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Índice de Scripta Nova

Scripta Nova REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98 Vol. XIV, núm. 331 (63), 1 de agosto de 2010 [Nueva serie de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana]

 

LA REFORMA AMBIENTAL DE LAS CIUDADES.
VISIONES Y PROPUESTAS DEL MOVIMIENTO VECINAL DE BARCELONA

M. Àngels Alió
Universidad de Barcelona
alio@ub.edu

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La reforma ambiental de las ciudades. Visiones y propuestas del movimiento vecinal de Barcelona (Resumen)

Las ciudades contribuyen de forma decisiva a la degradación del medio ambiente a escala local, regional y global. Frente a esta situación, en las últimas décadas han ganado terreno una serie de planteamientos teóricos que apuntan a una reforma del actual modelo de funcionamiento urbano. Dichas formulaciones proponen intervenir en una pluralidad de frentes –economía, política, urbanismo, etc.– para mitigar los impactos ambientales que se dan cita en los espacios urbanos, siendo de destacar la importancia que se otorga a la participación de la ciudadanía en este proceso de transformación ecológica de las ciudades. En este trabajo se examinan las reivindicaciones de seis colectivos ciudadanos de Barcelona, mostrando cómo se articulan con las aportaciones teóricas que abogan por una reforma de las políticas urbanas atendiendo a la dimensión ambiental.

Palabras clave: reforma ambiental urbana, participación ciudadana, implicación ciudadana, colectivos de vecinos, Barcelona.

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The urban environmental reform. Views and proposals of the neighborhood movement in Barcelona (Abstract)

Cities contribute decisively to the degradation of the local, regional and global environment. In view of this situation, in recent decades some theoretical approaches that aim to reform the current urban operation model has been gaining ground. These formulations propose interventions in a plurality of spheres –economic, politics, town planning, etc.– to mitigate the environmental impacts that generate urban spaces, highlighting the importance given to the participation of population in this process of urban transformation. This paper examines the claims of six citizen associations of Barcelona, showing how they articulate with the theoretical contributions that advocate a change of urban policies according to the environmental criteria.

Key words: urban environmental reform, citizen participation, citizen involvement, neighborhood associations, Barcelona.

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En los tres últimos cursos 2007, 2008 y 2009 el Equipo de Investigación en Ecología Social y Planeamiento Participativo organizó seminarios sobre la teoría y la práctica de la participación ciudadana en el planeamiento ambiental, urbano y territorial[1]. A estos seminarios se invitó a representantes de asociaciones ciudadanas de distintas partes de Cataluña para que explicaran sus reivindicaciones y debatieran sus propuestas con los profesores y los estudiantes asistentes. La organización de estas sesiones permitió entrar en contacto con seis colectivos vecinales de Barcelona, que aun presentando grandes diferencias entre ellos, tienen en común el haber generado propuestas de intervención urbana que atienden a la protección del medio ambiente de la ciudad.

En este trabajo se realiza un ensayo de interpretación de las reivindicaciones de estos colectivos a la vista de las formulaciones teóricas de lo que hemos denominado la reforma ambiental urbana. Bajo este concepto, que desarrollamos en los dos primeros apartados, agrupamos distintas propuestas de intervención en el medio físico y social de la ciudad destinadas a mitigar los procesos de degradación ambiental que genera el actual modelo de funcionamiento urbano. En el primer apartado analizamos los rasgos esenciales de esta reforma, haciendo hincapié en las propuestas que apuntan a un cambio de las pautas de intervención urbanística. A continuación, examinamos los distintos enfoques sobre el papel de la participación ciudadana en este proceso de transformación ecológica de las ciudades. Por último, presentamos los seis casos de estudio y explicamos la relación de las reivindicaciones y propuestas de los colectivos analizados con los supuestos teóricos de la reforma ambiental urbana.

La reforma ambiental urbana: una propuesta de intervención en las ciudades

Desde sus inicios, las ciudades se han visto afectadas por procesos de degradación ambiental de diversa índole y gravedad, y el interés por los mismos, lejos de ser un fenómeno reciente, ha estado presente en todas las civilizaciones urbanas[2]. Con todo, es indiscutible que, actualmente, las consecuencias ecológicas del funcionamiento de las ciudades son de una magnitud que no tiene comparación en la historia de la humanidad. Durante la última centuria se ha producido una extraordinaria expansión de la urbanización, que ha llevado a multiplicar por trece el número total de personas que residen en ciudades. En la actualidad, alrededor de la mitad de la población del mundo ya es urbana, proporción que en las próximas décadas no dejará de crecer[3]. Este imparable avance de la urbanización ha comportado un aumento sin precedentes de la demanda de recursos naturales y de las emisiones contaminantes, agravando peligrosamente la intensidad de los problemas ambientales que se dan cita en las ciudades[4]. Pero el aspecto más novedoso e inquietante de la actual situación se refiere al alcance de los impactos, ya que hoy día la degradación ambiental ocasionada por los espacios urbanos trasciende claramente las escalas local y regional para afectar al conjunto del planeta.

