro 1.1
El presupuesto de los municipios de Casanare en 1997
(Presupuestos proyectados en millones de pesos corrientes)
| |
Aguazul
|
%
|
Tauramena
|
%
|
Yopal
|
%
|
Otros municipios
petroleros de Casanare |
%
|
Municipios
no petroleros de Casanare |
%
|
| Ingresos
corrientes |
17.412
|
99,96
|
19.696
|
78,2
|
7.808
|
99,4
|
10.216
|
99,5
|
8.904
|
94,6
|
| Ingresos
tributarios |
2.319
|
13,3
|
2.662
|
10,6
|
3.567
|
45,4
|
550
|
5,4
|
1.704
|
18,1
|
| Ingresos
no tributarios |
15.093
|
86,6
|
17.033
|
67,6
|
4.242
|
54,0
|
9.866
|
96,1
|
7.2
|
76,5
|
| Regalías
petroleras |
13.55
|
77,5
|
16
|
63,5
|
771
|
9,8
|
4.509
|
43,9
|
--
|
--
|
| Transferencias
nacionales |
1.324
|
7,6
|
871
|
3,5
|
2.335
|
29,7
|
4.246
|
41,4
|
5.684
|
60,4
|
| Recursos
de capital |
7
|
0,0
|
5.5
|
21,8
|
46
|
0,6
|
51
|
0,5
|
504
|
5,4
|
| Total
ingresos |
17.419
|
100
|
25.196
|
100
|
7.854
|
100
|
10.266
|
100
|
9.408
|
100
|
| Gastos
de funcionamiento |
2.803
|
16,1
|
3.303
|
13,1
|
4.01
|
49,2
|
1.985
|
19,3
|
3.133
|
32,3
|
| Deuda
Pública |
6.5
|
37,3
|
1.6
|
6,4
|
1.996
|
24,5
|
1.079
|
10,5
|
260
|
2,7
|
| Gastos
de inversión |
8.117
|
46,6
|
20.293
|
80,5
|
2.136
|
26,2
|
7.203
|
70,2
|
6.314
|
65,0
|
| Total
Gastos |
17.419
|
100
|
25.196
|
100
|
8.142
|
100
|
10.266
|
100
|
9.708
|
100
|
| Población
1993 (con ajuste) |
13.449
|
|
6.095
|
|
47.461
|
|
42.136
|
|
44.346
|
|
| Presupuesto/hab
(en $) |
1.295.203
|
|
4.134.104
|
|
171.551
|
|
243.643
|
|
218.346
|
|
| Inversión/hab.
(en $) |
603.518
|
|
3.329.668
|
|
45.005
|
|
170.939
|
|
142.387
|
|
| Endeudamiento/hab
(en $) |
483.301
|
|
262.529
|
|
42.06
|
|
25.601
|
|
5.865
|
|
Fuente: Gobernación de Casanare - Ordenación territorial
(1998)
El manejo del recurso petrolero: convertir el
boom en desarrollo urbano
¿Qué hacer con tanto dinero? ¿Cuales
serían las prioridades de inversión : infraestructuras básicas
(carreteras, agua, energía eléctrica…), vivienda (para atender
mejor los inmigrantes), inversión social (educación, salud,
desempleo…)? ¿Como aprovechar la oportunidad de la bonanza para
convertir el petróleo en ‘desarrollo duradero’?
Varios factores, en el contexto local, en la dinámica propia
del ciclo petrolero, y en la coyuntura política, influyeron de manera
significativa en el manejo de los recursos públicos. La administración
local, poco numerosa, con una capacidad técnica y humana limitada,
se encontró submergida por la irrupción de este flujo financiero,
que no siempre supo manejar. La incertidumbre acerca de la perennidad del
petróleo llevó las administraciones locales a oscilar entre
dos extremos (a veces de manera simultanea) : apostar sobre un ciclo duradero,
e implementar políticas costosas de crecimiento a largo plazo, mediante
un fuerte endeudamiento público; o considerarlo de corto plazo,
e invertir en infraestructuras pesadas que pudieran sustentar el desarrollo
‘postpetrolero’ (sin hacer gran caso de las necesidades de la población
inmigrante, que supuestamente tendría que marcharse en un plazo
mas o menos largo). Las contingencias del calendario electoral colombiano
(los cargos electivos se renovan cada tres años) contribuyeron a
aumentar más todavía esta confusión y el ambiente
de ‘fiebre petrolera’, incitando los gobiernos locales a escoger opciones
‘cortoplacistas’, sencillas, populares y rápidamente palpables.
A su vez, el crecimiento demográfico obligó el sector publico
a atender con urgencia las necesidades en materia de servicios básicos
(agua, luz, recolección de basura…), y a preocuparse del problema
de la vivienda (aunque fuera en el simple manejo de las vías y del
suelo urbano), so pena de ver el espacio urbano congestionarse. En cambio
muchas necesidades culturales y sociales (en particular los campos de la
educación y la salud, cuyas debilidades, tanto cuantitativas como
cualitativas eran notorias) no fueron atendidas con la misma diligencia.
El examen de los egresos municipales y departamentales revela un aumento
general de los gastos : nómina, funcionamiento e inversión.
Fuera de Yopal, la capital departamental, donde el costo administrativo
es alto, los municipios petroleros favorecieron los gastos de inversión,
y en particular las obras públicas : vías y carreteras, espacios
públicos, infraestructuras deportivas, redes y conexiones varias
(energía, teléfono, agua, saneamiento…), etc. Desde luego,
esta "infraestructuromania" no es ajena al funcionamiento ordinario de
las redes locales de clientelismo, que suelen funcionar sobre los mercados
públicos (sin hablar de los fondos que pudieron ser "extraviados").
Quizá el caso más espectacular sea el de Tauramena, que
gracias al pozo de Cusiana conoció el mayor auge económico
y demográfico, pero también una inflación del gasto
público proporcional a este auge, y con opciones a veces sobredimensionadas
(como un estadio polideportivo cubierto, una estación de transporte
suntuaria, una casa municipal desmedida…) o inadaptadas a las necesidades
locales (arreglo de un número sobreevaluado de lotes con servicios,
según estandares urbanos poco conforme a las características
de la población residente, arreglo de parques y espacios públicos
de buena factura en zonas todavía sin urbanizar…), muchas veces
fuera del casco urbano, sin estudio previo de mercadeo o de rentabilidad
económica. La mayoría de estas infraestructuras están,
años después, sin terminar o sin funcionar; en cambio sí
tienen que ser pagados, pues han sido construidas à crédito.
Edificar la ciudad por encima del petróleo: las políticas
locales en materia de servicios públicos, urbanización y
vivienda
No obstante las dificultades y las incertidumbres expuestas arriba,
le podía constar a cualquier observador que volviera en las ciudades
petroleras a finales de los años 90, después de haberlas
conocidas antes del ciclo petrolero, cuanto habían cambiado a nivel
urbanístico. Las ciudades han crecido, obviamente con dificultades
y con su esperada cuota de barrios marginados y de pobreza, pero han adquirido,
pese a su tamaño, ‘cara de ciudad’ (sobre todo Yopal), con una notoria
expansión del espacio urbano y de la oferta en servicios públicos.
Urbanización y manejo del suelo urbano
Excepto tal vez en Yopal, cuyas funciones capitalinas le confirieron,
a partir de los años 70, una mayor dinámica urbana, la producción
del espacio urbano ha sido relativamente modesta hasta la víspera
del ciclo petrolero, en la segunda mitad de los años 80, y las ciudades
crecieron más bien como un aglomerado de barrios con bases muy precarias
en la estructuración del espacio urbano (Cuadro1. 2).
Cuadro 1.2
Evolución del área urbanizada
|
Aguazul
|
Tauramena
|
Yopal
|
|
Fecha
|
Superficie
|
Fecha
|
Superficie
|
Fecha
|
Superficie
|
|
1970
|
29 Has
|
1970
|
4 Has
|
1955
|
30 Has
|
|
1989
|
85 Has
|
1976
|
10 Has
|
1979
|
107 Has
|
|
1996
|
223 Has
|
1992
|
26 Has
|
1988
|
194 Has
|
|
|
|
1994
|
40 Has
|
1993
|
478 Has
|
|
|
|
|
|
1996
|
620 Has
|
Fuente: Florez C.E., Dureau F. y
Maldonado M.M.,1998.
Aunque Aguazul, Tauramena y Yopal se caracterizan
por diferencias significativas en cuanto a su tamaño, su estatuto
politico-administrativo, y su rol en la actividad petrolera, se observan
similitudes en el proceso de urbanización, siguiendo unos patrones
que se pueden resumir así.
Siendo el piedemonte llanero una zona de colonización reciente,
el estatuto de la tierra, a menudo confuso, se caracterizaba por la importancia
de los terrenos baldíos y públicos, y por la importancia
de la gran propiedad agraria privada y extensiva. Estas condiciones, que
hubieran podido favorecer la iniciativa pública en el proceso y
el control de la urbanización (y lo han hecho de cierta manera en
los años 90), permitieron que el perímetro urbanizado se
expandiera sin mayores limitaciones, salvo en las zonas de explotación
agrícola más intensiva, como en Aguazul, una ciudad rodeada
por la gran propiedad arrocera, donde los conflictos acerca de la propiedad
del suelo han sido tradicionalemente fuertes.
