Scripta Nova
REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Universidad de Barcelona.
ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98
Vol. IX, núm. 194 (86), 1 de agosto de 2005

 

CONSTRUYENDO CIUDAD DESDE LO LOCAL EN LO GLOBAL: EL CASO DEL PROYECTO RIBERA NORTE, CONCEPCIÓN, CHILE.[i][1]

 

Hugo Marcelo Zunino

Ph.D. Universidad de Chile, Departamento de Políticas Públicas y Escuela de Geografía. Profesor Auxiliar Asociado Instituto de Geografía Pontificia Universidad Católica de Chile

E- mail: zunino1@uchile.cl

 


Construyendo ciudad desde lo local en lo global: el caso del proyecto Ribera Norte, Concepción, Chile (Resumen)

Se examina el funcionamiento de la organización transversal implementando el “Proyecto Ribera Norte”, iniciativa tendiente a redesarrollar un sector cercano al centro de de la ciudad de Concepción, Chile. Utilizando la noción de glocalización, una aproximación no-estructuralista al poder e interpretando las reglas sociales formales e informales operando en niveles funcionales interconectados, la atención analítica se centra en los canales utilizados por los actores sociales para ejercer el poder y avanzar las agendas urbanas particulares. En el acápite final se identifican las principales estrategias utilizadas y se reflexiona sobre la utilidad de esta línea de investigación.       

 

Palabras Claves: Glocalización, poder, desarrollo urbano, Concepción, Chile.


Constructing city in the local sphere within the global: the case of North Rivera Project in Concepcion, Chile (Abstract)

The main purpose of this communication is to examine the functioning of the transversal organization moving the North Rivera Project forward. This project is aimed at redeveloping an area near Concepción’s (Chile) downtown area. Using the notion of “glocalization”, a non-structural approach to power and interpreting the formal and informal social rules operating at interconnected functional levels, the analytical attention is placed on the channels used by social actors to exert power and advance particular urban agendas. The paper concludes by identifying the main strategies used and considering the potential utility of this line of investigation. 

 

Keywords: Glocalization, power, urban redevelopment, Concepción, Chile.


 

 

Introducción

 

La influencia de los procesos de reestructuración económica sobre las ciudades Latinoamericanas ha sido un tema ampliamente estudiado y documentado en años recientes. En Chile, el desarrollo urbano esta marcado por elementos como: la paulatina declinación de la planificación urbana dirigista,  la utilización de instrumentos económicos para guiar la reproducción del espacio urbano, la ampliación del los circuitos de acumulación de capital, la posición de privilegio que ha alcanzado la tecnocracia en la toma de decisiones y la ausencia de canales para una participación ciudadana efectiva.

 

Sin desconocer el rol fundamental que juegan estas fuerzas en la destrucción, producción y reproducción de espacios urbanos, esta comunicación considera, también, la capacidad de distintos actores sociales para ejercer el poder e influir en los resultados del proceso de planificación. 

 

La aproximación al hecho urbano que se desarrolla, se sustenta teóricamente en la noción de “glocalización” y en una conceptualización del actor social como un “agente estructurado”; esto es, un individuo que opera bajo una serie de restricciones y posibilidades que el contexto social le impone. En términos metodológicos se utilizan las nociones de “reglas sociales” y “niveles funcionales” para examinar los canales por medio de los cuales los actores involucrados discuten y negocian estratégicamente la construcción social de la ciudad.

 

El objetivo principal de este trabajo es examinar el funcionamiento de la organización coordinando la implementación del “Proyecto Rivera Norte”, iniciativa que tiene por objetivo central redesarrollar 140 hectáreas de suelo urbano localizado a unos 4 kilómetros del centro de Concepción. El proyecto pretende ofrecer soluciones habitacionales definitivas a unas 800 familias que ocuparon ilegalmente el lugar  entre los años 1930 y 1990 y abrir oportunidades de inversión en un sitio de 80 hectáreas con excelentes niveles de conectividad con el resto de la ciudad.