El metabolismo de las ciudades presenta ciertos rasgos característicos que lo diferencian del resto de ecosistemas, como por ejemplo el predominio de los procesos exosomáticos, la elevada tasa de consumo de recursos y la generación de grandes cantidades de residuos[5]. Siendo estas mismas particularidades las que explican que las áreas urbanas, que ocupan “solamente” el 2 por ciento de la superficie de la Tierra, utilicen alrededor del 75 por ciento de los recursos mundiales y expulsen cantidades similares de residuos[6], contribuyendo decisivamente a la alteración del medio ambiente a escala local, regional y global. Estudios como el del Best Food Forward, que evalúa la huella ecológica del Gran Londres en 49 millones de hectáreas –293 veces la superficie de la ciudad–[7], revelan que el actual modelo de comportamiento de las ciudades es inviable desde un punto de vista ecológico. De ahí que sea necesario reconsiderar las pautas de funcionamiento de los sistemas urbanos mediante aproximaciones que superen los habituales enfoques sectoriales y que atiendan a las relaciones que la ciudad mantiene con el resto del territorio. Como dice José Manuel Naredo, “hay que preocuparse del funcionamiento del sistema urbano en su conjunto y, para ello, hace falta volver a considerar la ciudad como proyecto [de futuro]”[8].

Hace unos años propusimos la reforma ambiental urbana como un proceso de transformación ecológica de las ciudades que debería implicar profundos cambios sociales, políticos y económicos[9]. En la línea de lo que ya señalaba en 1990 el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano de la Comunidad Económica Europea, los problemas ambientales de las ciudades son manifestaciones de una crisis más profunda que, tarde o temprano, obligará a replantear los actuales modelos de organización y desarrollo urbano[10], lo que exigirá intervenir en una gran pluralidad de frentes. Debemos al alemán Ekhart Hahn una primera sistematización de los distintos vectores implicados en este proceso de cambio, que él denomina reestructuración urbana ecológica[11]. Para este autor existen tres ámbitos de actuación que se superponen y complementan entre sí: 1) la tecnología y el diseño urbano, 2) la democracia de base y la comunicación ambiental y 3) la economía urbana y la administración pública. En particular, los dos últimos ámbitos hacen referencia a los cambios que deberían producirse en las estructuras económicas, sociales y políticas, y sin cuyo concurso la reforma ambiental urbana quedaría relegada a simple retórica. En esta misma línea, Herbert Girardet apunta que no se logrará reducir los impactos urbanos sin antes modificar los sistemas de valores que sustentan a las ciudades[12].

Conviene resaltar la importancia de los aspectos políticos y administrativos, ya que son imprescindibles para convertir en norma las innovaciones que pueden introducirse por la vía de la técnica y la urbanística. Encontramos una muestra de ello en la energía solar, cuya introducción masiva en las ciudades precisa de ordenanzas municipales que la propicien. Este ejemplo, y otros que podrían mencionarse, demuestran que el sector público debe ser un agente clave de la reforma ambiental que se reclama y que ésta no queda ni mucho menos agotada con el llamado urbanismo ecológico, al que se puede considerar como una dimensión más del proceso de transformación ecológica de las ciudades.

A pesar a ello, nos interesa introducir brevemente el urbanismo ecológico porque es indudable que el planeamiento urbano puede ser considerado como una herramienta destinada a proyectar espacialmente las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales[13]. En las últimas décadas, a medida que la crisis ecológica se tornaba más evidente, han ido ganando terreno una serie de propuestas que abogan por reformar las pautas de intervención urbanística atendiendo a la dimensión ecológica. Esta tendencia, cuyo origen puede remontarse a los años ochenta, se conecta con los planteamientos del pensamiento posmoderno, ya que la crítica al enfoque funcionalista y la defensa de los particularismos locales constituyen dos de los rasgos más genuinos del urbanismo ecológico[14]. Sin embargo, conviene tener presente que desde fines del siglo XIX se han venido planteando diversos modelos urbanísticos que tienen implícita una visión ecológica de las relaciones que la ciudad y la sociedad urbana mantienen con su entorno. Se suele destacar el carácter pionero de las obras de Ebenezer Howard, Patrick Geddes y Lewis Mumford[15], aunque podrían citarse otros muchos ejemplos sobresalientes de aplicación temprana de criterios ecológicos en la planificación espacial. Así, por ejemplo, el artículo “Regional Planning and Ecology” publicado por Benton Mackaye en 1940 nos parece un precedente digno de mención, ya que en este trabajo el ingeniero forestal argumentó, con suma lucidez, que el objeto de la planificación territorial son las relaciones entre el hombre y su medio ambiente. En el terreno práctico también se han desarrollado experiencias que, pese al posterior avance del conocimiento técnico y científico, continúan siendo ejemplares para la actual planificación ecológica de los ámbitos urbanos. Los proyectos realizados por el despacho WMRT, abierto por David Wallace e Ian L. McHarg en 1962, son una clara muestra de ello[16].

