Scripta Nova |
CONSTRUYENDO CIUDAD DESDE LO LOCAL EN LO
GLOBAL: EL CASO DEL PROYECTO RIBERA NORTE, CONCEPCIÓN, CHILE.[i][1]
Ph.D. Universidad de Chile, Departamento de
Políticas Públicas y Escuela de Geografía. Profesor Auxiliar Asociado Instituto
de Geografía Pontificia Universidad Católica de Chile
E- mail: zunino1@uchile.cl
Se examina el funcionamiento de la organización
transversal implementando el “Proyecto Ribera Norte”, iniciativa tendiente a redesarrollar
un sector cercano al centro de de la ciudad de Concepción, Chile. Utilizando la
noción de glocalización, una aproximación no-estructuralista al poder e
interpretando las reglas sociales formales e informales operando en niveles
funcionales interconectados, la atención analítica se centra en los canales
utilizados por los actores sociales para ejercer el poder y avanzar las agendas
urbanas particulares. En el acápite final se identifican las principales
estrategias utilizadas y se reflexiona sobre la utilidad de esta línea de
investigación.
Palabras Claves: Glocalización, poder, desarrollo urbano,
Concepción, Chile.
The main purpose of this communication is to
examine the functioning of the transversal organization moving the North Rivera
Project forward. This project is aimed at redeveloping an area near
Concepción’s (
Keywords: Glocalization, power, urban
redevelopment,
Introducción
La influencia de los procesos de
reestructuración económica sobre las ciudades Latinoamericanas ha sido un tema
ampliamente estudiado y documentado en años recientes. En Chile, el desarrollo
urbano esta marcado por elementos como: la paulatina declinación de la
planificación urbana dirigista, la utilización de instrumentos
económicos para guiar la reproducción del espacio urbano, la ampliación del los
circuitos de acumulación de capital, la posición de privilegio que ha alcanzado
la tecnocracia en la toma de decisiones y la ausencia de canales para una
participación ciudadana efectiva.
Sin desconocer el rol fundamental que juegan
estas fuerzas en la destrucción, producción y reproducción de espacios urbanos,
esta comunicación considera, también, la capacidad de distintos actores
sociales para ejercer el poder e influir en los resultados del proceso de
planificación.
La aproximación al hecho urbano que se
desarrolla, se sustenta teóricamente en la noción de “glocalización” y en una
conceptualización del actor social como un “agente estructurado”; esto es, un
individuo que opera bajo una serie de restricciones y posibilidades que el
contexto social le impone. En términos metodológicos se utilizan las nociones
de “reglas sociales” y “niveles funcionales” para examinar los canales por
medio de los cuales los actores involucrados discuten y negocian
estratégicamente la construcción social de la ciudad.
El objetivo principal de este trabajo es
examinar el funcionamiento de la organización coordinando la implementación del
“Proyecto Rivera Norte”, iniciativa que tiene por objetivo central
redesarrollar 140 hectáreas de suelo urbano localizado a unos 4 kilómetros del
centro de Concepción. El proyecto pretende ofrecer soluciones habitacionales
definitivas a unas 800 familias que ocuparon ilegalmente el lugar entre los años 1930 y 1990 y abrir
oportunidades de inversión en un sitio de 80 hectáreas con excelentes niveles
de conectividad con el resto de la ciudad.
A los inicios de la década del noventa existían
dos posiciones maximalistas: mientras que algunos sectores de gobierno y
organizaciones de empresarios promovían la rápida erradicación de los ocupantes
a la periferia de Concepción para incrementar los niveles de inversión privada;
un sector de los ocupantes ilegales estaba por resistir cualquier intento de
erradicación y demandar soluciones habitacionales en el lugar. La organización
multi-sectorial y multi-estamental coordinando el Proyecto Rivera Norte tenía
por desafío central entablar relaciones con los distintos sectores y negociar
una salida a un problema político, económico, y espacial que se había tornado
crítico.
