La ciudad que queremos. Apología de un urbanismo radical.

Germán J. Delgado Pérez
Arquitecto: Jefe del Servicio de Edificación y Patrimonio Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La ciudad que queremos. Apología de un urbanismo radical. Planeamiento urbanístico, participación ciudadana y gestión. El caso de la ciudad Santa Cruz de Santiago de Tenerife 1980-2005 (Resumen).

En este artículo se analiza la evolución del planeamiento urbanístico, la participación ciudadana y la propia gestión urbana de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (isla de Tenerife, Canaria), capital insular, provincial y autonómica de 220.000 habitantes, en el periodo comprendido entre el inicio de la transición democrática y la actualidad. El clima político generado tras este periodo permite obtener conclusiones que pueden ser aplicables en enclaves geográficos de condiciones similares, en particular dentro del ámbito latinoamericano, por sus afinidades históricas y culturales. Se incide especialmente en los aspectos de consenso de la nueva planificación y el planeamiento heredado, en los aspectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos por encima de las actitudes partidarias.

Palabras clave: planeamiento urbano general, parcial y especial; gestión y participación, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España.

The city we want. An apologia for radical urban planning. Town planning, people participation and management. The case of Santa Cruz de Tenerife 1980 – 2005 (Abstract)

This article analyses the evolution of planning, people participation and urban management in Santa Cruz de Tenerife (capital of the island and province of Tenerife and head of the autonomous community, with a population of 220,000) in the period from the democratic transition to the present day. The political climate that emerged after this period throws up conclusions that may be applicable to geographical locations with similar conditions, particularly in Latin America, where historical and cultural affinities exist. Special emphasis is placed on aspects of consensus between new urban planning and inherited town planning, particularly regarding those aspects that contribute to improving living standards for people over and above biased attitudes

Key words: general, partial and special planning; management and participation, Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain.

La redacción de este texto me ha llevado a indagar en los archivos materiales y virtuales del pasado reciente, en los documentos y en los recuerdos, para intentar definir una posición respecto a determinados acontecimientos urbanísticos de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (figura 2) -capital de la provincia española de igual denominación que comparte la capitalidad de la Comunidad Autónoma Canaria con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, capital a su vez de la provincia del mismo nombre y de la isla de Gran Canaria- vividos en primera línea, como arquitecto municipal. La asistencia al congreso de Geo Crítica en Santiago de Chile con esta comunicación, me ha llevado a plasmar los conocimientos y experiencias obtenidos en una realidad concreta, con el ánimo de que puedan ser de utilidad a aquellas personas interesadas en el urbanismo, la geografía, las ciencias sociales y al lector no especializado, al que también he tenido en cuenta.

El enfoque adoptado es el de un espectador, próximo a los lugares a los que se hace referencia, un observador atento que registra en el archivo de la memoria, para posteriormente verter en el papel, o simplemente contar de viva voz, como si de un notario de hechos se tratara. No hay, pues, ninguna intención aviesa ni de contenido político en esta exposición, que pretende ser un análisis de diferentes situaciones vividas en su momento, ahora relatadas sin apasionamiento, desde la distancia que el tiempo impone y con la comprensión necesaria para entender los aciertos y desaciertos que toda actividad humana depara. La experiencia de aprovechar la energía del contrario en beneficio propio, como en la práctica del judo, me ha proporcionado unos conocimientos elementales que ahora me permito relatar, como un ejercicio de rescate de parte de los recuerdos almacenados en el trastero de la memoria.

El por qué del título “La ciudad que queremos. Apología de un urbanismo radical”.

Entre los acuerdos más importantes y acertados adoptados por la primera corporación municipal democrática de la ciudad se encuentra, sin duda, el de la aprobación por unanimidad, en marzo de 1980, del Programa de Actuación Municipal.

El contenido íntegro de ese acuerdo, aparte de su importancia programática, constituye en si un acto de responsabilidad política y buen gobierno, cuyo valor es necesario destacar y ser tenido en cuenta en el futuro y en la historia de la ciudad. En esa ocasión los líderes de las seis fuerzas políticas representadas en la corporación municipal antepusieron el bien común de la ciudad a sus intereses partidistas, hecho digno de agradecer y hoy gesto inusual.

Aunque posteriormente se han consensuado múltiples acuerdos y hecho actuaciones fundamentales para el desarrollo de la ciudad, el Programa de Actuación aprobado entonces constituye para la historia de Santa Cruz la primera piedra de su urbanismo reciente, la base del fructífero desarrollo posterior. En su breve preámbulo se hace constar que está basado en la idea elemental de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Este planteamiento aparentemente sencillo, expresado de manera también sencilla, marcó, sin embargo, la gestión de la corporación que lo aprobó y también de las posteriores. En él quedaron plasmadas las preocupaciones de los primeros regidores municipales elegidos democráticamente, tras la muerte del dictador Franco.

Teniendo como base dicho programa se inició el planeamiento por fases de la ciudad, comenzando por el denominado distrito X para el que se redactaron unas Normas Subsidiarias y Complementarias. Se siguió con el denominado Centro Histórico, para finalmente acometer la redacción del Plan General que integró en un solo documento esos y otros proyectos parciales redactados con anterioridad o simultáneamente a éste. El Plan General, que se abordará más adelante, constituye el documento de planeamiento más importante redactado para la ciudad en el siglo XX. Sin embargo, después de su aprobación definitiva se produjo la ruptura, quizás inconsciente, con ese tipo de planeamiento pensado para la ciudad y los ciudadanos, dándose paso a un modelo de gestión urbanística condicionado por la administración de los intereses particulares. Esa ruptura de la trayectoria política municipal se produjo tras la aprobación inicial del Plan General y el abandono de quien fue su verdadero artífice y responsable de la dirección de los trabajos.

Tal vez ese sea el sino del Planeamiento. El interés por el mismo decae tras su aprobación inicial y finaliza con su aprobación definitiva, como si se pensara que tras este acto administrativo y por arte de magia, se fueran a producir efectos beneficiosos y espectaculares para la ciudad. Tras la aprobación definitiva y su puesta en práctica surgen las primeras críticas, a sus pequeños defectos, planteándose a la vez la posibilidad de cambiarlo. No se piensa, sin embargo, en la posibilidad de gestionarlo, de desarrollarlo, sino en realizar trajes a medida para los diferentes operadores que actúan en las ciudades. El esfuerzo de gestión constante y sistemática se abandona por otros objetivos más lucidos, instantáneos. El medio y largo plazo de la gestión urbanística dejan de interesar.