El urbanismo ecológico contemporáneo bebe de estas fuentes y, al mismo tiempo, se apoya en una sólida base de estudios de ecología urbana[17]. La preservación de la naturaleza constituye el principio o supuesto básico de intervención, lo que se concreta en una amplia y heterogenia gama de propuestas destinadas a salvaguardar los ecosistemas naturales. La del holandés Tjeerd Deelstra constituye una de las más elaboradas ya que incluye actuaciones que trascienden el ámbito del diseño físico para adentrarse en campos como el de la energía, el agua o los residuos[18]. Pero quizá sea en Estados Unidos donde las formulaciones del urbanismo ecológico, respaldadas por un potente aparato mediático, han alcanzado un mayor grado de notoriedad. Entre la diversidad de corrientes surgidas en los últimos años podemos mencionar el movimiento Smart Growth, que trata de combatir la dispersión urbana con propuestas dirigidas a incrementar el aprovechamiento del patrimonio construido[19]. Otra iniciativa interesante es la asociación New Urbanism, que ha aprobado un decálogo de principios que apuntan a una revalorización de las tramas densas y la heterogeneidad funcional[20].

Sería vano tratar de abarcar todas las propuestas de intervención dado que el urbanismo ecológico engloba aproximaciones de alcance y contenidos muy desiguales. Todas las formulaciones aportan elementos interesantes y revelan una preocupación creciente por el medio ambiente. De todos modos, debemos señalar, siguiendo a Fernando Gaja, que el urbanismo sólo contribuirá a afrontar el reto que plantea la crisis ecológica si fija límites al crecimiento, lo que supone asumir el final de la era de las grandes expansiones urbanas y propiciar una reducción absoluta del consumo de insumos urbanos[21]. En otras palabras, el urbanismo ecológico es, o debería ser, el urbanismo del decrecimiento[22].

La participación ciudadana como condición de la reforma ambiental

Transcurridas casi dos décadas desde que Hahn presentara su propuesta de reestructuración urbana ecológica, está fuera de discusión que la participación de los ciudadanos en las decisiones relativas a los cambios que deberían producirse es una condición indispensable de la reforma ambiental urbana. Sin embargo, hay distintas visiones sobre el modo en que los habitantes pueden involucrarse en los procesos de deliberación, lo que se traduce en un gran abanico de posibilidades de participación. En un intento de sistematizar esta diversidad de posibilidades, se puede considerar que existen dos grandes grupos de estrategias e instrumentos participativos. Por un lado, los que contempla el enfoque oficial sobre el papel que se otorga a la población en los procesos de toma de decisiones; por el otro, los que subyacen bajo el planteamiento que hace la misma ciudadanía respecto a la vida pública y, particularmente, respecto a su ciudad.

En el primer caso se trata de un planteamiento que entronca con las estructuras de poder y el liderazgo político, y que, como tal, se concreta de diversas maneras, que pueden agruparse en dos grandes modalidades. En primer lugar, la modalidad de la democracia directa, que contempla la utilización de instrumentos de deliberación y toma de decisiones por parte de la ciudadanía, como por ejemplo los referéndums y las iniciativas parlamentarias ciudadanas[23]. En segundo lugar, se encuentra el modelo de la concertación, que persigue alcanzar acuerdos puntuales en contextos de conflicto entre distintos actores. Este modelo incluye diversas formas de participación para la búsqueda de esos acuerdos, aun cuando la capacidad decisoria siempre queda reservada al poder político. El modelo de la concertación tiende a aplicarse en circunstancias especiales de conflicto, siendo el caso, por ejemplo, de las agendas 21 locales, que constituyen un ámbito de aplicación por excelencia de este tipo de política participativa. De todos modos, existe una gran diversidad de experiencias en la utilización de los instrumentos de participación, pudiéndose encontrar desde magníficos ejemplos hasta casos de muy débil –cuando no burda– aplicación del concepto de participación. Esto último se detecta, sobre todo, cuando las expectativas ciudadanas en torno a la sostenibilidad urbana interfieren con los planes oficiales, lo que contribuye a acrecentar el distanciamiento entre la población y la administración[24].

De forma independiente se ha ido forjando un segundo planteamiento que hunde sus raíces en la práctica reivindicativa de los ciudadanos. Dicho planteamiento se desarrolla, por tanto, en el contexto de los procesos políticos protagonizados por los movimientos sociales, que muy a menudo se expresan a través de reivindicaciones del tercer sector, incluyéndose aquí las movilizaciones para la defensa del medio ambiente. A pesar de su importante significado para el cambio de mentalidades y el aumento de la concienciación ambiental, dichas reivindicaciones todavía son insuficientemente valoradas por los técnicos que elaboran los proyectos oficiales y los políticos que toman las decisiones finales. Lo que explica, precisamente, el actual contexto de desacuerdo casi permanente entre una parte de la ciudadanía y la administración municipal.

