Grupo de Cairns:  su prioridad absoluta es la Agricultura. Al ser un grupo que incluye tanto a países desarrollados como en desarrollo, su objetivo es conseguir reducciones arancelarias significativas sobre los productos agrícolas por parte de los países desarrollados (aceptando que las reducciones arancelarias en los países en desarrollo sean menos marcadas). Asimismo, reclama una drástica disminución de las ayudas internas a la agricultura en los países desarrollados (especialmente Unión Europea y Estados Unidos) y la eliminación total de las subvenciones a la exportación en la agricultura en esos países (punto en el que es muy reacia la UE). Condiciona su posición en todos los otros temas a los resultados favorables que obtenga en éste; es decir, que podría obstaculizar el avance de las negociaciones en inversiones, competencia o medio ambiente si no consiguiera unos mínimos dentro de sus objetivos en el tema agrícola.
	Unión Europea: sus prioridades son varias. Pero el tema más sensible sigue siendo la Agricultura (sobre todo para Francia e Irlanda); en este tema el posicionamiento de la UE es básicamente defensivo: minimizar las concesiones en la nueva ronda y mantener al máximo las líneas generales de la Política Agrícola Común en su estado actual. Los otros temas prioritarios son: la Pesca (sobre todo para España); los Textiles (sobre todo para Portugal), en donde la estrategia es también proteccionista con vistas a no aceptar nuevos compromisos en este sector; el Medio ambiente, donde la UE propone incluir normas medioambientales en los acuerdos de la OMC y las Inversiones, con un planteamiento tendiente a una mayor liberalización y sobre todo a una inclusión del tema en tanto que tal dentro del marco de la OMC. Así pues la UE se presentó en la Conferencia de Doha con una estrategia que combina una actitud claramente defensiva en ciertos temas (agricultura, textiles,...) con la ambición, por otro lado, de abrir una nueva ronda de contenido muy amplio que no se ciña al tema estricto de "acceso a los mercados" sino que abarque también un conjunto de nuevos temas (medio ambiente, inversiones, política de competencia,...).
	Los países europeos no comunitarios: apoyan, en términos generales, los intereses de la UE en las negociaciones.
	Japón y Corea: sus posiciones son semejantes a las de la Unión Europea, aunque en el tema de la Agricultura mantienen una postura aún más restrictiva que la UE y discrepan con ella en el tema de la Pesca.
	Estados Unidos: comulgan con las posiciones europeas en algunos temas y discrepan radicalmente en otros (especialmente: agricultura, medio ambiente -que no desean que se trate a nivel multilateral y por tanto no quieren que se incluya en los acuerdos de la OMC-, propiedad intelectual y salud). En general, su posición ha estado tradicionalmente centrada en los temas de "acceso al mercado", sin voluntad de ampliar las negociaciones en el marco de la OMC a ningún otro tema.
	Grupo de países en desarrollo liderados por India: sus prioridades son la obtención de un mayor acceso a los mercados agrícolas de los países desarrollados y la ampliación y refuerzo de la aplicabilidad del "trato especial y diferenciado" a los países en desarrollo en la OMC (que, en muchas ocasiones, consideran que queda diluido en un marco puramente teórico). Además, no están dispuestos a pactar nuevas concesiones en la nueva ronda, ya que consideran que los compromisos que aceptaron en la Ronda Uruguay fueron excesivos. Abogan incluso por un replanteamiento de algunas concesiones pactadas entonces. Por otro lado, se oponen radicalmente a tratar a nivel multilateral temas como las normas sociales o de medio ambiente, ya que temen que se conviertan en medidas proteccionistas camufladas en manos de los países desarrollados para proteger sus propios mercados o que supongan una pérdida de competitividad de sus industrias nacionales al provocar un aumento de salarios y gastos sociales frente a los países en desarrollo no miembros de la OMC. También se oponen a negociar nuevos temas, como inversiones y competencia, es decir, no quieren que se traten más temas a nivel multilateral de los ya incluidos en la Ronda Uruguay.
	Grupo de países en desarrollo "más moderados" (entre ellos, Marruecos, Túnez, Tailandia, Costa Rica y varios países latinoamericanos): Están abiertos a incluir nuevos temas en las negociaciones multilaterales como las inversiones o la competencia, aunque se niegan a incluir el tema del medio ambiente.
	Los Países Menos Desarrollados (PMD) africanos: su exclusión de las consultas durante las negociaciones que tuvieron lugar en la Conferencia de Seattle les ha vuelto recelosos y reivindicativos. Su prioridad es la de la ampliación del "trato especial y diferenciado" y la de obtener una mayor apertura de los mercados de materias primas de los países desarrollados. Consideran, además, que deberían recibir un trato especial marcadamente diferente al del resto de países en desarrollo por parte de los países desarrollados, ya que de otro modo no podrían hacer frente a la dura competencia de países de desarrollo medio como India o algunos países asiáticos y latinoamericanos. Ello les lleva a una posición difícil en las negociaciones en la OMC, a la vez como aliados y competidores del grupo liderado por India. Solicitan además mayores ayudas económicas y de asistencia técnica (para poder aplicar las disposiciones de los acuerdos de la OMC) por parte de los países miembros.