Dentro de este contexto, las preguntas
empíricas que guiaron esta investigación fueron: ¿Quiénes están moviendo la
maquinaria interna del Proyecto Rivera Norte? ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Qué
instrumentos de dominación, control y manipulación están siendo empleados?
¿Quiénes ganan, quiénes pierden? Estas preguntas fueron abordadas siguiendo los
lineamientos teórico-metodológicos que se expone en la siguiente sección. Esta
metodología se desarrolla en detalle en Zunino (2002 y 2004). La información
primaria utilizada deriva de 18 entrevistas semi-estructuradas conducidas con
“actores estratégicos” durante los años 2002 y 2003. Por actores estratégicos
se entenderá individuos que tienen la capacidad de ejercer el poder, ya sea
mediante la utilización de recursos formales, como leyes escritas que les
asignan cierta autoridad y capacidad de comando, o recursos informales
derivados de la capacidad que tienen ciertos actores de ejercer el poder por
intermedio del despliegue de estrategias y tácticas para alcanzar fines
predeterminados. En el caso que se analiza, tanto los inversionistas privados
como los ocupantes ilegales constituyen actores estratégicos. En efecto,
mientras que los primeros podían ejercer el poder gracias a su influencia en
círculos políticos; los segundos tenían la capacidad de ejercer el poder
mediante la movilización social y política.
Marco Teórico – Metodológico
Consistente con lo que señala Ward (1996), la
mayoría de las investigaciones sobre la ciudad conducidas en Latinoamérica
tienden a ignorar las relaciones de poder que se establecen en el proceso de
toma de decisiones con respecto a la ciudad.
Así, se ha tendido a sobredimensionar la influencia de los factores
globales tales como la globalización y la penetración de políticas neoliberales
para explicar cambios urbanos recientes. Para dar cuenta de la relación
existente entre procesos globales y locales, así como para comprender las
reconfiguraciones del Estado como consecuencia de la nueva etapa de expansión
capitalista, se ha construido el silogismo “glocal” o “glocalización”, el cual
deriva de las contribuciones de Henri Lefebvre [ii][2].
Si bien lo la noción de lo “glocal” resulta
útil para comprender, por ejemplo, la construcción social de las escalas
geográficas y las estrategias que sigue el Estado para adecuarse a las nuevas
condiciones del mercado global, no está diseñada ni tiene como fin comprender
las estrategias y relaciones de poder generadas en situaciones concretas de
cambio urbano. Además, se puede argüir que esta noción tiende a privilegiar la
dinámica capitalista por sobre los elementos que operan a escalas locales (o
nacionales) o, extendiendo este argumento, la noción de poder queda reducido a
su aspecto “estructural”; es decir al poder que se deriva del contexto
socio-económico y político, el cual le otorga a ciertos actores en posiciones
de privilegio la capacidad para intervenir en la ciudad directamente mediante
órdenes y disposiciones. Se pasa por alto, pues, lo que Clegg (1989) denomina
el lado “agencial” del poder (agency side of power), el cual está
asociado con la capacidad del individuo que opera en la base de la pirámide, en
lo local, para contestar o reproducir el poder ejercido en planos más
generales.
La noción de capilaridad del poder desarrollado
por Foucault[iii][3], captura, a mi juicio, ambas caras del
poder: para que una relación de poder pueda ser sostenida a través del tiempo
(y del espacio) tiene que ser reproducida por individuos actuando en la esfera
local. Siguiendo el ejemplo ofrecido por Foucault, el régimen feudal no sólo
fue sostenido por el monarca que cobraba impuesto a súbditos pasivos, sino que
también por los inquilinos de la tierra que reproducían y le daban contenido
concreto a las relaciones de dominación a través de sus actuaciones desde la
esfera “local”.