Murray Bookchin fue uno de los primeros en teorizar sobre la participación de la población en el proceso de transformación ecológica de las ciudades. El autor esgrimía dos grandes motivos a la hora de defender la implicación activa de los ciudadanos. Por un lado, y desde su posicionamiento del anarquismo municipalista, propugnaba que el cambio hacia ciudades en armonía con la naturaleza debía desarrollarse de forma paralela a un proceso de formación de ciudadanos libres y responsables con su vida y con el espacio donde viven[25]. Por el otro, aducía un argumento estratégico válido en el contexto de los Estados Unidos de los años sesenta y setenta, cuando la población implicada con la protección del medio ambiente podía aprovechar la debilidad de las estructuras políticas y administrativas locales para impulsar proyectos de cambio[26]. Desde entonces el número de movimientos reivindicativos ciudadanos no ha dejado de aumentar, y ello a pesar de que las alianzas entre el poder político y los sistemas tecnológico-financieros han ido progresivamente acotando el margen de maniobra de los ciudadanos. Lo cual podría haber favorecido el surgimiento del modelo de la concertación al que nos hemos referido antes.

En este sentido, es interesante recordar los planteamientos de Daniel A. Coleman, quien, siguiendo las ideas de Bookchin, afirma que el cambio hacia una sociedad más ecológica debe llevarse a cabo mediante un proceso de carácter transicional[27]. Ello significa utilizar los instrumentos legales existentes para impulsar iniciativas de transformación en los distintos sectores y escalas, siendo la participación y la implicación de la población una condición imprescindible de este proceso, incluso más necesaria que los mismos cambios materiales y tecnológicos que es preciso introducir. A tenor de ello, puede deducirse que Coleman formula un modelo de transición ambiental basado en las reglas de la democracia para promover la transformación hacia una sociedad en armonía con la naturaleza, con lo que no concibe dicha transformación como un cambio revolucionario o de ruptura, sino como un proceso de desarrollo gradual de cambios impulsados por la población. De este modo, podemos hablar de un desenvolvimiento de sucesos que, al desplegarse progresivamente e interactuar entre sí, permite ir avanzando paulatinamente en la reforma ambiental urbana.

Ello nos lleva a reconsiderar los dos factores contrapuestos que hemos apuntado al hablar de las propuestas de Bookchin. En primer lugar, la capacidad de la participación e implicación ciudadanas para promover los cambios que es preciso suscitar en el sistema político y administrativo[28]. Tarea especialmente ardua en un contexto en el que, como ya se ha dicho, el sistema político-administrativo de las ciudades está condicionado por sus alianzas con el sector tecnológico-financiero y por el paradigma del crecimiento. Y, en segundo lugar, el desarrollo de una mentalidad por parte de la población urbana que favorece y refuerza el discurso sobre el medio ambiente. Una prueba de que este proceso se está produciendo la encontramos en el actual florecimiento de propuestas ecológicas alternativas formuladas por sectores de población urbana. Piénsese, por ejemplo, en el modelo de las transition towns, que requieren altas dosis de implicación ambiental y de participación ciudadana. Asimismo, piénsese en la difusión de experiencias de economía social y cooperativa, que en los últimos años se está introduciendo en el sector de los servicios terciarios –banca, seguros, etc.–, expandiéndose, de este modo, más allá del tradicional ámbito agrícola.

Viejas reivindicaciones y nuevas expectativas ciudadanas en Barcelona

Como ya dijimos, en los seminarios organizados por el Equipo de Investigación en Ecología Social y Planeamiento Participativo han intervenido seis colectivos vecinales de la ciudad de Barcelona. Se trata de la asociación de vecinos Racó de Les Corts, el Centro de Estudios de Montjuïc, el colectivo Forat de la Vergonya, el colectivo Solar per al Barri, la Asociación de Vecinos del Poblenou y la Plataforma SOS Tibidabo. Veamos, a continuación, qué reivindicaciones plantean estos grupos y cómo se relacionan con los planteamientos de la reforma ambiental urbana.

Los colectivos ciudadanos estudiados

Aunque existen diferencias importantes entre los seis colectivos, todos ellos coinciden en señalar que la política municipal barcelonesa muestra una notable falta de sensibilidad ante las demandas expresadas por los ciudadanos. Gracias a ellos, en los seminarios se puso de manifiesto que las asociaciones vecinales no sólo se oponen a los proyectos del Ayuntamiento, sino que también formulan propuestas alternativas que atienden a aspectos inicialmente no considerados por los políticos y técnicos municipales. Uno de estos aspectos es la protección del medio ambiente, lo que podría indicar que la concienciación ambiental constituye uno de los rasgos característicos del movimiento vecinal contemporáneo.

El grupo Racó de Les Corts representa un buen ejemplo de esta creciente preocupación ambiental adquirida por los vecinos de Barcelona. Dicha organización puede ser considerada como una asociación de vecinos “clásica”, tanto por su origen como por el objetivo genérico que persigue. Éste consiste en la mejora de las condiciones de vida del barrio, para lo cual la asociación plantea reivindicaciones en una pluralidad de ámbitos: vivienda, equipamientos, movilidad, arquitectura, etc. Entre las actividades recientemente desarrolladas por este colectivo conviene destacar la oposición al proyecto “Barça 2000”, finalmente retirado, que preveía convertir los terrenos anexos al estadio del Fútbol Club Barcelona en un gran centro de ocio con capacidad para atraer a unos siete millones de visitantes al año[29]. Más recientemente, Racó de Les Corts se ha unido a colectivos de los municipios vecinos de Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat y l'Hospitalet de Llobregat para constituir la Plataforma Diagonal Ponent, a través de la cual se canaliza la oposición ciudadana a los proyectos inmobiliarios que afectan al sector occidental de la Diagonal, principal avenida de la ciudad. Entre los motivos que se esgrimen para rechazar estos proyectos se encuentra el impacto ambiental que ocasionará la construcción de cerca de 500.000 metros cuadrados de techo, siendo de destacar la afectación a una serie de torrentes que conectan la sierra de Collserola, al noroeste de Barcelona, con el litoral de la ciudad.