        A.-   Agricultura
        B.-   Los "nuevos temas": Medio ambiente y normas sociales
        C.-   Cuestiones relativas a la aplicación de los acuerdos
        D.-   Inversiones y política de competencia
        E.-   Salud pública - Acceso a los medicamentos
        F.-   Otros temas: servicios en particular


      Agricultura:

La agricultura ha sido tradicionalmente el tema más delicado y complicado de los tratados en el GATT primero y en el conjunto de los acuerdos gestionados por la OMC después.

Frente a los numerosos países que reclaman un mismo trato para los productos agrícolas y los industriales (especialmente -y con un mayor poder de presión- el Grupo Cairns), la Unión Europea sigue defendiendo su particular modelo agrícola común y la especificidad de la agricultura. La apoyan decididamente los otros países europeos no comunitarios, y Japón y Corea (aunque estos últimos con intereses diferentes en algunos subtemas). A medio camino entre ambas posturas, Estados Unidos desea avanzar en la progresiva eliminación de las subvenciones a la exportación, en las reducciones arancelarias (aunque sin hacer distinciones mayores entre países desarrollados y no desarrollados, es decir, que la velocidad de desmantelamiento de estas ayudas sea muy similar para todos los países), pero preservando cierto tipo de ayudas internas (de las que hace buen uso su sector agrícola y a las que no quiere renunciar).

Ya en la primera mitad de los 90, la Unión Europea hizo profundos cambios en su Política Agrícola Común (PAC) y una de las razones fundamentales (junto a la estrictamente interna de reducción de su carga presupuestaria) fue la de adecuarla a las exigencias de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. Ello originó enormes críticas y descontento en el sector agrícola europeo. A las puertas de una nueva ronda multilateral, la Unión Europea no desea realizar nuevos compromisos de envergadura en el sector agrícola, cuyo coste político sería importante. Pero se enfrenta a las fuertes presiones de la mayoría de miembros de la OMC, que le exigen nuevas concesiones y mayor apertura, y que podrían obstaculizar las negociaciones en otros temas de interés para la UE en caso de no ceder.

Teniendo en cuenta las diferentes expectativas de los miembros de la OMC, en septiembre de 2001, Stuart Harbinson, presidente del Consejo General de la OMC, presentó a los países miembros un documento incluyendo los mínimos exigidos por cada país (que pretendía contentar a todas las partes) como base para las negociaciones en Doha. El documento incluía una mención a los objetivos de "eliminación progresiva" de las subvenciones a la exportación. Este punto fue el más discutido por los negociadores de la Unión Europea durante la Conferencia; éstos exigían que se cambiara "eliminación progresiva" por "reducción". Por su lado, el Grupo Cairns, los Estados Unidos y numerosos Países en Vías de Desarrollo (PVD) se mostraron satisfechos con el documento de Harbinson aunque expresaron su deseo de que fuera más allá. Australia pidió concretamente que en lugar de "eliminación progresiva" se utilizara la expresión "eliminación", entendiendo con ello que los países miembros deberían comprometerse en esta nueva ronda a una eliminación total de las subvenciones a la exportación una vez expirara el plazo establecido. Es importante reseñar aquí que, aunque los negociadores estadounidenses reclamaban con insistencia un programa ambicioso en la OMC para la agricultura, ello podría ser más una táctica negociadora que uno de sus objetivos reales. Esto es debido a que, cuando se celebró la Conferencia de Doha, la Administración y el Congreso aún no se habían pronunciado sobre el futuro de la política agrícola norteamericana y en concreto sobre su política de subvenciones, con lo que los negociadores norteamericanos tenían interés sobre todo en conseguir un programa abierto en este tema dentro de la OMC. Por otro lado, un cierto número de PVD solicitó que se incluyera también en el documento, como objetivos para la nueva ronda, el refuerzo de las disposiciones de trato especial y diferenciado a los PVD (principio de no-reciprocidad en algunos aspectos, inclusión de referencias a los importadores netos de productos agrícolas, etc.). Japón y Corea, por su parte, consideraron que el documento de Harbinson iba mucho más lejos de lo que podían aceptar.