Al hilo de lo ya dicho cabría añadir que entre los mayores desaciertos de la reciente política urbanística de Santa Cruz, no se encuentra, ni mucho menos, la demolición de los restos de determinadas instalaciones deportivas situadas en el área central de la ciudad; que tantos padecimientos judiciales costó a los políticos y técnicos que intervinieron en la operación. Sin embargo, aportó suculentos beneficios económicos al único actor que no hizo acto de presencia en el proceso, el promotor de facto de casi todas las edificaciones privadas de la zona, así como elevadas pérdidas económicas a otras instituciones, en particular a las financieras. El mayor error fue el prescindir en su momento de los servicios del responsable de dirigir la redacción del Planeamiento General, una vez se produjo su aprobación inicial. Con esa decisión, en la que no se tuvieron en cuenta, probablemente, razones de eficacia y capacidad, se inició la época más gris en la historia del desarrollo urbano y constructivo de la ciudad, que sufrió una auténtica parálisis creativa y administrativa de la que aún no se ha recuperado. Con esa medida, aparentemente banal, seguramente más meditada de lo que aparentaba, la ciudad perdió la oportunidad de convertirse en la ciudad que queremos.

La opinión que ese desatino me merece ya quedó recogida en el número 26 de la revista BASA [2] , a propósito del fallo correspondiente a la VIII edición del Premio de Arquitectura Manuel de Oraá (1996-1997), concedido ex-aequo a tres obras, entre las que se incluía el Espacio Cultural El Tanque Cepsa [3] (figura 3), inserto en la gran área de expansión de la ciudad. Manifesté entonces mi perplejidad por dicho fallo, que no obstante sirvió para poner en crisis una ordenación urbanística y un “no proyecto” de ciudad para esa área, que hoy se asemeja más a un área periférica que al futuro centro de negocios, oficinas y viviendas de una pequeña ciudad frente al mar. El lamentable resultado urbanístico y las pobres soluciones arquitectónicas lo corroboran. Concluía entonces que el mantenimiento del Tanque -como vestigio de la refinería de petróleos instalada en 1927 como contrapartida por la división provincial- merecía la pena, no así la absurda campaña en su defensa, patrocinada y organizada desde el poder. Sin embargo, la respuesta institucional, conocida a través de la prensa, a la ordenación de la superficie libre de propiedad pública, quedaba materializada en un megaproyecto encargado al equipo FOA, liderado por los arquitectos Zaera-Polo y Farshi Moussavi. Es ésta una práctica propia de sociedades regidas por poderes autoritarios y mesiánicos, por denominarlo de forma benévola, antes que una solución ponderada y económica que la realidad socioeconómica de una isla pequeña demanda. Un ejercicio más de insostenibilidad. La posible transferencia de plusvalías públicas a manos privadas, prevista en el proyecto, no cabe considerarlo en este trabajo.

Sin embargo, sí parece oportuno analizar el por qué del fracaso de esta gran operación urbanística, que la ciudad venía acariciando durante largo tiempo, para demostrar que no se ha actuado adecuadamente. Si no ¿cómo explicar, entonces, tamaño dislate? Tras tantos años empeñados en la labor de proyectar una ciudad, o un trozo de ciudad de vanguardia. Tomando prestadas las palabras empleadas en su día por el arquitecto Alberto Sartoris, para aludir a una institución de la provincia, se podría asegurar que, efectivamente lo que se ha conseguido es una ciudad de retaguardia, un trozo de la ciudad que no queremos, algo que, tal vez, no sea nunca ciudad sino periferia para clases acomodadas. Seres extraños, en suma, de un no lugar cuya ágora principal es la azotea de un centro comercial con vistas a ninguna parte. Pero no procede ahora lamentarnos por lo que debía haber sido y no fue, y si tratar de evitar que esa situación se vuelva a repetir y aprender de nuestros errores.

¿Cuál debe ser la solución? Aparentemente bien sencilla, pues se trata de establecer garantías. Han de activarse todo tipo de filtros políticos, técnicos y sociales, y trabajar con transparencia. Se han de poder cuestionar y replantear las diferentes propuestas con la debida antelación, de forma que puedan generarse otras alternativas, todo ello en un ambiente de respeto y tolerancia hacia las opiniones de los demás. No es correcto ni adecuado confiar este tipo de decisiones al criterio u opinión de una sola persona -como se hace habitualmente-, justificándose demagógicamente que se ha seguido un procedimiento. De ese modo lo único que se consigue es que los papeles aparezcan ordenados y foliados en algún expediente administrativo, pero eso en esencia no es lo que la ciudad y los ciudadanos demandan. Es obvio que la pulcritud administrativa es el mínimo indispensable, pero no lo es todo.

No obstante, el incremento de las garantías tampoco evitaría el que se cometieran nuevos errores o actuaciones no deseadas, pero si contribuiría a la definición de nuevos procesos que permitan la toma de decisiones con rigor y seguridad. En eso estriba la radicalidad, en atacar los problemas de raíz dentro de un marco democrático. No se trata de hacer revoluciones imposibles, que a veces ni se las creen los propios promotores. La revolución, en su concepción decimonónica, no es lo que demanda una sociedad en los albores del siglo XXI. Tenemos capacidad para el intercambio de información y para ordenar los intereses de todos los grupos y colectivos sociales en aras de del bien común de la ciudad y los ciudadanos, cualesquiera que sean su denominación y su planteamiento.

El resultado final ha de integrar en un proyecto común los sueños de todos los actores que intervienen en la ciudad. Extrapolando a la definición de ciudad los tres bloques conceptuales definidos por Charles Moore, Gerard Allen y Donlyn Lyndon [4] que, según ellos, son los que constituyen las casas: “habitaciones para vivir, máquinas al servicio de la vida y los sueños de los habitantes puestos de manifiesto”. De igual modo podríamos exigir: casas para vivir, infraestructuras y dotaciones al servicio de la vida y los sueños de los ciudadanos.

