La organización de la educación en tres etapas diferenciadas la establece, por primera vez en España, el duque de Rivas: en un real decreto de 1836 se instauraba la primera, segunda y tercera enseñanza. Desde aquel momento, se inició una secular polémica entre las diversas fuerzas políticas sobre el carácter que se debía dar a la educación secundaria, y en concreto al bachillerato: para unos, el bachillerato debía ser una enseñanza educadora para todos, a modo de una prolongación de la enseñanza primaria, impartida en una red escolar pública, los institutos, y con una orientación laica. Para otros, debía ser enseñanza dirigida a los que debían ocupar los puestos clave de la sociedad, por lo tanto, un estudio previo a la universidad, y admitían el papel de la iniciativa privada, especialmente de carácter confesional, con la religión obligatoria.

Estas y otras cuestiones ocuparon los temas de discusión de los políticos españoles durante más de una centuria. Es significativo que, a diferencia de otros países europeos, la formación profesional nunca ha estado presente en la preocupación de los políticos españoles y siempre ha sido una parte casi marginal del sistema educativo.

Desde 1875 hasta 1936 el debate toma cuerpo a través de una abundante labor legislativa. Se publicaron en la Gaceta (BOE) quince reformas de planes de estudio y se propusieron y discutieron en el Parlamento trece proyectos más, incluyendo aquí el de la ley de Bases del conde de Toreno y el decreto de creación del Instituto-Escuela. Se cuenta la anécdota de que, en cierta ocasión en la que Amos Salvador, a la sazón ministro de Instrucción Pública, fue interpelado en el Parlamento acerca de cuál era la legislación vigente sobre un tema de estudios en el bachillerato, respondió de manera concluyente: "Cualquiera sabe". La respuesta, quizá provocadora, ponía de relieve que lo que para un ministro era aceptable, para su predecesor era materia de derogación, incluso dentro de un mismo partido político.

De todos los planes de estudio, los más duraderos han sido el plan de 1903 y el de 1970. En la práctica, todas las reformas han afectado sobre todo al bachillerato, manteniendo más estable la enseñanza primaria y desconociendo, en la práctica, la existencia y la potenciación de la formación profesional.

Durante el franquismo, España no se escapó de la fiebre legislativa que históricamente ha tenido al sistema educativo en constante cambio. En 1953 se hizo una importante reforma del bachillerato muy influida por los acuerdos del Estado con la Santa Sede: se establecía la Religión en todos los cursos y se acordaba la imposibilidad real de inspeccionar los centros religiosos. Este plan dividía el bachillerato en dos etapas, una elemental de cuatro años con una reválida final, y un bachillerato superior de dos años, bifurcado en ciencias y letras, con otra reválida después del bienio. Después del bachillerato, había un curso preuniversitario con un examen que constituía la prueba de ingreso en la universidad. En los últimos años de la dictadura, el ministro Villar Palasí realizó una reforma radical del sistema: la ley general de Educación (LGE) de 1970. Los principales cambios fueron: la extensión de la educación primaria hasta los catorce años, sustituyendo el nombre de educación primaria por el de educación general básica (EGB); la creación de un bachillerato de tres años unificado (BUP); la reordenación del curso preuniversitario, que ahora se llamaría curso de orientación universitaria (COU); y, lo más importante, la inclusión en el sistema educativo de la formación profesional, con un primer ciclo de dos años (para los alumnos de 15 y 16 años) y un ciclo superior. La LGE suprimió, por primera vez en el sistema educativo, los exámenes finales de ciclo o etapa (las reválidas), estableciendo un sistema de evaluación continua. Esta ley, con pequeños cambios en los planes de estudio de la EGB, tuvo una larga vida, ya que ha estado vigente hasta la promulgación de la Logse en 1990.

La Logse ha sido la norma que la democracia española ha promulgado para ordenar el sistema educativo. En esta nueva ley, la educación secundaria comprende: en primer lugar, una etapa obligatoria (ESO) para alumnos de 12 a 16 años, de cuatro años de duración; esta etapa completa la enseñanza básica con enseñanzas comunes para todos los estudiantes y otorga, a su finalización, un título de graduado. En segundo lugar, dos cursos de bachillerato, a partir de los 16 años, con cuatro modalidades diferentes, y suprime el COU. Y, en tercer lugar, una formación profesional específica de grado medio para aquellos alumnos que hayan superado la ESO, y una formación profesional superior para aquellos alumnos que hubiesen superado el bachillerato. La Logse se inspira en muchos aspectos técnicos en la LGE. En la etapa de la ESO se suprimen las exigencias para pasar de un curso a otro, creando en la práctica un sistema de promoción automática.

En marzo del 2002, después de la reforma de los contenidos de algunas asignaturas, se anuncia una nueva ley que afecta a la ordenación y a los planes de estudio: la ley de calidad. Como puede verse, ¡sigue la tradición!