La AV del Poblenou presenta características similares a Racó de Les Corts. Desde los años setenta esta asociación de vecinos viene desarrollando una intensa actividad reivindicativa para mejorar la calidad de vida del barrio, centrándose, especialmente, en la demanda de nuevos equipamientos públicos. Desde hace más de una década también viene exigiendo la preservación del patrimonio industrial del Poblenou, que en la actualidad se encuentra amenazado por la ejecución del denominado 22@bcn, plan que pretende hacer del barrio un polo de innovación en el campo de las TIC[30]. La asociación está vinculada al Forum Ribera Besós, que ha presentado propuestas alternativas a este proyecto municipal esgrimiendo, entre otras razones, que la pérdida del legado industrial decimonónico implica una discontinuidad en la percepción colectiva de la historia contemporánea de Barcelona[31]. La degradación ambiental también forma parte de las prioridades de la AV del Poblenou, que, por ejemplo, está denunciando el cierre de los llamados Punts Verds, instalaciones destinadas a la recogida de materiales especiales de deshecho.

Solar per al Barri y Forat de la Vergonya son dos colectivos surgidos en el casco antiguo de Barcelona, donde la política de rehabilitaciones seguida por el Ayuntamiento ha originado conflictos urbanos que presentan algunos rasgos característicos[32]. A diferencia de los casos anteriores, se trata de grupos organizados para alcanzar unos objetivos concretos, desviándose, por ello, del modelo habitual de las asociaciones de vecinos, a pesar de que estas últimas también formen parte de ambos colectivos. El origen de Solar per al Barri se remonta al año 2003, cuando se produjo el derribo de las piscinas municipales Folch i Torres del barrio del Raval. En el nuevo solar el Ayuntamiento preveía la construcción de treinta viviendas en un nuevo edificio de once plantas, operación que se complementaría con la abertura de un nuevo vial que debía contribuir al esponjamiento urbanístico del barrio. Los vecinos se opusieron a este proyecto esgrimiendo, entre otros motivos, el proceso de privatización y el impacto visual que suponía, y reclamaron la construcción de un edificio que albergara equipamientos para la población del barrio y viviendas de protección oficial, las cuales deberían ser ocupadas, preferentemente, por personas mayores[33].

El conflicto vecinal surgido en torno al llamado Forat de la Vergonya (“Agujero de la Vergüenza”) se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la ciudad y ha sido abordado en algunas publicaciones[34]. El conflicto se originó a raíz de los derribos de manzanas realizados a principios de los años 2000 en los aledaños del mercado de Santa Caterina, operación que, entre otras consecuencias, dio lugar a la formación de un enorme solar de más de 5.000 metros cuadrados en el que el Ayuntamiento pretendía construir viviendas y un gran garaje. Desde el primer momento el vecindario se opuso a los planes municipales y reclamó la creación de un área verde para el barrio. Ante la parsimonia del consistorio, que, momentáneamente, paralizó la ejecución de las obras dejando el solar en un estado lamentable, los vecinos decidieron ocupar el terreno con plantas que ellos mismos se habían procurado. Fue así cómo durante cerca de dos años el Pou de la Figuera, que es el nombre oficial de este espacio, funcionó como un área verde autogestionada. En 2006 el Ayuntamiento arrasó las instalaciones creadas por el vecindario, aunque después de un corto periodo de participación formal con los vecinos decidió abandonar sus planes iniciales y convertir el Forat en una plaza pública con muchas de las características reivindicadas por la población.

La Plataforma SOS Tibidabo y el Centro de Estudios de Montjuïc plantean reivindicaciones que se refieren a espacios localizados en los límites de la ciudad compacta, por lo que pueden ser incluidas dentro de un tercer grupo de colectivos. La primera está compuesta por los vecinos de las casas localizadas en la cima del Tibidabo –montaña próxima a Barcelona– y cercanas al parque de atracciones fundado en 1901. Históricamente, esta instalación lúdica ha mantenido un carácter “familiar” y no ha implicado una agresión importante al patrimonio natural de la montaña. Sin embargo, en el año 2000 el Ayuntamiento adquirió la propiedad del parque e inició diversas actuaciones que sí suponen un fuerte impacto ambiental. La Plataforma ha tratado, en vano, de impedir la ejecución de las obras presentando alegaciones y encargando informes técnicos independientes que demuestran las afectaciones ambientales de las obras. Entre las actuaciones más controvertidas se encuentra la construcción de una gran montaña rusa, inaugurada en 2008, que ha supuesto la destrucción de un encinar de gran valor ecológico[35].