Con relación a las subvenciones a la exportación, la Unión Europea parece quedarse sola y sin aliados en la OMC (con la única excepción de Japón y Corea). A ello se le suma el hecho de que tampoco internamente existe una cohesión de todos los países miembros de la UE alrededor de este tema. Mientras que Francia e Irlanda se muestran inflexibles en cuanto a la subsistencia de las subvenciones a la exportación, otros países como Gran Bretaña, Suecia u Holanda consideran que debería reformarse la Política Agrícola Común y eliminar las subvenciones a la exportación para transformarlas en otro tipo de subvenciones (subvenciones internas), mejor vistas internacionalmente. Gran Bretaña iría más lejos y propondría importantes cambios en el sector agrícola comunitario y en todos los tipos de subvenciones. El hecho de que en los últimos años se han destapado numerosos escándalos de malversación de subvenciones a la agricultura parece apoyar también la idea de estos últimos países que exigen una profunda revisión de la PAC y de la gestión de las subvenciones agrícolas. Además, algunos países comunitarios consideran que la política agrícola común debería hacer más hincapié, en el futuro, en aspectos no comerciales (normas de origen, protección geográfica, normas sanitarias y fitosanitarias,...).

Finalmente, en la Conferencia de Doha se llegó a un acuerdo de objetivos para lanzar la nueva ronda de negociaciones sobre agricultura manteniendo como objetivo la "eliminación progresiva" de las subvenciones a la exportación, pero indicando textualmente que ello "no prejuzga los resultados de las negociaciones". Se trata de una solución ambigua que da un margen de maniobra a la Unión Europea para seguir defendiendo sus posiciones en las negociaciones. Deberá definirse, por tanto, la "cuantificación" de los compromisos en el transcurso de las negociaciones y no se incluye en esta primera fase de definición de objetivos. Asimismo, se acordó que el trato especial y diferenciado para los PVD "será parte integrante de todos los elementos de las negociaciones y se incorporará a las 'Listas de concesiones y compromisos' y, según proceda, a las normas y disciplinas que han de negociarse, de modo que sea operacionalmente efectivo y permita a los países en desarrollo tener efectivamente en cuenta sus necesidades en materia de desarrollo, con inclusión de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural".

Por otro lado, durante la Conferencia de Doha, se aprobaron los nuevos waivers sobre el régimen comercial entre la UE y los países ACP y, en particular, sobre el comercio de bananas (ver nota 3), tras arduas negociaciones de la Unión Europea con los países ACP, diversos países latinoamericanos (sobre todo Ecuador), Estados Unidos, Tailandia y Filipinas. La aprobación de dicho waiver era una condición sine qua non de los países ACP para obtener su conformidad en los otros trabajos de la Conferencia. Recordemos que estos waivers "blindan" los acuerdos bilaterales UE-ACP, que ofrecen a estos últimos condiciones preferenciales en los mercados europeos en comparación a otros países en desarrollo miembros de la OMC. El último waiver sobre este tema en la OMC había expirado en febrero de 2000. Muchos países latinoamericanos, apoyados por Estados Unidos, llevan años quejándose en la OMC de la existencia de este waiver, que consideran discriminatorio; por ello, la Unión Europea ha intentado hallar una solución intermedia que resuelva este ya largo conflicto. Su propuesta es que este waiver, aprobado durante la Conferencia de Doha con un periodo de vida de cinco años (ver nota 5), sea el último y que se aproveche este plazo de tiempo para negociar acuerdos regionales de libre comercio UE-ACP (ya que esta posibilidad sí se adecua plenamente a las disposiciones del GATT -Artículo XXIV-). Ello obliga a los países ACP a entrar en un proceso de integración regional y, por tanto, a crear uniones aduaneras o zonas de libre comercio entre ellos. Esto representa un reto importante para los países ACP que afrontan con miedo esta nueva etapa. El hecho de que los países ACP son muchos (77), alejados geográficamente y en más de un continente, con políticas económicas y exteriores muy diferentes y a veces enfrentados entre sí, hace temer que sea imposible que todos ellos acaben integrándose en un único proceso de integración regional. Existe la posibilidad de que esta situación acabe fracturando su frágil cohesión, escindiendo el Grupo en distintos núcleos que competirían entre ellos, lo que debilitaría aún más sus posiciones bilateral y multilateralmente.


      Los "nuevos temas": Medio ambiente y normas sociales

Se trata de dos nuevos temas nunca antes tratados en el seno de la OMC. Quien más está abogando por incluir estos temas dentro de la nueva ronda de negociaciones es la Unión Europea, como un guiño a las ONG, a los partidos verdes europeos (importante sobre todo en Alemania) y a la opinión pública europea en general. En los últimos años, la UE ha llevado a cabo una integración paulatina de los aspectos medioambientales en las políticas comunitarias, incluida su política comercial común, y por tanto ve factible ligar los aspectos medioambientales a las políticas comerciales también a nivel multilateral. Por otro lado, considera igualmente necesaria cierta implicación de la OMC en los trabajos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y en la elaboración de normas fundamentales sobre trabajo mínimas a nivel multilateral. A ello se oponen la práctica totalidad del resto de los países miembros de la OMC.