 

A los inicios de la década del noventa existían dos posiciones maximalistas: mientras que algunos sectores de gobierno y organizaciones de empresarios promovían la rápida erradicación de los ocupantes a la periferia de Concepción para incrementar los niveles de inversión privada; un sector de los ocupantes ilegales estaba por resistir cualquier intento de erradicación y demandar soluciones habitacionales en el lugar. La organización multi-sectorial y multi-estamental coordinando el Proyecto Rivera Norte tenía por desafío central entablar relaciones con los distintos sectores y negociar una salida a un problema político, económico, y espacial que se había tornado crítico.

 

Dentro de este contexto, las preguntas empíricas que guiaron esta investigación fueron: ¿Quiénes están moviendo la maquinaria interna del Proyecto Rivera Norte? ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Qué instrumentos de dominación, control y manipulación están siendo empleados? ¿Quiénes ganan, quiénes pierden? Estas preguntas fueron abordadas siguiendo los lineamientos teórico-metodológicos que se expone en la siguiente sección. Esta metodología se desarrolla en detalle en Zunino (2002 y 2004). La información primaria utilizada deriva de 18 entrevistas semi-estructuradas conducidas con “actores estratégicos” durante los años 2002 y 2003. Por actores estratégicos se entenderá individuos que tienen la capacidad de ejercer el poder, ya sea mediante la utilización de recursos formales, como leyes escritas que les asignan cierta autoridad y capacidad de comando, o recursos informales derivados de la capacidad que tienen ciertos actores de ejercer el poder por intermedio del despliegue de estrategias y tácticas para alcanzar fines predeterminados. En el caso que se analiza, tanto los inversionistas privados como los ocupantes ilegales constituyen actores estratégicos. En efecto, mientras que los primeros podían ejercer el poder gracias a su influencia en círculos políticos; los segundos tenían la capacidad de ejercer el poder mediante la movilización social y política.         

  


Marco Teórico –  Metodológico

 

Consistente con lo que señala Ward (1996), la mayoría de las investigaciones sobre la ciudad conducidas en Latinoamérica tienden a ignorar las relaciones de poder que se establecen en el proceso de toma de decisiones con respecto a la ciudad.  Así, se ha tendido a sobredimensionar la influencia de los factores globales tales como la globalización y la penetración de políticas neoliberales para explicar cambios urbanos recientes. Para dar cuenta de la relación existente entre procesos globales y locales, así como para comprender las reconfiguraciones del Estado como consecuencia de la nueva etapa de expansión capitalista, se ha construido el silogismo “glocal” o “glocalización”, el cual deriva de las contribuciones de Henri Lefebvre [ii][2].

 

Si bien lo la noción de lo “glocal” resulta útil para comprender, por ejemplo, la construcción social de las escalas geográficas y las estrategias que sigue el Estado para adecuarse a las nuevas condiciones del mercado global, no está diseñada ni tiene como fin comprender las estrategias y relaciones de poder generadas en situaciones concretas de cambio urbano. Además, se puede argüir que esta noción tiende a privilegiar la dinámica capitalista por sobre los elementos que operan a escalas locales (o nacionales) o, extendiendo este argumento, la noción de poder queda reducido a su aspecto “estructural”; es decir al poder que se deriva del contexto socio-económico y político, el cual le otorga a ciertos actores en posiciones de privilegio la capacidad para intervenir en la ciudad directamente mediante órdenes y disposiciones. Se pasa por alto, pues, lo que Clegg (1989) denomina el lado “agencial” del poder (agency side of power), el cual está asociado con la capacidad del individuo que opera en la base de la pirámide, en lo local, para contestar o reproducir el poder ejercido en planos más generales.

 

La noción de capilaridad del poder desarrollado por Foucault[iii][3], captura, a mi juicio, ambas caras del poder: para que una relación de poder pueda ser sostenida a través del tiempo (y del espacio) tiene que ser reproducida por individuos actuando en la esfera local. Siguiendo el ejemplo ofrecido por Foucault, el régimen feudal no sólo fue sostenido por el monarca que cobraba impuesto a súbditos pasivos, sino que también por los inquilinos de la tierra que reproducían y le daban contenido concreto a las relaciones de dominación a través de sus actuaciones desde la esfera “local”.

