Mª Luisa Gómez Jiménez
Universidad de Málaga

Ciudades en red y redes de ciudades: a vueltas con la Ordenación del Territorio en  la ciudad digital (Resumen)

La presente comunicación aborda el impacto en nuestro ordenamiento jurídico de las nuevas concepciones que sobre el espacio urbano incorpora el uso de las nuevas tecnologías. Así, frente a los avances de la técnica, y los cada vez más cercanos diseños incorporados en la domótica o en el uso de las nuevas tecnologías en la vida diaria, los esquemas relacionales se modifican en contraste con un ordenamiento jurídico que  debe establecer parámetros válidos y ser capaz de dar respuesta a las nuevas necesidades. La revolución a la que asistimos, exige una integración de estas nuevas concepciones en los modelos territoriales, desde los diseños que permita nuestro ordenamiento Jurídico. Así, la ciudad que hasta ahora conocemos muta a una concepción en el que las telecomunicaciones cobran un protagonismo inusitado, generando redes de comunicaciones, que convergen en la ciudad de redes, ciudades en red y redes de ciudades ordenadas jurídicamente.

Palabras Clave: Sociedad-Red, Infraestructuras de las TIC, Redes de ciudades, Ordenación del Territorio

Cities Network and Cities on net, some considerations from Land Planning in digital Cities  (Abstract)

This paper deals with the impact of technologies in our legal system, specially related to the Land planning. So, at the same time we experience a technical advance (through domótica, for instance), our schemes in social behaviour are modified, and this happens while our legal system is trying to establish rights standards, and is looking forward to seeking for solutions to the new needs. This Revolution in with we are involved, demands a new conception in the territorial models, from a new space design and allows us to talk not only about communications network but cities network and cities on line/net.

Key Words: Network Society, ICT infrastructures, Cities network, Land Planning

Que las Ciudades son estructuras complejas, o ecosistemas abiertos, es algo que ha sido puesto de manifiesto ya tanto por ecólogos, como por urbanistas, o filósofos[1], y cuantos desde su particular rama del saber se han aproximado a la conceptuación de los procesos que inciden en la dinámica urbana. La ciudad, crisol de caminos, de cultura y de esfuerzos condensa hoy el espacio como “trama de relaciones que tienen su plasmación en una estructura física determinada, estructura que se constituye en “hábitat”, de millones de seres humanos sobre el planeta”.

Pues bien, la ciudad tal y como la conocemos hoy se extiende más allá de sí misma, a través de las redes de transportes, con el avance de las comunicaciones, haciendo converger lo urbano con la rural, creando ambientes rurbanos[2], que extienden en su complejidad los procesos urbanos, más allá del ámbito urbanizado, superando las hasta ahora limitaciones territoriales reconocibles para el urbanista. Y es, justamente, en este proceso de crecimiento y deslocalización, en donde encuentra sentido una necesaria aproximación a los procesos de ordenación territorial de la red de ciudades en la que estamos inmersos.

Por un lado, porque nuestra sociedad integra las sinergias de una globalidad en las comunicaciones y en los sistemas de transportes que relativizan la aplicación de los esquemas tradicionales de la planificación física. Por otro lado, porque la ordenación territorial se proyecta  en las ciudades como realidad  manifiesta.

No obstante, ambos procesos coexisten, con las inacabadas deficiencias de una ciudad imbuida en su propia dinámica, que la configuran internamente más o menos  cohesionada. Deficiencias, que revelan de manera inmediata las carencias de una falta de coherencia en los esquemas de actuación públicos, cuando al atender a  la resolución de problemas puntuales, desconocen la interacción de la malla urbana en su conjunto y su configuración como ciudad-red. Este es el contraste que pone de manifiesto el examen de un lado, de la dinámica de deslocalización de actividades y crecimiento de las redes de ciudades, respecto de la aplicación de los esquemas normativos que desde la legislación sectorial dan respuesta a todos los elementos que integran la red urbana.  De ese contraste, y del reto que supone para nuestras Administraciones Públicas su toma de consciencia trataremos en el presente trabajo.

La progresiva deslocalización de lo urbano en la sociedad-red

Asistimos, a un proceso de evolución sorprendente desde el punto de vista de tecnológico. Las nuevas tecnologías han transformado nuestra vida[3]. Los avances se suceden sin apenas dar tiempo a su asimilación, sin el adecuado tiempo para la racionalización de su uso, saltando las posibles previsiones incursas en su planificación y programación territorial.