Según la Unión Europea, incluir dichos temas en los acuerdos de la OMC ayudaría a mejorar la imagen y la credibilidad de la OMC (y habría que añadir: y de la propia UE), fuertemente cuestionada por un número cada vez mayor de ciudadanos. Ya existe un Comité de comercio y medio ambiente en la OMC, encargado de analizar las interrelaciones posibles entre las medidas comerciales y las medidas medioambientales (impuestos "verdes", reglamentación técnica, etiquetado y reciclaje, medidas comerciales aplicadas con el fin de proteger el medio ambiente, la cuestión de las exportaciones de productos que sin embargo están prohibidos en el mercado interior y ciertos aspectos de propiedad intelectual). Por el momento, este Comité sólo "investiga". Por el contrario, en lo relativo a las normas sociales, los trabajos de la OIT han avanzado mucho en estos últimos años. El problema aquí radica más bien en que la OIT no tiene el poder de forzar la aplicación de los acuerdos negociados en su seno y quedan por tanto sujetos a la libre voluntad de los gobiernos nacionales de incluir estas disposiciones en sus legislaciones nacionales. Ligar de alguna manera los trabajos de la OIT a las actividades de la OMC podría aportarles esa efectividad de la que ahora carecen.

En dicho contexto, con un apoyo decidido de la Unión Europea en el tema del medio ambiente y menos evidente en el de normas sociales, y un desentendimiento absoluto hacia ambos por parte de casi todos los miembros de la OMC, el documento presentado por Harbinson para ser debatido en la Conferencia de Doha no podía ser sino muy ligero. El tema medioambiental apenas aparecía mencionado en el preámbulo, dentro de un marco teórico de buenas intenciones, pero se posponía la discusión sobre la apertura o no de negociaciones multilaterales sobre dicho tema a la próxima Conferencia (que tendrá lugar en 2003). Aún así, la mayoría de países miembros (con la excepción de la Unión Europea, Estados Unidos, Noruega y otros países industrializados, Brasil y unos pocos países en desarrollo) consideraron durante la Conferencia de Doha que el documento de Harbinson iba demasiado lejos ya que planteaba la posibilidad futura de negociaciones sobre medio ambiente en la OMC. De entre estos países, los que mantuvieron una oposición más fuerte a la inclusión del medio ambiente en los acuerdos de la OMC fueron India, Australia, Egipto, los países del sudeste asiático, un gran número de países africanos y algunos países latinoamericanos (especialmente Venezuela). En definitiva, el texto propuesto por Harbinson no satisfizo a casi nadie, para unos por ser demasiado osado, para otros por ser demasiado cauto.

Durante la Conferencia de Doha, tras difíciles discusiones, se consiguió finalmente aprobar que el tema del medio ambiente formara parte de la nueva ronda, con un contenido a negociar aún muy modesto en un principio pero con perspectivas de que se amplíen los temas medioambientales a posteriori.

En cuanto al tema de las normas sociales, la propuesta de Harbinson era aún más tibia. De hecho, la viva polémica sobre este tema en las anteriores reuniones multilaterales fue uno de los elementos que provocó el fracaso de la Conferencia de Seattle. Por ello, el documento de Harbinson no hacía ninguna referencia a este tema en los objetivos ni en el programa de trabajo específico propuesto para la OMC y sólo mencionaba a las normas sociales en el preámbulo de la Declaración, indicando que la OIT era el fórum adecuado para un diálogo substancial sobre este tema. Durante la Conferencia de Doha, algunos países (especialmente Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea) mostraron su conformidad con dicho texto, mientras que la UE lo consideró insuficiente y la mayoría de los PVD reiteraron su oposición a cualquier mención a las normas sociales. Muchos PVD siguen viendo este tema como una amenaza para sus posibilidades de desarrollo, al diezmar su competitividad comercial internacional en caso de imponerse normas sociales multilaterales, y difícilmente se convencerán de lo contrario. Además, la Unión Europea parece cada vez más dispuesta a "sacrificar" este tema y desistir en su empeño de incluirlo en la nueva ronda a cambio de concesiones en otras áreas.

Así pues, finalmente, se decidió incluir en el preámbulo de la Declaración Ministerial de Doha la siguiente frase (párrafo 8): "Reafirmamos la declaración que formulamos en la Conferencia Ministerial de Singapur con respecto a las normas fundamentales del trabajo internacionalmente reconocidas. Tomamos nota de la labor en curso en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca de la dimensión social de la globalización." Es por tanto una frase puramente retórica que no compromete a nada y no parece que se consiga mucho más en un futuro.


      Cuestiones relativas a la aplicación de los acuerdos:

Este es el tema que reviste mayor importancia para el conjunto de países en vías de desarrollo y el que provocó la ruptura final de las conversaciones en la Conferencia de Seattle. Durante años, los PVD han mantenido que las negociaciones de la Ronda Uruguay y las fuertes presiones de determinados países desarrollados les llevaron a aceptar compromisos excesivos muy por encima de sus capacidades, lastrando así sus posibilidades de desarrollo. Por ello reclaman medidas de efecto inmediato que precisen y clarifiquen (y en algunos casos flexibilicen) sus obligaciones en la OMC. También consideran que los beneficios extraídos de la Ronda Uruguay no fueron equilibrados (es decir, que algunos países se vieron obligados a realizar mayores concesiones que otros, dependiendo de múltiples factores como sus fuerzas de presión, su poder político internacional, sus aliados en la OMC, etc.). Este desequilibrio quedó recogido de forma manifiesta en las distintas "Listas de compromisos" de cada Estado miembro incorporadas a los acuerdos de la OMC. Por ello reclaman que en esta nueva ronda se revierta esta situación y que las mayores concesiones vengan por parte de los países desarrollados.