 

Para analizar la “glocalización” y, específicamente, los resultados de ésta en cuanto a la conformación de entes de decisión política y las relaciones de poder allí engendradas, resulta útil recurrir a la noción de estructura social desarrolla por Giddens (1979 y 1984), complementada con una aproximación no-estructuralista al poder. Para este investigador, las “estructuras” adquieren realidad sólo en la medida en que son reproducidas en el devenir de la vida social diaria por agentes que actúan bajo un número de restricciones y posibilidades: los agentes estructurados. Así, a diferencia de posiciones neo-estructuralistas que consideran las estructuras sociales como relativamente permanente e impactando de manera directa sobre los individuos, organizaciones e instituciones, para Giddens las estructuras son un producto de las prácticas sociales que adquieren permanencia en el espacio-tiempo y que restringen, pero no eliminan, el rango de opciones abiertas en la toma de decisiones. Es justamente aquí donde se puede relacionar el proceso de estructuración y una visión Foucaultiana al poder. En efecto, las instancias de gobernabilidad urbana pueden ser consideradas como arreglos sociales en constante cambio, que representan tanto una particular geometría de poder (el lado estructural del poder) como los canales abiertos para que una gama de actores sociales puedan ejercer el poder (lado agencial del poder).    

 

En términos metodológicos la noción de reglas sociales desarrollada por Ostrom (1986) resulta útil como instrumento para identificar y precisar tanto las estructuras de poder inmanentes a una determinada organización como los canales abiertos para el ejercicio del poder. Para Ostrom, los intentos por hacer de la toma de decisiones una instancia que tenga un cierto orden y que sus resultados sean predecibles, pasa por establecer reglas sociales escritas (formales) y no escritas (informales) como: quiénes poseen un lugar, una voz, dentro de un organismo que toma decisiones (reglas de posición), cómo se entra o sale de una posición (reglas de borde), qué elementos es una posición capaz de modificar (regla de alcance), que recursos tienen una posición para imponer una cierta medida (reglas de autoridad), cómo se toman las decisiones (reglas de agregación) cómo es la información producida, distribuida y utilizada (reglas de información) y cómo se distribuyen los costos y beneficios (reglas de distribución).

 

Conjuntamente con un análisis de las reglas sociales que enmarcan una situación resulta conveniente examinar a qué nivel éstas operan (Waterstone, 1996 y Zunino, 2004). De este modo, un examen de la articulación vertical de las leyes sociales, como ellas se interactúan, hace posible establecer cómo los actores sociales son “estructurados” (limitados y posibilitados) por el sistema social. Por ejemplo, una comunidad afectada por un  proyecto urbano puede tener el derecho a voz pero su participación no está considerada en el momento en que se toma una decisión. En este caso, la comunidad tiene una posición, pero las reglas de alcance y agregación en operación le impide ejercer influencia. Esta hipotética instancia de decisión no esta fija en el espacio-tiempo, las reglas sociales que la componen están siempre abiertas al debate, readecuaciones y transformaciones. Es justamente por la “fluidez” de las reglas sociales que la metodología aquí propuesta puede ser empleada no sólo para diagnosticar el funcionamiento interno de órganos de decisión y las relaciones de poder que ellos engendran, sino también para sugerir cambios en las reglas sociales para avanzar hacia un fin determinado, como lo pueden ser formas más inclusivas/participativas de gobernabilidad urbana.

 

 Reconstruyendo el borde de río de la ciudad de Concepción, Chile

 

Con el propósito de ofrecer una lectura sobre la articulación vertical del poder y cómo los distintos actores sociales son “estructurados” por condiciones más generales, se utilizarán en el análisis tres niveles funcionales. El nivel nacional define aquellos elementos que, en Chile, le dan el contexto a todo proyecto urbano. El nivel de coordinación representa a aquella instancia de decisión que otorga los lineamientos básicos para la ejecución de proyectos. Finalmente, el nivel operacional se refiere a las unidades ejecutoras que le dan expresión concreta al proyecto bajo análisis. Para cado uno de estos niveles se procederá a interpretar las reglas sociales escritas y no escritas que enmarcan el proyecto, siguiendo la categorización propuesta en el apartado anterior. Este ejercicio hará posible conocer los canales que se utilizan para ejercer el poder y las relaciones de poder que se establecen entre los actores sociales involucrados en el proyecto.