Debido a la incipiencia del poder municipal hasta 1991, y en ausencia
de una presión urbanística fuerte antes de los años
80, el sector público no ha ejercido un control muy voluntarista
del loteamiento y de la construcción del suelo no urbanizado. En
los años 90, y aunque las reformas descentralizadoras les otorgaron
a los municipios varias herramientas de control del suelo urbano (otorgación
de licencias de construcción, posibilidad de expropiación
de terrenos privados y/o usurpados, facultad de delimitar un ‘perímetro
urbano’,…), la presión sobre el suelo fue tal que el control de
la expansión urbana fue poco eficiente, como lo muestra la evolución
de las superficies urbanizadas (Cuadro 1.2).
Precisamente, con el auge petrolero y el aumento de la presión
urbana, se diversificaron los actores involucrados en el proceso de urbanización.
Antes del petróleo, la iniciativa era por lo general privada e individual,
y muchas veces clandestina. La iniciativa pública no era ausente,
y paulatinamente el Estado ha intervenido en el ámbito de la vivienda
social (mediante políticas de crédito fundamentalmente, manejadas
por los entes habilitados-Banco Central Hipotecario, Instituto de Crédito
Territorial…- en colaboración con constructores privados). Con el
boom petrolero, se afirmó el protagonismo cada vez más fuerte
de promotores privados, legales y clandestinos. En estas condiciones, la
presión sobre el suelo urbano, y los conflictos entre sus dueños,
sus usuarios potenciales y el sector público han aumentado de manera
considerable.
Las administraciones municipales, aun muy jóvenes e inexpertas,
asistieron impotentes al boom urbanístico derivado del petróleo
sin ejercer políticas fuertes y voluntaristas de urbanización.
Aunque se fomentaron obras públicas de envergadura en materia de
infraestructuras colectivas (carreteras, puestos de salud, aeropuerto…)
y de servicios públicos (agua y energía sobre todo), y aunque
la Ley permitía expandir Códigos de urbanismo y Planes de
desarrollo (primero facultativos, y luego obligatorios a partir de 1997),
ninguna de las administraciones municipales que se sucedieron durante los
años 90 estuvo en condiciones o voluntad de llevar a cabo una política
de urbanismo fuerte e integrada. Como lo señalan Dureau y Florez
(2000 : 49), « …buena parte del área urbana ha sido construida
sin servicios, sin red vial ni infraestructuras previas : la ciudad actual
es un agregado de redes y construcciones que hasta la fecha no corresponden
a la idea de producción del espacio urbano ».
La producción de vivienda de interés social
Tres factores por lo menos hubieran tenido que estimular el protagonismo
del sector público en la producción de vivienda en los años
90 : el aumento de la autonomía y de las prerrogativas municipales
(la ley 3a de 1991 redefinía el papel de los municipios en materia
de programas de vivienda de interés social), el aumento de los recursos
municipales y departamentales a través de las regalías petroleras,
y la llegada de una abundante población inmigrante. De hecho no
se puede negar que en las tres ciudades, las administraciones intentaron
implementar programas de vivienda social; pero el impacto de dichos programas
quedó prácticamente insignificante.
La intervención municipal en materia de vivienda ha girado alrededor
de las siguientes modalidades : legalización de terrenos apropiados
o edificados clandestinamente (caso muy frecuente y relativamente cómodo
en Tauremena y en Yopal, donde muchos terrenos eran baldíos o públicos;
caso más conflictivo en Aguazul, donde la propiedad del suelo era
básicamente privada), concesión de lotes sin edificar (generalmente
con servicios; una modalidad muy frecuente en Tauramena), y construcción
de vivienda de interés social.
La reglamentación vigente en los años 90 sobre la producción
de vivienda social preveía una colaboración entre varios
actores : el sector privado por supuesto, porque la construcción
de vivienda opera de acuerdo con las condiciones del mercado, y las obras
de urbanización están realizadas por constructores privados;
pero también los tres niveles del sector público, que son
el Estado (que atribuye ayudas directas a la demanda, a través de
organismos de crédito social), el Departamento (que puede transferir
terrenos al municipio, como sucedió en unos contados casos en Yopal,
o que puede aportar financiación y/o ayuda técnica), y el
Municipio, a quién le corresponde la mayor iniciativa. El Municipio
decide de la oportunidad de realizar o no proyectos de vivienda, tramita
y colecta los fondos y las ayudas de las administraciones centrales, contrata
las empresas privadas, controla el conjunto del proceso, define los criterios
de construcción y de venta de los predios o de la viviendas, y al
final los atribuye a sus destinatarios finales.
Los programas de construcción de vivienda de interés social,
casi inexistentes en Aguazul, han sido mayores en Yopal (aunque modestos
en comparación con los programas del sector privado y la autoconstrucción),
y sobre todo en Tauramena donde la municipalidad, apostando sobre unas
perspectivas de expansión urbana sobrestimadas, tenía proyectado
un ambicioso programa de lotes con servicios y de viviendas sociales que
hubiera duplicado el área urbanizada del municipio. Estos proyectos,
muy loables si se considera el déficit real de vivienda en las ciudades
petroleras y la degradación general de las condiciones de alojamiento,
cumularon varios inconvenientes :
-Eran muy insuficientes en comparación con la inflación
de la demanda (salvo en Tauramena, donde al revés hubo una sobreoferta
de lotes y viviendas, la cual hoy sigue pesando sobre el presupuesto municipal).
-Algunos programas se concibieron en condiciones de habitabilidad límites
en relación con las normas mínimas de vivienda social vigentes
en Colombia. El problema se dió un poco en Yopal (con el caso deunidades
residenciales de 31 m2), y mucho más en Tauramena donde
se diseñaron unidades básicas de 20 m2 y unidades
mínimas de 40 m2. Es paradójico que en un contexto
de déficit marcado de vivienda, pero de gran disponibilidad de tierras
y de recursos financieros, la administración de Tauramena se haya
convertido en el promotor de semejante deterioro en las condiciones de
vivienda.
-Eran poco adapatados a la peculiaridad de la demanda residencial
de la población inmigrante, en particular los trabajadores del petróleo,
que por lo general no pensaban radicarse de manera duradera en Casanare,
y no querían adquirir una vivienda conforme a lo estandares familiares
comunes, pues buscaban más bien minimizar sus costos de alojamiento
in situ para remetir la mayor parte de sus ingresos fuera de estas
ciudades.
-Muy a menudo, los programas de vivienda social eran inaccesibles al
segmento de la población al cual se destinaba. En un programa social
de Yopal estudiado en 1996, el costo del m2 ascendía
a 64 000 pesos, cuando el precio del m2 en los dos mayores barrios
de invasión de la ciudad oscilaba entre 3 900 y 6 500 pesos.
-Para terminar, en muchos casos las viviendas se concedieron con preferencia
a personas ya bien establecidas en la región; de hecho, estos programas
no contribuyeron a estabilizar ni a mejorar las condiciones de vida de
los inmigrantes recién llegados: « El municipio tiene un programa
de vivienda de interés social, que son alrededor de 700 viviendas.
(…) La idea es darle prioridad a la gente que es de acá y que garantiza
la ausencia de vivienda, y después ya vemos la posibilidad de involucrar
gente que no tiene ningún recurso y que pues lleve un tiempo de
estadía en Yopal ».
La oferta de servicios públicos
Si bien las autoridades locales no atendieron en forma adecuada la
demanda en materia de vivienda antes y durante el ciclo petrolero, sí
enfrentaron el fuerte aumento de la demanda en servicios básicos,
concentrando particularmente sus esfuerzos en la provisión de los
servicios de agua y alcantarillado. Gracias a la abundancia de los recursos
hídricos en el piedemonte y a la creación de varios complejos
hidroeléctricos de envergadura en la vertiente oriental de los Andes,
también se pudo mejorar la conexión a la red eléctrica.
Aprovechando las regalías petroleras, se logro mejorar las tasas
de cobertura de los servicios públicos domiciliarios, como lo mostrará
más en detalle la sección 3.
Sin embargo, las formas de gestión de los servicios municipales
quedan problemáticas. Las dificultades en la producción y
la gestión de los servicios públicos son más un problema
de gestión que un problema financiero (siendo alta la capacidad
de inversión los municipios). La administración de los servicios
públicos, asumida directamente por la municipalidad (a través
de una División de servicios públicos, como en Aguazul),
o a cargo de unas empresas ‘autónomas’ - que en realidad no lo son
-, como la Empresa de Agua y Alcantarillado de Yopal, muestra dos prácticas
corrientes, quegeneran deficiencias en la calidad de la prestación
de los servicios urbanos : una falta de diseño integrado del servicio,
y la prioridad que a menudo se le da a la expansión de la red, más
que al mantenimiento de las infraestructuras existentes y a su mejoramiento.