Durante años, las negociaciones en la OMC quedaron estancadas en todos los puntos, al negarse los PVD a debatir cualquier otro tema hasta que no se llegara a soluciones satisfactorias en éste. Por su parte, los países desarrollados (y sobre todo Estados Unidos) se negaban en rotundo a volver atrás y renegociar los compromisos ya adquiridos por las partes en las rondas anteriores.

Finalmente, en el 2001 y tras duras negociaciones durante el proceso preparatorio de la Conferencia de Doha, los PVD accedieron a abandonar la posición de que la solución de las cuestiones relativas a la aplicación fuera una condición previa para tratar los otros temas. También aceptaron entrar en la mecánica de un proceso de dos etapas: 1) identificación de un paquete de medidas de efecto inmediato que se consensuarían en Doha y 2) identificación de cuestiones que deberán integrarse en el programa de trabajo general futuro de la OMC. Se mantuvieron firmes, sin embargo, en que los temas de antidumping y textiles (prioritarios para ellos) se trataran en la primera etapa con efecto inmediato.

Así las cosas, el documento presentado por Harbinson como base para las discusiones durante la Conferencia de Doha incluía: 1) un "proyecto de decisión" -en un texto aparte- adoptando un paquete de medidas de efecto inmediato, donde sobresalían las propuestas en textiles (aumento del volumen de los contingentes gracias a un aumento retroactivo del coeficiente de crecimiento anual de los mismos -"growth on growth"-) y en antidumping (periodo de gracia de un año para poder reabrir una investigación; creación de medidas que facilitarían la operatividad de algunas disposiciones del acuerdo antidumping favorables a los PVD); y 2) varias disposiciones, que irían incluidas en la declaración ministerial, que creaban un mecanismo preciso para tratar las cuestiones pendientes en una segunda etapa, dentro del marco de trabajo de la nueva ronda de negociaciones.

Durante la Conferencia de Doha, los países en desarrollo mostraron su conformidad con dicha propuesta, aunque lamentaron que no recogiera algunas de sus demandas en el primer paquete de medidas inmediatas. Sin embargo, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá se opusieron a las propuestas de Harbinson sobre textiles (que es un tema prioritario para Portugal). Portugal está firmemente opuesto a cualquier concesión en textiles en el marco de la nueva ronda y considera que ya ha tenido que aceptar que la UE hiciera recientemente concesiones en materia de textiles a Pakistán, en el marco de los apoyos económicos ofrecidos a este país por su "papel de aliado" en la guerra de Afganistán. Este hecho y la reciente adhesión de China a la OMC, otro gran exportador de textiles, puede dañar seriamente la industria textil portuguesa, sumergida en una fuerte crisis. Sin embargo, durante las complicadas negociaciones en Doha, fue Estados Unidos quien presentó la postura más combativa en este tema (con lo que la UE se mantuvo en un segundo plano en las discusiones), enfrentándose especialmente a India que, por su lado, insistía en la concesión del "growth on growth rate" y no estaba dispuesta a ceder tampoco. Las discusiones se alargaron durante toda la noche del último día y estuvieron a punto de hacer fracasar la Conferencia. Finalmente, India y el resto de países en desarrollo dieron su brazo a torcer y se acordó que los textiles no entrarían dentro del paquete de decisiones inmediatas y que se continuaría negociando sobre este tema con vistas a preparar nuevas recomendaciones al Consejo General de la OMC del 31 de julio de 2002. Además, Portugal hizo que constara textualmente, en el acta de la sesión del Consejo de la UE en que se aprobó el texto de la Declaración Ministerial, que el hecho de que se continuara negociando sobre textiles en la nueva ronda de la OMC no comportaba ningún compromiso de fondo por parte de la UE.

Estados Unidos mostró asimismo fuertes reservas sobre las reformas en materia antidumping. Este es efectivamente uno de los temas prioritarios para los EUA, que están muy poco inclinados a dejar de utilizar agresivamente su legislación antidumping, incluso ante importaciones procedentes de países en vías de desarrollo, que deberían gozar de un trato más "benévolo" según los acuerdos OMC.

