Antonio Aguilar Pérez
Doctorando en Geografía, Departamento de Geografía Humana, Universidad de Barcelona

Movimientos corporativos en los Cuerpos de Correos y Telégrafos: de las comisiones a los sindicatos (Resumen)

Desde hace más de una década el sector postal de la mayoría de los países, tanto de Europa como de América, está sufriendo una profunda transformación. Los monopolios postales controlados por el Estado pierden protagonismo frente a empresas privadas, que con el proceso liberalizador del mercado ofrecen servicios postales. En todo este proceso las relaciones laborales de los trabajadores también están cambiando. En España, los trabajadores de Correos y Telégrafos en numerosas ocasiones han estado sometidos a una disciplina férrea, casi militar, con la intención de controlar a un personal por cuyas manos pasaban todas las comunicaciones, tanto oficiales como particulares. Desde la creación de estos Cuerpos en el siglo XIX han sido numerosos los movimientos reivindicativos que han llevado a cabo, siempre cargados de un profundo espíritu corporativo y con diferentes formas de organización en sus enfrentamientos con el Estado. Sus conflictos tuvieron una gran importancia y trascendencia, tanto desde el punto de vista económico como social, ya que el contacto con la población fue muy directo, en especial el del cartero.

Palabras clave: Correos, telégrafos, teléfono, huelga, sindicato.

Corporative movements in the Post office and Telegraph’s bodies. From the commissions to the unions (Abstract)

For more than one decade, the postal sector of the majority of the countries, not only in Europe but also in America, is undergoing a deep transformation. The postal monopolies controlled by the state losses high profile opposite the private enterprises that, with the market’s liberalization process, offer postal services too. In all this process the workers labor relations are also changing. In Spain, the Post Office ant Telegraphs workers often have been put under an iron discipline, almost military, with the intention to control the personnel who handled all the communications, officials and individuals. From the creation of these bodies in 19^th century, numerous windicative movements have been carried out, always loaded of a deep corporative spirit and with different organization forms in its confrontations with the state. Their conflicts had great importance and consequences, both from the economic and social point of view, because the links with the people were very direct, especially fromt the postmen.

Key Words: Postal service, telegraphs, telephone, strike, syndicate

La creación de los Cuerpos de Correos y Telégrafos debemos encuadrarla dentro de la formación del Estado liberal, en un momento en que se están formando y configurando diversos cuerpos al servicio del Estado que desempeñan toda una serie de actividades sociales.

El primer Cuerpo que se crea es el de Telégrafos, al constituirse en 1852 la Escuela de Telegrafista, siendo confirmado por Ley de 22 de abril de 1855. Su organigrama se estableció en el Reglamento de 1856 y finalmente en el del año 1876, quedando la organización jerárquica del Cuerpo dividida en: Dirección General, Junta de Jefes, Gabinete Central, Centros provinciales, Direcciones de Sección y Estaciones telegráficas. En cuanto al personal, se establecían las siguientes categorías: por una parte el personal superior formado por Inspectores Generales, Inspectores y Directores y, por otra, Subdirectores de Sección, Jefes de Sección, Jefes de Estación, Oficiales y Aspirantes, que formaban el personal subalterno facultativo

A finales de siglo, y sobre la base de los empleados postales que existían entonces, se crea el Cuerpo de Correos por Real Decreto de 12 de marzo de 1889 con las siguientes categorías y clases: Inspectores de 1º, 2ª y 3ª, Administradores de 1º, 2ª y 3ª, Oficiales de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª y Aspirantes de 1º y 2ª. El ingreso se realizaba por la última categoría mediante examen y se ascendía por antigüedad en la clase inferior y méritos. Con el objetivo de alejarlos de la actividad política, el artículo 398 del Reglamento establecía: "Los empleados de Correos se abstendrán de formar parte en manifestaciones que tengan carácter o fines políticos."

Los trabajadores de Correos y Telégrafos representaban un grupo profesional que, por su alto valor político y estratégico, tenía una particular relevancia en el marco de la sociedad civil y de la organización estatal. La gran importancia de las comunicaciones para el funcionamiento del Estado supuso que sus movimientos reivindicativos y huelgas fueran de una gran trascendencia y repercusión.