El Centro de Estudios de Montjuïc se creó en 2006 como organismo independiente –aunque conectado a las asociaciones de los barrios cercanos a la montaña– para fomentar el estudio de este sector e impulsar el debate ciudadano sobre su futuro[36]. Aunque este centro se interesa por una gran diversidad de aspectos, ha prestado una gran atención al medio natural de la montaña, que pese al avance de la urbanización todavía conserva algunos reductos de cierto valor ecológico: el acantilado (Morrot), el camino de l’Esparver, la balsa de la Foixarda, etc. En 2007 presentó junto a DEPANA y Galanthus una Proposta de protecció de la muntanya de Montjuïc donde se plantea convertir el Morrot y la Foixarda en una reserva natural parcial, figura que permitiría salvaguardar su biodiversidad[37]. Frente a ello, el Ayuntamiento ha elaborado un plan de usos que contempla actuaciones como la construcción de un túnel, la instalación de unas cocheras y el aumento de la anchura de los viales. Según el Centro de Estudios, este plan supone una agresión contra el escaso patrimonio natural que subsiste en la montaña, y contradice las disposiciones de la Agenda 21 Local de Barcelona relativas a este espacio.

La articulación de las propuestas con los supuestos de la reforma ambiental urbana

Una vez presentadas las características generales de cada colectivo ciudadano, vamos a centrarnos en aquellos aspectos que guardan relación con los planteamientos de la reforma ambiental urbana. A grandes rasgos, las reivindicaciones planteadas por los colectivos estudiados se refieren a tres grandes ámbitos temáticos: los espacios verdes, los equipamientos y el patrimonio urbano. Sin duda, existe una larga tradición reivindicativa en relación a estas tres materias; sin embargo, en la actualidad la preocupación por las mismas se inserta en un nuevo marco de expectativas ciudadanas entre las que la calidad ambiental ocupa un lugar destacado.

Conviene diferenciar dos tipologías básicas de espacios verdes según se ubiquen en el interior de la ciudad o en los límites del tejido compacto. En cuanto a los primeros, los colectivos estudiados tienden a enfatizar su función como ámbito para las relaciones sociales, ya que además de reivindicar espacios ajardinados y libres de edificación, también demandan áreas para el juego, el descanso, el paseo, etc. Aunque la reivindicación de verde urbano constituye una constante de la historia cívica de Barcelona[38], en estos momentos está adoptando nuevas formas y características, lo que podemos ejemplificar con la propuesta del colectivo Forat de la Vergonya. En su proyecto de plaza ajardinada autogestionada se incluía un área de huertos urbanos cultivados por los vecinos, hecho que denota nuevas posibilidades de concepción de los espacios verdes. Actualmente, estos huertos están siendo utilizados como recurso pedagógico por las escuelas del barrio, aunque todavía quedan pendientes de resolver algunos aspectos relativos a su inserción en el conjunto de la plaza.

Este primer tipo de espacios verdes se diferencian de aquellos otros localizados en los límites de la ciudad compacta, calificados en el Plan General Metropolitano de 1976 como zonas verdes, pero sobre los que actualmente existe una gran presión urbanística debido a las expectativas del negocio inmobiliario. Ello explica que numerosos colectivos ciudadanos insistan en la necesidad de salvaguardar estos entornos naturales, que, ciertamente, han experimentado muchos cambios en su biotopo, pero que, al fin y al cabo, conservan sus topografías y algunos elementos de sus ecosistemas originales. En este sentido, resulta ejemplar la propuesta de Racó de Les Corts para garantizar la conservación de los torrentes localizados entre los límites de los municipios de Barcelona, Esplugues de Llobregat y l’Hospitalet de Llobregat. También es interesante el caso de Montjuïc, montaña que, históricamente, ha cumplido una función de franja marginal urbana, absorbiendo diferentes usos extensivos: instalaciones militares, canteras, vertederos, salones de exposiciones, viviendas de autoconstrucción, equipamientos deportivos, etc. Pero aunque pequeña, Montjuïc es, al fin y al cabo, una montaña, razón por la que el Centro de Estudios y las asociaciones de vecinos de los barrios cercanos han comenzado a reivindicar su posible recuperación como área natural. Al respecto, conviene destacar la campaña emprendida para preservar el acantilado y un pequeño prado en el que las aves realizan sus escalas durante las migraciones a lo largo del litoral mediterráneo. Con este tipo de propuestas, que históricamente eran exclusivas del movimiento ecologista, los colectivos de vecinos se acercan a los planteamientos del urbanismo ecológico, que aboga por preservar los ecosistemas naturales cercanos a la ciudad transformándolos en un elemento esencial del proceso de urbanización.