Otro punto crítico para el agua, sobre todo en Yopal y Aguazul,
reside en el agotamiento de las fuentes y de las posibilidades de aprovisionamiento
en el futuro (un problema que no solamente deriva del crecimiento demográfico,
sino también de los procesos de ocupación y explotación
de las cuencas hidrográficas que alimentan los centros urbanos).
Adaptarse a los cambios institucionales que afectaron los municipios
colombianos, y más específicamente los municipios del Casanare;
asumir el reto que constituyó la llegada de unas actividades y de
unas empresas totalmente ajenas al contexto regional, y cuyo protagonismo
sobrepasaba la mera escala local; atender en muy poco tiempo a unos inmigrantes
muy numerosos, cuyo anclaje en el espacio municipal era muy tenue; hacerse
cargo de unos presupuestos y de una suma de responsabilidades que de un
día al otro se inflaron en unas proporciones casi nunca vistos en
los municipios colombianos de este tamaño; todos estos acontecimientos
constituyeron una hazaña para los gobiernos locales, que no estaban
preparados para recibir tantas responsabilidades al mismo tiempo. La cuestión
de la vivienda, y la intervención modesta -o torpe- de los gobiernos
locales en este sector, constituyen una clara ilustración del problema.
Yopal, Aguazul y Tauramena son ciudades jóvenes, donde la construcción
de vivienda sigue muyactiva : en las tres ciudades, en 1996, más
de la tercera parte de los hogares habitan en viviendas que tienen menos
de 5 años de construidas. En Tauramena, ciudad que sufrió
las transformaciones más rápidas, más de la mitad
de los hogares están en esta situación, y en Puente Cusiana,
es el 70 por ciento de los hogares que residen en viviendas de menos de
5 años. La producción de vivienda nueva desempeña
todavía un papel importante en las dinámicas urbanas. Pero
el análisis del mercado de la vivienda no puede por lo tanto limitarse
a las formas de producción de viviendas nuevas. Tiene que integrar
otros factores : por un lado los que se refieren a las prácticas
residenciales, es decir el uso del parque de viviendas (sistemas
residenciales de las familias, composición de los hogares, albergue
de población no permanente, cohabitación de varios hogares);
y por otro, los que corresponden a la producción de viviendas a
través unos mecanismos de transformación del parque existente
(subdivisión de viviendas, uso de locales no dedicados al hábitat).
Analizar el mercado de la vivienda supone considerar de que manera
la población se organiza para la residencia. ¿Cómo
los individuos se reagrupan en las unidades de vivienda ? Pasar del individuo
- unidad de análisis empleada para la descripción de los
flujos migratorios - al hogar, tal como se define en el cuadro 2.1, no
se reduce a un simple ejercicio estadístico : los arreglos residenciales
de la población tienen un papel clave en la dinámica del
mercado de la vivienda de estas ciudades petroleras. Por lo tanto, empezaremos
con esta cuestión el análisis del rol de la población
en la dinámica del mercado de la vivienda.
Cuadro 2.1
Los conceptos de hogar y familia en la estadística colombiana
| El DANE (instituto colombiano de estadística)
define un hogar en estos términos: “persona o grupo de personas,
con o sin lazos familiares, que viven bajo el mismo techo y comparten habitualmente
los alimentos. Una vivienda puede albergar uno o varios hogares” (1996).
Con base en el estado civil de los miembros del hogar y su parentesco con
el jefe del hogar, se pueden identificar los diferentes núcleos
familiares y establecer tipologías de hogares. La familia se define
entonces como “un grupo social conformado por los miembros del hogar
emparentados entre sí por una relación de sangre, adopción,
matrimonio, incluyendo las uniones consensuales estables” (Flórez
y Méndez, 1994). Según estas tipologías, se distinguen
los hogares nucleares (padres e hijos), extensos (que incluyen otros familiares)
y compuestos (que incluyen además otras personas no familiares).
Los trabajos pioneros de Gutiérrez de Pineda pusieron de manifiesto
en los años 1960 la variedad de modelos familiares en Colombia:
las formas, las funciones de la familia y los códigos que la rigen
varían fuertemente de una región a otra. Las tipologías
de los demógrafos sólo restituyen de manera imperfecta la
diversidad de la familia colombiana en el sentido antropológico
del término (red de relaciones). Sin embargo, los cálculos
establecidos con base en los censos y las encuestas de hogares bastan para
mostrar un hecho importante: el modelo de familia nuclear gana terreno
en los hogares urbanos en Colombia, pero no está tan generalizado
como a menudo se piensa. Así, en 1992, sólo algo más
del 60 por ciento de los hogares urbanos de Colombia son del tipo nuclear
y el 23 por ciento corresponden a una familia extensa (Flórez y
Méndez, 1994 : 21). |
Unos arreglos residenciales específicos
En las tres ciudades, la tendencia colombiana a la nuclearización
de los hogares se verifica en el período 1973-1996 : es menos frecuente
que en las otras ciudades del país en 1993, e inclusive mucho menor
en esta misma época en Tauramena (39%). El modelo de familia nuclear
está presente en más del 60 por ciento de los hogares en
las tres ciudades tres años más tarde, en 1996 (Cuadro 2.2).
Simultáneamente, son los hogares compuestos los que más disminuyen
durante este período. En cambio, la cohabitación intergeneracional
o entre colaterales dentro de la vivienda, que fundamenta el modelo de
familia extensa, sigue siendo una práctica frecuente que abarca
casi la quinta parte de los hogares en 1996 : en Yopal y Aguazul, las familias
extensas son inclusive más numerosas en 1996 que en 1973.
Paralelamente a la evolución de los modelos familiares, el
tamaño de los hogares ha cambiado de manera sensible en las tres
ciudades (Cuadro 2.2) : en 1973, un hogar tenía en promedio 5 personas,
mientras que en 1996 tiene entre 3.3 y 3.7 personas. Sin embargo, los hogares
de gran tamaño siguen siendo frecuentes : los hogares de 6 personas
o más representan entre el 10 y el 15 por ciento de los hogares
en 1996. En cuanto a los hogares unipersonales, son particularmente frecuentes
en Tauramena (15%) y aún más en Puente Cusiana, en cercanías
del CPF, donde cerca de la tercera parte de los hogares se compone de un
solo individuo.
Cuadro 2.2
Tamaño
y composición de los hogares en viviendas particulares. (1973 -
1993 - 1996)
|
|
Yopal
|
Aguazul
|
Tauramena
|
|
|
|
1973
|
1993
|
1996
|
1973
|
1993
|
1996
|
1973
|
1993
|
1996
|
|
Tipo
de hogar
|
Nuclear
|
45.3
|
53.1
|
61
|
45.6
|
51.6
|
66.7
|
33
|
38.7
|
60.3
|
|
|
Extenso
|
16.4
|
23.2
|
20.7
|
14.8
|
24.6
|
18.6
|
23.6
|
18.2
|
17.5
|
|
|
Compuesto
|
19.6
|
8.6
|
4.2
|
16.5
|
7.5
|
2.1
|
21.7
|
10.9
|
3.6
|
|
|
No
familiar
|
18.7
|
15.1
|
14.1
|
23.1
|
16.3
|
12.6
|
21.7
|
32.2
|
18.6
|
|
|
Total
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
Número
de personas por hogar*
|
1
|
7.7
|
7.9
|
11.0
|
10.2
|
9.1
|
9.3
|
8.5
|
18.6
|
14.6
|
|
|
2
- 3
|
23.2
|
31.1
|
39.2
|
24.4
|
33.0
|
34.4
|
25.5
|
34.2
|
43.8
|
|
|
4
- 5
|
26.4
|
37.0
|
34.3
|
28.0
|
35.0
|
43.7
|
26.4
|
26.4
|
31.2
|
|
|
6
+
|
42.7
|
24.0
|
15.5
|
37.4
|
22.9
|
12.6
|
39.6
|
20.8
|
10.4
|
|
|
Total
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
Promedio
|
5.4
|
4.2
|
3.7
|
4.9
|
4.2
|
3.8
|
5.3
|
3.8
|
3.3
|
Fuentes
: Cálculos con base en los Censos de Población de 1973 y
1993, DANE.Encuesta Movilidad espacial en Casanare, 1996, CEDE-ORSTOM.
Nota
: En 1996, la distribución se refiere a residentes permanentes.
Tauramena no incluye a Puente Cusiana.
Producto de observaciones
de naturaleza transversal, la frecuencia de la familia extensa puede reflejar
distintas situaciones y debe interpretarse con prudencia. Puede corresponder
a familias para las cuales este modelo familiar refleja una práctica
estable en la que varias generaciones o colaterales cohabitan de manera
duradera.
También se puede encontrar varios hogares emparentados entre
sí que comparten una misma vivienda. Más allá de compartir
una misma vivienda, la proximidad residencial de varios hogares emparentados
en un mismo barrio, frecuentemente observada, da fe de la permanencia,
e incluso de la consolidación de las redes de parentesco en situaciones
de movilidad espacial.