Para poder mantener el control de estos empleados, por los que pasaban todas las comunicaciones del país (oficiales y privadas), se creó una cuantiosa reglamentación que los sometía a un riguroso régimen disciplinario y que establecía sus funciones, derechos y obligaciones. Además, y con la misma intención, quedaron adscritos a la Secretaría de Estado y más tarde al Ministerio de Gobernación.

Por otro lado, y también con el objetivo de mantener el control de las comunicaciones, se facilitaba la entrada en la plantilla del personal de ambos Cuerpos a militares, carabineros y guardias civiles licenciados. Así ocurrió en el proyecto de Ley que se presenta en 1882, en el que se recogía la posibilidad de que los sargentos y cabos del Ejército y de la Armada pudieran ser administradores de estafetas.

Estos dos grupos, como el resto de funcionarios del Estado, constituían un grupo social que se situaba al margen del conflicto entre capitalistas y proletarios. Se sentían parte de la clase media y, por tanto, ajenos a las reivindicaciones del proletariado. Esto queda patente en dos ejemplos: el primero desde Telégrafos, que en la huelga de 1892 define el paro como "huelga técnica de aparatos paralizados" y el otro desde Correos, cuando Pedro Arbués, después de la huelga de Correos de 1922, dice en la revista Unión de Correos: "El funcionarismo se proletariza" o "El funcionarismo español comienza a darse cuenta que pertenece a esta categoría (...) La vieja voz principia a ser oída entre nosotros y a disiparse con ella nuestros pueriles pujos de remilgado señoritismo y nuestras ancestrales rutinas de servidumbre".

Los movimientos de los Cuerpos de Correos y Telégrafos a diferencia de los del mundo sindical obrero, no se producen contra el capital o el trabajo asalariado, sino frente al Estado, frente a la acción política, la influencia de los intereses particulares y en defensa del servicio público que representan. El carácter de la profesión, con la función social que desempeña, y el Estado como creador, y por lo tanto responsable de ésta, será una constante en los argumentos de los conflictos de estos Cuerpos.
 

La primera huelga de funcionarios en España

Aunque actualmente han quedado unidos por la Ley de Cuerpos de 1979, los intentos de fusión de Correos y Telégrafos fueron siempre mal acogidos. El Cuerpo de Telégrafos se consideró un cuerpo más técnico y con un status superior al de Correos, rechazando por tanto la unificación con estos. Pero también desde Correos se pidió la separación de los servicios y empleados cuando se producían estas uniones.

Así, para intentar disminuir el gasto público, se irán repitiendo los intentos de fusión durante todo el siglo XIX y parte del XX, pero ante cada uno de ellos se alzaran ambos Cuerpos para reivindicar su autonomía. El primer intento lo lleva a cabo, en marzo de 1869, el ministro de Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta, que decretó la unión de Correos y Telégrafos creando la Dirección General de Comunicaciones. Algo más tarde, en 1889, se volvía a intentar con otro decreto por el que los telegrafistas se debían encargar del servicio postal en los pueblos que contasen con estación telegráfica.

Con la intención de seguir recortando el gasto público, en 1891 se establece que los telegrafistas sean responsables también del servicio postal en las capitales de provincia. Esta situación, que no estaban dispuestos a admitir, provocó, en julio de 1892, la primera huelga de funcionarios en España. Ésta, más tarde conocida como "huelga romántica de los telegrafistas", situará en España, como había ocurrido diez años antes en Estados Unidos y Francia, a los telegrafistas como pioneros de los movimientos reivindicativos en los servicios públicos.

A pesar de su falta de organización la huelga paralizó sectores económicos tan importantes como la banca o la bolsa y el propio funcionamiento burocrático del país. Ante esta situación, el Gobierno amenazó con presentar en el Parlamento un proyecto de ley para disolver el Cuerpo de Telégrafos y poco más tarde también con la militarización del servicio. Sin embargo, los funcionarios de telégrafos no desistieron, sino todo lo contrario, al sentirse apoyados por considerables sectores de la población.

La huelga acabó con la promesa por parte del presidente del Gobierno, Cánovas del Castillo, de estudiar las peticiones de los huelguistas y la ausencia de represalias. Además, como consecuencia de la huelga, se produjo la dimisión del ministro de Gobernación, José de Elduayen, que fue sustituido por Raimundo Fernández Villaverde. Este último, cuatro meses después, decretaría la suspensión del Cuerpo de Comunicaciones y con ello la separación de los cuerpos de Correos y Telégrafos.
 