 

 

El Nivel Nacional

 

La política neoliberal implementada en Chile a contar de mediados de la década de los setenta, implicó una serie de cambios que afectaron el tejido social del país. Dentro de los límites de esta investigación resulta indispensable tener presente los siguientes cambios en la esfera decisional urbana. Los procesos de decisión pasaron a ser concebidos como apolíticos, como el resultado de la aplicación de cierta racionalidad neutra, y la disciplina de la economía pasó a ser el principal referente para la toma de decisiones. Por consiguiente, la única información válida en el proceso de toma de decisiones pasó a ser aquella generada a partir de rigurosos estudios técnicos. En el ámbito de las funciones de los organismos públicos, la contratación de funcionarios públicos por períodos breves y para realizar labores acotadas, pasó a ser práctica frecuente. Para la toma de decisiones, la búsqueda de consensos entre intereses dispares pasó a dominar por sobre el debate político. Como consecuencia de esta situación, la participación ciudadana en la toma de decisiones se vio fuertemente entrabada[iv][4].

 

Estos cambios pueden ser representados por la instauración de una gama de reglas sociales: reglas de posición estableciendo la primacía de ciertas disciplinas en órganos decisionales; reglas de borde que fomentaron el reemplazo de funcionarios públicos de carrera por consultores externos; reglas de alcance y agregación otorgando a ciertos actores una voz privilegiada en la toma de decisiones; reglas de información otorgando primacía a la información técnica por sobre consideraciones de orden político. Es en este contexto nacional donde la organización liderando el Proyecto Ribera Norte debía insertarse y amoldar su accionar.

 

A comienzos de la década de los noventa el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo decide nombrar un “coordinador” para llevar adelante el Proyecto Ribera Norte. Esta posición tenía una gama de reglas de alcance y autoridad que le permitió conformar rápidamente un equipo de trabajo constituido por consultores externos y establecer contactos con el gobierno local (Municipalidad de Concepción), la comunidad afectada y los potenciales inversionistas privados. De este modo, a pesar que este organismo de decisión fue nombrado por el nivel central del gobierno, enraizó su accionar dentro de la región, con el propósito de ganar legitimidad frente a la comunidad afectada y al gobierno local. El coordinador conformó, a mediados de la década de los noventa, dos unidades: la Unidad Técnica y la Unidad Social. La primera tenía por misión establecer contactos con el mundo empresarial, promover inversiones, llegar a acuerdos respecto al uso del suelo y avanzar en la modificación del Plan Regulador Comunal (plan de uso del suelo). El Jefe de  la Unidad Técnica, a su vez, conformó el Comité Técnico, donde confluyeron empresarios y profesionales de la Municipalidad de Concepción. La Unidad Social, en tanto, estableció canales de comunicaciones con las principales juntas de vecinos y organizaciones de base, en estrecha coordinación con la Municipalidad.

 

El coordinador del proyecto actuó principalmente en un nivel funcional intermedio, entre el gobierno nacional y las unidades operativas locales. Esta posición respondía directamente al Ministro de Vivienda y Urbanismo, relegando al representante del Ministro en la región a un segundo plano. Además, era responsable de dirigir el trabajo de ambas unidades y buscar una solución que evitara un conflicto espacio-político. A primeras luces, pareciese que el gobierno central operó de manera vertical, imponiendo una estructura piramidal de poder. Como se verá en el siguiente aparatado,  la situación resultó un tanto más compleja.