La frecuencia de la familia extensa, y más generalmente de los
modelos familiares no nucleares, también puede reflejar una situación
producida por el albergue temporal repetido de personas que no forman parte
del núcleo familiar principal : las prácticas de albergue
cíclico contribuyen a aumentar el porcentaje de familias extensas
o compuestas. En las ciudades del Casanare, igual que “en Bogotá,
es en el contexto de las movilidades temporales y circulares en el que
hay que interpretar la importancia de la familia extensa, y no mediante
una lectura que supone una corresidencia permanente y estable” (Dureau,
1999). En efecto, la presencia de población no permanente constituye
una dimensión esencial de la dinámica de las tres ciudades
estudiadas : más del 15 por ciento de los hogares de Yopal, Aguazul
y Puente Cusiana albergan individuos que no residen de manera permanente
en estas ciudades (Cuadro 2.3). Las formas de inserción residencial
de dicha población necesariamente tienen implicaciones en las condiciones
de alojamiento de los individuos residentes en forma permanente en estas
ciudades : la presencia de población no permanente contribuye a
incrementar el número de personas por hogar y la frecuencia de hogares
de gran tamaño. En Yopal, mientras mayor sea el número de
permanentes en un hogar, menor es la tendencia a albergar individuos no
permanentes : parecería pues que en esta ciudad se ejerce cierto
mecanismo de autorregulación, siendo el albergue la característica
de hogares de pequeño tamaño, que se puede suponer tienen
cierta disponibilidad de espacio para alojar a otras personas. En Tauramena,
en cambio, los hogares que proporcionalmente albergan más población
no permanente son los hogares permanentes de mayor tamaño, y en
Aguazul son los de tamaño mediano. Como se ve, las formas de inserción
residencial de la población no permanente, diferenciadas según
las ciudades, modulan los efectos de la presencia de dicha población
: aun cuando Tauramena y Yopal contabilizan aproximadamente el mismo porcentaje
de individuos no permanentes (alrededor del 8.5% de la población
total), las especificidades de su distribución en el parque de viviendas
de cada una de estas tres ciudades hacen que su presencia necesariamente
ejerza un impacto en las condiciones de hábitat de la población
permanente mucho mayor en Tauramena que en Yopal.
Cuadro 2.3
Tamaño
de los hogares en viviendas particulares según tipo de residentes
(1996)
|
|
Yopal
|
Aguazul
|
Tauramena
|
Puente
Cusiana
|
|
Tamaño
promedio de los hogares
|
|
Todas
las personas
|
3.9
|
3.9
|
3.4
|
3.2
|
|
Solo
las personas permanentes
|
3.7
|
3.8
|
3.3
|
3.1
|
|
Proporción
de hogares con 6 personas o más (%)
|
|
Todos
los hogares
|
18.1
|
15.9
|
11.9
|
15.0
|
|
Hogares
con residentes permanentes
|
15.5
|
12.6
|
10.4
|
14.3
|
|
Proporción
de hogares con residentes no permanentes (%)
|
|
Total
|
18.1
|
16.0
|
13.0
|
19.0
|
|
Según
número de residentes permanentes del hogar
|
|
Dos
|
22.9
|
10.7
|
3.8
|
7.7
|
|
Tres
|
17.6
|
18.5
|
4.9
|
6.7
|
|
Cuatro
|
15.1
|
15.9
|
5.6
|
10.5
|
|
Cinco
|
13.6
|
12.7
|
14.7
|
0.0
|
|
Seis
|
9.5
|
0.0
|
5.8
|
0.0
|
|
Siete
o más
|
11.7
|
15.5
|
24.8
|
0.0
|
Fuente
: Encuesta Movilidad espacial en Casanare, 1996, CEDE-ORSTOM.
La cohabitación de varios hogares en la vivienda
Ya en 1993, compartir
una vivienda entre varios hogares era más frecuente en las tres
ciudades petroleras que en las demás ciudades del Casanare[7] .
Entre 1993 y 1996, compartir una vivienda entre varios hogares es una práctica
que se extiende aún más (Cuadro 2.4): el porcentaje de hogares
que comparten su vivienda con por lo menos otro hogar se triplica en Yopal
y Tauramena, alcanzando respectivamente el 20 por ciento y el 6 por ciento
de los hogares en 1996. En Aguazul, la evolución es aún más
drástica : la proporción pasa del 3 por ciento en 1993 al
18 por ciento en apenas tres años. Frente al déficit de vivienda
que afecta a estas ciudades, compartir una vivienda entre varios hogares
es una práctica que toma una dimensión considerable en relación
con lo que se observa en otras ciudades colombianas y que, como lo veremos
en la sección 3, afecta seriamente las condiciones de vida de las
poblaciones por el hacinamiento que genera.
Cuadro
2.4
Cohabitación
y hacinamiento en viviendas particulares (1973 - 1993 - 1996)
|
|
|
Yopal
|
Aguazul
|
Tauramena
|
|
|
|
1973
|
1993
|
1996
|
1973
|
1993
|
1996
|
1973
|
1993
|
1996
|
|
Número
hogares por vivienda:
|
Uno
|
86.4
|
93.8
|
80.4
|
98.0
|
97.0
|
81.9
|
99.0
|
93.9
|
84.1
|
|
|
Dos
|
10.5
|
4.4
|
15.1
|
0.9
|
2.4
|
16.4
|
1.0
|
4.4
|
13.1
|
|
|
Tres
|
2.3
|
1.1
|
3.1
|
0.9
|
0.3
|
1.7
|
0.0
|
0.7
|
2.4
|
|
|
Cuatro
o más
|
0.8
|
0.7
|
1.5
|
0.2
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.4
|
|
|
Total
|
100.0
|
100.0
|
100.1
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
Promedio
|
1.2
|
1.1
|
1.3
|
1.0
|
1.1
|
1.2
|
1.0
|
1.1
|
1.2
|
|
Número
personas por cuarto:
|
<
2
|
44.4
|
53.7
|
46.9
|
51.5
|
53.7
|
40.1
|
48.2
|
57.6
|
31.1
|
|
|
2
- 3.99
|
35.8
|
32.8
|
39.0
|
33.4
|
32.4
|
38.8
|
42.5
|
29.3
|
50.3
|
|
|
4
+
|
19.8
|
13.5
|
14.1
|
15.1
|
13.9
|
21.1
|
9.3
|
13.1
|
18.6
|
|
|
Total
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
Promedio
|
2.5
|
2.0
|
2.2
|
2.2
|
2.0
|
2.5
|
2.1
|
1.9
|
2.5
|
Fuentes : Cálculos con base en los Censos
de Población de 1973 y 1993, DANE. Encuesta Movilidad espacial en
Casanare, 1996, CEDE-ORSTOM.
Nota : En 1996, la distribución se refiere
a residentes permanentes. Tauramena no incluye a Puente Cusiana.
Este hecho de compartir una vivienda afecta sobre todo a los migrantes
recientes, particularmente en Tauramena. Con la duración de la presencia
en la ciudad, la diferencia entre migrantes y nativos se reduce : en las
tres ciudades, los migrantes comparten viviendas recién llegados,
y con el tiempo, escapan progresivamente a esta situación. En las
tres ciudades, compartir una vivienda entre varios hogares es una práctica
más común en las clases medias que en la población
más desfavorecida : los sectores más pobres son más
afectados por la aparición de las viviendas tipo ‘cuarto’, que sólo
pueden albergar un hogar. Esta situación genera condiciones de hábitat
bien distintas para estos dos segmentos de la población : mientras
que la clase media se ve más afectada por el hecho de compartir
la vivienda, la clase popular debe afrontar ante todo mayores carencias
en materia de servicios y de infraestructura.
La subdivisión de viviendas y el uso de locales de uso no
residencial (hoteles)
Tradicionalmente, las tres aglomeraciones eran ciudades de casas :
en 1993, más de las tres cuartas partes de las viviendas eran de
este tipo. Recientemente, la composición del parque de viviendas
registra un cambio importante : en respuesta a las estrategias residenciales
particulares de la población de estas ciudades y a un fuerte aumento
de la demanda de vivienda, las viviendas del tipo ‘apartamento’ y ‘cuarto’
adquieren una creciente importancia, particularmente en Tauramena (Cuadro
2.5). Una de las estrategias adoptadas por las familias consiste en dividir
sus casas y crear así espacios residenciales independientes más
pequeños, del tipo ‘cuarto’ o ‘apartamento’.
Cuadro 2.5
Características
de las viviendas particulares (1973 - 1993 - 1996)
|
|
Yopal
|
Aguazul
|
Tauramena
|
|
Tipo
devivienda
|
1973
|
1993
|
1996
|
1973
|
1993
|
1996
|
1973
|
1993
|
1996
|
|
Casa
|
94.6
|
80.1
|
56.9
|
96.3
|
74.8
|
63.1
|
99.2
|
85.6
|
34.0
|
|
Apartamento
|
2.4
|
7.1
|
15.6
|
2.7
|
5.4
|
10.8
|
0.0
|
0.5
|
18.4
|
|
Tipo
cuarto
|
1.7
|
12.1
|
26.5
|
0.6
|
16.6
|
25.7
|
0.8
|
10.4
|
47.5
|
|
Otro
tipo
|
1.3
|
0.7
|
1.0
|
0.4
|
3.2
|
0.4
|
0.0
|
3.5
|
0.1
|
|
Total
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
Fuentes :
Cálculos con base en los Censos de Población de 1973 y 1993.