El otro gran tema prioritario para los PVD, dentro de las cuestiones relativas a la aplicación, es la que se refiere al "trato especial y diferenciado". Ya desde 1998 los PVD vienen denunciando la no-concreción de las ventajas previstas en los acuerdos de la OMC y el carácter no operativo y no vinculante de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado; en resumen, exigen que deje de ser algo puramente teórico. También demandan la prestación de asistencia técnica efectiva para formación de personal y creación de instituciones, para solucionar los problemas de aplicación de otras disposiciones incluidas en los acuerdos y para poder mejorar la productividad, las infraestructuras y los canales de distribución del sector agrícola en los PVD y su acceso a la tecnología. En este sentido, poco se ha avanzado en la Conferencia de Doha. La Declaración resultante enfatiza la necesidad de resolver dichas cuestiones y es cierto que se aborda el tema del "trato especial y diferenciado para los países en desarrollo" en muchos puntos del documento; pero vuelve a caer en un discurso voluntarista y de buenas intenciones que sigue sin traducirse en obligaciones explícitas legalmente vinculantes.


      Inversiones y política de competencia:

Se trata de dos temas que oponen fuertemente a los países desarrollados por un lado (que desean conseguir importantes avances en estos temas en la nueva ronda) y a los países en desarrollo por otro (muy reacios a incluirlos en la ronda y a aceptar compromisos en estas materias).

En lo que respecta al tema de inversiones, tras la finalización de la Ronda Uruguay, se lanzaron en 1995 en el seno de la OCDE las negociaciones para un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI). Las negociaciones se cerraron con un completo fracaso en 1998 al cuestionarse, los propios países desarrollados, puntos claves del borrador de texto y las posibles consecuencias de la aplicación de algunas de sus disposiciones. Desde entonces ha habido un periodo de impasse y de estudio sobre estas cuestiones, pero en la Conferencia de Doha la Unión Europea volvió a poner el tema sobre el tapete y a demandar que en la nueva ronda de negociaciones se incluya también el tema de las inversiones con vistas a negociar un acuerdo multilateral (es decir, vinculante para todos los miembros de la OMC) y no sólo plurilateral (es decir, al que los miembros de la OMC podrían no adherirse). A ello se oponen fuertemente los países en desarrollo, que consideran que la reglamentación sobre inversiones ha de seguir siendo un tema bajo soberanía nacional para permitirles desarrollar políticas internas que se adecuen a sus necesidades concretas. También temen que unas normas de inversión comunes a todos los países les restaría competitividad y posibilidades de atraer inversión extranjera. Ven, por tanto, más favorables, en todo caso, para sus objetivos de desarrollo, los acuerdos bilaterales de inversiones definidos país por país. Quienes lideran esta corriente de opinión en la OMC son India, Malasia y varios países africanos.

En este difícil contexto, la propuesta de Harbinson se basaba en un compromiso ambiguo anclado en dos fases: una primera fase consistente en un trabajo de clarificación y una segunda fase de negociaciones propiamente dichas, pero dejando para la próxima Conferencia Ministerial (en 2003) la discusión de las modalidades de negociación que regirían la discusión. La ambigüedad residía en que aprobar este texto implicaba aceptar que las negociaciones se iniciaran, pero a la vez condicionaba este inicio de negociaciones a que se consensuara un acuerdo sobre las modalidades de negociación en la V Conferencia.

Este texto no convencía a nadie por dos razones diametralmente opuestas. Los países desarrollados exigían que el principio de las negociaciones fuera automático y que no estuviera condicionado a una toma de decisiones posterior. Por tanto, exigían que las modalidades de participación fueran decididas ya en Doha sin esperar a la siguiente Conferencia Ministerial (esto es, decidir de inmediato si se negociaría un acuerdo multilateral o plurilateral, y en caso de ser plurilateral si se adoptaría la modalidad de "opting in" -ofreciendo la posibilidad a los países en desarrollo de añadirse a las negociaciones en fases posteriores- o bien la de "opting out" -dejando una puerta abierta a que algunos países en desarrollo abandonaran las negociaciones en cualquier estadio si consideraban que los compromisos eran demasiado elevados para ellos-). En el otro extremo, numerosos países en desarrollo se negaban a tener que aceptar un compromiso de inicio de negociaciones sobre este tema por miedo a verse arrastrados en un futuro a posibles compromisos en materia de inversiones si aceptaban ni siquiera el debatirlo. Por su parte, los países integrantes del Grupo Cairns (formado tanto por países desarrollados como no desarrollados) expresaron su temor a que las fuertes oposiciones entre ambos grupos llevaran a negociar un acuerdo plurilateral y no multilateral, señalando que, en su opinión, el principio de la participación de todos los miembros en estas negociaciones debía mantenerse.

Finalmente en la Conferencia de Doha se acordó que se iniciarían negociaciones en la nueva ronda pero que sólo se lanzarían tras acordar las modalidades de negociación en la siguiente Conferencia (en 2003), haciendo mención expresa de que la decisión deberá ser tomada sobre la base de un consenso explícito. Fue India quién exigió que se incluyera expresamente en el texto del acuerdo que la decisión de la próxima Conferencia sobre modalidades de negociación deberá tomarse por consenso explícito y que por lo tanto todo miembro de la OMC tendrá el derecho soberano de ejercer sus prerrogativas.