Otro rasgo característico de los colectivos analizados es la reivindicación del barrio como ámbito de la vida cotidiana de sus vecinos, y el rechazo a un uso esporádico y multitudinario de la calle. Ello se detecta de forma muy clara en las demandas ciudadanas de equipamientos públicos. En efecto, aun cuando la política seguida por el Ayuntamiento en esta materia puede calificarse, en términos generales, de positiva, existen importantes déficits de pequeños equipamientos de proximidad, tales como jardines de infancia, hogares de ancianos o salas polivalentes. Espacios, en suma, en los que se proporcionan servicios a los vecinos y que permiten desarrollar facetas de la vida cotidiana en el mismo barrio o en sus cercanías. En este sentido, resulta interesante el caso de Solar per al Barri. En un primer momento los vecinos se opusieron al derribo de las piscinas Folch i Torres alegando que no sólo tenían un uso deportivo, sino que también cumplían funciones de soporte vecinal que no podían ser asumidas en ningún otro lugar del barrio del Raval. Después de su demolición, los vecinos propusieron como alternativa al proyecto municipal la construcción de un edificio polivalente que albergaría unas nuevas piscinas, un jardín de infancia y salas de reuniones, además de viviendas tuteladas para los ancianos del barrio.

Esta insistencia en el carácter vecinal y de proximidad que deberían tener las intervenciones en la ciudad también se encuentra en algunas formulaciones teóricas de la reforma ambiental urbana. De forma muy evidente en la de Hahn, que propone la creación de unos equipamientos, denominados ecoestaciones, planteados como símbolos del diseñó arquitectónico ecológico y concebidos como centros de comunicación y cultura ambiental mantenidos por la comunidad. Por otro lado, Bookchin sostiene que la transición hacia una sociedad más ecológica requiere la implicación de los ciudadanos respecto a sus barrios y entornos más inmediatos. El conflicto del Forat de la Vergonya ilustra esta faceta tan relevante de la reforma ambiental urbana. En el proyecto inicial del Ayuntamiento se contemplaba la construcción de un gran garaje, lo que significaba potenciar el uso del automóvil privado en un barrio caracterizado por una trama de calles estrechas, de modo que se planteaba un uso del solar alejado de las necesidades cotidianas de la mayoría de los vecinos.

Conviene, asimismo, aludir a las demandas de la AV del Poblenou, barrio que conserva un importante patrimonio arquitectónico-industrial. Gracias a la presión vecinal algunos viejos recintos manufactureros se han transformado en parques y equipamientos públicos, pero otras instalaciones no han corrido la misma suerte y han sido objeto de una intensa revalorización inmobiliaria. En uno de los seminarios, la asociación presentó su propuesta de preservación de Can Ricart, una antigua fábrica textil que los vecinos desean recuperar como patrimonio colectivo convirtiendo el recinto en un centro de servicios para el barrio.

La participación y la implicación vecinales

Las transformaciones urbanísticas experimentadas por Barcelona desde la década de los ochenta han sido valoradas de forma muy positiva por diversos especialistas, tanto españoles como extranjeros[39]. Bajo la etiqueta de modelo Barcelona, cuyos rasgos se examinan en numerosas publicaciones[40], la ciudad ha sido promocionada como un ejemplo a seguir en distintos campos de la gestión municipal, entre los cuales el de la participación ciudadana[41]. El mismo Ayuntamiento explica que sus políticas urbanas “conforman un modelo de ciudad cuyo principal objetivo es profundizar en la democracia local y acercar la administración al ciudadano”, y que dicha complicidad “ha sido posible mediante la creación de nuevas fórmulas de participación ciudadana y voluntariado, y gracias al constante y fluido diálogo con los ciudadanos y los agentes sociales”[42].

Ello se ha traducido en la aprobación y desarrollo de unas Normas Reguladoras de la Participación Ciudadana[43] que, en lo esencial, siguen la línea del modelo de la concertación al que hemos aludido antes. Pese a ello, se han producido numerosas situaciones de desacuerdo y conflicto entre los vecinos y el Ayuntamiento, episodios que han tendido a concentrarse cuando se han planteado proyectos urbanísticos de cierta envergadura. Desde las ciencias sociales se han formulado diversas críticas a la política de participación de Barcelona. La de Horacio Capel nos parece especialmente atinada, dado que, tras constatar la ambigüedad del redactado de la normativa, señala que el consistorio goza de un excesivo grado de discrecionalidad[44]. Para Antonia Casellas el déficit de participación efectiva podría deberse al convencimiento de los agentes clave en la gobernabilidad urbana de que la participación ciudadana entorpece la red de colaboración público-privada tejida por el consistorio desde principios de los años noventa[45]. Por su parte, Jordi Borja constata un creciente sentimiento de desposesión ciudadana ante la proliferación de proyectos poco acordes con las demandas de la población[46], y critica iniciativas como la del nuevo mapa de barrios, que solapa las asociaciones de vecinos y desarticula los movimientos ciudadanos críticos[47]. Las críticas expresadas por estos tres autores, y otras que podrían apuntarse, contribuyen a explicar las fuertes discrepancias que suelen plantearse entre el Ayuntamiento y los grupos de vecinos.

En este sentido, cabe resaltar que, de los seis colectivos estudiados, solamente uno ha alcanzado sus objetivos, y ello después de un largo conflicto que se prolongó durante varios años. Ciertamente, dichos colectivos no representan la totalidad de grupos, asociaciones y personas que han asistido a los procesos participativos organizados por el Ayuntamiento. Con todo, sí que pueden ser considerados como casos significativos en los que los vecinos, además de intervenir en los procesos oficiales de participación, se han implicado intensamente en la defensa de sus propuestas.