DANE. Encuesta Movilidad espacial en Casanare, 1996, CEDE-ORSTOM.
Nota
: En 1996, la distribución se refiere a hogares y no a viviendas.
Tauramena no incluye a Puente Cusiana.
El carácter temporal
de las migraciones asociadas con la actividad petrolera desempeña
un papel primordial en la presencia creciente de viviendas del tipo ‘cuarto’:
una población móvil que no proyecta instalarse de manera
definitiva genera una demanda de vivienda con características específicas.
Entre los migrantes recientes, predomina la vivienda de tipo ‘apartamento’
o ‘cuarto’. En Tauramena, por ejemplo, más del 70 por ciento de
los migrantes llegados a la ciudad desde hace de un año, y casi
la mitad de los migrantes con uno a cuatro años de presencia, vive
en cuartos. Menos marcado en Yopal y Aguazul, este fenómeno es sin
embargo significativo : la modalidad ‘cuarto’ es mayoritaria entre los
migrantes recientes.
La subdivisión de espacios habitables como mecanismo de oferta
de vivienda no es una práctica exclusiva de los sectores populares
: las clases medias de las tres ciudades han adoptado igualmente esta estrategia.
En efecto, si el carácter temporal de la inserción residencial
de los migrantes determina la naturaleza de su demanda de vivienda, también
incide en el comportamiento de los agentes susceptibles de producir vivienda.
Esta percepción generalizada del carácter temporal de la
fuerte demanda de vivienda motiva así a los habitantes de Tauramena,
incluida la clases media, a dividir temporalmente las viviendas existentes,
más bien que a construir viviendas nuevas : sin proyección
hacia el futuro, una inversión inmobiliaria no tiene sentido.
El carácter particularmente acentuado del déficit de
vivienda en Tauramena se traduce también en el uso de los hoteles
y de las pensiones para el alojamiento de la población. En Tauramena,
y en menor grado en Aguazul, la habitación de hotel constituye una
solución de substitución de la vivienda particular en un
mercado en el que la oferta es muy insuficiente : los hoteles albergan
un porcentaje de población para quien la habitación de hotel
constituye su única vivienda o su vivienda principal. La tercera
parte de los ocupantes de los hoteles de Tauramena viven allí durante
todo el año; el 49 por ciento de los ocupantes de los hoteles de
Aguazul habitan allí la mayor parte del año (35%) o durante
todo el año (14%). La presión ejercida sobre el mercado de
la vivienda por la presencia de migrantes vinculados a las actividades
petroleras conlleva a utilizar en forma permanente una modalidad de vivienda
teóricamente diseñada para permanencias periódicas.
En cambio, en Yopal, los hoteles cumplen con la función‘normal’
de este tipo de alojamiento, es decir el alojamiento temporal de personas
que residen en otro lugar durante la mayor parte del año : en la
capital departamental, las varias formas de producción de la vivienda,
legales o ilegales, logran responder a la demanda de vivienda.
Entre 1973 y 1993, de manera opuesta a la evolución a nivel
nacional, el arriendo gana importancia en las tres ciudades casanareñas,
pero es en Tauramena donde aumenta más fuertemente durante este
período el número de viviendas tipo ‘cuarto’ y donde el cambio
es más radical (Cuadro 2.6): el porcentaje de hogares que viven
en arriendo pasa del 22 al 54 por ciento, lo que convierte a Tauramena
en la ciudad de Casanare con el mayor porcentaje de arrendatarios en 1993.
En Yopal y sobre todo en Aguazul, la propiedad sigue siendo en 1993 el
principal tipo de ocupación de vivienda, aunque el un porcentaje
de hogares es menor que en las otras ciudades del departamento : el 50
por ciento de los hogares de Yopal y el 55 por ciento en Aguazul.
Cuadro 2.6
Tenencia de la
vivienda. Viviendas particulares. (1973 - 1993 - 1996)
|
|
Yopal
|
Aguazul
|
Tauramena
|
|
|
1973
|
1993
|
1996
|
1973
|
1993
|
1996
|
1973
|
1993
|
1996
|
|
Vivienda
propia
|
47.5
|
50.2
|
44.7
|
54.1
|
54.6
|
48.5
|
67.0
|
43.4
|
29.6
|
|
Arriendo
o subarriendo
|
44.1
|
47.7
|
50.5
|
40.4
|
42.9
|
43.2
|
21.7
|
54.4
|
56.1
|
|
Usufructo,
de hecho otra condición
|
8.4
|
2.1
|
4.7
|
5.5
|
2.5
|
8.3
|
11.3
|
2.2
|
14.4
|
|
Total
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
Fuentes
: Cálculos con base en los Censos de Población de 1973 y
1993, DANE. Encuesta Movilidad espacial en Casanare, 1996, CEDE-ORSTOM.
Notas
: En 1996, la distribución se refiere a residentes permanentes.
Tauramenano incluye a Puente Cusiana.
En el transcurso de los años siguientes, entre 1993 y 1996,
la modalidad de propiedad sigue perdiendo terreno : este tipo de ocupación
de la vivienda ya no es mayoritario en ninguna de las tres ciudades. El
arriendo acentúa su posición en Tauramena (56%) y se vuelve
mayoritario en Yopal (51%). La novedad reside en el aumento sensible del
porcentaje de hogares que ocupan su vivienda con un tipo distinto del de
propietario o arrendatario, cuando esta modalidad había retrocedido
netamente entre 1973 y 1993. En tres años, el porcentaje de hogares
que no son ni propietarios ni arrendatarios se multiplica por 2 en Yopal,
por 4 en Aguazul y por 7 en Tauramena. La ocupación de hecho se
convierte en una modalidad frecuente en Tauramena (14%) y en Aguazul (8%).
Cerca del 20 por ciento de los hogares de Puente Cusiana están en
esta misma situación; y el 87 por ciento de los hogares de El Porvenir
en Aguazul construyeron su vivienda en un terreno invadido.
De igual manera que la vivienda tipo ‘cuarto’ se asocia con la migración
reciente, el arriendo constituye la forma predominante de acceso a la vivienda
entre la población recién llegada : en las tres ciudades,
cerca de dos tercios de los migrantes recientes viven en arriendo. La propiedad,
sin embargo, no está totalmente ausente : el 14 por ciento de los
migrantes recientes de Yopal se declaran propietarios de su vivienda y
entre la población no nativa de la ciudad, la propiedad crece de
manera importante con la duración de residencia en la ciudad. Es
interesante anotar que en las tres ciudades, entre los nativos de la ciudad
se cuentan proporcionalmente menos propietarios que entre los migrantes
con más de 10 años de residencia.
Respecto a las relaciones entre inmigración y tipo de ocupación
de la vivienda, un último fenómeno específico en Yopal
merece ser señalado : un porcentaje significativo (46%) de los hogares
compuestos únicamente por residentes no permanentes es propietario
de su vivienda. Esta situación corresponde probablemente a hogares
del Casanare que residen la mayor parte del año en otra vivienda
y que poseen una vivienda en Yopal, la cual utilizan en sus estadías
en esta ciudad; la perspectiva de rentabilidad de una inversión
inmobiliaria de este tipo probablemente interviene también en esta
práctica.
¿Cual es el significado de la propiedad de la vivienda para
los habitantes de estas tres ciudades del Casanare ¿ En Bogotá
y en otras ciudades colombianas, las tensiones en las relaciones entre
vecinos en los inquilinatos alimentan el deseo de acceder a la vivienda
propia, aun sí eso implica perder tanto en el plano de las características
físicas de la vivienda, como en el del acceso a los servicios públicos
y del transporte hasta el lugar de trabajo : la promiscuidad en las viviendas
en arriendo lleva a muchos de ellos a preferir instalarse en su propia
casa en barrios periféricos subequipados en servicios. En las tres
ciudades del Casanare, ninguna de las personas interrogadas plantea un
argumento de esta naturaleza para explicar su paso del arriendo a la propiedad;
al contrario, todos señalan las razones financieras que los hicieron
optar por la propiedad. En Yopal como en Aguazul y Tauramena, la propiedad
es ante todo la forma más económica de acceso a la vivienda
para las familias que pueden reunir el capital necesario para adquirir
el terreno y construir una casa, incluso en materiales precarios.
En efecto, si se tiene en cuenta el costo de los arriendos (y el hecho
que la oferta en alquiler es limitada y puede ser muy inferior a la demanda),
la solución se justifica totalmente desde un estricto punto de vista
económico : las cuotas mensuales para pagar el terreno a menudo
son inferiores al costo de los arriendos en esas ciudades. Un entrevistado,
hoy en día instalado en el barrio San Mateo de Yopal, después
de haber sido arrendatario en esa misma ciudad, decía lo siguiente
a propósito de su terreno “(...) En un año lo pagamos. Cuotas
mensuales de 50.000. Pagábamos 80 de arriendo, por qué no
íbamos a pagar 50 de una cuota de un lote que nos va a quedar para
nosotros”. Un habitante del mismo barrio de Yopal, celador en una empresa,
declara por su parte: “Este lotecito no me valió sino $ 630.000
(...). El año pasado no ganaba ni $ 150.000 y de ahí pagaba
el arriendo $ 50.000”. Los salarios petroleros produjeron un efecto de
atracción de las corrientes migratorias recientes; igualmente provocan
un efecto directo sobre el precio de la vivienda en estas tres ciudades.