Hay que tener en cuenta y ser conscientes de que el poder es imposible arrebatarlo a las clases dominantes. El poder reside en ellas y solo podemos aspirar a arrancarle algunos mendrugos, como las migas caídas en el suelo que el pobre Lázaro reclamaba al rico Epulón. Hoy en día el poder se encuentra distribuido de manera difusa, la mayor parte de las empresas multinacionales y transnacionales acumulan más poder económico que gran parte de los propios estados nacionales. Paradójicamente los cárteles de la droga son en ocasiones más poderosos que los estados en los que actúan. Las guerras y revoluciones fracasadas son una muestra más de los espejismos del poder. La democracia con todos los defectos, inherentes al ser humano, es el único sistema con capacidad para reciclarse y adaptarse al paso del tiempo. Su principal defecto es la corrupción o dicho de otra forma: la utilización interesada y poco clara de los recursos públicos. Es ésta una de las juntas de dilatación del sistema que habría que reducir a su mínima expresión, definiendo para ello unos márgenes de tolerancia.

En España, el gobierno socialista, que parece querer definir esos márgenes en el anteproyecto de “Código para el buen gobierno” [5] , tiene que poner buen cuidado en marcar unos límites razonables a la actuación de los regidores públicos, porque de lo contrario daría pie a la aparición de nuevos circuitos, como es habitual y harto conocido, para canalizar los intereses de esos altos cargos, aparentemente observadores rigurosos de la Ética del buen gobierno. En sus filas y en las de los otros hay ejemplos de conductas que ignoran esos principios, para detectarlos solo basta con observar la realidad con algo de detenimiento.

La apuesta de futuro ha de ir necesariamente de mano de la sociedad civil organizada. La excelencia y la calidad en todas sus actuaciones, la amplia participación ciudadana y el respeto a la vida y con ello al medio ambiente han de ser sus premisas de trabajo. La economía de medios es un ejercicio imprescindible de responsabilidad con las generaciones futuras, no se deben despilfarrar los recursos intergeneracionales en fatuos fuegos de artificio y efectos especiales, se imponen el autocontrol y la responsabilidad.

El segundo error grave, cometido también por las mismas fechas de la aprobación definitiva del referido Plan General de la ciudad, fue la desmotivación de la Oficina Municipal de Obras, cuya brillante trayectoria se palpa aún hoy en las obras públicas ejecutadas por los técnicos municipales a lo largo de su historia, como los arquitectos: Manuel de Oraá y Arcocha –primer Arquitecto Provincial de Canarias-, Manuel de Cámara y Cruz, Antonio Pintor y Ocete, José Blasco y Robles, etc. A ésta siguió su desmovilización, en aras de una apuesta por la cantidad antes que por la calidad. Determinadas obras realizadas entonces dan fe de ello. No se debe obviar que la obra pública ha de ser ejemplar y una referencia para las actuaciones de los particulares, debiendo aportar beneficios educativos a la sociedad a la que va destinada. Debe aspirar a ser algo más que la utilitas vitrubiana.

Ejemplo de despilfarro y banalidad en la obra pública lo constituye hoy la proliferación de mobiliario urbano innecesario, una constante en las intervenciones de estos últimos años en la ciudad. Algo parecido ha ocurrido en otras ciudades, incluida Barcelona. Sin embargo, la diferencia respecto a Barcelona es bastante grande, puesto que ella y en general Cataluña son los productores de ese mobiliario y entre los proyectos estratégicos de sus empresas figura con toda seguridad el aumento de las cuotas de mercado de sus productos. El denominado “modelo Barcelona” lleva implícito una estrategia comercial, que en la ciudad se traduce, entre otras cosas, en una invasión de objetos innecesarios, generada por planteamientos y actitudes que desvirtúan e incluso ridiculizan el concepto de lo público. El caos urbano que ha producido esa proliferación de objetos, en ocasiones inservibles y de difícil mantenimiento, ha sido tal que algunas ciudades, para recuperar en parte la identidad perdida, se han propuesto eliminar gran parte de esos obstáculos de la vía pública. Un ejemplo lo constituye el municipio de Telde en la isla de Gran Canaria, donde se ha puesto en marcha un proyecto liderado por el prestigioso diseñador de procesos Carmelo di Bártolo, quien para dotar de identidad a la ciudad, va a proceder en una primera fase a lo que técnicamente denomina “despalificación”, es decir, la eliminación de la vía pública de: farolas, bolardos, tótems publicitarios, esculturas, etc. Con ello pretende recuperar el sosiego e identidad propia que la ciudad necesita, para resultar agradable y confortable a sus ciudadanos. Parece evidente que habría que determinar, en primer lugar, quiénes somos, para luego decidir qué queremos ser. También que definiéramos cuáles son las características que hacen que una ciudad sea diferente del resto y apostar por ellas, en vez de imitar sin más lo que hacen las otras, algunas veces con fundamento, pero la mayor parte de las veces carente de él.

El proceso de transformación y cambio político en España, se inicia con la escenificación de la muerte del General Franco el 20 de noviembre de 1975, curiosamente coincidente con el aniversario del fusilamiento de José Primo de Rivera, fundador del partido fascista Falange Española, que tuvo lugar en 1936. La muerte del dictador supuso la apertura hacia el futuro de una puerta para un país que soportó durante treinta y cinco años un régimen dictatorial, gris y aburrido, surgido de la guerra civil de 1936. Fallecido el autoproclamado Caudillo y coronado el Rey de España, se inició un periodo de transición política auspiciado por el propio monarca que, consciente de la voluntad popular, se propuso legitimar el régimen heredado para transformarlo en una monarquía constitucional. Este proceso iniciado con la Ley de Reforma Política, refrendada por los españoles en diciembre de 1976, se continúa con las elecciones legislativas de 1977 y culmina con la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978. Las elecciones legislativas de marzo de 1979 [6] y las municipales de abril del mismo año, sirvieron para refrendar la normalización de la vida política española.

