
Tal como lo autorizó el Congreso en la Ley de Emergencia Pública, las nuevas autoridades enviaron al legislativo una propuesta de reforma de la carta orgánica del Banco Central que mantiene la independencia del Banco Central, restablece su rol de prestamista de última instancia y autoriza la emisión monetaria contra títulos de deuda del sector público (cuyas tenencias se sujetan a ciertos límites de crecimiento anual). Históricamente, y hasta el establecimiento de la caja de conversión en 1991, el Banco Central fue un apéndice del Poder Ejecutivo, monetizando el déficit del sector público. En las nuevas condiciones, la autoridad monetaria deberá demostrar que está en condiciones de preservar su independencia formal e implementar una política monetaria responsable. Un indicador sobre la orientación posible de la política monetaria en el futuro lo da el hecho que el renunciado presidente del Banco Central fue reemplazado por el vicepresidente del organismo, un economista de formación ortodoxa que fue por años funcionario del FMI.
Un problema clave para el ejercicio de la política monetaria será la evolución de la crisis financiera. La precaria situación de los bancos puede colocar al Banco Central ante presiones irresistibles en un contexto de gran fragilidad sistémica. Esta fragilidad es lo que convenció a las autoridades de hacer el congelamiento de depósitos aún más riguroso de lo que había sido inicialmente anunciado por el ministro Cavallo. En efecto, a los pocos días de asumir el nuevo gobierno anunció un cronograma para la devolución de depósitos (en cuenta corriente, caja de ahorros y plazo fijo) que comienza en el próximo mes de marzo para las cuentas en pesos y concluye en el año 2005 para las cuentas en dólares. Este esquema probablemente será flexibilizado en el contexto de una autorización para el uso limitado de recursos, sin que estos salgan del circuito financiero. Probablemente, este paso se complementaría con una “pesificación” aún más intensa de activos y pasivos (Nota 1).