En ellas, los arriendos son particularmente costosos : en los sectores
populares, el arriendo de una vivienda cuesta en promedio $ 120.000 mensuales
en Tauramena, $ 97.000 en Yopal (con una variación muy grande en
esta ciudad) y $ 60.000 en Aguazul. Por esta razón, el precio de
un terreno con frecuencia es menor que un año de arriendo : en estas
condiciones, convertirse en propietario no implica necesariamente un compromiso
a largo plazo. Muchos habitantes de estas ciudades se proyectan con dificultad
en el futuro, más allá de simples visiones a muy corto plazo
: para muchos, la actitud “yo no pienso en el mañana” es la regla,
y la supervivencia y el futuro dependen en buena medida de la voluntad
divina. Es en este contexto temporal en el que hay que interpretar los
comportamientos residenciales de las poblaciones : la relación de
las poblaciones con el espacio, que se expresan en las escogencias y los
comportamientos residenciales, está claramente marcada por la temporalidad
específica que rige estas ciudades petroleras. Así, además
de los procesos ‘clásicos’ de invasión y de urbanización
pirata, ha surgido en Tauramena una nueva modalidad de ocupación
de la vivienda -muy original en el contexto colombiano-, indicio suplementario
de este proceso de precarización generalizada : el arrendamiento
de un lote en el que el hogar arrendatario construye su propia vivienda
en materiales precarios. Esta situación resulta de una estrategia
que corresponde a la temporalidad particular predominante en esta ciudad
: los propietarios rentabilizan la situación presente, que saben
efímera, sin invertir nada en la construcción de una vivienda
y ponen en arriendo un terreno vacío. Este proceso desempeña
un papel importante en el aumento de las viviendas en material precario.
En 1993, salvo los problemas
del agua potable en Aguazul y de la recolección de basuras en Tauramena,
la cobertura en servicios públicos básicos era relativamente
buena en estas tres ciudades, mejor que la situación promedio en
las ciudades del departamento del Casanare y de los departamentos de la
región Orinoquia.
Cuadro 3.1
Evolución
de la cobertura de conexión de los servicios públicos (1973
– 1996)
|
|
1973
|
1993
|
1996
|
1996
|
|
|
%
viviendas
|
%
viviendas
|
%
hogares
|
%
hogares
|
%
hogares
|
|
YOPAL
|
|
|
|
Estrato
1
|
Estrato
5
|
|
Acueducto
(red municipal)
|
94.0
|
94.6
|
95.5
|
75
(18)
|
100
(29)
|
|
Alcantarillado
(red municipal)
|
40.9
|
55.3
|
68.3
|
86
(8)
|
100
(6)
|
|
Energía
|
33.3
|
84.8
|
98.4
|
84
|
100
|
|
Los
3 servicios
|
26.0
|
52.0
|
66.6
|
8
|
6
|
|
Ninguno
de los servicios
|
5.2
|
4.7
|
1.3
|
16
|
0
|
|
AGUAZUL
|
|
|
|
El
Porvenir
|
Estrato
4
|
|
Acueducto
(red municipal)
|
84.7
|
95.2
|
97.4
|
61
(0)
|
100
(99)
|
|
Alcantarillado
(red municipal)
|
31.0
|
32.7
|
59.0
|
75
(0)
|
100
(88)
|
|
Energía
|
13.4
|
76.0
|
91.4
|
0
|
99
|
|
Los
3 servicios
|
8.0
|
30.8
|
58.0
|
0
|
88
|
|
Ninguno
de los servicios
|
11.9
|
4.4
|
2.4
|
39
|
0
|
|
TAURAMENA
|
|
|
|
Pte
Cusiana
|
Estrato
3
|
|
Acueducto
(red municipal)
|
92.4
|
96.2
|
93.3
|
96
(5)
|
99
(97)
|
|
Alcantarillado(red
municipal)
|
2.9
|
56.1
|
51.8
|
75
(0)
|
100
(52)
|
|
Energía
|
1.9
|
81.6
|
87.8
|
96
|
100
|
|
Los
3 servicios
|
1.9
|
55.4
|
50.0
|
0
|
74
|
|
Ninguno
de los servicios
|
7.6
|
3.4
|
4.3
|
1
|
0
|
Fuentes
: Censo 1973 y1993, DANE. Encuesta Movilidad espacial en Casanare, 1996,
CEDE-ORSTOM
En efecto, globalmente se produjo un aumento importante de la cobertura
de los servicios públicos domiciliarios en el transcurso de los
últimos veinte años, e incluso en Yopal y Aguazul en los
tres años entre el censo de 1993 y las encuestas de 1996 (Cuadro
3.1). El porcentaje de viviendas con acceso a los tres servicios básicos
(agua potable, energía y alcantarillado) pasó en Yopal del
26 por ciento en 1973 al 52 en 1993 y al 67 en 1996; este aumento es tanto
más excepcional si se considera que, en el mismo período,
la población se multiplicó por diez. En Aguazul, este porcentaje
pasó del 8 por ciento en 1973 al 31 en 1993, y al 58 en 1996, mientras
que el crecimiento demográfico fue menor.
En el curso de los años 1990, el mejoramiento más notorio
en la tasa de cobertura se registró en materia de acceso a la energía
y a la red de alcantarillado; la conexión a la red de acueducto
se había iniciado anteriormente. La progresión más
espectacular es la conexión eléctrica: mientras solamente
el 33 por ciento, el 13 por ciento y el 2 por ciento de la población
de Yopal, Aguazul y Tauramena eran conectadas al servicio en 1973, la cobertura
había ascendido al 98 por ciento, 91 por ciento y 88 por ciento
respectivamente en 1996. En materia de conexión a la red de alcantarillado,
los aumentos son igualmente importantes : en el lapso de tres años,
la tasa pasa del 55 al 68 por ciento en Yopal y del 33 al 59 por ciento
en Aguazul. En cuanto al aparente deterioro del acceso a las redes de acueducto
y alcantarillado entre 1993 y 1996 en Tauramena, éste debe analizarse
con prudencia : puede estar relacionado con el muy fuerte aumento del número
de hogares por vivienda que registró la ciudad durante este período[10]
.
Así la tres ciudades comparten una misma evolución general
en el transcurso de los últimos años : incluso durante el
boom petrolero de los años 90, se produjo un aumento importante
en la cobertura de conexión de los servicios, especialmente de agua
y energía, pero con una gran desigualdad en el acceso a los servicios
públicos domiciliarios en los diferentes segmentos de la población.
En las tres ciudades, se observa una segregación socioeconómica
más fuerte para los servicios de agua y de saneamiento (que requieren
un sistema de conexión individual costoso) que para la energía
eléctrica o la recolección de basuras. Pero en las tres ciudades,
y para cualquier servicio, el déficit de cobertura se concentra
en los barrios más periféricos (excepto cuando son de estrato
alto), los barrios mas informales, y los estratos socioeconómicos
más populares. Tal vez esta situación, muy común en
América latina, sea amplificada en Colombia por el sistema de tarificación
de los servicios públicos : las viviendas están clasificadas
en varios estratos socioeconómicos, y las tarifas varían
de acuerdo al estrato. En estas condiciones, resulta poco rentable invertir
en redes de conexión en los barrios populares, que pagan unas tarifas
muy inferiores al costo real del servicio.
Además, la calidad de los servicios sigue siendo muy deficiente.
Las tasas de cobertura de los servicios, que reflejan el estado de las
redes físicas de conexión al servicio (salvo para la recolección
de basuras), son muy altas (agua, energía y basura) o relativamente
altas (alcantarillado); en cambio, la realidad de la prestación
de los servicios es otra. Una encuesta realizada en las tres ciudades en
1996 permitió mostrar que si la calidad y la continuidad del servicio
eléctrico era satisfactoria en todos los barrios y en todos los
estratos económicos, en cambio, la calidad de los servicios de alcantarillado,
de recolección de basura, y sobre todo de agua era muy deficiente.
El ritmo real de la colecta de basuras era inferior al ritmo previsto (dos
veces por semana) en la gran mayoría de las zonas residenciales
(independientemente de su estrato socioeconómico), y sobre todo,
las interrupciones en la distribución del agua eran el pan de cada
día. En la encuesta (realizada en verano, periodo de aguas bajas),
sólo el 12 por ciento de los hogares de Yopal, el 35 por ciento
en Aguazul, y el 25 por ciento en Tauramena declararon haber recibido un
servicio continuo.
En un plano cuantitativo, gracias a la abundancia de recursos petroleros,
las ciudades pudieron responder mal que bien a la demanda creciente en
materia de servicios públicos que generó el flujo migratorio,
pero con unas importantes deficiencias y desigualdades en la prestación
del servicio, que tienen sus orígenes en las formas de gestión
de los servicios municipales, mencionados en la sección 1.