Las juntas de Unión y Defensa

Los movimientos reivindicativos de Correos y Telégrafos en las primeras décadas del siglo XX se produjeron de una forma espontánea y radical, pero, como ocurrió también en el resto del movimiento corporativo funcionarial, no llegaron a convertirse en órganos de representación profesional estables y duraderos sino que desaparecieron con la misma espontaneidad con la que nacieron.

Este impulso reivindicativo fue tal en las primeras décadas de siglo que en 1914, ante las frecuentes y numerosas reclamaciones de mejoras para el personal y el servicio que pequeños grupos formando una comisión hacían a destacados políticos, los Jefes del Cuerpo de Telégrafos enviaron una circular en la que informaban a todos los compañeros su intención de proponer al Director General que tuviese la consideración de falta muy grave toda gestión particular de las características descritas. La Junta Consultiva sería el único medio para tramitar las aspiraciones, proyectos y observaciones de los funcionarios.

Las reivindicaciones en las primeras décadas de siglo se producirán especialmente a través de los movimientos juntistas. Estos, a pesar de su importancia y proyección pública, no llegaron a formar organizaciones duraderas de trayectoria sindical, ilegales todavía en la Administración y que sólo tenían presencia a través de núcleos clandestinos próximos a revistas profesionales.

La Ley de Autorizaciones de febrero de 1917 provocó el brote del movimiento juntista entre los funcionarios por el recorte de plantillas que ésta suponía. Únicamente Magisterio, Correos y Telégrafos, quedaron fuera de esta supresión de plazas. Sin embargo, estos últimos protagonizaron uno de los más llamativos episodios del juntismo civil, que llegó a representar un ejemplo para algunas corporaciones profesionales.

En efecto, desde el Centro Telegráfico de Madrid, que pasó de centro recreativo a reivindicativo, se comenzó a expresar el malestar de los funcionarios de Telégrafos, hartos ya de aguantar unas condiciones de trabajo cada vez peores, con un aumento continuo del servicio, pero sin el correspondiente aumento de personal ni de recursos presupuestarios. Así pues, el movimiento juntista, que se originó en Madrid y Valencia, se difundió rápidamente por todo el país ya que utilizaban la red telegráfica como medio propio de comunicación.

Igualmente, el Cuerpo de Correos se adhirió a la organización juntista a finales de junio de 1917. La idea de constituir Juntas de Correos partió de un grupo de funcionarios de Bilbao y fue difundida al resto de las provincias a través de los compañeros que viajaban en los trenes correo. Funcionarios de Bilbao, Valencia y Madrid fueron trasladados y la censura se encargó de silenciar el fenómeno en un servicio con tan enormes repercusiones.

Finalmente, y ante la falta de respuesta de la Dirección General, el día 20 de febrero de 1918 los telegrafistas deciden plantear una huelga de celo y el mismo día, la Junta Superior de Correos de Barcelona convoca huelga en todas las dependencias. Hay que destacar que el día 24, es decir, sólo cuatro días después, se celebraban elecciones generales en el país.

Tras largas tensiones con el Gobierno, el 14 de marzo se militarizaba el servicio de Correos y Telégrafos, con la ocupación por la Guardia Civil de todas las oficinas de Telégrafos del país. Tres días después, aparecía en la Gaceta la disolución del Cuerpo de Telégrafos y un día más tarde la del Cuerpo de Correos, aplicándose en ambos casos el Código de Justicia Militar ante cualquier contratiempo.

Finalmente, y tras la dimisión en pleno del gobierno de Manuel García Prieto, el día 20 de marzo el nuevo gobierno presidido por Antonio Maura puso fin al conflicto, restituyendo al personal de Correos y Telégrafos a sus destinos.

El proyecto de la Ley de Bases de Funcionarios Públicos, que entró en el Congreso en el mes de mayo, fue un reflejo del temor que tenía el Gobierno al poder alcanzado por las juntas de funcionarios. En él establecía como medida de control, la obligatoriedad de una autorización expresa del Ministro respectivo para el funcionamiento de cualquier tipo de representación colectiva de los funcionarios.