Para analizar la “glocalización” y, específicamente,
los resultados de ésta en cuanto a la conformación de entes de decisión
política y las relaciones de poder allí engendradas, resulta útil recurrir a la
noción de estructura social desarrolla por Giddens (1979 y 1984), complementada
con una aproximación no-estructuralista al poder. Para este investigador, las
“estructuras” adquieren realidad sólo en la medida en que son reproducidas en
el devenir de la vida social diaria por agentes que actúan bajo un número de
restricciones y posibilidades: los agentes estructurados. Así, a diferencia de
posiciones neo-estructuralistas que consideran las estructuras sociales como
relativamente permanente e impactando de manera directa sobre los individuos,
organizaciones e instituciones, para Giddens las estructuras son un producto de
las prácticas sociales que adquieren permanencia en el espacio-tiempo y que
restringen, pero no eliminan, el rango de opciones abiertas en la toma de
decisiones. Es justamente aquí donde se puede relacionar el proceso de estructuración
y una visión Foucaultiana al poder. En efecto, las instancias de gobernabilidad
urbana pueden ser consideradas como arreglos sociales en constante cambio, que
representan tanto una particular geometría de poder (el lado estructural del
poder) como los canales abiertos para que una gama de actores sociales puedan
ejercer el poder (lado agencial del poder).
En términos metodológicos la noción de reglas
sociales desarrollada por Ostrom (1986) resulta útil como instrumento para
identificar y precisar tanto las estructuras de poder inmanentes a una
determinada organización como los canales abiertos para el ejercicio del poder.
Para Ostrom, los intentos por hacer de la toma de decisiones una instancia que
tenga un cierto orden y que sus resultados sean predecibles, pasa por
establecer reglas sociales escritas (formales) y no escritas (informales) como:
quiénes poseen un lugar, una voz, dentro de un organismo que toma decisiones
(reglas de posición), cómo se entra o sale de una posición (reglas de borde),
qué elementos es una posición capaz de modificar (regla de alcance), que
recursos tienen una posición para imponer una cierta medida (reglas de
autoridad), cómo se toman las decisiones (reglas de agregación) cómo es la
información producida, distribuida y utilizada (reglas de información) y cómo
se distribuyen los costos y beneficios (reglas de distribución).
Conjuntamente con un análisis de las reglas
sociales que enmarcan una situación resulta conveniente examinar a qué nivel
éstas operan (Waterstone, 1996 y Zunino, 2004). De este modo, un examen de la
articulación vertical de las leyes sociales, como ellas se interactúan, hace
posible establecer cómo los actores sociales son “estructurados” (limitados y
posibilitados) por el sistema social. Por ejemplo, una comunidad afectada por
un proyecto urbano puede tener el
derecho a voz pero su participación no está considerada en el momento en que se
toma una decisión. En este caso, la comunidad tiene una posición, pero las
reglas de alcance y agregación en operación le impide ejercer influencia. Esta
hipotética instancia de decisión no esta fija en el espacio-tiempo, las reglas
sociales que la componen están siempre abiertas al debate, readecuaciones y
transformaciones. Es justamente por la “fluidez” de las reglas sociales que la
metodología aquí propuesta puede ser empleada no sólo para diagnosticar el
funcionamiento interno de órganos de decisión y las relaciones de poder que
ellos engendran, sino también para sugerir cambios en las reglas sociales para
avanzar hacia un fin determinado, como lo pueden ser formas más
inclusivas/participativas de gobernabilidad urbana.
Reconstruyendo
el borde de río de la ciudad de Concepción, Chile
Con el propósito de ofrecer una lectura sobre
la articulación vertical del poder y cómo los distintos actores sociales son
“estructurados” por condiciones más generales, se utilizarán en el análisis
tres niveles funcionales. El nivel nacional define aquellos elementos que, en
Chile, le dan el contexto a todo proyecto urbano. El nivel de coordinación
representa a aquella instancia de decisión que otorga los lineamientos básicos
para la ejecución de proyectos. Finalmente, el nivel operacional se refiere a
las unidades ejecutoras que le dan expresión concreta al proyecto bajo análisis.
Para cado uno de estos niveles se procederá a interpretar las reglas sociales
escritas y no escritas que enmarcan el proyecto, siguiendo la categorización
propuesta en el apartado anterior. Este ejercicio hará posible conocer los
canales que se utilizan para ejercer el poder y las relaciones de poder que se
establecen entre los actores sociales involucrados en el proyecto.
