editorial ABC, 07.02.2000
Vergüenza nacional
EL brote de xenofobia y racismo que ha aflorado en la localidad almeriense de El Ejido contiene todos los ingredientes para hacer de él un inquietante espectáculo que nos hace retroceder a los tiempos felizmente superados en los que la explotación humana llevaba al crimen, la comisión de un delito a la venganza, el odio racista a linchamientos y persecuciones. Las estremecedoras imágenes que han mostrado estos dos últimos días a grupos de vecinos agrediendo al subdelegado del Gobierno, volcando coches, quemando chabolas, destrozando establecimientos a los que acuden los inmigrantes, hiere la sensibilidad democrática y hace dudar de las convicciones éticas y morales de quienes intentan tomarse la justicia por su mano.
Con poco más de 45.000 habitantes, el municipio de la provincia de Almería posee más de 17.000 explotaciones agrarias. Su población activa es de 18.291 mientras que la población ocupada es de 16.633 personas, situación equivalente a la de pleno empleo porque la prestación social de paro cubre a la práctica totalidad de los desempleados durante el tiempo que dura su inactividad, casi siempre voluntaria. Medio centenar de oficinas bancarias, varios concesionarios de automóviles y unos indicadores de consumo envidiables son la mejor prueba de que su nivel de bienestar está muy por encima de la media nacional.
Lo que hace dos décadas era un páramo improductivo se ha convertido en un vergel. La explotación intensiva bajo plásticos, riego gota a gota, aprovechamiento de acuíferos subterráneos han obrado el milagro. La provincia es hoy la primera exportadora de frutas y hortalizas tempranas y extratempranas. Mediante inversiones mínimas en capital y tecnología pero ingentes en mano de obra, los eriales se han convertido en huertos entoldados y los desiertos, en oasis. Pero esta transformación no hubiera sido posible sin la presencia de una mano de obra barata que sólo las lamentables condiciones de la emigración ilegal han permitido. El jornal que para un autóctono es de 5.000 pesetas al día, para cualquiera de los 15.000 inmigrantes —el 40 por ciento indocumentados marroquíes, argelinos o surafricanos— es de sólo 2.500. La mayoría de ellos hacen cola al amanecer a la entrada de las explotaciones a la espera de que el encargado solicite sus servicios. Y cuando el trabajo no les permite la subsistencia caen en la marginación, el hurto con intimidación, el tráfico de drogas: en quince días ese polvorín ha provocado tres muertes y una reacción inadmisible de intentos de linchamiento, clamor de venganza y odio indiscriminado.
Quienes, como algunos vecinos, no entienden que ese desarrollo no hubiera sido posible sin el concurso de una inmigración que no hace sino responder a la escasez de mano de obra local por el descenso de la natalidad, el desprecio de la población autóctona por los trabajos subalternos y el gravísimo problema de la inmovilidad laboral en España, hacen un mal análisis de lo que sucede en El Ejido y, por lo tanto, alientan expresiones de violencia en vez de racionalizar las posibles soluciones.
Para acabar con las agresiones a inmigrantes y las reacciones violentas de solidaridad es preciso que las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, primero, y la Administración judicial después, cumplan estrictamente sus obligaciones de prevención y de represión. Estamos ante cuestiones de principio y para mantenerlas hace falta una determinación total. Que pasa por asumir que lo que ocurre en El Ejido es una auténtica vergüenza nacional; que hay que prever cualquier situación que se parezca a la de Almería y que debe responderse a los graves acontecimientos con medidas pedagógicas. Y hay que advertir que la sociedad española se enfrenta a un fenómeno de inmigración, posiblemente masivo en un futuro inmediato, que habrá que afrontar con un profundo sentido humanista y democrático y con adecuados instrumentos legales.
EL brote de xenofobia y racismo que ha aflorado en la localidad almeriense de El Ejido contiene todos los ingredientes para hacer de él un inquietante espectáculo que nos hace retroceder a los tiempos felizmente superados en los que la explotación humana llevaba al crimen, la comisión de un delito a la venganza, el odio racista a linchamientos y persecuciones. Las estremecedoras imágenes que han mostrado estos dos últimos días a grupos de vecinos agrediendo al subdelegado del Gobierno, volcando coches, quemando chabolas, destrozando establecimientos a los que acuden los inmigrantes, hiere la sensibilidad democrática y hace dudar de las convicciones éticas y morales de quienes intentan tomarse la justicia por su mano.
Con poco más de 45.000 habitantes, el municipio de la provincia de Almería posee más de 17.000 explotaciones agrarias. Su población activa es de 18.291 mientras que la población ocupada es de 16.633 personas, situación equivalente a la de pleno empleo porque la prestación social de paro cubre a la práctica totalidad de los desempleados durante el tiempo que dura su inactividad, casi siempre voluntaria. Medio centenar de oficinas bancarias, varios concesionarios de automóviles y unos indicadores de consumo envidiables son la mejor prueba de que su nivel de bienestar está muy por encima de la media nacional.
Lo que hace dos décadas era un páramo improductivo se ha convertido en un vergel. La explotación intensiva bajo plásticos, riego gota a gota, aprovechamiento de acuíferos subterráneos han obrado el milagro. La provincia es hoy la primera exportadora de frutas y hortalizas tempranas y extratempranas. Mediante inversiones mínimas en capital y tecnología pero ingentes en mano de obra, los eriales se han convertido en huertos entoldados y los desiertos, en oasis. Pero esta transformación no hubiera sido posible sin la presencia de una mano de obra barata que sólo las lamentables condiciones de la emigración ilegal han permitido. El jornal que para un autóctono es de 5.000 pesetas al día, para cualquiera de los 15.000 inmigrantes —el 40 por ciento indocumentados marroquíes, argelinos o surafricanos— es de sólo 2.500. La mayoría de ellos hacen cola al amanecer a la entrada de las explotaciones a la espera de que el encargado solicite sus servicios. Y cuando el trabajo no les permite la subsistencia caen en la marginación, el hurto con intimidación, el tráfico de drogas: en quince días ese polvorín ha provocado tres muertes y una reacción inadmisible de intentos de linchamiento, clamor de venganza y odio indiscriminado.
Quienes, como algunos vecinos, no entienden que ese desarrollo no hubiera sido posible sin el concurso de una inmigración que no hace sino responder a la escasez de mano de obra local por el descenso de la natalidad, el desprecio de la población autóctona por los trabajos subalternos y el gravísimo problema de la inmovilidad laboral en España, hacen un mal análisis de lo que sucede en El Ejido y, por lo tanto, alientan expresiones de violencia en vez de racionalizar las posibles soluciones.
Para acabar con las agresiones a inmigrantes y las reacciones violentas de solidaridad es preciso que las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, primero, y la Administración judicial después, cumplan estrictamente sus obligaciones de prevención y de represión. Estamos ante cuestiones de principio y para mantenerlas hace falta una determinación total. Que pasa por asumir que lo que ocurre en El Ejido es una auténtica vergüenza nacional; que hay que prever cualquier situación que se parezca a la de Almería y que debe responderse a los graves acontecimientos con medidas pedagógicas. Y hay que advertir que la sociedad española se enfrenta a un fenómeno de inmigración, posiblemente masivo en un futuro inmediato, que habrá que afrontar con un profundo sentido humanista y democrático y con adecuados instrumentos legales.