Conocido el proyecto, se crea en Madrid la Junta Central de la Federación, integrada por Correos, Telégrafos y Hacienda, que reclama el derecho de asociación. Pero, algunas concesiones en el terreno económico y las disputas entre las juntas, que en el caso de Correos acabará con ella, provocó la subordinación al control político de dicha Ley.

Todo el entusiasmo que habían provocado las juntas se evaporaba ante el espejismo de mejoras económicas. En la revista profesional El Telegrafista Español de agosto de 1918 se resumía así la huelga: "Se halagó a los funcionarios, y muy especialmente a los de categorías superiores prometiéndoles aumentos de sueldo y en compensación a la dádiva se exigió la renuncia al derecho de asociación... Los proletarios de cuello planchado han dado al olvido aquellas ansías de regeneración".
 

La huelga de telegrafistas de 1919

El mismo día que juraba el nuevo Gobierno presidido por Maura, el Cuerpo de Telégrafos se declaraba en huelga por la presencia en el nuevo Gabinete de Juan de la Cierva como Ministro de Hacienda. La relación entre Telégrafos y el ministro nos la recordará años más tarde Emilio Romero en su novela La paz empieza nunca, en la que nos dice: "Los maestros y los telegrafistas eran los escalafones extremistas de España. Todo esto era cuestión de sueldos bajos. Los estómagos han hecho turbulentas las cabezas (...) Los telegrafistas, que se las tuvieron tiesas al ministro La Cierva, que era valor, eran rojos como pimientos morrones".

Además de la antipatía hacía Juan de la Cierva había que añadir antiguas reivindicaciones, como la recuperación por parte del Estado de las líneas telefónicas privadas, especialmente de la Compañía Peninsular de Teléfonos. Que originó situaciones tan paradójicas como la que se dio en Valdepeñas el año 1916, en que un pequeño grupo de funcionarios de Telégrafos adquirieron a sus expensas la central telefónica de dicha población para donársela al Estado.

La defensa del honor corporativo en esta ocasión se saldó con una concluyente derrota de los telegrafistas frente al poder político. Por otro lado, la quiebra de la unión profesional minó el espíritu radical de las juntas y significó la última ocasión del movimiento juntista, acercándose a partir de este momento a los movimientos sindicales.

A principios de 1921, de nuevo la explotación de las líneas telefónicas por compañías privadas será objeto de reivindicación profesional. El Cuerpo de Telégrafos tenía especial interés en que el Estado volviera a hacerse cargo de la Compañía Peninsular de Teléfonos y la Nacional de Telegrafía sin hilos.

Entre finales de 1921 y principios de 1922, las redes del servicio telefónico de Sevilla, Burgos, Denia, Las Palmas, Mataró y Barcelona volvían a estar en manos del Estado. Inmediatamente, y provocando la alarma del Cuerpo de Telégrafos, la Mancomunidad de Cataluña solicitó la adjudicación de la red telefónica para conectarla a su red interurbana. De nuevo su dignidad corporativa se sentía ofendida y aparecían movimientos espontáneos de telegrafistas que trasladaban sus reivindicaciones al Director General y a través de la prensa.

Finalmente, la proposición de la Mancomunidad catalana dio lugar a un debate parlamentario en el que se decidió no adjudicar la red telefónica de Barcelona a la Mancomunidad, con lo que el Cuerpo de Telégrafos quedaba tranquilo. Sin embargo, sólo dos años después, en 1924, el servicio telefónico se concedió a la International Telephone and Telegraph (ITT).
 

La cara visible de la administración: los carteros

Tras acabar la huelga de 1919, los carteros, que aunque no formaron parte de los funcionarios del Cuerpo Correos hasta la Segunda República de hecho estaban completamente ligados a ellos, plantean una huelga en la que es interesante ver cómo actúa el corporativismo del Cuerpo de Correos y Telégrafos.

Los carteros no cobraban su sueldo del dinero público sino del llamado "derecho de distribución", que consistía en cobrar una pequeña cantidad al destinatario por cada carta entregada.

Para ingresar más dinero en el Tesoro Público, Correos comienza a cobrar globalmente cada mes la correspondencia recibida por empresarios y comerciantes, que representaba un volumen muy importante del correo repartido en la ciudad. Como consecuencia, se daría una disminución considerable del sueldo de los carteros y por ello se declaran en huelga el 22 de marzo de 1919.