El Nivel Nacional
La política neoliberal implementada en Chile a
contar de mediados de la década de los setenta, implicó una serie de cambios
que afectaron el tejido social del país. Dentro de los límites de esta
investigación resulta indispensable tener presente los siguientes cambios en la
esfera decisional urbana. Los procesos de decisión pasaron a ser concebidos
como apolíticos, como el resultado de la aplicación de cierta racionalidad
neutra, y la disciplina de la economía pasó a ser el principal referente para
la toma de decisiones. Por consiguiente, la única información válida en el
proceso de toma de decisiones pasó a ser aquella generada a partir de rigurosos
estudios técnicos. En el ámbito de las funciones de los organismos públicos, la
contratación de funcionarios públicos por períodos breves y para realizar
labores acotadas, pasó a ser práctica frecuente. Para la toma de decisiones, la
búsqueda de consensos entre intereses dispares pasó a dominar por sobre el
debate político. Como consecuencia de esta situación, la participación
ciudadana en la toma de decisiones se vio fuertemente entrabada[iv][4].
Estos cambios pueden ser representados por la
instauración de una gama de reglas sociales: reglas de posición estableciendo
la primacía de ciertas disciplinas en órganos decisionales; reglas de borde que
fomentaron el reemplazo de funcionarios públicos de carrera por consultores
externos; reglas de alcance y agregación otorgando a ciertos actores una voz
privilegiada en la toma de decisiones; reglas de información otorgando primacía
a la información técnica por sobre consideraciones de orden político. Es en
este contexto nacional donde la organización liderando el Proyecto Ribera Norte
debía insertarse y amoldar su accionar.
A comienzos de la década de los noventa el
gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo decide
nombrar un “coordinador” para llevar adelante el Proyecto Ribera Norte. Esta
posición tenía una gama de reglas de alcance y autoridad que le permitió
conformar rápidamente un equipo de trabajo constituido por consultores externos
y establecer contactos con el gobierno local (Municipalidad de Concepción), la
comunidad afectada y los potenciales inversionistas privados. De este modo, a
pesar que este organismo de decisión fue nombrado por el nivel central del
gobierno, enraizó su accionar dentro de la región, con el propósito de ganar
legitimidad frente a la comunidad afectada y al gobierno local. El coordinador
conformó, a mediados de la década de los noventa, dos unidades: la Unidad
Técnica y la Unidad Social. La primera tenía por misión establecer contactos
con el mundo empresarial, promover inversiones, llegar a acuerdos respecto al
uso del suelo y avanzar en la modificación del Plan Regulador Comunal (plan de
uso del suelo). El Jefe de la Unidad
Técnica, a su vez, conformó el Comité Técnico, donde confluyeron empresarios y
profesionales de la Municipalidad de Concepción. La Unidad Social, en tanto,
estableció canales de comunicaciones con las principales juntas de vecinos y
organizaciones de base, en estrecha coordinación con la Municipalidad.
El coordinador del proyecto actuó principalmente
en un nivel funcional intermedio, entre el gobierno nacional y las unidades
operativas locales. Esta posición respondía directamente al Ministro de
Vivienda y Urbanismo, relegando al representante del Ministro en la región a un
segundo plano. Además, era responsable de dirigir el trabajo de ambas unidades
y buscar una solución que evitara un conflicto espacio-político. A primeras
luces, pareciese que el gobierno central operó de manera vertical, imponiendo
una estructura piramidal de poder. Como se verá en el siguiente aparatado, la situación resultó un tanto más compleja.
El Nivel de
Coordinación
La conexión entre el nivel de coordinación y el
nivel operativo era bastante directa. En efecto, el coordinador podía hacer uso
de reglas informales de borde y autoridad para conformar y deshacer grupos de
trabajo. La capacidad para ejercer el poder se basó en el poder estructural del
Ministro de Vivienda y Urbanismo (capacidad de comando político), con quien el
coordinador mantenía contactos frecuentes y directos, pudiendo contar con su
respaldo ante un eventual conflicto con las autoridades regionales o locales.
