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EL MUNDO |
Elecciones 12.M / INMIGRACION El Ejido, algo más que un simple «incidente lamentable» BELEN REYES GUITIAN Los sucesos de El Ejido, la llegada de pateras a las costas de Cádiz y Lanzarote y el largo debate de la nueva Ley de Extranjería han llevado el problema de la inmigración a la primera línea de fuego electoral. La difícil convivencia en El Ejido ha puesto en evidencia las carencias que sufren los inmigrantes que vienen a España en busca de trabajo. Al margen de que exista un problema de racismo, asuntos como el incumplido derecho a la vivienda -se habla de instalarlos en campamentos-, la falta de integración de los inmigrantes en los núcleos de población en los que trabajan o la persistencia del tráfico de personas evidencian que, pese a lo mucho que se habla del problema, las soluciones avanzan perezosamente, si es que lo hacen. El ininterrumpido flujo de pateras evidencia el hecho de que por muchas vallas que se levanten en la frontera, por su cuenta o atrapados por las mafias que trafican con personas, los africanos, latinoamericanos, ciudadanos del Este de Europa o incluso de Asia que quieren llegar a Europa por cualquier medio van a seguir intentándolo. Doce millones Y, además, el ansia del Gobierno por reformar la nueva normativa sobre los derechos de los extranjeros en España amenaza con dejar la situación sin definir durante mucho más tiempo. Los estudios realizados por diversos organismos nacionales e internacionales coinciden en señalar que el descenso de la natalidad en España, la más baja del planeta con 1,07 hijos por mujer, ha creado un vacío generacional que será necesario rellenar con extranjeros. La ONU pronostica, por su parte, que España habrá de permitir la entrada de 12 millones de extranjeros, a un ritmo anual de 240.000 personas por año, durante las próximas cinco décadas para evitar un colapso económico por falta de mano de obra. El cupo anual establecido por el Gobierno es de 30.000. Pero más que cuántos vienen -seguimos a la cola de la UE en cuanto a inmigrantes en proporción a nuestra población-, la cuestión que se plantea como un reto para el futuro es qué hacer para que los que llegan no pasen automáticamente al cajón de la marginación. Hay muchas preguntas. Cómo se legaliza a los casi 100.000 residentes sin papeles que han llegado al país sin pasar por la aduana. Cómo se asegura que no se discrimine al trabajador extranjero y a su familia. Cómo se le protege de las mafias que los traen, de los seudoabogados que los engañan aquí y de la burocracia. Y cómo se lidia con el 29% de españoles que, según el CIS, cree que vienen demasiados extranjeros y los miran con desconfianza. La nueva Ley de Extranjería, aprobada con los votos de todos los grupos parlamentarios excepto el Popular, pretende aportar soluciones a estos interrogantes, otorgando nuevos derechos a los extranjeros y ofreciendo vías para la regularización de los sin papeles que ya se encuentran en nuestro territorio. Pero, al mismo tiempo, la nueva legislación ha disparado la alarma en la Administración, que considera que la normativa es demasiado progresista y que puede tener un efecto llamada, es decir, que provoque un nuevo éxodo de inmigrantes hacia nuestro país, deseosos de acogerse a los beneficios de esta ley. Verja inútil Francia ya ha advertido de que el número de ciudadanos de los países del Este europeo y de Asia que intentan cruzar la frontera ilegalmente hacia España se ha triplicado desde que entró en vigor la ley. Por su parte, el secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Ceuta, predijo que miles de inmigrantes cruzarían la frontera siguiendo la llamada de la nueva ley. Y apuntilló que la nueva verja de Ceuta, que ha costado 12.000 millones, no va a servir para nada. Si para el próximo Gobierno esto supone o no un problema, si cree que hay que ampliar los cupos anuales de entrada a extranjeros que vienen a trabajar a España, si estima que hay que aumentar la inversión que se hace para integrar a los inmigrantes, si, en suma, decide afrontar la cuestión o seguir arrinconándola, entonces definirá si los conflictos provocados por la inmigración en España llegarán a ser residuales o van a estallar en más Ejidos. LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS Xenofobia, discriminación y pobreza Partido Popular.- Los populares reconocen en su programa que España se enfrenta a la perspectiva de una llegada masiva de inmigrantes que «merecen un trato digno», ya que «contribuyen con su trabajo a la prosperidad» del país. Para hacer frente con efectividad a esta nueva situación, el PP defiende un mayor control de los flujos migratorios, para impedir que los inmigrantes se vean abocados a la pobreza. También propugna la adopción de políticas activas para prevenir y combatir el racismo y la xenofobia, así como para acercar el estatuto jurídico de los inmigrantes al de los nacionales de países miembros de la Unión Europea. PSOE.- El programa socialista reconoce que dado que este fenómeno es imparable y aboga por controlar los flujos migratorios, en lugar de intentar frenarlos. Para garantizar unas condiciones de vida dignas a los inmigrantes, los socialistas proponen fomentar los valores de respeto y tolerancia, extender a los extranjeros el derecho a la asistencia sanitaria, a los derechos sociales y a la educación; facilitar el acceso de los inmigrantes a la nacionalidad española y endurecer las penas por empleo ilegal de trabajadores foráneos. IU.