Otro elemento característico de estos grupos es la fuerte implicación ciudadana que han suscitado, implicación ésta que se ha presentado de formas muy diversas dependiendo de los problemas y de las características sociales de cada barrio. Quizá sea en el Forat de la Vergonya donde se detecta un mayor grado de implicación vecinal, favorecida, probablemente, por la elevada densidad de población del lugar y la demora del consistorio a la hora de iniciar las obras de remodelación. En particular, esta última circunstancia motivó un notable alargamiento del conflicto, de modo que cuando el Ayuntamiento se decidió a organizar un proceso participativo para consensuar el uso final del solar, hacía tiempo que el vecindario buscaba alternativas para este espacio. De este modo, la administración municipal tuvo que adaptarse al elevado nivel de implicación de los vecinos que asistieron al proceso participativo. Además, el vecindario organizó una consulta ciudadana paralela que alcanzó mayor difusión que la oficial.

Asimismo, conviene destacar la gran diversidad de estrategias e instrumentos utilizados por los colectivos estudiados a la hora de canalizar la reivindicación, que van desde la participación en los procesos oficiales del Ayuntamiento hasta la interposición de demandas judiciales, pasando por un amplio abanico de fórmulas de difusión de mensajes: movilización en las calles, organización de debates, publicación de libros, etc. Lo cual nos lleva a plantear dos cuestiones. En primer lugar, la capacidad de las asociaciones para conseguir alianzas dentro del tejido social de la ciudad, traspasando los límites de lo que podría ser tenido como un simple problema de barrio y demostrando la trascendencia de la reivindicación para el conjunto de la ciudad. En este sentido, cabe destacar la gran heterogeneidad de actores implicados en cada colectivo ciudadano estudiado. Así, por ejemplo, grupos ecologistas han colaborado con el Centro de Estudios de Montjuïc y la Plataforma SOS Tibidabo; diversos académicos lo han hecho con la AV del Poblenou; y el movimiento okupa y colectivos de artistas se han implicado en el conflicto del Forat de la Vergonya. El segundo aspecto a destacar es la oportunidad que suponen estos episodios de conflicto para difundir socialmente nuevas ideas sobre la ciudad y su relación con el entorno. Sin duda alguna, las asociaciones vecinales están contribuyendo a divulgar una nueva sensibilidad por el medio ambiente de la ciudad, lo que las convierte en importantes agentes de transformación de la cultura ambiental urbana.

Conclusión

A modo de conclusión, conviene apuntar algunas ideas finales sobre las visiones y propuestas de los colectivos ciudadanos y su relación con los planteamientos teóricos de la reforma ambiental urbana. Como se ha visto, las demandas de la población se centran en tres grandes ámbitos temáticos: los espacios verdes, los equipamientos públicos y el patrimonio urbano. Temas clásicos de la historia de las reivindicaciones urbanas que, no obstante, están siendo planteados en un nuevo marco de expectativas ciudadanas en el que aflora la extrema complejidad del proceso de transformación ecológica de las ciudades. Así, por ejemplo, en las demandas de verde urbano encontramos una clara interacción entre viejos argumentos para la conservación de los entornos naturales periurbanos o la creación de jardines en el interior de la ciudad, con nuevos discursos sobre la restitución de los componentes naturales de los espacios artificializados o sobre el valor simbólico de la agricultura.

La idea de comunidad y el papel que se le otorga constituye otro aspecto en el que pueden encontrarse conexiones entre las propuestas teóricas y las reivindicaciones vecinales. En estas últimas la comunidad es, al mismo tiempo, sujeto y objeto. Sujeto, porque es ella la protagonista de la reivindicación; y objeto, porque una de las finalidades que se persiguen es fortalecerla. De hecho, en los seis casos analizados encontramos el mismo afán de autoafirmación de la comunidad frente a la Barcelona que se promociona internacionalmente, así como la insistencia en exigir el derecho de los vecinos a decidir sobre el futuro de su barrio.

Todos los colectivos estudiados han llegado a la conclusión que, más allá de los acuerdos puntuales que se hayan podido alcanzar, la administración municipal muestra desinterés por sus planteamientos y propuestas. Por tanto, en el estado actual de la investigación conviene preguntarse por los motivos de este distanciamiento entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. Aunque los mecanismos oficiales de participación son mejorables, no parece que el problema resida aquí dado que los seis colectivos han intervenido en procesos participativos organizados por el consistorio. Más bien, parece que los desacuerdos se explican por el mismo contenido de las reivindicaciones ciudadanas, muy alejadas de los objetivos de la política municipal. Como hemos visto, una parte de la ciudadanía está demandando cambios que contribuirían a desplegar la diversidad de estrategias que requiere la reforma ambiental urbana. Sin embargo, el poder político no está dispuesto a modificar aspectos esenciales del modelo de funcionamiento de la ciudad. De ahí que la identificación de estos núcleos centrales de desacuerdo sea una tarea imprescindible para seguir avanzando en la actual investigación sobre la aplicación de criterios ambientales en las políticas urbanas.

 

Notas