Conviene recordar que en las huelgas de Correos y Telégrafos, que justo acababan de finalizar, los huelguistas habían recibido el apoyo de los carteros sin que estos obtuvieran de ello nada a cambio. Sin embargo, ahora ellos se veían abocados a lanzarse a la huelga en solitario al no contar con el apoyo ni del Cuerpo de Correos ni del de Telégrafos, lo que les condujo a un tremendo fracaso.

A consecuencia de la huelga se desencadenó una gran represión con ceses masivos y el nombramiento para la sustitución de los huelguistas de los llamados "Carteros de Real Orden", procedentes de los Cuerpos de la Guardia Civil y de Carabineros.

A partir de este momento los carteros dirigieron su lucha reivindicativa a través de las organizaciones sindicales, fundamentalmente de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Simultáneamente aparecieron revistas profesionales como Cartas y Carteros, que bajo el lema "Proletarios de todos los países uníos" difundía el pensamiento libertario.
 

La huelga de Correos de 1922

Los antecedentes de este conflicto se engendran en 1920, al intentar reproducir la organización de las Juntas realizadas en 1917-1918.

En diciembre de 1920, como en anteriores ocasiones, una corporación que salía de las bases postales forma un Comité de Jefes y Oficiales del Cuerpo de Correos para representar al colectivo postal. Fundamentalmente lo que se reclamaba en esta ocasión era un crédito presupuestario extraordinario para la incorporación de 600 de las 700 plazas de funcionarios convocadas el año anterior y que no se habían incorporado en las dotaciones de los presupuestos.

Con un clima laboral tremendamente tenso, en el que la policía actuaba dentro de las dependencias de Correos y distintos organismos se ofrecían a colaborar con el Gobierno en caso de huelga, el Consejo de Estado pasó el expediente de crédito a las Cortes. La aprobación de dicho expediente, supuso el ascenso de un total de 457 funcionarios de todas las categorías. Esta mejora, en la que prevalecía el ascenso de los funcionarios antes que las necesidades del servicio, estuvo intensamente condicionada por la amenaza de los Comités de funcionarios.

Dos años después, el 28 de febrero de 1922, un decreto del Ministerio de Hacienda reformaba las Ordenanzas de Aduanas para perseguir el contrabando que se producía amparándose en el principio constitucional de la inviolabilidad de la correspondencia. La respuesta de las bases de Correos ante esta ofensa corporativa fue inmediata. El 2 de marzo una comisión formada por siete funcionarios de Madrid dirige una circular a todas las dependencias para la impugnación del decreto, que junto con otras reivindicaciones, fueron entregadas finalmente el día 23 al Director General de Correos.

El decreto de Hacienda había comenzado a caldear un ambiente que estallará ante el proyecto de la ley presupuestaria del mes de junio. En él se autorizaba al Ministro de Gobernación a disponer de la distribución del personal de Correos y Telégrafos sin atender a las plantillas. Además, se autorizaba a la creación de hasta 500 plazas de Oficiales terceros (250 de Correos y 250 de Telégrafos) sin aumentar las plazas de las categorías superiores, con lo que se alteraba la proporción entre categorías vigente hasta el momento.

Se debe tener en cuenta que el único medio de mejorar el sueldo de los funcionarios, exceptuando algún otro tipo de compensación, era el ascenso a categorías superiores, por esta razón fundamental se reclamaba con tanta insistencia que las vacantes y ascensos se produjera con fluidez.

Inmediatamente se formará el Comité de Uniónmadrileño, compuesto esencialmente por las bases porque los jefes administrativos del Cuerpo, salvo alguna contada excepción, no se unieron al nuevo Comité. Algunos de los puntos que se reivindicaban eran el ingreso de todos los opositores aprobados en 1920, la revisión de todos los expedientes personales, el reconocimiento de los carteros urbanos como funcionarios públicos y la creación de un Ministerio de Comunicaciones.

El ministro de Gracia y Justicia, Vicente Piniés, mantenía una actitud de rechazo hacia la Comisión ante las acusaciones que ésta hacía culpando a las altas jerarquías del Cuerpo de ser las responsables de la desorganización, precariedad, despilfarro y favoritismo que se estaba produciendo en Correos. El enfrentamiento y la amenaza de huelga comenzaron a avanzar.