Una reducción importante del tamaño de las viviendas
y de las áreas habitables
Primera característica de las condiciones de hábitat directamente
relacionada con las formas de producción de la vivienda expuestas
en las secciones 2 y 3, es el número reducido de cuartos para realizar
las distintas actividades domésticas : en 1996, el 45 por ciento
de los hogares de Yopal viven en un solo cuarto, el 20 por ciento en dos
cuartos, el 14 por ciento en tres y el 11 por ciento en cuatro o más.
En Aguazul, la situación es muy similar. La situación de
Tauramena, en cambio, es mucho más precaria : el 70 por ciento de
los hogares disponen de un solo cuarto y el 16 por ciento de dos cuartos.
El número de hogares que disponen de 3 ó 4 cuartos solo alcanza
el 13 por ciento.
En efecto, al dividir su vivienda, las familias de Tauramena operaron
una reducción importante de su espacio de uso exclusivo : en 1996,
la tercera parte de los hogares de Tauramena disponen de menos de 12 m2,
y otra tercera de entre 12 y 25 m2. Se
observa la misma situación en Puente Cusiana : el 29 por ciento
de los hogares tienen menos de 12 m2, y
el 50 por ciento entre 12 y 25 m2. Sólo
el 6 por ciento de los hogares en Tauramena, y el 1 por ciento en Puente
Cusiana, disponen de por lo menos 80 m2 para
su uso exclusivo. En Yopal y Aguazul, donde la práctica de división
de la vivienda es menos común, en promedio los hogares gozan de
espacios más amplios; sin embargo, una alta proporción de
los hogares sólo dispone de áreas muy reducidas. En estas
dos ciudades, aproximadamente la mitad de los hogares viven en menos de
25 m2; inclusive el 20 por ciento de los
hogares en Yopal y el 14 por ciento en Aguazul tienen menos de 12 m2.
Sólo el 14 por ciento en Yopal y el 7 por ciento en Aguazul tienen
un espacio habitable superior a 80 m2.
Finalmente, otro efecto de la subdivisión de vivienda se
manifesta en lo heterogéneo de las áreas habitables según
el número de cuartos : cerca de la mitad de los hogares de Tauramena
que disponen de un cuarto tienen menos de 12 m2
para su uso exclusivo, mientras que el 10 por ciento de ellos disponen
de más de 25 m2. En Aguazul, el
27 por ciento de los hogares que habitan un solo cuarto tienen menos de
12 m2, y el 60 por ciento tiene entre 25
y 50 m2.
Un aumento del hacinamiento en las viviendas particulares
En las tres ciudades,
después de registrar un mejoramiento entre 1973 y 1993, la situación
se deteriora entre 1993 y 1996. Que se considere la proporción de
hogares en situación de hacinamiento crítico o el nivel promedio
de hacinamiento, la tendencia es la misma. El aumento simultáneo
de las viviendas del tipo ‘cuarto’, a menudo creadas por subdivisión
de viviendas existentes, del número de hogares por vivienda y de
la población no permanente albergada en el seno de los hogares,
todos estos factores concurren a un agravamiento serio del nivel de densidad
domiciliaria, con situaciones de hacinamiento crítico en los espacios
habitables.
El deterioro es particularmente
sensible en Tauramena donde el promedio pasa de 1.9 a 2.5 personas por
cuarto. En Aguazul y Tauramena, el porcentaje de hogares con más
de 4 personas por cuarto aumenta en proporción considerable durante
este mismo período, pasando del 14 al 21 por ciento y del 13 al
19 por ciento respectivamente. Incluso si se considera sólo a los
residentes permanentes, el aumento del hacinamiento se volvió una
realidad para los habitantes de las tres ciudades estudiadas.
El análisis de
la densidad domiciliaria se puede afinar mediante otro indicador, que tome
en cuenta el área habitable de uso exclusivo del hogar : el número
de metros cuadrados por persona. Este indicador, que desafortunadamente
sólo está disponible en la encuesta de 1996, muestra mejor
las desigualdades entre los hogares que el indicador clásico calculado
con base en el número de cuartos. Las desigualdades son mucho más
marcadas en Yopal que en Aguazul o Tauramena (Cuadro 3.2). Clásicamente,
el abanico de diferencias entre grupos sociales se amplía con el
tamaño de la ciudad. Además, interviene directamente la práctica
de subdivisión de las viviendas. La generalización de esta
práctica en Tauramena contribuye a anular las desigualdades sociales
en materia de espacio habitable, desembocando en una situación paradójica
: los habitantes de Puente Cusiana disponen del mismo área habitable
que las familias de clase media que residen en la cabeza del municipio!
Otro elemento que merece subrayarse son las diferencias entre las ciudades
para un mismo estrato socioeconómico : de manera general, los habitantes
de la capitalo departamental, Yopal, están en una situación
más favorable que los de Aguazul y Tauramena.
Cuadro
3.2
Indicadores
de hacinamiento por estrato. Residentes permanentes (1996)
|
|
|
Porvenir/Pte
Cus.
|
Bajo-Bajo
|
Bajo
|
Medio-Bajo
|
Medio
|
Medio-Alto
|
|
Promedio
de residentes
|
Yopal
|
-
|
2,9
|
2,4
|
2
|
1,5
|
0,6
|
|
permanentes
por cuarto
|
Aguazul
|
3,5
|
3,3
|
2,7
|
2,3
|
2,2
|
-
|
|
|
Tauramena
|
2,4
|
2,6
|
2,6
|
2,3
|
-
|
-
|
|
Promedio
de m2
|
Yopal
|
|
9
|
10,1
|
14
|
18
|
30
|
|
por
residente permanente
|
Aguazul
|
6,1
|
6,7
|
9,8
|
11,3
|
11,6
|
-
|
|
|
Tauramena
|
9,4
|
7,5
|
8,4
|
10,9
|
-
|
-
|
Fuente : Encuesta Movilidad espacial
en Casanare, 1996, CEDE-ORSTOM.
Estas observaciones
destacan la complejidad de la noción de densidad domiciliaria :
la independencia de los hogares y de los individuos al interior de los
hogares resultante del acceso a piezas particulares y el espacio del que
disponen son precisamente dos componentes que deben tomarse en cuenta para
analizar las situaciones vividas por la población y sus eventuales
impactos sobre la modalidad residencial o sobre la percepción del
proceso migratorio por parte de la población.
La realidad de la densidad domiciliaria no puede por supuesto limitarse
a una observación de los individuos que residen de manera permanente
en estas ciudades. La práctica del albergue de la población
no permanente, diferencial según las ciudades y las clases sociales,
modula las situaciones que acaban de describirse, al tiempo que, de manera
general, aumenta ligeramente el nivel de hacinamiento de la población
en las viviendas (Cuadro 3.3). El efecto de la inclusión de la población
no permanente en los indicadores globales de cada una de las ciudades es
notablemente bajo : menos de una décima de punto sobre el número
promedio de personas por cuarto, y menos de un m2 sobre el área
promedio por persona.
Cuadro
3.3
Indicadores
de hacinamiento por estrato. Residentes permanentes y no permanentes en
viviendas particulares (1996)
|
|
Hogares
con solo residentes permanentes |
Hogares
con permanentes y no permanentes |
Hogares
con solo no permanentes
|
Total
Hogares
|
Total
Hogares
|
|
Promedio
person./cuarto
|
permanentes
o no
|
solo
perm.
|
|
Yopal
|
2.3
|
2,2
|
1.5
|
2.3
|
2,2
|
|
Aguazul
|
2,5
|
2.7
|
1,6
|
2,5
|
2,5
|
|
Tauramena
|
2.6
|
2,7
|
2.6
|
2.6
|
2,5
|
|
Puente
Cusiana
|
2.4
|
2,75
|
1.0
|
2.4
|
2.4
|
|
Promedio
de m2/ persona
|
permanentes
o no
|
solo
perm.
|
|
Yopal
|
10.8
|
12.7
|
17.1
|
11.3
|
12,5
|
|
Aguazul
|
10.0
|
9.8
|
18.1
|
10.3
|
10,7
|
|
Tauramena
|
8.1
|
12,5
|
9.3
|
8.5
|
9.2
|
|
Puente
Cusiana
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9.4
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5,1
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8.0
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9.0
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9.4
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Fuente : Encuesta Movilidad espacial
en Casanare, 1996, CEDE-ORSTOM.