 

El Nivel de Coordinación

 

La conexión entre el nivel de coordinación y el nivel operativo era bastante directa. En efecto, el coordinador podía hacer uso de reglas informales de borde y autoridad para conformar y deshacer grupos de trabajo. La capacidad para ejercer el poder se basó en el poder estructural del Ministro de Vivienda y Urbanismo (capacidad de comando político), con quien el coordinador mantenía contactos frecuentes y directos, pudiendo contar con su respaldo ante un eventual conflicto con las autoridades regionales o locales. De este modo, tenía la capacidad de sortear instancias regionales de decisión e imponer su propia agenda. Un ex coordinador del Proyecto Ribera Norte reflexionó sobre el grado de autonomía que ésta organización alcanzó:

 

Siempre hemos trabajado así; el Proyecto Ribera Norte sin poseer un estatuto legal definido opera como si lo tuviera. Si esperamos que fuésemos una organización completamente legal nos sentaríamos a esperar por años….una de las cosas más increíbles del proyecto es que fuimos capaces de bypasear las autoridades regionales….desgraciadamente, es la única manera de hacer las cosas bien. El mayor respaldo no viene necesariamente de las autoridades, viene del poder que la gente nos da….si el proyecto falla, el problema de la autoridad no va a ser conmigo, va a ser con las 1200 familias que ocupan el sector La Costanera.

 

Este discurso muestra como la utilización de canales informales de gobernabilidad era una práctica habitual desde el inicio del proyecto. La legitimidad social alcanzada por esta iniciativa permitió redefinir la formar de ejercer el poder, debilitando a las burocracias tradicionales e imponiendo una modalidad de “hacer ciudad” basada en el dialogo informal con los actores que defendían intereses particulares.

 

El Nivel Operacional

 

La Unidad Técnica trabajaba en conjunto con inversionistas y actores municipales para llegar a acuerdos respecto al destino del área. El jefe de la unidad era “estructurado” por dos reglas de alcance. La primera prescribía que debía trabajar con la Municipalidad para llegar a acuerdos respecto al uso del suelo, trasladando el eje de la discusión desde el plano estrictamente local hacia un plano en donde convergían una gama de intereses sectoriales transversales. Dado que la Municipalidad era el único órgano electo y tenía la regla de autoridad que le permitía formular planes de uso del suelo, constituía una pieza clave para validar el proyecto ante la comunidad. La segunda regla de alcance prescribía que debía llegar a acuerdos con los inversionistas privados y asegurar su apoyo y concurso en la materialización del proyecto. Cabe apuntar que en la Unidad Técnica los ocupantes ilegales no tenían una posición para hacer oír su voz, sólo podían hacerlo indirectamente vía el gobierno local. En los últimos años, dos resultados han marcado el quehacer de la Unidad Técnica: la aprobación en 1998 de un plano de uso del suelo y la materialización de inversión privada significativa desde el año 2001 en adelante.

 

En la aprobación de Planes Reguladores no existen reglas de agregación prescribiendo cómo la Municipalidad debe considerar la opinión de los pobladores. Reflexionando sobre la participación ciudadana, un profesional de la municipalidad comentó:

 

El Plan Regulador [Plan de Uso del Suelo] requiere de la aprobación de los consejeros regionales…. eso es todo. Lo único que la municipalidad puede hacer es intentar realizar lobby con los actores regionales….en relación con la participación de la gente seré honesto con Ud. La gente simplemente no sabe, llegan aquí con preguntas triviales como si pueden o no instalar un pequeño almacén….entonces, pienso, la municipalidad tiene que seguir el procedimiento establecido por la ley, nada más: publicar el plan y sólo responder a aquellas observaciones que están relacionadas con lo que nosotros presentamos.

 

Estas palabras, además de reflejar la poca influencia del municipio en la aprobación del Plan de Uso del Suelo de la localidad, refleja la escasa relevancia otorgada a la participación de la gente, insinuando que son los “técnicos” los que “conocen” la solución más adecuada. Esta actitud frente a las demandas de las personas, fue encontrada en un número de entrevistas conducidas con personeros de la Municipalidad de Concepción, en donde el predominio de una mentalidad tecnocrática era bastante evidente. En relación con los potenciales inversionistas, ellos poseían un poder estructural bastante marcado, pues de ellos dependía, en definitiva, la materialización del proyecto (capacidad de comando). No obstante, este estamento no poseía el control total sobre la toma de decisiones, pues reconocían que una posición maximalista podría gatillar movilizaciones sociales y retrasar proyectos de inversión. Las entrevistas mostraron que aunque en la superficie se denotaba una apertura al diálogo y colaboración, en un plano más sutil los inversionistas mantenían un cierto nivel de recelo frente al accionar de la organización coordinando el  Proyecto Ribera Norte, temiendo la “politización” de la iniciativa. 