Para intentar parar la huelga utilizaron a los jefes administrativos de Madrid, que en general formaban parte del centro directivo (Subdirector General, Jefes de División, etc.) celebrando el día 31 una reunión con la Comisión en la que admitían un programa mínimo de peticiones y se comprometían a apoyarlas si el Gobierno no daba una respuesta favorable en un mes. Al día siguiente, el personal de Madrid en asamblea, aunque no estaba del todo de acuerdo, aceptaba el programa mínimo pactado. Cuatro días después, ante la actitud prepotente del Director General de Correos, que declaraba disuelta la Comisión, se desencadenaba la huelga.

El propio presidente del Gobierno, Sánchez Guerra, intervino en el conflicto asumiendo el compromiso de la concesión inmediata de algunas de las peticiones y el estudio de otras a cambio de la vuelta al trabajo. A la semana siguiente, en una visita del presidente al Palacio de Comunicaciones, que parecía un gesto de acercamiento y concordia con los funcionarios de Correos, les negó cualquier acuerdo, esto provocó la cólera del personal, que en una espontánea asamblea en el patio del Palacio decidía continuar de nuevo la huelga de brazos caídos.

En un impresionante pulso entre los empleados y el Gobierno, al día siguiente se disolvía por decreto el Cuerpo de Correos, dando instrucciones para la incorporación de nuevo personal al servicio. Paralelamente se creó el Cuerpo auxiliar femenino de Correos, con el nombramiento de 300 funcionarias.

A pesar de las abundantes medidas represivas, el Cuerpo de Correos permaneció muy unido (sumándose incluso el personal superior) y se realizaron numerosas concentraciones y notas públicas para mantener informadas a las dependencias provinciales y locales. Asimismo, recibieron la solidaridad de otros grupos corporativos como Telégrafos, Cartería, funcionarios municipales, ferroviarios, etc.

Para reventar la huelga, el presidente del Gobierno no dudó en visitar a los telegrafistas, elogiando su trabajo y haciéndoles promesas. Igualmente, a los carteros urbanos se les ofrecía la posibilidad de ser nombrados funcionarios auxiliares de Correos y la admisión de los carteros cesados con motivo de su anterior huelga, lo primero no se cumplió, pero sí lo segundo. Por otro lado, y con el mismo objetivo, diferentes corporaciones y entidades económicas organizaron dentro de sus ámbitos servicios de reparto de correspondencia comercial.

Finalmente serían los Jefes de Administración del Cuerpo los que, rindiéndose sin condiciones, acabaron con la huelga. Desligándose de la solidaridad colectiva, un grupo de estos jefes mantuvo una reunión con el presidente del Gobierno donde se planteó la forma de hacer fracasar la huelga. Efectivamente, la incorporación de estos fue el factor decisivo para que la mayoría del personal se sometiese al gobierno, comenzando un proceso de depuración del personal que llevarían a cabo los Jefes de Administración.

Con la depuración, y para que sirviera de escarmiento, se separaba del servicio a 428 funcionarios, eliminando con ello cualquier solidaridad corporativa que se hubiera podido producir alrededor de personas, centros o dependencias. Los funcionarios readmitidos debían firmar una expresa adhesión a la Constitución y no formar parte de ninguna asociación no autorizada.

Por otra parte, el Director General de Correos, Jorge Silvela, que había tomado posesión de su cargo justo en el momento que comenzaron los conflictos en el mes de marzo, dimitió ante esta ola de huelgas que se sucedieron durante su corto mandato, que sólo duró ocho meses.
 

La aparición del sindicalismo de clase

Con el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923, el advenimiento de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, como ocurrió en general con el resto de la opinión pública, provocó expectación en Correos y Telégrafos.

Tras unos primeros años de paz social, en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera los empleados de Correos y Telégrafos, hartos del estancamiento de su situación laboral, comienzan nuevas acciones reivindicativas. Sin embargo, ahora las peticiones estarán canalizadas a través de organizaciones sindicales.

Revistas profesionales, como la revista postal Claridad, de tendencia socialista y que en los últimos años de la dictadura mantuvo una radical oposición hacia Primo de Rivera, aglutinaban a su alrededor pequeños grupos sindicales que difundían la cultura obrera entre los trabajadores de Correos y Telégrafos.