Con relación al tema de la política de competencia, este tema se empezó a debatir ampliamente por primera vez en la arena multilateral durante la Conferencia de Singapur (en diciembre de 1996). Allí se acordó crear un Grupo de Trabajo en la OMC para analizar la cuestión de las relaciones entre política de competencia y comercio internacional. Se trata por tanto, al igual que las inversiones, de un tema relativamente nuevo dentro de la OMC. Y topa, como en el caso de las inversiones también, con posiciones muy encontradas, que giran en torno a dos ejes claros. Un grupo (el formado a grosso modo por los países desarrollados y algunos países en desarrollo) desea ampliar el sistema de la OMC para dar cabida al tema de la competencia. El otro grupo (que incluye básicamente a la mayor parte de los países en desarrollo) desea que la OMC se atenga al número de temas tratados en la Ronda Uruguay y no trate ninguno de los otros temas, que deben mantenerse, en su opinión, bajo soberanía exclusivamente nacional.

En vísperas de la Conferencia de Doha, el primer grupo estaba liderado por la Unión Europea, que había conseguido finalmente el apoyo de Estados Unidos (en un principio opuesto a debatir el tema de la política de competencia en el contexto multilateral), con el apoyo de otros países europeos-no-comunitarios, de Japón y Corea (que deseaban diluir las negociaciones sobre la agricultura en un contexto de debate más amplio, para no verse forzados a mayores compromisos en ese sector) y algunos países en desarrollo (sobre todo de América Latina y Marruecos). El otro grupo estaba liderado por India y Malasia y apoyado por la gran mayoría de países africanos.

Al igual que en el tema de las inversiones, ante un contexto de fuerte enfrentamiento entre dos propuestas muy distantes, el documento de Harbinson proponía un acercamiento en dos fases: una primera fase consistente en un trabajo de clarificación e identificación de los temas a tratar y una segunda fase de negociaciones propiamente dichas, pero dejando para la próxima Conferencia Ministerial (en 2003) la discusión de las modalidades de negociación (sobre todo en lo concerniente a la modalidad de participación) que regirían la discusión. Por lo tanto, se trataba de una propuesta muy similar a la de inversiones y que encerraba la misma ambigüedad de fondo.

Al igual que en el tema de inversiones, ningún país parecía satisfecho con la propuesta de Harbinson, por razones diametralmente opuestas (para unos era un texto demasiado ambiguo y tímido y para los otros iba demasiado lejos). Sin embargo, dentro del grupo a favor de integrar este nuevo tema en los acuerdos de la OMC, la convicción era mucho menor. Parecía probable que la Unión Europea, Estados Unidos y los países latinoamericanos estarían dispuestos, ahora o más adelante, a ceder en este punto y abandonar la idea de un acuerdo multilateral sobre la competencia si consiguieran contrapartidas en los otros temas.

Finalmente, en la Conferencia de Doha se aprobó la misma decisión que para las inversiones, es decir, que se iniciarán negociaciones sobre competencia en la nueva ronda pero que sólo se lanzarán tras acordar las modalidades de negociación en la siguiente Conferencia (en 2003), haciendo mención expresa de que, en dicha Conferencia, las decisiones sobre este tema deberán ser tomadas sobre la base de un consenso explícito.


      Salud pública - Acceso a los medicamentos

El último gran tema que se trató en la Conferencia de Doha es un dossier que se añadió, en una fase muy avanzada del proceso de preparación de la Conferencia de Doha, a iniciativa de Brasil y apoyado por todos los países en desarrollo: la relación entre el acuerdo sobre propiedad intelectual de la OMC (TRIPS, por sus siglas en inglés) y la salud pública/acceso a los medicamentos. Dichos países solicitaron que, con motivo del lanzamiento del nuevo ciclo de negociaciones de la OMC, la Conferencia de Doha aprobara una declaración separada de naturaleza política. Esta declaración tendría como finalidad aclarar u ofrecer una interpretación concreta del acuerdo TRIPS con respecto a las salvaguardias en materia de salud pública para proteger las necesidades fundamentales en salud pública y especialmente para asegurar el acceso a los medicamentos en condiciones asequibles para las poblaciones vulnerables en la lucha contra las grandes enfermedades transmisibles.

Esta iniciativa de Brasil se inscribe dentro de su lucha en el área de la salud pública por abaratar los altos precios impuestos por las multinacionales farmacéuticas sobre los nuevos medicamentos contra el sida y otras enfermedades endémicas.