Manuel Castells, lo ha expresado con acierto,  al calificar nuestra sociedad como una sociedad- red. Y ello, no por la incidencia de las redes de telecomunicaciones o de acceso a Internet, sino por la  transformación social que lleva aparejada y que opera un cambio histórico. Dos axiomas, deben recordarse al respecto: 1) La tecnología es sociedad; 2)  La tecnología de por sí no determina la sociedad.

Se trata de la superación del determinismo tecnológico[4], puesto de manifiesto cuando de justicia social se trata[5] ya que el acceso a las nuevas tecnologías no es uniforme. Si bien, son justamente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación las que han permitido superar y llegar a aspectos sociales y de ejercicio de acciones solidarias como nunca antes fue posible. A menudo, el uso de Internet (como recurso), puede abrir una ventana esperanzadora de comunicación para determinadas zonas con el resto del planeta. Así, se ha puesto de manifiesto recientemente en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información celebrada del 10 al 12 de diciembre de 2003 en Ginebra, en cuya Declaración de Principios puede leerse[6]:

“Somos plenamente conscientes de que las ventajas de la revolución de la tecnología de la información están en la actualidad desigualmente distribuidas entre los países desarrollados y en desarrollo, así como en las sociedades. Estamos plenamente comprometidos a hacer de esta brecha digital una oportunidad digital para todos, especialmente aquellos que corren peligro de quedar rezagados y aún más marginados”.

 Pues bien, esta progresiva deslocalización de lo urbano, se manifiesta en la superación de la centralidad y la periferia de las ciudades, como señala Susana Finquelievic[7]:

“…este cambio se caracteriza por la superación de las ciudades industriales, en cuanto elemento estructurante dominante de la organización en diferentes escalas (niveles); se identifican señales del surgimiento de una sociedad basada en formas inéditas de convivencia social que deja de tener su base en las formas clásicas cotidianas (familia, vecindario y comunidad (local), y que eventualmente abandonan sus anclajes territoriales para tejer redes sociales globales.”

Con esta percepción, se da entrada a nuevos conceptos de ciudad: Ciudad informacional; ciudad o sociedad red; o inclusive ciberciudad y con ello, a nuevas disciplinas que se encarguen de su estudio, como el recién acuñado término de la urbamótica[8], en relación con otros -como ciberespacio, telemática o conectividad-  cuya consagración institucional, se ha operado ya felizmente, en nuestro país[9]. O la no menos afortunada consagración de la solidaridad digital[10], para hacer referencia a la superación que la brecha de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han planteado.

Pues, la importancia relativa de la relación ciudad- región, parece disminuir con respeto a la importancia de las relaciones que interconectan ciudades diferentes, regiones y países. Las nuevas actividades se concentran en polos específicos y ello implica el incremento de las disparidades entre los polos urbanos y sus respectivos entornos, lo que puede llevar a incidir en la configuración de lo central o periférico.

Esto es, en un esquema de ciudades globales, o ciudades informacionales[11], la función que ésta desempeñan en el espacio muta, y lo hace al mismo tiempo que opera una distinta configuración del espacio y de la ordenación territorial. Porque  como expusiera Finquelievich, las ciudades que logren integrar la tecnología, la sociedad y la calidad de vida en un sistema interactivo, ocuparán un lugar central en la nueva sociedad. En cambio, las que no puedan desarrollar estos medios permanecerán en la periferia[12]. Si se tiene en cuenta el efecto de superación de distancias que las TIC incorporan, estamos seguros que esto contribuirá a operar un nuevo mapa de centralidades y periferias urbanas.

El papel de las ciudades en la Era de la Información –dice Finquelievich- es ser medios productores de innovación y de riqueza, capaces de integrar la tecnología, la sociedad y la calidad de vida en un sistema interactivo, que produzca un círculo virtuoso de mejora, no sólo de la economía y de la tecnología, sino de la sociedad y de la cultura

En este escenario, la delimitación de la intervención público- administrativa será fundamental.

La Institucionalización de los procesos de desarrollo tecnológicos en la ciudad: el espacio donde convergen  las  redes sectoriales

Las telecomunicaciones, tienen un alto valor estratégico para cualquier gobierno, tanto desde el punto de vista de Seguridad como de desarrollo económico[13]. Y es que son, justamente los gobiernos, los que ven desplazar su presencia en el plano global por el mayor protagonismo en el plano de hardware y software sobre el que se basa la creación del ciberespacio. Con ello, se plantean problemas sobre el gobierno o la autoridad que deba regir en las redes de telecomunicaciones a escala global, y por ende su conectividad.