En este contexto de reforma y ruptura, las primeras Corporaciones y Organismos Estatales, Regionales, Provinciales, Insulares y Municipales elegidos democráticamente, después del interregno de la posguerra, adoptaron el planeamiento urbanístico como bandera de su acción de gobierno. Cada una lo hizo a su manera, atendiendo a problemáticas concretas, apresurándose en poner al día todos sus instrumentos urbanísticos, fuentes indudables del poder, principalmente el municipal. Esos instrumentos heredados del régimen anterior estaban redactados en el marco de la Ley del Suelo de 1956 [7] que, a su vez, se apoyaba, en una serie de disposiciones dispersas del urbanismo español, promulgadas en diferentes fechas y que no constituían un conjunto orgánico, según recoge la propia exposición de motivos de la referida Ley [8]

En este ambiente de euforia social y política, la ciudad de Madrid que comenzó su andadura democrática liderada por una coalición de partidos de izquierdas, se constituyó en referencia obligada para el resto del Estado como modelo del nuevo urbanismo español. En noviembre de 1979 el Pleno del Ayuntamiento de la capital adoptó el acuerdo de elaborar un documento de Criterios y Objetivos para revisar el Plan General de su área Metropolitana. Éste constituye, según palabras de Eduardo Leira [9] , el hito formal de arranque del proceso de revisión del Plan General.

Previamente, el órgano de planificación del área metropolitana (COPLACO) había elaborado en enero de 1978 un programa, cuyo principal instrumento lo constituía el denominado “Programa de Acciones Inmediatas (PAI)”. Con él la revisión se colocaba en un segundo lugar, invirtiendo el proceso planificador, ahora, de abajo arriba, sin descuidar la visión general de la situación y los pronunciamientos políticos necesarios en los que fundamentar las decisiones. Se inicia así un proceso alternativo en el que la participación ciudadana constituye la pieza fundamental frente a los rígidos planteamientos del planeamiento urbanístico ortodoxo, hasta entonces en manos de los tecnócratas del régimen, en el que la participación de la ciudadanía, recogida en la legislación, se convertía más en un acto formal y burocrático que en una ayuda y estímulo para la toma de decisiones.

Mientras casi todas las ciudades españolas se ponían a punto y otras disfrutaban de la modorra del franquismo, en Santa Cruz de Tenerife, la corporación municipal surgida de las elecciones de 1979, fue capaz de suscribir un pacto, con todos los partidos representados en ella, que se denominó “Programa de Actuación Municipal” [10] . Éste marcó las directrices políticas del Ayuntamiento durante esa legislatura, en sintonía con el ambiente de colaboración política entre todas las fuerzas democráticas del Estado, cuyo gobierno presidía entonces Adolfo Suárez, impulsor de los pactos económicos de la Moncloa. En ese contexto, se hizo necesario plantear una estrategia que permitiera la elaboración de un trabajo riguroso de planeamiento y el dar respuesta, a corto plazo, a las necesidades y requerimientos de la ciudadanía, habida cuenta de la existencia de un movimiento vecinal con un gran nivel de conciencia social y política. Movimiento además muy activo y dotado de auténticos líderes, forjados en la oposición al régimen franquista, afines a las organizaciones de izquierda.

Mientras tanto, en el ámbito Santa Cruz-La Laguna, las luchas sociales más virulentas tuvieron lugar en el denominado Polígono del Rosario. Las actitudes más beligerantes del momento, contrarias al urbanismo ortodoxo, se oponían al Plan Parcial de dicho Polígono, promovido por el organismo estatal INUR [11] . Determinadas inquietudes políticas eran claves en la práctica urbanística del momento, contraponiendo a la baja remuneración profesional grandes dosis de entusiasmo, muy al contrario de lo que hoy ocurre con el planeamiento urbanístico, convertido para algunos en un suculento negocio. Con ese telón de fondo se apostó porque la Revisión del Plan se abordase por sectores, de forma que fueran compatibles su redacción y la atención a los problemas más acuciantes y al día a día de los ciudadanos, es decir, actuar de abajo hacia arriba como se había planteado en Madrid, dando origen a una serie de documentos de planeamiento que a continuación se abordan.

La anexión de parte del municipio limítrofe de El Rosario y Las Normas Complementarias y Subsidiarias (NNCCSS) del Sector Suroeste. [12]

El denominado sector Suroeste de la ciudad, conocido también como distrito X, es el resultado de la anexión a Santa Cruz de Tenerife -capital de la isla y de la provincia de igual nombre-, de parte del término municipal limítrofe de El Rosario, con el fin de incrementar el suelo apto para la urbanización y edificación, toda vez que la escasez del mismo en el municipio capitalino era incapaz de satisfacer el crecimiento impuesto a la ciudad por su condición por esas fechas de capital insular, provincial y más tarde autonómica. Este hecho singular ha sido uno de los acontecimientos urbanísticos de mayor calado, de los que han tenido lugar en la segunda mitad del pasado siglo XX en la capital, aún sin estudiar con la profundidad debida, salvo las pequeñas referencias que figuran en las memorias de los planes de ordenación.

Con fecha 16 de diciembre de 1980 se acordó por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz el encargo de redacción de las Normas complementarias y Subsidiarias de Planeamiento del Distrito X, formado por los terrenos anexionados del municipio limítrofe, que lógicamente carecían de ordenación a nivel de Plan General. En la memoria del “avance de criterios y objetivos”, se hacía constar que el proyecto se inscribía “...dentro de una política municipal de planeamiento por fases con el fin (…) de poder desarrollar en este campo, como en el resto de los de competencia municipal, una actividad administrativa continua...”

El objetivo inicial de los planificadores era situar este distrito periférico de la ciudad en condiciones de igualdad, en materia de planeamiento urbanístico general, con respecto al resto del municipio. Una vez realizado ese primer trabajo, aparentemente poco lucido, habría que diseñar una política de recualificación de todos esos barrios para dotarlos de unas condiciones de identidad y calidad que en este momento no poseen. Esa recualificación necesaria de los barrios periféricos es una de las asignaturas que aún tiene pendiente la ciudad.

Las citadas Normas, aparte de proponer una estructura viaria general, la consolidación de la estructura interna de los barrios existentes y la asignación de usos a un amplio territorio carente de ordenación, preveían la modificación del Plan Parcial del Polígono del Rosario. Estas Normas Subsidiarias, aprobadas en 1983, mantuvieron su vigencia hasta la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 1992, que subsumió los contenidos de aquellas dentro de los de este último, siguiendo el principio ya citado de hacer un urbanismo de abajo hacia arriba.

