Newsletter: Learning How to Design and Test Evidence Based Public Policies


Admisión al curso 2018-19

Está a punto de finalizar el último plazo de solicitud de admisiones.

Buscamos como cada año economistas, juristas, ingenieros y otros graduados universitarios con buena formación y proyección interesados en el área de las políticas públicas, y es especial, las políticas de mejora de la regulación de servicios públicos y del fomento y protección de la competencia en los sectores de la energía, el transporte, las telecomunicaciones, el audiovisual y el agua.

Abierto plazo de admisiones académicas curso 2018-19

Las admisiones al Máster para el curso 2017-18 ya está abierta hasta el próximo día 15 de mayo. Solicita admisión aquí.

Abierta pre-inscripción administrativa curso 2018-19La Universidad de Barcelona ha abierto ya el proceso administrativo de pre-inscripción. Los que obtuvieron ya la admisión académica, pueden iniciar el trámite de pre-inscripción y acreditación de su titulación de admisión al máster. Solicita pre-inscripción aquí.

Recomienda el Máster

Recomienda el Máster a tus mejores alumnos/as, y a profesionales junior interesados en el progreso profesional en el ámbito del diseño y la evaluación de las políticas públicas utilizando la evidencia empírica.

Recomienda el Máster a los interesados en la mejora de la prestación de servicios de agua, energía, telecomunicaciones, y transportes, y también en conocer cómo promover la competencia en los mercados, mejorar la regulación, los proyectos y las políticas públicas.

Tu recomendación es importante en el proceso de admisión. Contacta con nosotros si tienes interés en acoger alumnos en prácticas.

Workshop: Regulación Servicios Públicos Agua

Los retos de la gestión por contrato y las dificultades de la gestión directa

El workshop que el pasado 12 de abril de 2018 tuvo lugar en la Sala de Grados Ernest Lluch de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona está disponible online en UBtv:

http://www.ub.edu/ubtv/video/workshop-servicios-publicos

En una interesante conferencia el Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),  Gonzalo Ruiz Díaz, analizó cómo los contratos de contrucción, operación y prestación de servicios incluyen aspectos regulatorios que condicionan el papel que les corresponde a las autoridades de regulación en el sector del agua.

Las autoridades públicas deben hacer frente a los conflictos que surgen cuando cumplen su papel como poder concedente y a la vez como poder regulador. Es importante que unos objetivos y otros estén bien definidos en las normas, y que las distintas funciones sean ejercidas por organismos desconcentrados de los órganos políticos y separados entre ellos.

Por ejemplo, es necesario que el poder concedente pueda asegurar que los ingresos del sistema permitan la recuperación de las inversiones públicas y privadas en el sector, así como que el contrato establezca los incentivos para que el concedente ajuste sus costes de forma eficiente.

Y a la vez, una vez definidos los ingresos que debe asegurar el sistema, y los incentivos que hagan que el sistema ahorre en costes de forma eficiente, ha de ser una autoridad de regulación la que arbitre entre los intereses en conflicto como son los de los pequeños consumidores y los grandes consumidores en la determinación de la estructura tarifaria que debe sufragar los costes del sistema.

Ha de ser una autoridad de regulación desconcentrada la que implemente los principios normativos (buena administración, no discriminación, equidad y accesibilidad a servicios esenciales) que contengan las leyes y los tratados internacionales (y las Directivas europeas en la UE).

Una mención especial recibió el caso de los operadores públicos, empresas municipales o empresas mixtas que prestan el servicio de forma directa por encomienda de las autoridades públicas. Con la gestión directa del servicio aflora este mismo conflicto en otra forma. Las autoridades tienen que ejercer las funciones que les son propias como titulares del operador público de agua, y a la vez, deben ejercer el papel de regulación de la actividad que prestan.

La separación de funciones es si cabe más acuciante en este caso ya que son comunes las situaciones en las que el operador público acaba teniedo pérdidas operativas o de capital, o bien presta un servicio de peor callidad, o bien en ocasiones presta un buen servicio pero carga sobreprecios para obtener rentas parafiscales de la actividad. En estos casos, la desconcentración del poder local de regulación es todavía más importante para asegurar que el principio de buena administración de que las tarifas cubran los costes eficientes del servicio.

A continuación, el debate entre Ricard Frigola (Profesor UB y Director de Relaciones Institucionales de Agbar), María Sobrino (Subdirectora de Estudios e Informes, CNMC) y el propio Gonzalo Ruiz Díaz, moderado por Joan-Ramon Borrell (Profesor UB) abordó la cuestión sobre la separación de la regulación y la operación en la gestión por contratos y en la gestión directa.

En este debate se puso de manifiesto que las experiencias de regulación son muy variadas, con casos de éxito y de fracaso. Las necesidades de inversión y los costes eficientes en la prestación del servicio de agua tienen gran diversidad local. Por ello, los avances en la puesta en común de las metodologías tarifarias han sido efectivas para mejorar la regulación. En cambio, las experiencias de creación de autoridades de regulación regional o nacional no han tenido el mismo éxito. El reto reside en separar las funciones de titularidad del servicio (y poder concedente) y de regulación a nivel local, y mejorar la transparencia, la eficacia técnica, la participación y la rendición de cuentas en el ejercicio de una y otra función.

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