El primer año de la administración de la Alianza ha sido difícil. El particular estilo de gestión del presidente De la Rúa; la naturaleza de la coalición de gobierno y la precaria situación económica hererada de la Administración anterior se combinaron para crear un cuadro adverso. En un contexto de persistente recesión las autoridades han encontrado dificultades crecientes para dar respuesta a las expectativas del electorado y a las promesas de campaña. La consecuencia ha sido una fuerte caída en el apoyo que la opinión pública le brindó a la Alianza en las elecciones de octubre de 1999.

Antes de cumplir un año en el gobierno la coalición debió digerir una aguda crisis interna que condujo a la renuncia del vicepresidente, Carlos Alvarez, y que puso a la Alianza al borde de la ruptura. Si bien esta situación se superó transitoriamente, las heridas siguen abiertas y prometen agravarse con el nuevo paquete de ajuste fiscal que lanzó el recientemente nombrado ministro de Economía, Ricardo López Murphy (1). La presión por un buen desempeño en las elecciones legislativas de octubre de 2001 constituyen un fuerte estímulo para mantener acotadas las diferencias: a mitad de su gestión el gobierno no puede permitirse el lujo de un "plebiscito" negativo y de un retroceso en su base de apoyo parlamentario. Pero la capacidad de mantener la cohesión en un contexto económico tan adverso no está en absoluto garantizada.

En contra de lo que podía haberse esperado originalmente, durante el año 2000 la gobernabilidad no fue desafiada por el Senado controlado por la oposición ni por los gobiernos provinciales, los principales de los cuales están conducidos por el Justicialismo. En realidad, ninguno de estos sectores adoptó posiciones inflexibles. Por un lado, la crisis del Senado quitó legitimidad a las posiciones inflexibles. Por la otra, la precariedad de las finanzas provinciales ha dejado el destino de la mayoría de los gobiernos locales en manos de las autoridades federales.

A fines del año 2000, la obtención del llamado "blindaje" que asegura la satisfacción de los requerimientos financieros del sector público para el año 2001 y la implementación por decreto de una serie de iniciativas de reforma demoradas en el Congreso, dieron algo de oxígeno al gobierno y parecieron inaugurar un período de mayor energía en la gestión. Sin embargo, el respiro duró poco tiempo. La actividad económica no ha reaccionado, haciendo que las metas fiscales comprometidas con el FMI para el primer trimestre de 2001 resulten inalcanzables. Frente a la evidencia de la necesidad de un nuevo ajuste fiscal y de su precaria base política de apoyo, el entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, presentó su renuncia. La decisión, que tomó por sorpresa al Presidente, culminó en el nombramiento del ex-ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, como nuevo funcionario a cargo de la cartera económica. López Murphy es un economista profesional que goza de prestigio y reconocimiento entre sus colegas y tiene convicciones sólidamente ortodoxas. El equipo que integró está en su mayoría compuesto por economistas provenientes de la Fundación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (FIEL), un think-tank con sólidos vínculos con el establishment empresario. El nuevo equipo ha puesto el eje de su gestión en la reducción del déficit fiscal y la reforma administrativa del Estado. Con ese objetivo, lanzó a mediados de marzo un paquete de ajuste fiscal que se propone mantener operativo el acuerdo con el FMI y, consecuentemente, el "blindaje".

De todas formas, es altamente improbable que aún cuando el paquete de ajuste sea bien recibido por el mercado, esto se traduzca en una recuperación de la actividad económica antes de que la campaña para las elecciones de octubre gane ritmo. El horizonte inmediato es, por consiguiente, uno de conflicto creciente dentro de la coalición de gobierno. No hay duda que esto tendrá un impacto sobre el resultado de las próximas elecciones legislativas, lo que a su vez condicionará severamente los dos años remanentes de gestión del gobierno de la Alianza.


3.1.- La economía argentina en una meseta

A diferencia de la rápida recuperación que siguió a la recesión de mediados de los noventa (el producto creció un 5.5% en 1996), la economía argentina no se repone de la contracción que se inició en 1999. En efecto, la actividad económica volvió a caer ligeramente en el año 2000 como resultado de las medidas de ajuste fiscal, la creciente incertidumbre, los bajos precios de las commodities agrícolas y la mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales. En un contexto deflacionario el estancamiento del producto real se tradujo en una caída nominal que afectó la recaudación tributaria y aumentó el déficit fiscal.