Es importante recordar aquí que, antes del establecimiento del acuerdo TRIPS en 1994, las legislaciones nacionales de varios países permitían excluir de sus leyes nacionales sobre patentes a algunos sectores. Alrededor de 50 países -tanto países desarrollados como en desarrollo- excluían concretamente el sector de los productos farmacéuticos de su legislación sobre patentes. La implementación del acuerdo TRIPS por los estados miembros de la OMC prohibió esta práctica, aunque permitía ciertas medidas compensatorias para contrarrestar el monopolio de las compañías farmacéuticas sobre ciertos medicamentos (las llamadas salvaguardias en materia de salud pública) a través de las "licencias obligatorias" o de las "importaciones paralelas” . El problema es que el texto del acuerdo TRIPS resultaba ambiguo sobre cómo y en qué condiciones un país podía hacer uso de esas salvaguardias, lo que provocó que las empresas farmacéuticas abrieran procedimientos judiciales contra los gobiernos de los países que intentaban aplicarlas. Así por ejemplo, cuando el gobierno brasileño ofreció "licencias obligatorias" a los laboratorios nacionales para que pudieran fabricar genéricos a bajo precio y así ofrecerlos gratuitamente a sus enfermos de SIDA a través de la sanidad pública, las multinacionales farmacéuticas emprendieron acciones jurídicas contra el gobierno brasileño amparándose en el TRIPS. El gobierno sudafricano intentó algo parecido y también fue denunciado por estas multinacionales. Esto causó un gran escándalo y movilizó a la opinión pública en contra de estas empresas, pero también de los acuerdos multilaterales que permitían que ello ocurriera.

Para evitar problemas de interpretación, Brasil promovió a nivel internacional una declaración expresa que admitiera excepciones claras y sin condiciones dentro del acuerdo TRIPS en el área de la protección de la salud pública y del acceso a los medicamentos a un precio asequible para las poblaciones de los países en desarrollo.

Los países industrializados se han mostrado favorables a esta iniciativa, sobre todo de cara a la opinión pública de sus respectivos países, conscientes de que este tema tiene gran repercusión social y moviliza a buena parte de la sociedad civil, aunque han intentado vaciar de contenido, en lo posible, la declaración, favoreciendo así los intereses de las multinacionales farmacéuticas.

A grandes rasgos, durante la Conferencia de Doha se barajaban tres propuestas. Por un lado, los países en desarrollo reclamaban que se redactara un documento que aclarara expresamente que la protección de la salud pública prima sobre las obligaciones del Acuerdo TRIPS. Estiman, por tanto, que los Estados deben poder ejercer su derecho "soberano" de establecer las políticas de salud que consideren apropiadas en cada situación sin estar obligados por acuerdos multilaterales que coarten sus políticas nacionales en ese terreno. En el otro extremo, Estados Unidos y Suiza se negaban a apoyar un texto con una interpretación tan amplia que, según ellos, significaría volver a poner en tela de juicio la protección de las patentes farmacéuticas. Para estos países, sería suficiente con que el documento hiciera referencia a la flexibilidad existente en el Acuerdo TRIPS para actuar, bajo ciertas condiciones, en defensa de la protección de la salud pública. La Unión Europea se situaba a medio camino entre las dos posturas.

Harbinson no quiso inclinarse por una u otra opción y prefirió, en este caso, elaborar dos documentos distintos, que presentó a todos los miembros, reflejando las dos posturas para que se discutieran durante la Conferencia de Doha y en todo caso se aprobara uno u otro.

Finalmente, la declaración aprobada en la Conferencia de Doha sobre el Acuerdo TRIPS y la salud pública (ver nota 8) se decanta por la propuesta de los países en desarrollo aunque enfatizando en varios párrafos de la declaración la importancia de los compromisos adquiridos por todos los miembros con el TRIPS y la reiteración de ese compromiso por las partes. Son de especial importancia para los países en desarrollo los siguientes párrafos de la declaración: "Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos", " Cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias" y "Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido que las crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, pueden representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia".


      Otros temas: servicios en particular

No debe pensarse que la discusión de la Declaración Ministerial de Doha prefigura el curso de las negociaciones de la nueva ronda. Temas muy debatidos en el contexto del lanzamiento de la nueva ronda de negociaciones pueden perder relevancia durante las mismas; y, al revés, temas que ahora han pasado prácticamente desapercibidos pueden convertirse en los temas más polémicos. El mejor ejemplo de esta segunda posibilidad puede ser el de las negociaciones en materia de servicios.

La Declaración de Doha la ventila en unas pocas líneas y los trabajos preparatorios prácticamente no la trataron. Sin embargo, puede intuirse que será uno de los temas más difíciles de las negociaciones, particularmente en el ámbito del audiovisual, un sector prioritario para los Estados Unidos (uno de sus principales sectores de exportación) y en el que algunos países de la Unión Europea (en particular Francia) están decididos a mantener a toda costa medidas de protección de la industria nacional. Debe recordarse en este sentido que, contrariamente a lo que podría dar a entender la expresión a menudo utilizada de "excepción cultural", el sector cultural y audiovisual no está excluido del ámbito de aplicación del acuerdo sobre Servicios de la OMC (GATS) y, por tanto, deberá ser objeto de negociaciones como cualquier otro sector de los servicios.


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Autora:  Vicky Martínez López (del Observatorio de la Globalización).