En los años treinta, se produce una progresiva politización en ambos cuerpos, con la extensión de comités pro-republicanos, que alcanzaran gran protagonismo en los días precedentes a la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931.

Los funcionarios de Correos y Telégrafos pensaban que la República por fin les proporcionaría sus aspiraciones y reivindicaciones corporativas y sociales. Efectivamente así ocurrió con algunas de ellas. El primer gobierno republicano recogió una de las reivindicaciones que se venía haciendo desde 1918: la creación del Ministerio de Comunicaciones. Además, los carteros pasaron a tener la condición de funcionarios de Correos y se creó una sola escala auxiliar, fusionando la masculina y femenina.

Durante la Segunda Republica se desarrolla en Correos y Telégrafos toda una cultura sindical, pero no a través de una sola plataforma sindical sino de una forma totalmente estamental que refleja las tendencias políticas de los diferentes escalafones.

De este modo, encontramos que los carteros y repartidores de telégrafos simpatizaban con las tendencias anarcosindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT); los técnicos, tanto de Correos como de Telégrafos, con la Unión General de Trabajadores (UGT) y, a medida que se asciende en el escalafón, aparecen sindicatos profesionales de centro-derecha como la Agrupación Sindical Republicana o de derechas como la Asociación Postal.

En 1936, con el inicio de la guerra civil, quedaron disueltos los sindicatos profesionales, pasando la mayoría de funcionarios de Correos y Telégrafos a integrarse, según su ideología, en alguna de las dos centrales mayoritarias: UGT y CNT.

El apoyo de gran número de funcionarios de Correos y Telégrafos al Frente Popular hizo que, al finalizar la guerra civil, se produjera una destitución masiva, siendo uno de los colectivos profesionales, junto con maestros, profesores y médicos, que más padeció esta depuración.
 

De las organizaciones clandestinas a la actualidad

Una vez acabada la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939, todos los empleados al servicio del Estado debían explicar su comportamiento y actuaciones políticas desde una fecha anterior al 18 de julio de 1936.

Un muestreo de lo que fue la depuración en Correos ofrece que sufrió algún tipo de sanción el 37,6 por ciento del personal que formaba el Cuerpo Técnico, el 37,5 por ciento de los Carteros Urbanos, el 34,7 por ciento del Cuerpo de Subalternos y el 15,7 por ciento del Cuerpo de Auxiliares Femeninos. Esto supone que un tercio del personal de Correos fue sancionado.

Esta "limpieza" llevada a cabo en los años cuarenta impidió la aparición de organizaciones clandestinas, ya que afectó al personal más implicado políticamente.

Los funcionarios no tenían derecho de sindicación, incluidos los sindicatos verticales y las asociaciones profesionales. Únicamente, en la década de los 60, la Ley de Asociaciones permitió la formación de una Asociación de Técnicos de la Administración.

A partir de los años setenta, los funcionarios de Correos y Telégrafos comienzan a plantear reivindicaciones (siempre de baja intensidad y movimientos que parten de abajo hacia arriba) relativas al salario, condiciones de trabajo y el derecho a la libre sindicación. De todo el colectivo, fueron los carteros los que más destacaron en las movilizaciones.

Mientras tanto, en la clandestinidad crecían núcleos de empleados vinculados con las Comisiones Obreras. Los movimientos continuaban y, un año antes de la muerte del general Franco, en diciembre de 1974, se produjo en Madrid el primer paro desde el final de la Guerra Civil. Las represiones que se produjeron tras el paro no impidieron que en enero de 1976 estallase la primera huelga de Correos. Ese año, junto a Comisiones Obreras (CCOO) aparecían nuevas realidades sindicales como UGT, el Sindicato Unitario (SU) y la Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores (CSUT) que tuvo una especial relevancia entre los carteros, quizás, entre otras razones, porque el Secretario General en el ámbito estatal, Jerónimo Lorente, era funcionario de Correos.

Las primeras elecciones sindicales en Correos y Telégrafos se realizaron en 1978, antes de aprobar la sindicación de los funcionarios públicos del Estado. En estas primeras elecciones de Representantes de Personal de Correos y Telecomunicación consiguió mayoría de delegados UGT, seguido de CSUT, CCOO, Asociaciones Profesionales Independientes, Sindicato Libre y Unión Sindical Obrera (USO), siendo un reflejo de la pluralidad sindical de los trabajadores.

