El primer semestre del año estuvo marcado por el deterioro de las expectativas económicas y políticas en relación con la Argentina –poniendo en tela de juicio el modelo de convertibilidad adoptado en abril de 1991–, por las decisiones adoptadas por el nuevo Ministro de Economía, Domingo Cavallo, para intentar revertir esta tendencia y, last but not least, por la estrategia política y mediática utilizada por Cavallo para anunciar e implementar sus medidas económicas. La devaluación del Real y la crisis energética contribuyeron a configurar un ambiente de dificultades crecientes en Brasil, que influyó negativamente sobre el proceso de integración.

En realidad, el deterioro de la situación argentina ya había empezado a gestarse en la etapa final del gobierno de Carlos Menem, pero se agravó sensiblemente con Fernando de la Rúa. La desconfianza sobre la sostenibilidad del la caja de conversión tras tres años de estancamiento y las bajísimas perspectivas del retorno del crecimiento aumentaron, junto con la insatisfacción social y con el desmembramiento de la alianza política que había llevado a De la Rúa a la presidencia. La situación empeoró durante el primer semestre del año y Cavallo volvió al Ministerio de Economía, organizando su actuación en torno a cuatro bloques de medidas:

  la aprobación por el Congreso de la Ley de Competitividad, basada en la transferencia de poderes del Legislativo al Ejecutivo, para promover, entre otras cosas, una nueva reforma administrativa, la eliminación o creación de excepciones tributarias y la creación o eliminación de impuestos. El Gobierno también anunció importantes cambios en la política arancelaria, reduciendo unilateralmente los aranceles sobre los bienes de capital (hasta el 0%) y aumentando los que gravan los bienes de consumo (hasta el 35%). A mediados de junio, juntamente con la introducción de un régimen cambiario específico para las operaciones de comercio exterior, los aranceles sobre los bienes de consumo fueron reducidos a 27%.

  la creación de programas sectoriales de competitividad, con el objetivo de reducir los costos de inversión y producción en la Argentina. Hasta principios de junio, se habían firmado varios convenios, incluyendo la industria frigorífica, los bienes de capital, los automóviles, la industria textil y de la confección, el calzado y el turismo. Estos convenios se basan principalmente en beneficios tributarios, pero incluyen algunos elementos de política comercial y de compromisos de mantenimiento del nivel de empleo.

  la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Convertibilidad Ampliada por la cual se fija la paridad del peso en relación a una canasta compuesta a partes iguales por el dólar y el euro. La nueva legislación entrará en vigor cuando la paridad entre el dólar y el euro alcance la unidad. Debido a que ésta es una posibilidad eventual y de realización incierta, a mediados de junio el gobierno aprobó un régimen transitorio de cambio diferenciado para las operaciones de comercio exterior. El nuevo régimen utiliza un Factor de Convergencia que se define sobre la base de una cesta de monedas integrada por el dólar estadounidense y el euro. Dicho factor será calculado diariamente por el Banco Central y será equivalente a un dólar estadounidense menos el promedio simple de la cotización entre el dólar y el euro. Los importadores pagarán el valor CIF de las mercancías contabilizadas en dólares y multiplicadas por el Factor de Convergencia, mientras que los exportadores recibirán el valor FOB en dólares multiplicado por el Factor de Convergencia. El peso para el comercio exterior cotizaba, el día del anuncio de esta medida, a 1,08 dólares estadounidenses.

  la creación de un régimen de importaciones específico para los sectores de automóviles, bienes de capital, bienes informáticos y de telecomunicaciones e insumos para gas y petróleo, que permite deducir el Factor de Convergencia aplicado a las importaciones de estos productos cuando el arancel de importación sea superior a la tasa que resulta de la aplicación del Factor de Convergencia. En la práctica, esta medida equivale a una reducción o a una eventual supresión de las preferencias de los países del Mercosur en el mercado argentino para estos productos.