 

En relación con la Unidad Social, la regla de alcance prescribía que debía llegar a acuerdo con los grupos más representativos de los pobladores. Era en el comité social donde confluían representes de la Municipalidad y dirigentes poblacionales. La actitud de los ocupantes ilegales nunca fue pasiva. La organización que construyeron tenía la capacidad de ejercer poder agencial mediante presiones y demandas que eran expuestas en el seno del Comité Social. En la misma línea, marchas, manifestaciones y nuevas ocupaciones ilegales eran utilizadas como instrumentos de poder territorial,  para llegar con una posición fortalecida a la mesa de discusiones. Un ex Jefe de la Unidad Social reflexiona sobre la participación ciudadana en el marco de proyecto:

 

Lo primero que uno tiene que saber respecto a la participación ciudadana es que ésta debe contemplar una agenda precisa y conocer de antemano los mecanismos de negociación. Esto significa no pensar en la participación en términos idealistas, no pensar que lo que la masa diga es lo que debemos hacer. En ese caso, nosotros, los técnicos, estaríamos siempre subordinados a los políticos. El elemento más importante en una negociación es definir el escenario antes que los conflictos emerjan.

 

De este modo, las discusiones en el seno del Comité Social eran cuidadosamente planeadas y un conjunto de técnicas de control y manipulación social eran empleadas. Las reglas de alcance prescribían quien estaba dentro y fuera de la mesa de negociaciones y eran fijadas de antemano por técnicos y consultores que estaban trabajando para la Unidad Social. Una técnica particularmente efectiva empleada por la Unidad Social, era canalizar las demandas de los pobladores a través de una instancia única, evitando que las discusiones repercutieran en la Unidad Técnica. Esta maniobra sistemática logró establecer una regla de información, la cual permitió concentrar información táctica relevante para los jefes de la Unidad Social y Unidad Técnica, regulando efectivamente el flujo, almacenaje y uso de la información. Era solamente en el nivel de coordinación donde las piezas se juntaban y el Coordinador de Proyecto empleaba la regla de agregación que le permitía ejercer el poder estructural, derivado de su nexo con el Ministro de Vivienda y Urbanismo.

 

 Comentarios finales

 

La mecánica del poder descrita en la sección anterior, permitió que se impusiera la regla de distribución: “nadie gana todo, nadie pierde todo”. En efecto, los ocupantes ilegales no lograron permanecer en el lugar pero ejercieron su poder agencial para impedir la erradicación hacia la periferia de la ciudad y negociar soluciones habitacionales en un lugar situado a unos pocos kilómetros de su emplazamiento original, lo cual les permitió mantener excelentes niveles de conectividad con el centro de  la ciudad de Concepción. Los inversionistas privados, en tanto, interesados en una rápida “limpieza social” del lugar, sólo alcanzaron su objetivo parcialmente.

 

El caso de estudio analizado ilustra que la reestructuración capitalista influye, con fuerza, en la destrucción y reproducción del espacio urbano. Las reglas sociales impuestas por los procesos globales y nacionales impactan en la forma de hacer ciudad y en cómo los distintos actores confluyen en el gobierno de la ciudad. Esta relación, en todo caso, dista de ser determinista y en ella opera un conjunto de factores que a escala local repercuten sobre los resultados del proyecto. En efecto, en el caso de estudio, los ocupantes ilegales, en cuanto actores sociales estructurados operando en la esfera “local”, fueron capaces de impedir la erradicación hacia la periferia mediante la negociación, la movilización y la presión.