El inicio de esta actuación urbanística [14] se remonta al año 1969, siendo aprobada definitivamente el 29 de junio de 1978, tras un largo y tumultuoso proceso en el que intervinieron múltiples equipos técnicos. En 1985 se procedió a su modificación [15] , constituyendo la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, del Gobierno de Canarias, una Sociedad Anónima de capital público para acometer dicha modificación y la gestión posterior. El sector en el que se desarrollaba la actuación era enormemente conflictivo, no solo porque en él se incidía directamente sobre la población y los propietarios del suelo, sino por el impacto territorial, al desarrollarse entre dos términos municipales -Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna- , y en las proximidades de un tercero -El Rosario-

A finales de 1985, se produjo un cambio sustancial en el Gobierno de Canarias con la entrada del Partido Comunista y la conformación de una mayoría denominada de Progreso, formada por los partidos comunista y socialista. En esta ocasión la Consejería de Urbanismo y con ella la responsabilidad de la gestión del Polígono del Rosario correspondió a los comunistas, que designaron como Consejero a un conocido arquitecto vinculado por entonces al movimiento vecinal en defensa de los derechos de los habitantes del citado Polígono. Si bien la labor del nuevo consejero tuvo momentos absolutamente brillantes, como fueron la profundización en la legislación del suelo y la ordenación territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias [16] , lamentablemente su intervención en la gestión del Polígono, solo cabe calificarla de desastrosa. El resultado de ese cambio de orientación se traduce hoy día en un triste ejemplo de lo que no debe hacer nunca la iniciativa pública con los fondos de la colectividad.

El Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico (PERI) del Centro Histórico. [17]

La elaboración del Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico de Santa Cruz de Tenerife (PERI), se debió también a la política de la primera Corporación Municipal, surgida de las elecciones de 1979, que se propuso, como objetivo prioritario, poner freno al deterioro continuo de las condiciones ambientales y de vida urbana del Centro Histórico (figura 4).

Los antecedentes de esta nueva política aparecen recogidos también en el Programa de Actuación Municipal, en el que ya se adelantaban algunos de los principios básicos de la política municipal respecto a su centro histórico, precisándose además la necesidad de “…redactar en paralelo de forma urgente, Planes Especiales de Reforma Interior para la conservación de conjuntos histórico-artísticos...”.

Antes de la redacción del referido plan, había en vigor dentro del ámbito delimitado, un número de planes y proyectos de urbanización que durante más de veinticinco años se fueron redactando. La base de todo ese planeamiento desigual e incoherente, por otro lado habitual en esa época, fue el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 1957.

En este contexto, marcado por la desaparición del régimen político anterior, que aún mantenía en parte la inercia de sus iniciativas, se planteó la necesidad de redactar un plan ambicioso destinado a resolver diferentes problemáticas. Entre ellas destacaban: la corrección del proceso densificatorio. El dar coherencia a un planeamiento parcial desigual, que producía en una misma realidad urbana dispares modelos de edificación y sistemas de actuación. El establecimiento de una política de protección urbana y edificatoria que plantease unas dotaciones urbanísticas de acuerdo con la capacidad de gestión municipal (figura 5).

El fijar una política de tráfico, no apoyada directamente en las operaciones de intervención sobre las calles. También la redefinición de los estándares y la normativa higiénica de la vivienda, toda una novedad en su momento. Y, finalmente, la necesidad de unas nuevas normas urbanísticas que tuviesen en cuenta las especificidades de cada una de las partes de la ciudad.

Transcurridos más de 22 años, desde que se produjo la aprobación del PERI y 18 desde su posterior anulación por el Tribunal Supremo, se puede manifestar, sin ningún género de dudas, que ese Plan supuso en su momento una aportación de primer nivel a la práctica del urbanismo, en España, en Canarias y, en particular, en Tenerife, cuya influencia se ha visto reflejada en otros planes redactados con posterioridad. A pesar de ello, el plan contenía algunas deficiencias e imperfecciones. Algunas de las cuales solo hubiese sido posible subsanarlas con una figura de planeamiento de rango superior, circunstancia que se produjo con la aprobación del Plan General de 1992.

Cabe apuntar que la mayor hipoteca de cualquier plan es la propia administración y gestión del documento urbanístico, pues los resultados no deseables que con frecuencia se producen, suelen ser producto de su mala aplicación, más que de su bondad. En ese sentido, transcurridos unos veinticinco años desde el inicio del procedimiento que llevó a la redacción del Plan se puede afirmar, a pesar dedeterminadas transgresiones e interpretaciones poco ortodoxas y desacertadas de sus contenidos fundamentales, que la filosofía y metodología propugnadas por este documento urbanístico continúan vigentes y subyacen incorporadas a los contenidos del planeamiento general. Por ello sería deseable que el Ayuntamiento profundizara en sus contenidos, comprometiéndose de una manera firme con ellos, puesto que son imprescindibles para mantener la identidad de una ciudad que puede presumir de reunir en una superficie reducida el mayor elenco de arquitectura racionalista de primer nivel de todo el Estado, algunos a punto de desaparecer -Casa Mascareño, Fábrica Vitabana, etc.-, que convive en armonía con el resto de estilos arquitectónicos, actuales e históricos. Es una oportunidad que no hay que dejar pasar de largo, pues precisamente esa arquitectura, también débil, es la que más riesgo corre al estar menos valorada por la mayor parte de la ciudadanía. Pero este es un discurso que viene de lejos, desde que la revista de vanguardia gaceta de arte, bajo la dirección de Eduardo Westerdahl, apostó por ella desde sus páginas.

Comentarios interesados y teledirigidos como los vertidos en la prensa local [18] manifestando que ”…en realidad, la ciudad vive desde hace más de 45 años condicionada por textos similares, aunque en la mayoría de los casos -sin ir más allá el PGO que data de 1992- no se hayan ejecutado la totalidad…”, aderezada con la opinión de que “…este hecho ha provocado que con el paso del tiempo el municipio ha venido arrastrando lastres urbanísticos, medioambientales y sociales cuya solución barruntaban los planes de ordenación anteriores, pero que por unos motivos u otros, como ya hemos dicho, no se concretaron. Por tanto, el reto, ahora, es mucho mayor…”.

Escritos como este, vertidos sin rubor, a modo de propaganda, por algunas personas que, presumiendo de estar informadas, demuestran un desconocimiento absoluto de lo que describen, confunden a la opinión pública. Hay quienes piensan que han descubierto nuevamente el Mediterráneo cuando en realidad se encuentran inmersos dentro de una enorme pompa de jabón que puede explotarles en cualquier momento.

