CONTRA LA ACTUAL CULTURA PUNITIVA

Y DE EXCLUSION SOCIAL

Resulta alarmante constatar como en los últimos años han penetrado en los espacios de la vida cotidiana actitudes de reproches y censuras contra todo aquello que no se adecua a un determinado comportamiento social. Unas formas alentadas desde sectores sociales con poder suficiente para liderar empresas morales que quieren fabricar modelos concretos de comportamiento. Es así como una creciente cultura punitiva se manifiesta de forma vigorosa entre todos nosotros y nosotras.

  Y esta tendencia no es única en nuestro país. También se percibe, desde hace ya algunas décadas, no sólo en Europa sino en otros lugares del planeta que caen bajo la disciplina de un único modelo de desarrollo y organización social. Un modelo promulgado desde la creencia de que cuanto más se desregule, menos se controle, más se liberé a las fuerzas sociales, entonces habrá más posibilidades de satisfacer los deseos y las aspiraciones individuales. Pero, la realidad de esta idea ultra liberal es contradictoria con sus postulados, ya que olvida intencionadamente que en ese supuesto mercado de libre intercambio se imponen los más potentes, aquellos con la fuerza suficiente para concentrar poder y dominar, amedrentar, acobardar, o aterrorizar con la desocupación laboral, las incertezas en el sistema sanitario, el deterioro de la educación pública o las dificultades para acceder a una vivienda digna. Un panorama que se podría resumir en pocas palabras: una mayor exclusión social. Son los rasgos dominantes de la desaparición de una cultura del Welfare y de la expansión de la globalización.

  Esta situación se agrava con las sanciones que se aplican a los desobedientes, a los insumisos, o simplemente los rebeldes. Y quienes no se someten a las leyes del mercado que penetran en todos los ámbitos de la vida, resultan rechazados, excluidos y marginados. Una actitud que afecta con mayor dureza a aquellos sujetos o grupos pertenecientes a sectores étnicos o religiosos diferentes al dominante. De la misma manera se actúa respecto de quienes no participan en las opciones de vida del modelo heterosexual, o simplemente no se identifican con los viejos esquemas de lo masculino y lo femenino.

 De este manera, las pautas sobre las que se sustenta el orden social se fundamentan en la exclusión. Están cargadas de una ideología discriminatoria repleta de prohibiciones y castigos. Y la reproducción de estas pautas se apoyan en el desinterés y la inhibición que muestra gran parte de la población.

Sin una resistencia fuerte, esa ideología tiene una inmensa capacidad de penetración, aumentada por el actual sistema de medios de comunicación. Además, aquellos instrumentos o aparatos estatales simbólicamente predispuestos para la solución de conflictos, como se dice del sistema penal, son pertinentes a semejante expansión ideológica. Aparatos surgidos de la Modernidad para alcanzar fines muy concretos y que, ahora, a finales de este milenio, se aplican para intervenir sobre conductas o situaciones problemáticas, sin entidad punible por si, pero que se construyen socialmente como verdaderos delitos.

Así las cosas, la vida cotidiana se ha transformado en un contraste continuo entre una lluvia de incitaciones "positivas" a ciertas actividades que implican un autocontrol -como la práctica del deporte, la adquisición de bienes, el consumo de drogas legales...- y que conllevan una cadena de mensajes represivos que la sociedad reproduce y amplifica. Con ello se explica que amplios sectores sociales reclamen más dureza para aquellos sujetos que, precisamente por no comportarse ni expresarse dentro de los límites del consenso social hegemónico, ya están inmersos en una serie continuada de exclusiones.

 La demanda de penas más graves -incluida la de muerte-, de una mayor dureza policial, de mayor severidad jurisdiccional, de más cárcel, son las rudas muestras de esa cultura punitiva que cada vez invade más todos los rincones de la sociedad. Mientras tanto, se entorpece la aplicación del sistema penal para aquellos comportamientos que desde estamentos estatales violan los derechos fundamentales de las personas (o derechos humanos).

 Frente al cuadro expuesto, se hace necesario que quienes intentan estudiar los aspectos que configuran una situación como la descripta, aúnen sus puntos de vista y esfuerzos para contribuir no sólo a una denuncia de dichas cuestiones, sino también a promover su investigación más allá de los estereotipos simplificadores. Este conjunto de preocupaciones han llevado a quienes firman este documento a proponer:

 1) Que todos aquellos que, como profesores y estudiantes que han tenido o tienen vínculos con el Master "Sistema Penal y Problemas Sociales" (Universidad de Barcelona) y a las distintas actividades e iniciativas promovidas desde tal marco de reflexión, deberían involucrarse y favorecer un debate acerca de la explicada cultura punitiva. Una iniciativa que pretende impulsar un ámbito en el que encuentren un lugar común no sólo las personas aludidas, sino también todas aquellas que por formación, sensibilidad, profesión o compromiso intelectual y cultural se encuentren inclinados a participar en un proyecto de este tipo.

¿Con qué objetivos? Podrían ser vastos pero, en cualquier caso, deberían concentrarse en la denuncia, el estudio y la investigación de aquellas situaciones que generan exclusión y rechazo social, para provocar una mayor atención colectiva e institucional.

2) Para alcanzar estas metas sería quizá oportuno constituir una Asociación sin fines de lucro, pero con la identidad suficiente para representar y promover acciones y con la capacidad para solicitar la financiación que precisen sus proyectos de investigación. Una Asociación que, sobre la base de vínculos con otras semejantes, está en condiciones de aglutinar personas y colectivos con inquietudes comunes. En esta perspectiva existen en Europa asociaciones o movimientos guiados por intereses similares. Con dichos organismos podrían establecerse vínculos comunes de trabajo.

Areas de conocimiento tan amplias concentran a sociólogos, psicólogos sociales, antropólogos, juristas, economistas, politicólogos y otros estudiosos vinculados con las disciplinas de la conducta (psicología, pedagogía, psiquiatría).

3) Por todo lo dicho, el presente documento quiere, ahora, obtener la adhesión a las ideas apuntadas. Estos apoyos configurarían una plataforma de adherentes y con ello se impulsaría la convocatoria de una asamblea para constituir una asociación con los rasgos descritos anteriormente. Una entidad sin fines de lucro, cuyo nombre se decidirá en dicho encuentro. Dicha asamblea aprobaría el pertinente Proyecto de Estatutos para que la aludida Asociación pudiera tener una personalidad jurídica.

Barcelona, mayo de mil novecientos noventa y ocho.
Francesc Barata, Roberto Bergalli, Encarna Bodelón, Pep García-Borés, Joan Antón Mellón, Iñaki Rivera, Oriol Romaní, Héctor Silveira, Celia Suay, Julio Zino.

Master Sistema Penal y Problemas Sociales/ spps@eco.ub.es