De este modo, tenía la capacidad de sortear instancias regionales de decisión e
imponer su propia agenda. Un ex coordinador del Proyecto Ribera Norte
reflexionó sobre el grado de autonomía que ésta organización alcanzó:
Siempre hemos trabajado así; el
Proyecto Ribera Norte sin poseer un estatuto legal definido opera como si lo
tuviera. Si esperamos que fuésemos una organización completamente legal nos
sentaríamos a esperar por años….una de las cosas más increíbles del proyecto es
que fuimos capaces de bypasear las
autoridades regionales….desgraciadamente, es la única manera de hacer las cosas
bien. El mayor respaldo no viene necesariamente de las autoridades, viene del
poder que la gente nos da….si el proyecto falla, el problema de la autoridad no
va a ser conmigo, va a ser con las 1200 familias que ocupan el sector La
Costanera.
Este discurso muestra como la utilización de canales
informales de gobernabilidad era una práctica habitual desde el inicio del
proyecto. La legitimidad social alcanzada por esta iniciativa permitió
redefinir la formar de ejercer el poder, debilitando a las burocracias
tradicionales e imponiendo una modalidad de “hacer ciudad” basada en el dialogo
informal con los actores que defendían intereses particulares.
El Nivel Operacional
La Unidad Técnica trabajaba en conjunto con
inversionistas y actores municipales para llegar a acuerdos respecto al destino
del área. El jefe de la unidad era “estructurado” por dos reglas de alcance. La
primera prescribía que debía trabajar con la Municipalidad para llegar a
acuerdos respecto al uso del suelo, trasladando el eje de la discusión desde el
plano estrictamente local hacia un plano en donde convergían una gama de
intereses sectoriales transversales. Dado que la Municipalidad era el único
órgano electo y tenía la regla de autoridad que le permitía formular planes de
uso del suelo, constituía una pieza clave para validar el proyecto ante la
comunidad. La segunda regla de alcance prescribía que debía llegar a acuerdos
con los inversionistas privados y asegurar su apoyo y concurso en la
materialización del proyecto. Cabe apuntar que en la Unidad Técnica los ocupantes
ilegales no tenían una posición para hacer oír su voz, sólo podían hacerlo
indirectamente vía el gobierno local. En los últimos años, dos resultados han
marcado el quehacer de la Unidad Técnica: la aprobación en 1998 de un plano de
uso del suelo y la materialización de inversión privada significativa desde el
año 2001 en adelante.
En la aprobación de Planes Reguladores no
existen reglas de agregación prescribiendo cómo la Municipalidad debe
considerar la opinión de los pobladores. Reflexionando sobre la participación
ciudadana, un profesional de la municipalidad comentó:
El Plan Regulador [Plan de Uso del
Suelo] requiere de la aprobación de los consejeros regionales…. eso es todo. Lo
único que la municipalidad puede hacer es intentar realizar lobby con los
actores regionales….en relación con la participación de la gente seré honesto
con Ud. La gente simplemente no sabe, llegan aquí con preguntas triviales como
si pueden o no instalar un pequeño almacén….entonces, pienso, la municipalidad
tiene que seguir el procedimiento establecido por la ley, nada más: publicar el
plan y sólo responder a aquellas observaciones que están relacionadas con lo
que nosotros presentamos.
Estas palabras, además de reflejar la poca
influencia del municipio en la aprobación del Plan de Uso del Suelo de la
localidad, refleja la escasa relevancia otorgada a la participación de la
gente, insinuando que son los “técnicos” los que “conocen” la solución más
adecuada. Esta actitud frente a las demandas de las personas, fue encontrada en
un número de entrevistas conducidas con personeros de la Municipalidad de
Concepción, en donde el predominio de una mentalidad tecnocrática era bastante
evidente. En relación con los potenciales inversionistas, ellos poseían un
poder estructural bastante marcado, pues de ellos dependía, en definitiva, la
materialización del proyecto (capacidad de comando). No obstante, este
estamento no poseía el control total sobre la toma de decisiones, pues
reconocían que una posición maximalista podría gatillar movilizaciones sociales
y retrasar proyectos de inversión. Las entrevistas mostraron que aunque en la
superficie se denotaba una apertura al diálogo y colaboración, en un plano más
sutil los inversionistas mantenían un cierto nivel de recelo frente al accionar
de la organización coordinando el
Proyecto Ribera Norte, temiendo la “politización” de la iniciativa.