En efecto, a pesar de que en septiembre del 2000 el gobierno renegoció con el FMI las metas fiscales para ese año (elevando el déficit previsto de $4.7bn a $5.3bn), la nueva meta también se probó inalcanzable. Aunque las medidas de ajuste fiscal implementadas en la primera mitad del año 2000 permitieron al gobierno reducir el desequilibrio registrado en 1999, el impacto de las mismas se vio limitado por los efectos sobre los ingresos públicos del estancamiento económico y la deflación y por los mayores pagos de intereses por la deuda pública.

El incumplimiento de las metas obligó al gobierno a sellar un nuevo acuerdo con el FMI en diciembre de 2000. En esa ocasión se volvió a relajar la meta fiscal para el año 2000 (llevándola entonces a $6.4bn), pero se reafirmó el objetivo de mejorar la solvencia intertemporal del sector público congelando el gasto primario de todo el sector público y comprometiendo otras reformas de política con impacto en el largo plazo (como la reforma del régimen previsional). El énfasis en la disciplina fiscal que el gobierno ha priorizado desde que asumió se apoya en la idea de que una reducción del desequilibrio presupuestario resultará en una caída de la prima de riesgo, lo que atraería nuevamente financiamiento externo alentando el crecimiento. Aunque esta estrategia no tuvo los resultados esperados durante el año 2000, la reciente designación de Ricardo López Murphy como nuevo ministro de Economía sugiere que el gobierno parece decidido a mantenerla.

Bajo el régimen de caja de conversión establecido a principios de 1991 la política fiscal se encuentra limitada por las posibilidades de financiamiento genuino de los desequilibrios del sector público. La rápida acumulación de deuda pública durante la década de los noventa ha puesto un límite a la capacidad de continuar incrementando los pasivos totales al mismo ritmo que en el pasado, obligando a una reducción sostenible del desequilibrio fiscal. En la situación actual existe un evidente conflicto entre la necesidad de ajuste fiscal planteada por la restricción de acceso al financiamiento externo y la fuerte recesión de la actividad económica.

El régimen de caja de conversión también limita la discrecionalidad de la política monetaria, la que se encuentra totalmente subordinada al comportamiento de las reservas internacionales. Por consiguiente, la reducción en el financiamiento externo tiene un impacto directo sobre la circulación monetaria doméstica y el stock de activos financieros, agravando los efectos del ciclo económico. En este régimen de política las autoridades cuentan con muy pocos instrumentos para influir sobre el ciclo de corto plazo, y deben descansar principalmente en factores exógenos (como la disponibilidad y costo del financiamiento externo) y en políticas estructurales que mejoren la competitividad y la solvencia en el largo plazo. El problema es, entretanto, la transición.

Este complejo conjunto de condicionantes puso a la Argentina al borde del default a fines del año 2000. Los indicadores de solvencia fundamentales, la continuada recesión económica y la incertidumbre política interrumpieron el acceso a los mercados voluntarios de crédito, colocando el espectro de la cesación de pagos. Con buenos reflejos durante los dos últimos meses del año el gobierno consiguió acordar un paquete financiero (el llamado "blindaje") que permitió cubrir las necesidades de financiamiento del sector público para el año 2001. El paquete fue coordinado por el FMI y en él participaron el BID, el Banco Mundial, el gobierno español y los fondos de pensión y la banca privada locales.

El "blindaje" fue un paso decisivo para contener la crisis de confianza. Pero sus resultados no duraron mucho tiempo. La evidencia de que sería imposible cumplir con las metas fiscales pactadas con el FMI para el primer trimestre de 2001 precipitó la renuncia de Machinea. El nuevo equipo económico enfrenta el mismo dilema que su predecesor y no parece tener fórmulas diferentes para enfrentarlo.