El examen de
la densidad domiciliaria en función de la composición de
los hogares (presencia de residentes permanentes o no) permite profundizar
la comprensión del proceso de albergue. En Tauramena, el albergue
de personas no permanentes se traduce a la vez en un aumento del número
de personas por cuarto y una mayor área disponible por persona (Cuadro
3.3). Parecería pues que en Tauramena los residentes no permanentes
fuesen albergados en hogares que disponen de un espacio habitable suficiente
para hacerlo, aun cuando estos hogares no disponen de piezas independientes
para recibirlos; así mismo en Yopal, el albergue parece darse en
hogares que tienen viviendas con áreas grandes. En cambio, en Aguazul,
la presencia de población no permanente se traduce a la vez en un
aumento del número de personas por pieza y una disminución
del área por persona. La especificidad de Aguazul en relación
con las otras dos ciudades se ha mostrado en varias ocasiones en las páginas
anteriores : las características del parque de viviendas
existente en Aguazul, la dinámica particular de la ciudad ‘contenida’
en su perímetro actual y el carácter más familiar
y más estable de la migración reciente se conjugan, explicando
la singularidad de esta ciudad respecto de las otras dos en materia de
evolución de las densidades domiciliarias. Puente Cusiana constituye
el arquetipo de esta situación observada en Aguazul : la recepción
de población no permanente tiene un efecto muy marcado en el hacinamiento
de la población en las viviendas, tanto en el número de personas
por cuarto (de 2.4 a 2.7) como en el espacio disponible por persona (9.4
a 5.1 m2). Contrariamente a lo que sucede en Tauramena y Yopal,
no son sólo los hogares que cuentan con viviendas de tamaño
suficiente los que albergan residentes no permanentes en Puente Cusiana,
y en menor grado en Aguazul : en estas dos localidades, el fenómeno
de albergue de individuos residentes no permanentes en el seno del hogar
(y la consecución de ingresos complementarios que puede generar,
cuando se enmarca en una lógica especulativa) se realiza a costa
de una degradación sensible de sus propias condiciones de vivienda.
Consideradas a través de uno de sus componentes importantes,
es decir, la vivienda, las condiciones de vida en las tres ciudades se
han deteriorado notablemente en el transcurso del último cuarto
de siglo. Las páginas anteriores han puesto de relieve graves deficiencias
en materia de vivienda, aún más acentuadas en Tauramena que
en las otras dos ciudades: ¿en qué medida pueden atribuirse
estas deficiencias al crecimiento repentino de la población, principalmente
ligado al inicio de la explotación petrolera en la región?
La simple comparación de un indicador de calidad de la vivienda
en estas tres ciudades con el de las otras ciudades del Casanare y de los
otros departamentos de la región Orinoquia en 1993 es reveladora
: si se considera el sitio donde se preparan los alimentos, la situación
de las tres ciudades petroleras está por debajo de los promedios
departamental y regional (Fournier y Gouëset, 1999 : 1.2). Ya en 1993,
es decir antes de la fase más reciente de deterioro más sensible
de las condiciones de vivienda, las condiciones de hábitat ya eran
peores en estas ciudades que en las otras ciudades de la región.
El problema de la vivienda en las ciudades petroleras ya era manifiesto
en 1993 y se empeoró en los años siguientes. La presión
sobre la demanda de vivienda producida por la llegada abrupta y masiva
de inmigrantes creó una situación difícil de sanear
en un plazo muy corto. Todavía en proceso de consolidación,
las instituciones públicas locales no fueron capaces de definir
proyectos colectivos, ni de crear condiciones de apropiación del
territorio. Tampoco hubo respuesta importante por parte de los actores
privados del mercado de la vivienda, quienes también tienen su responsabilidad
en materia de inversión en la producción de vivienda : frente
al carácter temporal de la migración, estos actores desarrollaron
estrategias que resolvieron parcialmente el déficit cuantitativo
de vivienda, pero condujeron también a la multiplicación
de viviendas inadecuadas y sobreocupadas. Las viviendas existentes se dividieron
o generaron nuevos tipos de hábitat como los cuartos, ocasionando
un mayor hacinamiento y la utilización de material precario para
las paredes y los pisos. En cambio, esta situación no afecta ni
el acceso a los servicios de acueducto ni a los servicios sanitarios que
las viviendas tenían antes de sufrir sus transformaciones; y las
inversiones hechas por los municipios en materia de infraestructuras permitieron
conectar rápidamente las viviendas nuevas a la red de acueducto.
Involucrando actores distintos, la producción de servicios públicos
y aquella de vivienda han experimentando, logicamente, evoluciones opuestas,
que contribuyen en la ambivalencia de la percepción del proceso
migratorio.
El petróleo y las regalías asociadas pudieron sembrar
tuberías y alambres, pero no pudieron regular los comportamientos
rentistas reforzados por la voluntad de aprovechar el cuarto de hora :
en forma paradójica, la explosión de riqueza en la región
casanareña ligada a la actividad petrolera generó una producción
importante de pobreza en estas ciudades, con una amplificación importante
de las desigualdades sociales.
Conclusión
El presente estudio mostró, en el contexto muy específico
de bonanza petrolera que afectó el piedemonte casanareño
en los años 90, el papel de un fuerte flujo de inmigración
sobre la evolución del espacio urbano y el deterioro de las condiciones
habitacionales de los diferentes segmentos de la población de las
ciudades de Aguazul, Tauramena y Yopal.
Sin embargo no se puede atribuir el conjunto de los cambios recientes
en los procesos migratorios y en las dinámicas urbanas a la actividad
petrolera por sí sola. Tal vez un análisis general de los
patrones de movilidad espacial y de mutaciones urbanas en Colombia durante
las últimas décadas aportarían elementos para concluir
sobre el papel específico de la actividad petrolera en las ciudades
del piedemonte llanero. Pero, como concluye Prévôt-Schapira
a propósito de México, es muy difícil « diferenciar
lo que compite a unos procesos banales que afectan con unos grados variables
el conjunto de México (...), y lo que es el impacto propio del polo
industrial » (1982: 175). Difícil, el ejercicio nos parece
también relativamente vano. Por lo tanto, más que intentar
elucidar el papel de la actividad petrolera y el de los cambios que afectan
al conjunto del sistema migratorio colombiano, nos parece importante destacar
algunas enseñanzas particularmente importantes sacadas del análisis
de la evolución del proceso migratorio durante el período
reciente en el piedemonte casanareño.
En particular las encuestas y las entrevistas
realizadas en las ciudades del estudio permitieron mostrar el papel de
cada uno de los actores en el proceso de urbanización, y no solamente
los actores institucionales. Debido al déficit de intervención
pública en la producción de espacio urbano y de vivienda
(un problema común en Colombia, que no es específico de las
ciudades petroleras), el juego de oferta y demanda se dio fundamentalmente
entre actores privados : población nativa (o de radicación
antigua) y empresas constructoras como productoras de vivienda; población
nativa o inmigrante como consumidora de este bien. Los habitantes, desde
luego, no fueron agentes pasivos sino actores esenciales de las dinámicas
urbanas : por sus prácticas residenciales, intervinieron directamente
en el mercado de la vivienda y sobre las características del parque
de vivienda y las condiciones de hábitat. Por supuesto, la intensidad
y las modalidades de la inmigración son esenciales en la producción
del espacio urbano, pero su impacto no se redujo a un mero aumento de la
demanda de vivienda : también emergieron nuevas formas de producción
y de uso de la vivienda.
Notas
[1]Este artículo fue redactado
a partir de una ponencia en el III Coloquio Internacional de Geocrítica,
Migración y cambio social, Barcelona, 28-30 de mayo de 2001.
La primera parte de la ponencia fue publicada en la revista Scripta
Nova, Universidad de Barcelona, Nº 94 (76), Agosto de 2001, bajo
el título siguiente: El proceso migratorio y sus consecuencias sobre
el poblamiento de las ciudades petroleras : realidades y representaciones
colectivas en el caso de las ciudades de Casanare, Colombia.
[2] Sobre la coyuntura petrolera casanareña, y
el contexto general del estudio, repórtese a Dureau F. & Gouëset
V. El proceso migratorio y sus consecuencias sobre el poblamiento de las
ciudades petroleras : realidades y representaciones colectivas en el caso
de las ciudades de Casanare, Colombia. Scripta Nova, Universidad
de Barcelona, Nº 94 (76), Agosto de 2001.
[3]Ibidem.
[4] En los últimos años han surgido muchas
ONG en las ciudades petroleras, algunas sobre una base social y participativa,
como CEMILLA en Yopal (que era la más activa del departamento,
y que tenía un campo de intervención amplio amplio), y otras
(la mayoría), con preocupaciones ambientales.
[5]Fuente: Asociación Santiago de las Atalayas,
1998. Esta asociación agrupa las principales empresas a cargo de
la explotación de los pozos de Cusiana et Cupiagua : ECOPETROL,
British Petroleum, Total y Triton.
[6] En 1997, el presupuesto Tauramena era 26 veces más
alto que él de Pore (uno de los más bajos de Casanare), mientras
el número de habitantes de ambos municipios era similar
[7] En 1993, el porcentaje de viviendas ocupadas por
un solo hogar era : 73.6 por ciento en Yopal, 76.4 por ciento en Aguazul,
66.6 por ciento en Tauramena, 79.1 por ciento para el Casanare urbano (Fuente:
sistema de información urbano, DNP, con base en el censo de 1993).
[8] Densidad demográfica en la vivienda, captada
por dos indicadores: el número de personas por cuarto y el área
habitable disponible por persona.
[10]Las tasas de cobertura están calculadas :
por vivienda en 1973 y 1993, y por hogar en 1996.
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PRÉVÔT-SCHAPIRA,
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Dureau y Vincent Gouësset, 2001
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