El planeamiento desarrollado con rigor, debe ser una apuesta de futuro. Con él, aparte de levantar acta rigurosa de la realidad del momento, de la ciudad que tenemos, ha de plantearse con claridad y contundencia la ciudad que queremos. Pero esto no quiere decir, en absoluto, que se inviertan todos los esfuerzos en efectos especiales, renunciando a resolver los pequeños problemas para concentrarse en desviar el foco de la atención a determinadas actuaciones de relumbrón, que más que resolver los auténticos problemas, forman parte de un ejercicio equivocado, uno de cuyos únicos objetivos suele ser el “autoensalsamiento” de los promotores, práctica propia de regímenes totalitarios e inadecuada en un régimen democrático.

Al hacer referencia a la ciudad que tenemos no solo cabe pensar en la ciudad real, la ciudad construida, sino también en la ciudad proyectada, la que se rige por las previsiones del planeamiento en vigor. El planeamiento redactado teniendo en cuenta a la ciudad existente aporta valor a ésta y viceversa, las modificaciones, revisiones y sustituciones insuficientemente justificadas solo contribuyen a aportar incertidumbre a los ciudadanos y al mercado inmobiliario. Con este planteamiento no se está abogando, ni mucho menos, por el inmovilismo sino defendiendo una actitud reflexiva y de respeto por todo aquello que de bueno tiene la ciudad que vivimos, condenando sin paliativos el despilfarro de tiempo, medios y esfuerzos.

Habría que añadir que el PGOU (1992), se planteó como un plan de continuidad de la ciudad existente y una auténtica apuesta de futuro, del que la ciudad en su conjunto sacará sus frutos en los próximos años, a pesar de los cantos de sirena entonados por aquellos que, mientras fagocitan el trabajo anterior, dan a entender que ya está caducado, como si de un producto perecedero de supermercado se tratara.

Sin embargo, desde la aprobación definitiva del PGOU (1992), hasta fechas recientes, la gestión urbanística de la ciudad si por algo se ha caracterizado ha sido por haber sido inadecuada o poco acertada, no gestión, es decir, por una actuación centrada en el día a día, olvidando el principal objetivo que debe presidir la acción pública: la consecución de la excelencia, de la calidad, de la eficacia. El día a día en si no es una misión desdeñable, pero la acción pública no puede empezar y acabar en esa labor casi siempre reglada y rutinaria, es preciso tomar la iniciativa para poner en práctica aquellas actuaciones previstas en el planeamiento, detectar sus carencias y mantener en todo momento una actitud dinámica, atenta a los cambios y necesidades, anticipándose para actuar con eficacia, sin esperar a que sean las situaciones las que marquen, sin más, el ritmo de la gestión pública.

La riada del 31 de marzo de 2002. Un día para la historia y una fecha para la reflexión

El 31 de marzo de 2002, el municipio sufrió en gran parte de su término un fenómeno atmosférico inusual, una tormenta descargó en un corto espacio de tiempo más de 224 litro de agua por metro cuadrado, dejando un balance de seis muertos y gran parte del municipio devastado, afectando a un gran número de edificaciones, infraestructuras, cultivos y espacios públicos (figura 6).

Este fenómeno natural imprevisto y sus dramáticas consecuencias se vieron enormemente agravados por una serie de actuaciones, probablemente inadecuadas, realizadas en la ciudad a lo largo de su historia: canalizaciones y desvíos de cauces naturales de barrancos; permisividad para la construcción en laderas y zonas de riesgo; falta de control y policía de los cauces naturales por parte de los organismos responsables, frecuentemente invadidos por vertidos incontrolados, etc.

Sin perder de vista la gravedad de los hechos acaecidos, solo cabe aprender la dura lección, reflexionar y replantearse determinadas prácticas frecuentes en la administración, y anteponer las necesidades reales de la ciudad y los ciudadanos a determinadas actuaciones suntuarias (repavimentaciones, mobiliario urbano, etc.) que podríamos denominar como “decoración urbana”. Estas últimas deberían pasar a un segundo plano, tras la seguridad, las infraestructuras (accesos, servicios…), etc. Valoradas en el sentido en que lo hace la escritora vienesa Ilse Aichinger cuando afirma que “No se debería invertir tanto en cultura sino en hospitales”.

“El pensamiento es el paso previo a la acción. En el umbral del nuevo siglo la revisión del planeamiento urbanístico del municipio nos lleva a repensar la Capital que debe ser en las próximas décadas…”. Con estas palabras el alcalde de Santa Cruz prologa el libro Santa Cruz hacia el futuro. Pensar la Ciudad [20] , editado en el 2001 por la corporación que preside, con motivo de la presentación del Avance de Planeamiento, correspondiente a la Revisión del Planeamiento General.

De sus palabras, en principio, cabe deducir mucho o nada. Que el pensamiento sea el paso previo a la acción, parece algo lógico y razonable. Sin embargo, a lo que en general nos tienen acostumbrados, los responsables políticos, es precisamente a todo lo contrario, a mucha acción y a poco pensamiento. Con frecuencia se derrochan energías e ilusiones, propias y ajenas, en redactar documentos, que al final resultan meros papeles, cuando carecen de la gestión, la credibilidad y el impulso político necesarios para que puedan ver cumplidos los objetivos mínimos recogidos en ellos. El mismo documento acaba siendo el motivo por el que su propio impulsor acaba perdiendo el fuelle ante el costoso y poco efectista proceso que sucede a su redacción, el de la gestión callada, imprescindible para conseguir el fin último, el bienestar de los ciudadanos. De dicha muerte anunciada, probablemente se haría responsable al propio documento, a sus redactores o al grupo político precedente, si lo hubiere; cayendo todos ellos en desgracia para ser sustituidos por nuevos iconos mediáticos, profesionales o políticos que acabarían también estratificados, en una cadena irreflexiva, sin fin, que introduce, una vez más y con carácter permanente, la inseguridad jurídica y la falta de garantía en las actividades económicas, limitando y distorsionando, a su vez, el derecho pacífico al disfrute de la propiedad recogido en nuestro texto constitucional. Derecho éste que es preciso proteger para garantizar un desarrollo económico seguro y equilibrado, evitando que una misma generación sufra constantes modificaciones de las normas que regulan sus propiedades y actividades. Si por algo se han caracterizado los colectivos humanos es por haberse preocupado a lo largo de la historia de configurar con cierta calma su espacio social, recibir la herencia cultural de su planeamiento y contribuir a la configuración edilicia de la ciudad. Esos son los medios con los que cuenta la sociedad civil para definir un marco urbano de convivencia.