A partir de este momento, el escenario sindical ha variado en función de la aparición o desaparición de algunos de ellos. La autodisolución de sindicatos radicales como CSUT, que desaparece a principios de los ochenta, y el SU dejo un claro predominio a CCOO y UGT, acompañados por los autodenominados sindicatos profesionales: Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y Sindicato Libre, que con la aparición en los últimos años de la Confederación General del Trabajo (CGT), escisión de la CNT, acabaron conformando el mapa sindical.

Los últimos veinte años han sido de una cierta paz social, rota sólo en contadas ocasiones, como en las movilizaciones de 1984 y 1998.

Las movilizaciones que se produjeron en la primavera de 1998 estuvieron motivadas por la aparición del proyecto de Ley de Servicio Postal Universal y de la Liberalización de los Servicios Postales, con la que se quería adecuar el sector postal español al marco de la Directiva Postal 97/67 de la Comunidad Europea.

La perspectiva de perder la condición funcionarial ante la progresiva liberalización del mercado postal, que podía suponer la desaparición, según los sindicatos, de hasta 20.000 empleos, llevó a la convocatoria de huelgas en toda España.

A finales del mes de abril, cuando se estaba tramitando el proyecto de ley en el Parlamento, la plataforma sindical unitaria formada por: CCOO, UGT, CSI-CSIF, Sindicato Libre, Confederación Intersindical Galega (CIG), Euzko Langilleen Alkartasuna (ELASTV) y CGT convocó huelga general el día 29. Durante los dos meses siguientes, se realizaron diferentes acciones de rechazo a la Ley: nuevas convocatorias de huelga, manifestaciones o actuaciones como la que realizaron varios delegados de la plataforma sindical al encadenarse ante la sede del Senado cuando se discutía la Ley en dicha Cámara.

El 3 de junio, el Senado aprobaba el proyecto de ley con los votos a favor del Partido Popular (PP), Convergencia i Unió (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y en contra del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el veto de Izquierda Unida (IU). Finalmente, el 13 de julio entró en vigor la Ley 24/98 que regula la actividad del sector postal.

La nueva ley no sólo enfrentó a un gran número de trabajadores contra el proyecto gubernamental, sino también contra las organizaciones sindicales CCOO y CIG que, después de introducidas una serie de modificaciones en la ley a su paso por el Congreso la consideraron aceptable, desvinculándose de la plataforma sindical unitaria. La nueva postura de los sindicatos citados dañó gravemente la unidad de acción de los sindicatos mayoritarios, dando lugar incluso a violentos enfrentamientos entre sindicalistas.

Las últimas elecciones sindicales celebradas en Correos y Telégrafos en marzo de 1999, volvieron a verificar el predominio de CCOO y UGT, estando también en la Mesa Sectorial de representantes los sindicatos CSIF, el Sindicato Libre, la CGT, la CIG y ELASTV.

El marco jurídico de Correos y Telégrafos ha variado en la última década. Hasta 1991, que se transforma en Organismo Autónomo de carácter comercial, se había mantenido invariable como Dirección General. A partir de ese momento se ha transformado en Entidad Pública Empresarial, el año 1998, y, recientemente, el 22 de junio de 2001, el Consejo de Ministros aprobaba su conversión en Sociedad Estatal, con participación exclusiva del Estado.

Como se decía anteriormente, en la actualidad hay una relativa paz social. El mes de mayo de 2001, es decir, un poco antes del paso de Correos y Telégrafos a Sociedad Estatal, todos los sindicatos de la Mesa Sectorial, excepto CGT, pactaron con la Dirección de la empresa la política de personal hasta el año 2004 para garantizar la estabilidad de las relaciones laborales de los trabajadores hasta ese año, dejando a Correos preparado para la liberalización. A partir de este momento sindicatos y Dirección están trabajando en el texto del nuevo Estatuto y Convenio de personal, que quedará cerrado antes de acabar el año.
 

Bibliografía

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Ficha bibliográfica

AGUILAR PÉREZ, A. Movimientos corporativos en los cuerpos de correos y telégrafos. De las comisiones a los sindicatos. Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, nº 119 (103), 2002. [ISSN: 1138-9788]  http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119104.htm

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