El Plan de Acción aprobado por las Naciones Unidas en la Conferencia de Ginebra de diciembre de 2003 antes reseñada, hizo un inciso especial a este tema, para lo cual abogó porque todos los gobiernos nacionales alentasen antes de 2005 la preparación de ciberestrategias[14] nacionales, en particular las encaminadas a la creación de las capacidades humanas necesarias. Además, en la concepción e implementación de ciberestrategias nacionales, “las partes interesadas deberán tener en cuenta las necesidades y preocupaciones locales, regionales y nacionales. Para aprovechar al máximo los beneficios de las iniciativas emprendidas, éstas tienen que incluir el concepto de sostenibilidad. Debe invitarse al sector privado a participar en proyectos concretos de desarrollo de la sociedad de la información en los planos local, regional y nacional”[15].

Para ello, el documento afirma que debe: “Iniciarse en cada país un diálogo estructurado entre todas las partes interesadas, por ejemplo, a través de asociaciones entre los sectores públicos y privado, para elaborar ciberestrategias encaminadas al logro de la sociedad de la información y para intercambiar prácticas óptimas”.

Ahora bien, y en este marco descrito, cabría preguntarse cual es la estrategia española respecto de las TIC, o mejor dicho, cuales son los condicionantes que desde nuestro ordenamiento jurídico operan en la configuración de las nuevas redes de telecomunicaciones, configuradoras como apreciamos, del nuevo escenario internacional. Lo primero que cabe destacar, en este sentido, es el lamentable desajuste “de los referentes jurídicos para la cultura tecnológica del ciberespacio”[16]. Y ello por cuanto de un lado, los aspectos relacionados con las nuevas tecnologías han sido objeto de una legislación sectorial prolija, dispersa, centrada en los aspectos parciales del problema, y por lo general, paradójicamente poco interconectada.

Así ha sucedido por ejemplo, con la legislación de Régimen Local (Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local Ley 7/85), que sólo muy recientemente (Ley 57/2003 de  16 de diciembre de Modernización del Gobierno Local), ha comenzado a prestar atención a la problemática de las grandes ciudades para el establecimiento de criterios de gobernanza[17] y organización administrativa local diferenciada. Dado que  los grandes núcleos de población integran una mayor complejidad de gestión Pública[18], y en ellos tienen mayor desarrollo las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es decir, se concentran los recursos y las potencialidades que en el mapa que diseñábamos pueden operar como las nuevas centralidades territoriales.

 Además, la legislación sectorial del transporte había hecho ya uso de la dinámica de las redes del transporte,  planteándose la necesidad de articulación de las infraestructuras a escala europea, mediante la formulación de las Redes Transeuropeas del Transporte, aun en desarrollo. Y en similitud y contraste, la regulación de las telecomunicaciones, objeto de reciente reforma (Ley 32/2003 de 3 de noviembre),  excluye de su ámbito  “la regulación y prestación de servicios sobre las redes de telecomunicaciones que no consistan principalmente en el transporte de señales a través de dichas redes”, y con ello se reconduce a la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Conocimiento Electrónico. La diatriba, expresada en la propia Exposición de Motivos de la norma entre comunicaciones electrónicas y telecomunicaciones, como redes de infraestructuras del transporte de la información, en un contexto de liberalización de la prestación de servicios, ponen de manifiesto la complejidad del marco normativo, que tras progresivas reformas[19] intenta dar respuesta a una realidad cambiante y dinámica como es la que genera la sociedad- red. Con cierta evidencia, de que el tema de fondo excede de la regulación de las telecomunicaciones en sentido estricto.

Así, la proyección, de los referentes jurídicos, en la realidad del uso de  Internet, además de plantear importantes retos a los Poderes Públicos[20], no puede desconocer sus potencialidades. Pues como expresara Sánchez Blanco: “si a los Poderes Públicos les corresponde abrir caminos para que la sociedad y las actividades empresariales se desarrollen incorporando renta y riqueza, que distribuya sus efectos inducidos en el conjunto de la comunidad, prestando atención a los desajustes que actúan de modo negativo a la cohesión del conjunto social. Internet es una vía consolidada por efecto de la mutua confluencia de sociedad y empresas”.

Por ello, se exige en primer lugar, que los Poderes Públicos atiendan como referencia inicial a las necesidades técnicas que requiere la sociedad de la información[21], y en segundo lugar, que el mandato constitucional de remover obstáculos- que nuestro texto Constitucional consagra[22]- implique la lucha contra los desequilibrios sociales y territoriales sobre los que Internet se proyecta, en lo que no es más que la definición a escala nacional de la ciberestrategia demandada ya por instancias supranacionales. Lo que sin duda, está siendo exigido, desde la necesaria  implementación de los recursos telemáticos en la gestión pública, que permiten hablar ya de registros telemáticos y de Administración electrónica.