El proceso seguido hasta el momento para la redacción de ésta, a mi juicio mal llamada, “Revisión del Plan”, confirma las dudas expresadas antes, acerca de las bondades de un documento que ha promovido la acción, pero la acción irreflexiva y sin medida, sin valorar adecuadamente aquello con lo que se cuenta, se necesita, y a lo que se aspira. Ningún documento técnico de planeamiento constituye una panacea, tan sólo el trabajo constante, con rigor y sin estridencias, el día a día, puede poner orden en el caos y satisfacer las necesidades y anhelos de los ciudadanos. Tal vez el problema estribe en que los responsables de la toma de decisiones, en el marco de la política local, nacional, etc., se sientan abocados al empleo continuo de los efectos especiales, de los fuegos de artificio, para justificar de ese modo su existencia a través de la acción, olvidando que la labor institucional debe prescindir del boato y el relumbrón, y ejemplificar con el trabajo, la discreción y por qué no con el anonimato. Incluso los medios de comunicación, deseosos de aumentar la audiencia y sus cuotas de mercado, contribuyen

desvirtuando esa función. Pero estos medios, independientemente de que informen o desinformen, pues son negocios al fin y al cabo, no han sido elegidos por los ciudadanos. Es obvio que la actividad política debe estar al servicio de la colectividad, aunque muchas veces se confundan los actores y acabe convirtiéndose en un suculento negocio y en la fuente de poder que encandila al débil y no interesa al justo.

Volviendo al hilo argumental: la ciudad es lo que tenemos. Su planeamiento debe, en primer lugar, levantar acta y dar fe de la ciudad real, y aportar al menos antes de actuar -con o sin reflexión-, la información cartográfica, geográfica, social, económica, cultural, etc., que se precisa, elemental para la consecución de los objetivos trazados, que deben estar claros, y a los que se debe aspirar sin rodeos ni dilaciones.

Un caso paradigmático de confusión lo encontramos en la ciudad de Santa Cruz en el monumento a Los caídos por Dios y por la patria [21] situado, en la Plaza de España, uno de sus espacios más significativos. La incorporación del monumento al Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico del Plan supone un hecho anacrónico desde el punto de vista cultural, improcedente políticamente, por cuanto condiciona en gran manera el proyecto regenerador de ese espacio, adjudicado al equipo suizo Herzog & de Meuron [22] . Con independencia de las razones culturales que aleguen los redactores de tan desafortunada propuesta, ésta limita las posibilidades de renovación desde todos los puntos de vista: el urbanístico, el social, el político. Porque las cosas adquieren el valor de lo que son, pero también de lo que representan, y la ciudad de Santa Cruz, como cualquier otra ciudad, no merece tener clavada en su corazón como una estaca, la huella ignominiosa de un régimen fascista, que cercena sus aspiraciones de mirar hacia el futuro y convierte ese espacio en un área de ficción. Es un símbolo incompatible con la intención expresada de ir hacia el futuro, recogida en el título de la publicación editada con motivo de la exposición pública del Avance de la Revisión del PGO. A esta demolición sin paliativos de los contenidos procedentes del planeamiento heredado, habría que unir los últimos acuerdos de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico [23] , que reconsidera los entornos de protección de los diferentes B.I.C. (bienes de interés cultural) reduciendo su perímetro y el de los Conjuntos Históricos incoados hasta convertirlos en meras entelequias.

Por último, aún reconociendo algunas de las bondades de la Revisión, debidas en parte a la aportación de una valiosa información geográfica y cartográfica (Figura 7) y a la observación de determinados fenómenos urbanísticos desafortunados -Polígono del Rosario, etc.-, recogidas en parte en la publicación antes citada, también se podría afirmar, siguiendo la jerga militar, que la batalla urbanística no se puede ganar solo con aviación y artillería, hay que ganarla con infantería. Los medios empleados para la realización de la Revisión del Planeamiento -ahora en marcha-, y la redacción del vigente PGOU 1992 serán, probablemente, los que determinen el fracaso del primero. Porque el verdadero talón de Aquiles del proyecto está en su falta de contacto con el suelo. El empleo de avanzados y costosos medios de reconocimiento, como el uso de helicópteros, el desinterés endémico de algunos profesionales por el detalle pequeño, la ausencia de debate generalizado y en profundidad entre los ciudadanos, los responsables políticos, los técnicos y las instituciones, alejan y acaban convirtiendo el espacio de planeamiento en otra entelequia.

Como conclusión cabría destacar la necesidad e importancia de la política de pactos para la adopción de decisiones consensuadas entre las diferentes fuerzas políticas que actúan en las ciudades, de cara a conseguir el mejor desarrollo urbanístico de las mismas y un mayor nivel de bienestar para sus vecinos, puesto de manifiesto al tratar el caso de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. La capacidad de consenso y respeto de los puntos de vista ajenos son las características principales de las sociedades maduras, puesta de manifiesto en el caso que aquí se presenta desde los inicios de la transición hacia la democracia y que hoy se hecha de menos. Otro de los aspectos destacados es la necesidad de partir en primer lugar de la ciudad que tenemos, levantando acta de la ciudad real y las necesidades y demandas de sus habitantes para recorrer con paso seguro el largo y a veces sinuoso camino hacia la ciudad que anhelamos, y por que no hacia la ciudad utópica, valorando en su justo término el legado de la historia dentro de un marco de máxima economía material e intelectual. Si se parte de la base de que vivimos en un mundo con recursos limitados, el esfuerzo por mejorar debe estar encaminado a obtener más con menos, optimizando al máximo los recursos disponibles. Como propugnaba Mies van der Rohe refiriéndose a la arquitectura con su célebre frase less is more -menos es más- contestada en los sesenta por Robert Venturi, en pleno apogeo del movimiento posmoderno, con la expresión less is bore -menos es aburrido-. En el caso del planeamiento urbanístico es imprescindible fomentar la transparencia en la gestión, la participación ciudadana y la profesional. También se plantea el planeamiento como proyecto a medio y largo plazo para garantizar la continuidad y sus resultados. El planeamiento y por tanto su revisión ha de ser un proceso continuo, abierto y flexible, que ha de resolver el día a día de la ciudad sin olvidar el camino por recorrer hasta llegar al objetivo pretendido. También ha de ser una opción de futuro, sin límites temporales ni legales, cuyo desarrollo debe estar marcado por el propio devenir de las ciudades. Para obtener los mejores resultados también es imprescindible la adopción de medidas sosegadas, y que las decisiones no vengan impuestas por las falsas necesidades, por los medios de comunicación y por las continuas campañas de propaganda e intoxicación informativa orquestadas por determinados sectores empresariales y profesionales y los propios dirigentes políticos y por algunas actitudes demagógicas de estos últimos que suelen olvidar con frecuencia su condición de representantes y servidores de la colectividad, desde sus funciones de gobierno o de oposición.

