4.- LA CUMBRE PRESIDENCIAL DE FLORIANÓPOLIS

En este clima enrarecido a mediados de diciembre pasado se realizó en Florianópolis la XIX reunión del Consejo Mercado Común del Mercosur y la cumbre semestral de presidentes. A pesar que las reuniones estuvieron dominadas por el anuncio de negociaciones entre Chile y Estados Unidos, los Estados parte del Mercosur consiguieron alcanzar algunos acuerdos que pueden contribuir a modificar el clima de desentendimiento que ha prevalecido en los últimos años. Entre éstos destacan la firma del acuerdo automotriz y la fijación de metas macroeconómicas conjuntas. Mientras que el primero venía arrastrándose desde hace varios meses, el anuncio de la segunda (que estaba previsto para marzo de 2001) fue anticipado por los ministros de Economía. En la reunión de Florianópolis también se resolvió una reducción de 0.5 puntos porcentuales en el arancel externo común, se acordó decidir cuándo aplicar la rebaja adicional de 2.5 puntos porcentuales a partir de junio de 2001 y se firmó un acuerdo marco para la negociación de un tratado de libre comercio con Sudáfrica.

No obstante, en la reunión de Florianópolis no se lograron mayores avances en relación a los temas horizontales pendientes vinculados con la consolidación y profundización de la unión aduanera (Decisiones 22/00 a 32/00 de la cumbre de Buenos Aires). En particular, en materia de solución de controversias, la introducción de cambios al régimen vigente fue postergada para su consideración por un "grupo de alto nivel". Tampoco fue posible anunciar avances en relación a la liberalización del comercio de azúcar, producto que se mantiene al margen de las reglas generales del acuerdo debido a las diferencias que existen entre la Argentina y Brasil respecto al tratamiento de los apoyos domésticos a la producción.


4.a.- El acuerdo automotriz:

Tras largas negociaciones los países de Mercosur rubricaron en Florianópolis un régimen automotriz común. A mediados de los noventa los países socios habían establecido que para principios del año 2000 el Mercosur debía contar con un régimen común basado en el libre comercio intrazona y en el establecimiento de un arancel externo común (AEC). No obstante, las asimetrías de política entre la Argentina y Brasil llevaron a fijar un nuevo período de transición para la liberalización del comercio hasta el año 2006. Aunque el régimen de transición debía estar definido para fines de julio de 1999, el plazo fue sucesivamente postergado debido a la falta de acuerdo. Los principales puntos de la controversia giraban en torno a los métodos para administrar el comercio durante la transición, los aranceles sobre las autopartes y el establecimiento de un requisito de producción nacional a incluir dentro del porcentaje mínimo de componentes de origen regional exigido para que las mercancías puedan considerarse originarias del Mercosur. Las diferencias se agravaron por el impacto sobre el comercio bilateral y la localización de nuevas inversiones que produjo la devaluación del Real en enero de 1999. Finalmente, en marzo de 2000 la Argentina y Brasil acordaron en forma bilateral un régimen de transición que fue la base del acuerdo anunciado en junio durante la cumbre de presidentes realizada en Buenos Aires.

Los principales componentes del acuerdo fueron:

·  un AEC del 35% para automóviles, sin cupos ni restricciones cuantitativas para las importaciones desde extra-zona;

·   un AEC del 35% para Brasil y de entre el 18 y el 25% para la Argentina (que progresivamente se incrementará hasta converger con el arancel brasileño) para ómnibus y camiones;

·   un AEC del 14% para tractores y maquinaria agrícola;

·   un AEC de entre 14 y 18% para autopartes de las que existe una producción en la región (con un cronograma ascendente para la Argentina) y del 2% para aquellas de las que no existe producción en el Mercosur;

·   un régimen de comercio compensado a ser monitoreado semestralmente con márgenes anuales de desequilibrios comerciales permitidos crecientes;

·   un requisito de producción regional (4) del 60%, con 30% de componentes nacionales para vehículos y 25% para camiones;

·   establecimiento de un Comité Auto-motor que determinará la modalidad de la transición hacia el libre comercio una vez que se haya completado la primera fase a fines del año 2003.

La puesta en vigor del acuerdo debía haber ocurrido a principios de julio pero encontró dos importantes obstáculos. Uno fue la opo-sición de los dos socios menores de Mercosur. El otro fue la diferencia de interpretación sobre el método de medición del componente de contenido nacional entre la Argentina y Brasil.

Las resistencias de Paraguay y Uruguay al acuerdo obedecían a la poca presencia (en el caso del primero inexistencia) de producción local, lo que hacía que el arancel de 35% resultara muy elevado. Paraguay también deseaba preservar su régimen de importación de autos usados. En el caso de Uruguay las consideraciones eran similares, aún cuando Uruguay cuenta con una modesta base productiva que sobrevive merced a acuerdos especiales con la Argentina y Brasil. En el caso de ese país, por consiguiente, se trataba además de asegurar un cupo de acceso al mercado de los socios mayores que permitiera mantener la producción existente.

Pero el principal conflicto se produjo entre la Argentina y Brasil en torno a la interpretación del requisito de contenido local. En tanto que el gobierno brasileño aceptó la demanda argentina de establecer un requisito de 30% de contenido local, rechazó la reglamentación que las autoridades argentinas hicieron de la medida. Para éstas la medición de dicho contenido debía hacerse pieza por pieza, en tanto que para las autoridades brasileñas el criterio debía tomar en cuenta los conjuntos y subconjuntos. La posición del gobierno argentino procuraba estimular la utilización de autopartes locales, ya que el cómputo en base a conjuntos o subconjuntos podría permitir cumplir con la exigencia a partir de partes importadas y montadas en la Argentina. La posición del gobierno brasileño era compartida, por otra parte, por las terminales argentinas y brasileñas, como así también por las firmas autopartistas establecidas en Brasil bajo el argumento de que el método de cómputo argentino incrementaría los costos de producción.