De la ciudad – red a las redes de ciudades: una apuesta de futuro

En suma, dado que el escenario está cambiando, debe cambiar también la forma de organización.

La Carta Europea de la Autonomía Local ha reconocido en el Artículo 10 a las ciudades capacidad de asociarse a otras entidades homogéneas. Esta capacidad de asociación se ve potenciada, cuando se toma conciencia de que la nueva economía global se articula territorialmente en torno a redes de ciudades. De ahí, la importancia de la actuación coordinada de las mismas a escala nacional y lo que es más importante a escala internacional. Las estrategias que se han desarrollado al respecto han incidido en la importancia de las conexiones entre las ciudades[23].

 Según pusiera de manifiesto Tona Mascareñas[24], esta integración de las ciudades en redes tiene dos fases. En la primera, las ciudades compiten por atraer inversiones y tecnologías y en todo caso para ser puntos clave en el sistema internacional de comunicaciones y para ser atractivas e innovadoras. Se trata de la puesta en marcha de políticas de promoción que permitan asegurar su proyección internacional y garantizar su desarrollo económico. En la segunda, las ciudades deben priorizar y establecer relaciones de complementariedad con otras ciudades para la promoción conjunta, y para la actuación entre los gobiernos nacionales u organismos internacionales.

A ello hay que añadir, que la ordenación de redes de ciudades, en su doble fase, presenta una serie de ventajas y desventajas añadidas. Respecto de las ventajas, Mascareñas, apunta:

- permitir a sus miembros presencia y actividad en un sistema de relaciones superior
- acceso privilegiado a la información
- permitir desarrollar una política exterior de promoción e imagen de la ciudad
- permitir el desarrollo de la competitividad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
- permitir un reconocimiento internacional que apoye el reconocimiento nacional

 Junto a lo anterior, la existencia de redes de ciudades puede, por el contrario, plantear conflictos de intereses, que pongan en juego la continuidad de las relaciones ínter- administrativas entre las ciudades. Además,  es posible que las redes potencien los elementos más activos, lo que exigirá un reequilibrio territorial y además, el desarrollo de proyectos comunes que pueden plantearse a veces en una multiplicidad de escenarios.

Esta doble hipótesis trasladada a la Unión Europea, encuentra un primer obstáculo en la inexistencia de una política comunitaria específica sobre ciudades, más que a través de la política regional y de las políticas que inciden en el desarrollo urbano[25]. Y sin embargo, ello no impide la aparición de redes de ciudades, como instrumento de representación complementario o alternativo. Lo que denota, que el desajuste jurídico a que antes hacíamos referencia a escala nacional, lo es también a escala internacional.

De ahí, que sea preciso integrar una nueva concepción que trate de implementar la actuación pública en todos los niveles territoriales, para lograr el aprovechamiento de las sinergias derivadas de todas las políticas sectoriales que inciden en el territorio. Y esto, sólo puede hacerse desde una ordenación del territorio que tenga en cuenta este proceso de impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación[26], y permita modelizar con criterios de red de ciudad lo que hasta ahora ha sido modelizado a través de instrumentos de planificación territorial o física. Lo importante, no serán los vectores territoriales, sino la distribución de los recursos económicos en función de la concentración y capacitación de las ciudades para ofrecer respuestas a las demanda de la sociedad- red en las que estamos inmersos. El derecho va tarde, apenas diseñando estrategias para el desarrollo de la primera fase de las redes de ciudades. Esto es, para la potenciación de la competitividad entre núcleos que concentren recursos de TIC. La interacción con los agentes sociales y con las empresas en este proceso es trascendental.

Si somos capaces de minimizar la brecha digital que desde instancias internacionales se están apuntando ya como uno de los principales problemas de la concentración de las TIC, y establecer mecanismos compensatorios de la desigualdad del proceso, la interacción de las ciudades será una realidad y la implementación de los recursos podrán permitir al fin la elevación del nivel de vida de toda la población, en nuestra sociedad – red.

Notas
 

ALLI ARANGUREN, J. C: La gobernanza Local,  Revista de Estudios de la Vida Local y Autonómica (REALA), 2003, Núm. 291, Enero-Abril 2003, (Homenaje a Sebastián Martín Retortillo), INAP, MAP

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