 

En el campo práctico, la identificación de los mecanismos y canales por medio de los cuales el poder se ejerce sobre la sociedad y el territorio constituye una información necesaria para modificar la situación mediante cambios en las reglas sociales que están estructurando el proceso y a los actores involucrados. Así, en el caso analizado, si se quiere avanzar en construir, por ejemplo, formas más inclusivas y participativas de “hacer ciudad”, parece necesario, cómo primera medida, romper con la separación de los canales de negociación impuesta por determinados intereses.   

 

 

El marco metodológico desarrollado en la segunda sección demostró su utilidad para descifrar relaciones de poder y los canales que los actores sociales utilizaron para avanzar  determinadas agendas. La aplicación conjunta de la noción de reglas sociales y niveles funcionales permitió leer la articulación vertical del poder. Uno de los sustentos básicos del marco metodológico aquí propuesto y aplicado es que los actores sociales son conscientes de las reglas sociales que enmarcan su accionar y son capaces de desplegar una serie de tácticas y estrategias para alcanzar ciertos resultados. En efecto, tanto los inversionistas privados, los ocupantes ilegales como sectores de gobierno tuvieron un rol activo en la construcción de una particular forma de gobernar la ciudad: cada uno de ellos reconoció las oportunidades y restricciones impuestas por la estructura social vigente e intentaron avanzar sus fines mediante las estrategias esbozadas en el tercer apartado de esta comunicación. La interpretación de las reglas sociales que operan en distintas escalas funcionales permite, por tanto, un análisis sistemático y riguroso de las formas en que se ejerce el poder y las relaciones de poder derivadas de la acción de los “agentes estructurados”: actores sociales limitados y posibilitados por la estructura social presente.

 

La aplicación de esta metodología en estudios empíricos debe sortear cuatro fases críticas. Primero, la definición del conjunto de actores que ocupan posiciones estratégicas requiere de una fase de investigación preliminar para determinar el alcance de cada actor; esto es, investigar que resultados del proceso de toma de decisiones cada actor es capaz de modificar. Segundo, se debe establecer el nivel funcional en que cada actor social opera, para lo cual resulta necesario analizar reglas sociales formales y realizar una serie de entrevistas preliminares. Una tercera fase crítica consiste en conducir entrevistas semi-estructuradas dirigidas, explícitamente, a establecer las reglas sociales que enmarcan el accionar de cada actor estratégico. Finalmente, se requiere examinar cómo las reglas operando en niveles más generales limitan y posibilitan el accionar individual. Esta aproximación  permite realizar una lectura sobre la manera en que los actores responden a incentivos y desincentivo del medio mediante tácticas y estrategias diseñadas y ejecutas para obtener cierto resultado.

 

Esta forma de entender el proceso de toma de decisiones respecto a la ciudad, lleva a concebir las instancias de gobernabilidad urbana no como algo fijo en el espacio-tiempo, sino como arreglos sociales en constante transformación, en la medida que los actores involucrados modifican sus estrategias en función de los resultados que van alcanzando.

 

 



Notas

 

[i][1] Este trabajo contó con la colaboración de estudiantes de postgrado de la Universidad de Arizona, EE.UU; estoy en deuda con todos ellos. En particular, deseo extender mi gratitud al profesor Dr. Marvin Waterston, de quien siempre recibí un apoyo incondicional  y críticas constructivas. Se agradece, asimismo, la ayuda financiera otorgada por la Fundación Tinker y por el Departamento de Geografía de la Universidad de Arizona, EE.UU., para solventar un trabajo inicial de terreno conducido el año 2001.

 

[ii][2] Véase Swyngedouw 1997; MacLeod y Goodwin 1999; Swyngedouw y Baeten 2001

 

[iii][3] Véase, en especial, Foucault 1979

 

[iv][4] Véase Carruthers 2001; Silva 1995, 1996; Silva 1998; Valdés 1995

 


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© Copyright Hugo Marcelo Zunino, 2005

© Copyright Scripta Nova, 2005

Ficha bibliográfica:

ZUNINO, H. Construyendo ciudad desde lo local en lo global: el caso del proyecto Ribera Norte, Concepción, Chile. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2005, vol. IX, núm. 194 (86). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-86.htm> [ISSN: 1138-9788]

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