Eventualmente, en la cumbre de Florianópolis la Argentina, Brasil y Uruguay lograron superar las diferencias pendientes y firmaron un acuerdo que entrará en vigor el 1º de enero de 2001. Además de los puntos cerrados en el acuerdo de junio del 2000 el último entendimiento agrega los siguientes:

·   el contenido local de piezas será del 30% para automóviles (y 25% para camiones) en el caso de que aquél se mida pieza por pieza, y del 44% para autos (y 37% para camiones) cuando la medición se haga a partir de conjuntos y subconjuntos. Para que las terminales puedan adaptarse a este régimen se definió un período de transición de dos años para los automóviles y de tres para los camiones;

·   en el caso de Uruguay regirá un cupo de exportación hacia la Argentina y Brasil de automóviles y autopiezas de $65m.

A pesar de que Paraguay no completó su incorporación formal, expresó su adhesión y seguirá negociando los términos de su incorporación durante el primer semestre de 2001.


4.b.- El acuerdo de convergencia macroeconómica:

El tema de la coordinación macroeconómica ha estado en la agenda regional desde el Tratado de Asunción, aunque ha estado sujeto a un tratamiento esporádico. La evidencia del impacto desestabilizador y del potencial de conflicto que plantearon las asimetrías en el desempeño macroeconómico de la Argentina y Brasil durante 1999 volvieron a colocar el tema en un lugar prioritario de la agenda.

Uno de los principales problemas que enfrenta el Mercosur es la diversidad de regímenes cambiarios que prevalece en la región, donde conviven un sistema de flotación administrada en Brasil y una caja de conversión ("currency board") con tipo de cambio fijo en la Argentina. Después de la devaluación del Real en enero de 1999 las consecuencias de estas asimetrías se pusie-ron especialmente de manifiesto, dejando paso a tensiones crecientes y a una escalada de conflictos comerciales. Debido a la improbable convergencia de los regímenes cambiarios nacionales en un plazo breve, los gobiernos se inclinaron por aproximar el desempeño de algunas variables nominales como un medio de reducir la volatilidad del tipo de cambio bilateral real. Con este objetivo, después de la asunción del nuevo gobierno argentino en diciembre de 1999 los ministerios de Economía comenzaron un proceso gradual de cooperación que tuvo un primer resultado en el anuncio de indicadores macroeconómicos armonizados a fines de octubre pasado. En la cumbre de Florianópolis los cuatro países miembros del Mercosur y los dos miembros asociados (Chile y Bolivia) avanzaron un paso más al acordar metas conjuntas de déficit fiscal, deuda pública e inflación. El acuerdo establece una etapa de transición en el año 2001, para abrir paso a un período de metas comunes a partir del año 2002.

Las metas establecidas incluyen los siguientes objetivos:

·   Déficit fiscal: el indicador establecido de déficit fiscal es la variación de deuda fiscal neta del sector público consolidado (necesidades de financiamiento medidos por el criterio de "debajo de la línea") como porcentaje del PBI nominal. A partir del año 2002 se establece una meta común que fija un valor máximo del 3%, con un período de adecuación para los años 2002-2003 en el caso de Brasil, donde dicha meta se establece en 3.5%.

·   Deuda pública: el indicador establecido es el promedio trienal de la deuda neta del sector público consolidado (deducidas las reservas internacionales) como proporción del PBI nominal. El período base sobre el que se computa este promedio es el 2002-2004, estableciéndose a partir del año 2005 una trayectoria decreciente hasta alcanzar un límite máximo del 40% en el año 2010.

·   Inflación: se establece un objetivo de inflación anual máxima del 5% para los años 2002-2005. A partir del año 2003 se definirá y publicará un "núcleo infla-cionario" cuya variación deberá ser menor al 4% anual a partir del año 2006. Para Paraguay se fija un período de adecuación hasta el año 2006, en tanto que Brasil ya había determinado previamente una meta de inflación para el año 2002 con un valor máximo es de 5.5%.

El acuerdo es puramente indicativo y no establece penalidades por incumplimientos. Sin embargo, establece un procedimiento para corregir desvíos según el cual el país que incurra en incumplimiento deberá exponer las medidas correctivas que planea adoptar para converger hacia las metas establecidas. Esta convergencia deberá verificarse a más tardar a fines del año siguiente al que se produjo el desvío. El carácter indicativo del acuerdo ha sido interpretado por algunos analistas como un indicador de debilidad y señalado como una diferencia esencial con los criterios establecidos en la Unión Europea como pre-requisitos para la unión monetaria. Esta evaluación parece demasiado exigente, ya que no existen en el Mercosur planes para la adopción de una moneda única ni condiciones políticas (o una interdependencia regional suficientemente densa) como para implementar un régimen que incluya la aplicación de sanciones por incumplimiento. De hecho, la principal virtud del acuerdo es la expresión de una inclinación política a la convergencia en el desempeño macroeconómico y al desarrollo de rutinas de interacción, conocimiento mutuo y evaluación conjunta entre los funcionarios de las áreas económicas. Aunque modesto en sus ambiciones, el acuerdo puede constituir un primer paso en el establecimiento de procedimientos que eventualmente puedan resulten en compromisos más sólidos.


5.- Las negociaciones del ALCA y con la UE