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El Periódico, 01.02.2000


INMIGRACION
Interior no dispone de los medios para aplicar la ley de extranjería
El Gobierno estudia ampliar los dos meses de plazo para la regularización

M. VILASERO / A. GALLARDO

Madrid / Barcelona
La nueva ley de extranjería, que entra hoy en vigor, ha pillado a las administraciones con parte de los deberes sin hacer. Algunas de las mejoras que introduce la nueva norma tendrán dificultades para ser aplicadas de modo inmediato, especialmente por la falta de medios humanos y materiales de las oficinas de extranjería del Ministerio del Interior, responsables de tramitar la mayoría de permisos.

Un inmigrante sale de las oficinas de CCOO en Valencia tras solicitar, ayer, un permiso de trabajo. 
Estos centros sufren ya atascos monumentales, incluso antes de la entrada en vigor de la ley. "Los expedientes tardan ahora un mínimo de un año en ser resueltos y la nueva norma fija un plazo límite de tres meses. El desastre puede ser mayúsculo si no se adoptan medidas urgentes", afirmó ayer Miguel Pajares, portavoz del Centro de Información de Trabajadores Extranjeros (CITE) del sindicato CCOO.

Grupos de trabajo
"La ley ha sido muy rápida y la Administración está preparándose. No se puede pedir que en dos días pongamos en marcha un resorte mágico", se excusó ayer José Ramón Onega, subsecretario de Política Interior y presidente de la comisión interministerial de extranjería. Onega anunció que todos los ministerios implicados han creado grupos de trabajo para hacer posible la aplicación de la ley y que el Gobierno ha decidido ya habilitar los créditos y la ampliación de personal necesarios.
El punto más crítico en el trabajo de las oficinas se vivirá con la puesta en marcha del decreto de regularización de los 80.000 sin papeles llegados a España antes del pasado 1 de junio, cuyo borrador fue debatido ayer en el Foro de la Inmigración. Onega, en representación del Gobierno, se comprometió a estudiar la petición de las ONG y sindicatos de prolongar el plazo de dos meses --del 22 de febrero al 28 de abril-- previsto inicialmente para que los afectados presenten su solicitud.
La entidades sociales piden que el periodo se alargue a un mínimo de tres meses y un máximo de seis porque consideran que el tiempo previsto "es muy poco para la cantidad de documentación y trámites que hay que realizar", según Abdelhamid Beyuki, presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquís en España (ATIME).
Onega anunció que el Gobierno quiere tramitar el real decreto por la vía de urgencia para que pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros antes del 22 de febrero. 



La Generalitat comienza a tramitar las tarjetas sanitarias
La Conselleria de Sanitat tramitará desde hoy la obtención de una tarjeta sanitaria, con acceso a todos los centros adscritos al Servei Català de la Salut (SCS), a los inmigrantes que dispongan de certificado de empadronamiento. Según la ley que hoy entra en vigor, este documento estará al alcance de cualquier persona, proceda de donde proceda y tenga o no permiso de residencia y contrato laboral. Quienes no figuren aún en el padrón serán atendidos, como hasta ahora, en cualquier centro de la red sanitaria de Catalunya, puntualizó Sanitat.
Las características de dicha tarjeta sanitaria serán idénticas a las de los catalanes de origen: se tramitará a través de la Seguridad Social si el solicitante trabaja, o bajo la condición de persona sin recursos en caso contrario. El Ayuntamiento de Barcelona informó de que el empadronamiento de las personas en situación irregular se realiza en este municipio desde hace meses. Varias organizaciones no gubernamentales intercederán, como hasta ahora, por quienes desconozcan los pormenores de la ley que hoy entra en vigor.

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