3.2.- Las perspectivas para 2001

El gobierno ha revisado su estimación de crecimiento para 2001 y, a fines del año 2000, esperaba un incremento del PBI real del 2.5% (3% en términos nominales), lo que es probablemente una expectativa demasiado optimista. De hecho, hasta marzo de 2001 no había evidencias de recuperación y el paquete de ajuste fiscal implementado a mediados de ese mes probablemente agudice las presiones recesivas. Esta coyuntura anticipa un año complicado para la actividad productiva.

Las perspectivas para el sector externo, entretanto, no son tan adversas. Por un lado, se prevé un nuevo aumento de las exportaciones (impulsadas por la recuperación en Brasil, el aumento en el precio de las commodities agrícolas y la depreciación del dólar). Por el otro, también se espera un ligero crecimiento del déficit en cuenta corriente después de la caída observada en el año 2000. El peso creciente del déficit en la cuenta de servicios factoriales netos (producto del alto nivel de endeudamiento externo y de la remisión de utilidades que ha seguido al boom de inversión extranjera directa de la última década) sólo podrá compensarse con un aumento permanente y a tasas de dos dígitos de las exportaciones.

Las restricciones de política que operan sobre el gobierno (la caja de conversión y la ley de solvencia fiscal) dejan poco espacio para aplicar políticas anticíclicas. Además, las autoridades han demostrado que prefieren mantener ese enfoque antes que ensayar otras recetas. Las autoridades esperan que la disciplina fiscal, junto con las reformas tendientes a mejorar la solvencia intertemporal del sector público (reforma previsonal, acuerdos con las provincias para congelar el gasto público) y las que se orientan a mejorar el escenario para la inversión (eliminación de impuestos distorsivos, desregulación de algunos mercados de servicios, reforma laboral) eventualmente renueven la confianza de los inversores, atrayendo nuevamente los capitales externos que han estado detrás del ciclo de crecimiento económico de la primera mitad de los noventa.

En este contexto adverso, la economía exhibe no obstante algunas fortalezas. El sistema financiero se encuentra fortalecido gracias a una efectiva política de regulación prudencial que lo ha obligado a mantener altos niveles de liquidez. Aunque esto ha conspirado contra su función de intermediación, ha incrementado la confianza de los ahorristas en el sistema acotando el riesgo de una crisis financiera. Actualmente las reservas totales del sistema financiero suman mas de $30bn, a las que se debe agregar una línea de crédito contingente por $7.4bn acordada con un grupo de bancos privados hace ya algunos años y que no ha sido utilizada hasta el momento. Este hecho, agregado al "blindaje" obtenido a fines del 2000 permitirán ganar tiempo sin que la economía deba necesariamente atravesar por una desorganización severa como las que ocurrieron en el sudeste de Asia o en Rusia. Dada la tradición de la Argentina, éste no es un hecho menor. Pero tampoco es suficiente para sacar a la economía del marasmo recesivo en que se encuentra.


3.3.- Argentina: Indicadores económicos seleccionados, 1999/2001

Indicadores	1999	2000ª	2001b
Tasa de crecimiento del PIB real (%)	-3,2	0,0	1,8
Tasa de inflación (IPC, promedio %)	-1,2	-0,9	0,6
Tasa de desempleo (%)	14,4	15,1	15,5
Tipo de cambio ($/u$s)	1,00	1,00	1,00
Exportaciones de bienes (fob u$s mil mill)	23,3	25,7	27,0
Importaciones de bienes (fob u$s mil mill)	24,1	24,8	26,5
Saldo balanza comercial (u$s mil mill)	0,77	0,92	0,47
Saldo balanza cta. corriente (u$s mil mill)	-12,3	-11,8	-12,5
Saldo balanza cta. corriente (% PIB)	-4,4	-4,2	-4,4

ª Previsión    b Estimación
Fuente: Ministerio de Economía (Argentina) y elaboración propia.

(1) Nota postcript: Esta nota informativa se cerró el día 15 de marzo de 2001, tras el nombramiento como ministro de Economía de Ricardo López Murphy y antes de su dimisión. Con posterioridad a esa fecha, el "paquete Murphy" fue retirado por el nuevo ministro de Economía, Domingo Cavallo, que ha propuesto un nuevo paquete de medidas.     Volver


3.- Conclusiones