Aun cuando todavía no se conocen los datos oficiales para el año 2001, el déficit del sector público nacional habría alcanzado un monto cercano a los 11,000 millones de pesos (o dólares al tipo de cambio anterior a la devaluación), equivalente a un aumento del 70% sobre la meta comprometida con el FMI y un 60% más alto que el déficit registrado en el año 2000. El aumento en el desequilibrio fue en buena medida el resultado de una caída en los ingresos (que se redujeron en 7.5%) provocada por la recesión. La propuesta de presupuesto para el año 2002 que enviará al Congreso el nuevo gobierno antes de fines de enero probablemente no alcance el equilibrio fiscal, pero ciertamente incluirá una fuerte reducción del déficit programado. La principal contribución para esta reducción prevista del déficit provendrá de la caída en la partida de intereses de la deuda pública, que ya se redujo en 1,700 millones de dólares como consecuencia del tramo doméstico de la operación de canje de la deuda que el anterior gobierno concluyó en el mes de noviembre y también se aliviará como consecuencia del default declarado por Rodríguez Saá durante su breve paso por la presidencia (y que eventualmente será reemplazado por un acuerdo de reprogramación que podría incluir una quita de principal y tasa de interés).
Las autoridades son conscientes de que deberán seguir una política fiscal muy prudente debido a las limitaciones para obtener financiamiento para el sector público. Aún cuando el fin de la caja de conversión ha abierto la puerta para la monetarización del déficit del sector público, esta opción implicaría con seguridad un retorno a altos niveles de inflación o a nuevos episodios hiperinflacionarios. La posibilidad de monetización de los desequilibrios del presupuesto público está limitada por el monto de la base monetaria, que alcanzaba antes de la devaluación menos de 9,000 millones de pesos (o dólares). Para alcanzar una situación fiscal sustentable el gobierno nacional deberá llegar a un acuerdo con las provincias, ya que muy difícilmente podrá cumplir con el piso de transferencias de la coparticipación de impuestos que fuera comprometido en el año 2000. El dilema de la relación financiera entre la Nación y las provincias no se resolverá, entretanto, si no se establece un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos (tal como lo estableció la reforma constitucional de 1994) en donde las responsabilidades de imposición estén distribuidas de manera más acorde a como lo están las responsabilidades de gasto.Desde el punto de vista del mediano plazo la cuestión clave de la política
fiscal en la Argentina no es tanto el nivel de gasto (que en cualquier caso
necesita ser reducido) sino su bajísima eficacia. Hasta el momento, el énfasis
puesto en la reducción del déficit en un contexto de recesión económica ha
agravado la depresión, no ha resuelto el desequilibrio y ni siquiera ha
comenzado a enfrentar el problema más fundamental de la pobre e ineficaz
gestión del gasto.
Capítulo 3.- La política monetaria