- Izquierda Unida coincide con el PSOE en la necesidad de garantizar los derechos sociales y económicos de los inmigrantes y en la de garantizarles condiciones dignas de vida y de trabajo. La coalición señala que el asunto de la inmigración debe ser tratado «como un asunto social o de desarrollo y no como una cuestión policial o de orden público», por lo que propone la eliminación de las medidas excepcionales hacia este colectivo. IU también defiende la regularización permanente de los ilegales y la promoción del asociacionismo en este colectivo. Abdel Hamid Beyuki PRESIDENTE DE ATIME Ley de Extranjería.- El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) considera que la citada norma «es un instrumento capaz de resolver muchos problemas, aunque no es el ideal. Incluye muchas ventajas, como el derecho de asistencia jurídica gratuita o un mejor acceso a la sanidad o a la educación. Pero, sobre todo, es el mejor instrumento para luchar contra las mafias, hasta el punto de que en algunos apartados equipara el tráfico de inmigrantes con los delitos de terrorismo». Asimismo, el dirigente de este colectivo de trabajadores marroquíes considera que se debe de tener en cuenta que «en Europa se han aprobado pocas leyes con semejante grado de consenso social y político». Pensiones.- Beyuki considera que en España existe una idea equivocada sobre cuál ha de ser el número de trabajadores extranjeros admitidos en el curso de los próximos años y sobre cuál ha de ser su contribución a la economía nacional. «Cuando se afirma que España va a necesitar un mayor número de inmigrantes en los próximos años, el cálculo se hace de manera equivocada: se considera que la mano de obra extranjera es importante sólo para sostener el sistema de pensiones. No debemos tener esta idea. La entrada de mano de obra debe depender exclusivamente de las necesidades que vayan surgiendo en cada sector». Marginación y pobreza.- El número de inmigrantes no es la causa directa de su pobreza y marginación, sino que más bien deriva del hecho de que a estos trabajadores no se les proporcionan las mínimas condiciones para vivir y desempeñar su tarea con un mínimo de dignidad. La existencia de bolsas de marginación no depende de que entren más o menos inmigrantes en España, sino, más bien, de las condiciones de vida que encuentren en el lugar donde tengan que residir. Si un empresario sólo le deja a un inmigrante un porche o un cortijo para vivir, el trabajador estará marginado. Regularización.- Es necesario regular la situación de los inmigrantes que se encuentran en España de manera ilegal. Hay que tener encuenta que muchos llevan varios años trabajando aquí. La regularización de la situación de los extranjeros debería atenderse con la misma atención que se le presta a los acuerdos de entrada de temporeros. Graciela Malgesini INVESTIGADORA DE MIGRACIONES Y DESARROLLO Ley de Extranjería.- La inmigración no es, en sí misma, ningún problema. Por el contrario, los procesos migratorios resultan siempre positivos para los países receptores, tanto desde el punto de vista socioeconómico como cultural. En España se convierte en un problema debido a la imposibilidad de atender a una serie de exigencias contrapuestas, como son: la normativa europea que restringe la inmigración, la búsqueda de mano de obra barata por parte de los empresarios, las presiones sociales ante el creciente carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad, las presiones de la sociedad civil para mejorar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores extranjeros y la necesidad de combatir las mafias dedicadas al tráfico de personas. Los cupos.- Un estudio del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, que aún no ha sido publicado, demuestra que económicamente es conveniente asegurar un flujo regular de inmigrantes legales. Esta política de cupos choca con dos problemas: primero, una actitud excesivamente laxa puede generar exceso de oferta y, consecuentemente, desempleo. Por otra parte, se ve afectada por el tráfico de inmigrantes ilegales. La solución podría consistir en la ampliación de los cupos, como se ha hecho en Estados Unidos. Marginación y pobreza.- Las bolsas de marginación se evitarán cuanto más se avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas, con independencia de su lugar de procedencia. Cuanto menos se garanticen desde el Estado esos derechos básicos, más se promoverá el denominado racismo institucional Un segundo problema es el de la integración de los inmigrantes, que ha de efectuarse sin que éstos pierdan su identidad cultural. Regularización.- Dado que los movimientos de personas son inevitables y que las redes de inmigración ilegal logran burlar la ley, es inevitable recurrir de forma periódica a procesos de regularización, ya que es la única forma de evitar la exclusión. En cualquier caso, la cuestión de la inmigración debe ser objeto de un debate social, en el que participen todos los agentes sociales directa o indirectamente implicados.
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