En relación con la Unidad Social, la regla de
alcance prescribía que debía llegar a acuerdo con los grupos más
representativos de los pobladores. Era en el comité social donde confluían
representes de la Municipalidad y dirigentes poblacionales. La actitud de los
ocupantes ilegales nunca fue pasiva. La organización que construyeron tenía la
capacidad de ejercer poder agencial mediante presiones y demandas que eran
expuestas en el seno del Comité Social. En la misma línea, marchas,
manifestaciones y nuevas ocupaciones ilegales eran utilizadas como instrumentos
de poder territorial, para llegar con
una posición fortalecida a la mesa de discusiones. Un ex Jefe de la Unidad
Social reflexiona sobre la participación ciudadana en el marco de proyecto:
Lo primero que uno tiene que saber
respecto a la participación ciudadana es que ésta debe contemplar una agenda
precisa y conocer de antemano los mecanismos de negociación. Esto significa no
pensar en la participación en términos idealistas, no pensar que lo que la masa
diga es lo que debemos hacer. En ese caso, nosotros, los técnicos, estaríamos
siempre subordinados a los políticos. El elemento más importante en una
negociación es definir el escenario antes que los conflictos emerjan.
De este modo, las discusiones en el seno del
Comité Social eran cuidadosamente planeadas y un conjunto de técnicas de
control y manipulación social eran empleadas. Las reglas de alcance prescribían
quien estaba dentro y fuera de la mesa de negociaciones y eran fijadas de
antemano por técnicos y consultores que estaban trabajando para la Unidad
Social. Una técnica particularmente efectiva empleada por la Unidad Social, era
canalizar las demandas de los pobladores a través de una instancia única,
evitando que las discusiones repercutieran en la Unidad Técnica. Esta maniobra
sistemática logró establecer una regla de información, la cual permitió
concentrar información táctica relevante para los jefes de la Unidad Social y
Unidad Técnica, regulando efectivamente el flujo, almacenaje y uso de la
información. Era solamente en el nivel de coordinación donde las piezas se
juntaban y el Coordinador de Proyecto empleaba la regla de agregación que le
permitía ejercer el poder estructural, derivado de su nexo con el Ministro de
Vivienda y Urbanismo.
Comentarios
finales
La mecánica del poder descrita en la sección
anterior, permitió que se impusiera la regla de distribución: “nadie gana todo,
nadie pierde todo”. En efecto, los ocupantes ilegales no lograron permanecer en
el lugar pero ejercieron su poder agencial para impedir la erradicación hacia
la periferia de la ciudad y negociar soluciones habitacionales en un lugar
situado a unos pocos kilómetros de su emplazamiento original, lo cual les
permitió mantener excelentes niveles de conectividad con el centro de la ciudad de Concepción. Los inversionistas
privados, en tanto, interesados en una rápida “limpieza social” del lugar, sólo
alcanzaron su objetivo parcialmente.
El caso de estudio analizado ilustra que la
reestructuración capitalista influye, con fuerza, en la destrucción y
reproducción del espacio urbano. Las reglas sociales impuestas por los procesos
globales y nacionales impactan en la forma de hacer ciudad y en cómo los
distintos actores confluyen en el gobierno de la ciudad. Esta relación, en todo
caso, dista de ser determinista y en ella opera un conjunto de factores que a
escala local repercuten sobre los resultados del proyecto. En efecto, en el
caso de estudio, los ocupantes ilegales, en cuanto actores sociales
estructurados operando en la esfera “local”, fueron capaces de impedir la
erradicación hacia la periferia mediante la negociación, la movilización y la
presión.
