Manuel Portela peñas

La multiplicación de agresiones físicas y mentales contra los inmigrantes marroquíes (desde julio pasado en Tarrasa hasta Almería ahora) muestra sobre todos los daños que a medio plazo produce la permisibilidad oficial para con la inmigración ilegal. Al igual que en otros muchos sitios la inspección de Trabajo de El Ejido ha «mirado para otro lado» cuando ha investigado las condiciones laborales y sociales en las que trabajaban y vivían los marroquíes. Como nadie quiere convivir con gente misérrima (porque, entre otras cosas, se devalúa el valor de sus viviendas, que es el único activo que poseen) el rechazo social y la marginación que los españoles de El Ejido han tenido «desde siempre» para con los «moros» es una consecuencia de la pobreza y marginalidad a los que les sometían. 

Cualquier política de emigración requiere fuertes gastos públicos, porque exige asentamiento familiar y el acceso libre a los derechos a la vivienda, la educación y la sanidad. Todo lo que no sea favorecer la integración social termina de igual manera, los pobres persiguiendo a palos a los más pobres que ellos para que se vayan más lejos.

 Los inmigrantes son personas emprendedoras que quieren, a costa de riesgo, esfuerzo y dinero para el peaje, encontrar un futuro mejor que el que ya conocen. Pero el crecimiento del paro de larga duración en Europa ha traído consigo el intento de impermeabilizar las fronteras que a su vez ha producido la reducción de la oferta de inmigración legal. La inmigración ilegal se ha multiplicado porque el sistema de acceso ha demostrado ser eficaz y con escaso riesgo. Las sucesivas regularizaciones de ilegales han mostrado que el mejor camino para ser inmigrante legal es haber sido antes un ilegal. 

La experiencia de otros países dice que habría tres maneras de reducir el incentivo a la inmigración ilegal. La primera afirma que el aumento de las inversiones europeas en el desarrollo de esos países reduciría el incentivo para emigrar. La segunda idea es la de liberalizar los cupos de inmigrantes necesarios para ocupar los trabajos que los europeos ya no quieren hacer: al fin y al cabo la experiencia dice que, salvo oficios donde no llega el control sindical, la inmigración no deprime los salarios reales ni aumenta el gasto social. Las dos últimas ideas intentan perseguir el negocio del tráfico ilegal: por un lado endureciendo la legislación penal contra los traficantes y persiguiendo y expulsando más eficazmente a los ilegales; por otro, obligando a la observancia de las leyes sociales para con el trabajo de los inmigrantes, para que no haya demanda empresarial interesada en mano de obra barata.
 
 

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