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Los marroquíes en España acusan a su Gobierno de «mezquindad» y «oportunismo político»

Representantes de los trabajadores magrebíes de El Ejido, patronal, sindicatos y administraciones llegaron ayer a un consenso en torno a un documento con medidas sociales, económicas y laborales, que permitirá desconvocar la huelga del Poniente de Almería si es refrendado por las asambleas de inmigrantes. Entre los puntos del documento están la «legalización» de 5.000 trabajadores magrebíes, la reparación de los destrozos en viviendas y locales en los disturbios e indemnizaciones para los que sufrieron daños, y la construcción de viviendas sociales y albergues. 
 

Una inmigrante magrebí posa frente a la furgoneta de su familia

Redacción - El Ejido (Almería) .-
El documento que acordaron ayer, después de casi cinco horas de negociación, el medio centenar de representantes de inmigrantes, patronal, sindicatos y administración, establece, entre sus once medidas, la «regularización inmediata de todos los inmigrantes indocumentados» de las zonas agrícolas de Almería, cifrados en 5.000 personas, «con arreglo al proceso que comenzará el 21 de marzo». 
    Para ello, la Subdelegación del Gobierno en Almería abrirá tres oficinas especiales en El Ejido, Vícar y Níjar, y dará instrucciones «a todos los municipios de la provincia para que faciliten el empadronamiento de todos los inmigrantes», lo que les dará acceso a prestaciones sanitarias, sociales y educativas. 
    El texto, presentado por el presidente de la patronal Asempal, Miguel Santaella, y el delegado del Gobierno andaluz, Juan Callejón, permitirá la instalación en un plazo de 24 horas de cuatro carpas de Cruz Roja en otros tantos puntos de El Ejido para el alojamiento de las decenas de magrebíes que se encuentran desperdigados por distintas zonas de la comarca.

Reparación de daños

Los 800 millones de pesetas destinados por el gobierno andaluz y central al plan de emergencia en el Poniente almeriense se destinarán a reparación de los daños producidos en los disturbios de esta semana en lugares religiosos, viviendas, invernaderos, comercios y vehículos, tanto de inmigrantes como vecinos de El Ejido, y la construcción de viviendas sociales para los trabajadores de la comarca más desfavorecidos, y albergues para temporeros.
    El documento recoge el compromiso de las organizaciones agrarias de promover entre los empresarios del Poniente almeriense el cumplimiento del convenio del campo del año 2000 «y a tomar cartas en el asunto en los casos en que se produzcan denuncias por incumplimiento de dicho convenio».
    El texto, precedido por el pésame del colectivo magrebí a las familias de las tres víctimas cuyas muertes desataron la violencia en la comarca, propone la petición al Ministerio de Justicia de una «investigación profunda» de los hechos.
    Aunque el acuerdo se daba por hecho entre los representantes españoles en la negociación, los portavoces de los magrebíes, entre los que ayer no se encontraba Mustafa Ait-Korchi, líder de la facción más radical, frenaron cualquier gesto de asentimiento al documento «hasta que no sea respaldado» por la veintena de asambleas de inmigrantes previstas para ayer por la, y cuyo resultado será transmitido hoy al resto de miembros de la mesa.
    Mientras llegaba el refrendo a la propuesta, los representantes de los magrebíes mostraban su disgusto con la actuación de su Gobierno en este asunto. El presidente de la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España (ATIME), Mustafa El Merabet, acusó al Ejecutivo marroquí de «querer ponerse la medalla», al intentar que un representante gubernamental acudiera a El Ejido para mediar en el conflicto.
    Según declaró a Efe El Merabet, uno de los miembros de la delegación marroquí en el encuentro de la Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo, celebrado el viernes en Sevilla, se desplazó a Almería para participar en las negociaciones.
    Para el presidente de ATIME, el sentimiento de los marroquíes ante dicha visita es de «indignación y perplejidad por la mezquindad y el oportunismo político de los representantes del Gobierno marroquí», tanto en lo que respecta a la visita a Almería como al comunicado emitido por el Reino aluita.

«Rabat nunca se preocupó»

A juicio de El Meraber, el Gobierno de Marruecos está «intentando dar la impresión de que hay una seria preocupación por sus ciudadanos en el extranjero, cuando jamás en la historia de la emigración marroquí se han preocupado por los intereses y derechos de los emigrantes». Añadió, incluso que el Ejecutivo marroquí «ha dificultado la vida de sus ciudadanos con la corrupción en los consulados».