En el campo práctico, la identificación de los
mecanismos y canales por medio de los cuales el poder se ejerce sobre la
sociedad y el territorio constituye una información necesaria para modificar la
situación mediante cambios en las reglas sociales que están estructurando el
proceso y a los actores involucrados. Así, en el caso analizado, si se quiere
avanzar en construir, por ejemplo, formas más inclusivas y participativas de
“hacer ciudad”, parece necesario, cómo primera medida, romper con la separación
de los canales de negociación impuesta por determinados intereses.
El marco metodológico desarrollado en la
segunda sección demostró su utilidad para descifrar relaciones de poder y los
canales que los actores sociales utilizaron para avanzar determinadas agendas. La aplicación conjunta
de la noción de reglas sociales y niveles funcionales permitió leer la
articulación vertical del poder. Uno de los sustentos básicos del marco
metodológico aquí propuesto y aplicado es que los actores sociales son
conscientes de las reglas sociales que enmarcan su accionar y son capaces de
desplegar una serie de tácticas y estrategias para alcanzar ciertos resultados.
En efecto, tanto los inversionistas privados, los ocupantes ilegales como
sectores de gobierno tuvieron un rol activo en la construcción de una
particular forma de gobernar la ciudad: cada uno de ellos reconoció las
oportunidades y restricciones impuestas por la estructura social vigente e
intentaron avanzar sus fines mediante las estrategias esbozadas en el tercer
apartado de esta comunicación. La interpretación de las reglas sociales que
operan en distintas escalas funcionales permite, por tanto, un análisis
sistemático y riguroso de las formas en que se ejerce el poder y las relaciones
de poder derivadas de la acción de los “agentes estructurados”: actores
sociales limitados y posibilitados por la estructura social presente.
La aplicación de esta metodología en estudios
empíricos debe sortear cuatro fases críticas. Primero, la definición del conjunto
de actores que ocupan posiciones estratégicas requiere de una fase de
investigación preliminar para determinar el alcance de cada actor; esto es,
investigar que resultados del proceso de toma de decisiones cada actor es capaz
de modificar. Segundo, se debe establecer el nivel funcional en que cada actor
social opera, para lo cual resulta necesario analizar reglas sociales formales
y realizar una serie de entrevistas preliminares. Una tercera fase crítica
consiste en conducir entrevistas semi-estructuradas dirigidas, explícitamente,
a establecer las reglas sociales que enmarcan el accionar de cada actor
estratégico. Finalmente, se requiere examinar cómo las reglas operando en
niveles más generales limitan y posibilitan el accionar individual. Esta aproximación permite realizar una lectura sobre la manera
en que los actores responden a incentivos y desincentivo del medio mediante
tácticas y estrategias diseñadas y ejecutas para obtener cierto resultado.
Esta forma de entender el proceso de toma de
decisiones respecto a la ciudad, lleva a concebir las instancias de
gobernabilidad urbana no como algo fijo en el espacio-tiempo, sino como
arreglos sociales en constante transformación, en la medida que los actores
involucrados modifican sus estrategias en función de los resultados que van
alcanzando.
[i][1] Este trabajo contó con la
colaboración de estudiantes de postgrado de
[ii][2] Véase Swyngedouw 1997; MacLeod y Goodwin 1999;
Swyngedouw y Baeten 2001
[iii][3] Véase, en especial, Foucault 1979
[iv][4]
Véase Carruthers 2001; Silva 1995, 1996; Silva 1998; Valdés 1995
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de Geografía, Universidad de Arizona. Tucson, EE.UU., 2004.
© Copyright Hugo Marcelo Zunino, 2005
© Copyright Scripta Nova, 2005
Ficha bibliográfica:
ZUNINO, H. Construyendo ciudad desde lo local en lo global: el caso del proyecto
Ribera Norte, Concepción, Chile. Scripta Nova. Revista electrónica de
geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de
agosto de 2005, vol. IX, núm. 194 (86).
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-86.htm> [ISSN: 1138-9788]
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