No se aboga en absoluto por la desregulación defendida por los partidarios del liberalismo económico. Sino por un planeamiento que permita articular las actuaciones de abajo hacia arriba, con las grandes intervenciones que contribuyen a definir la estructura urbana y territorial y a propiciar la necesaria homogeneización entre las diferentes partes de las ciudades, que garantizan, entre otros aspectos, las dotaciones –sanitarias, sociales, docentes, culturales, deportivas, seguridad, etc.-, los espacios libres colectivos, la movilidad y el acceso sin discriminación a mejores oportunidades para alcanzar, como objetivo prioritario el que la vida de todos los ciudadanos transcurra en condiciones óptimas.

[24] CAPEL, Horacio. El modelo Barcelona. Un examen crítico. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2005.

Bibliografía

ARISTÓTELES. Política, Libro VI. Madrid: Editorial Gredos, 1999.

ASCHER, François. Los nuevos principios del urbanismo. El fin de las ciudades no está a la orden del día. Madrid: Alianza Editorial, 2004.

CAPEL, Horacio. El modelo Barcelona. Un examen crítico. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2005.

CARCEDO, Diego. Sáenz de Santa María. El general que cambió de bando. Madrid: Temas de hoy, 2004.

CASTELLS, Manuel. Planeamiento urbano y gestión municipal: Madrid, 1979-1982. Ciudad y territorio. Madrid: IEAL, enero-junio 1984, nº 1-2: 59-60, p. 13-40.

CERVELLATI, Pier Luigi; SCANNAVINI, Roberto. Bolonia. Política y metodología de la restauración de centros históricos. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.

CHERMAYEFF, Serge; ALEXANDER, Christopher. Comunidad y privacidad. Hacia una nueva arquitectura humanista. Buenos Aires: Nueva Visión, 1973.

DELGADO PÉREZ, Germán J. El Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico de Santa Cruz de Tenerife. Un planeamiento vigente. Ciudad y territorio. Madrid: IEAL, julio-septiembre 1988, nº 3: 77, p. 83-88.

DELGADO PÉREZ, Germán J. Desde la memoria: 20 años de arquitectura en Canarias (1982-2002). BASA. Santa Cruz de Tenerife: Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, nº 26, primer semestre 2002, p. 45-79.

ESTÉVEZ, Xerardo. Arquitectos con fronteras. El País. Madrid: 19 de diciembre de 1983, p. 14.

GARCÍA HERRERA, Luz Marina; PULIDO MAÑAS, Teresa. Los procesos de crecimiento urbano en la periferia de Santa Cruz de Tenerife. Ciudad y territorio. Madrid: IEAL, julio-septiembre 1982, nº 3: 53, p. 25-43.

KRIER, Rob. Stuttgart. Teoría y práctica de los espacios urbanos. Barcelona: Gustavo Gili, 1975.

KRIER, Rob. El espacio urbano. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.

LEIRA, Eduardo. Madrid: Génesis de un plan nuevo. Ciudad y territorio. Madrid: IEAL, octubre-diciembre 1981, nº 4, p. 69-82.

LEIRA, Eduardo. Del Plan de Madrid: Elementos para un debate. Ciudad y territorio. Madrid: IEAL, enero-junio 1984, nº 1-2: 63-64, p. 81-110.

MOORE, Charles; ALLEN, Gerald; LYNDON, Donlyn. La Casa: forma y diseño. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1977.

NAVARRO SEGURA, María Isabel. Arquitectura del Mando Económico en Canarias. La posguerra en el archipiélago. Tenerife: Cabildo Insular de Tenerife, Aula de Cultura, 1983.

NAVARRO SEGURA, María Isabel. El urbanismo moderno en Santa Cruz de Tenerife. Documentos. Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, VI Coloquio de Historia Canario-Americana, 1984, p. 529-624.

NOGUERA, Juli Esteban. Elementos de ordenación urbana. Barcelona: Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, 1981.

NOGUERA, Juli Esteban. La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y prácticas. Barcelona: Electa, 2003.

PAREJO ALFONSO, Luciano. La ordenación y la gestión urbanística: Un balance crítico. Ciudad y territorio. Madrid: IEAL, enero-junio 1984, nº 1-2, p. 41-54.

PLUTARCO. Cómo sacar provecho de los enemigos. Cómo distinguir a un adulador de un amigo. Madrid: Ediciones Siruela, 2002.

TERÁN, Fernando de. Planeamiento en la transición. Ciudad y territorio. Madrid: IEAL, octubre-diciembre 1981, nº 4, p. 7-10.

VVAA. Construir la Ciudad. Criterios, objetivos y soluciones generales para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. I Potencialidad y limitaciones del sistema productivo urbano. II Las bases de la ordenación. Santa Cruz de Tenerife: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 1984.

VVAA. Madrid para la democracia. La propuesta de los comunistas. Madrid: Editorial Mayoría, 1977.

VVAA. Santa Cruz hacia el futuro. Pensar la Ciudad. Santa Cruz de Tenerife: Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2002.

Ficha bibliográfica:

DELGADO PÉREZ, G. J. La ciudad que queremos. Apología de un urbanismo radical.. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2005, vol. IX, núm. 194 (117). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-117.htm> [ISSN: 1138-9788]

Volver al índice de Scripta Nova número 194

Volver al índice de Scripta Nova

Menú principal