El Periódico, 31.01.2000

El impacto de la inmigración
Una manifestación critica las ayudas a los 'sin papeles'

EL PERIODICO

El Ejido
Más de 10.000 personas tomaron ayer las calles de El Ejido para protestar por el asesinato, el pasado día 22, de dos agricultores vecinos de esta localidad almeriense. La policía detuvo a un joven marroquí indocumentado como presunto responsable de los crímenes. Los vecinos exigieron justicia y responsabilizaron a algunas ONG y empresarios de la zona de amparar a los inmigrantes sin documentación. "Queremos extranjeros que se integren, no delincuentes", gritaron los manifestantes.

Un grupo de manifestantes exhibe una pancarta, ayer, en El Ejido. 
El suceso provocó una gran conmoción en El Ejido, población que cuenta con un elevado número de inmigrantes que trabajan duramente en los invernaderos de la provincia. Según la policía, el joven detenido, Cheki Hadj, de 24 años, se enzarzó en una discusión con José Ruiz y Tomás Benito. El primero murió de un fuerte golpe en la cabeza, y el segundo, degollado. El juez que tramita las diligencias ordenó el ingreso en prisión del detenido.
Los integrantes de la Asociación de Trabajadores de Inmigrantes Marroquís (ATIME) quisieron participar en la manifestación para mostrar su solidaridad con los familiares de las víctimas y mostrar su defensa de las políticas de integración de extranjeros. "Algunos inmigrantes tienen miedo de lo que pueda pasar", explicó el presidente de ATIME, Hanafi Hamza. A pesar del temor a las venganzas, no ha trascendido que en la última semana se haya producido ningún episodio de violencia contra la comunidad magrebí de Almería.

Convivencia en paz
Los manifestantes guardaron dos minutos de silencio en memoria de las víctimas, y una periodista de la zona leyó un comunicado. Esta pidió a sus vecinos que sepan "honrar la memoria de las víctimas manteniendo la calma y favoreciendo la convivencia en paz".




 

La ley de extranjería causa dudas
El Gobierno aún no ha explicado cómo va a aplicar la normativa

MANUEL VILASERO

Madrid
La nueva ley de extranjería, aprobada el pasado 22 de diciembre con los únicos votos en contra de los diputados del PP, entra mañana en vigor sin que el Gobierno haya hecho públicas aún las medidas que va a tomar para ponerla en práctica. Lo único que ha trascendido hasta el momento, a través de las ONG y sindicatos, es la voluntad del Ejecutivo de poner en marcha, a partir del 22 de febrero, la regularización extraordinaria de unos 80.000 inmigrantes prevista por la ley.
Los sin papeles llegados a España antes del pasado 1 de junio tendrán dos meses para acogerse a esta especie de amnistía , un plazo que las organizaciones sociales consideran muy corto. En una reunión extraordinaria que celebrará hoy el Foro de la Inmigración, integrado también por representantes de cuatro ministerios, pedirán que se prolongue, como mínimo, un mes más.
La nueva ley otorga un amplio catálogo de derechos, desde la sanidad hasta la justicia gratuitas, a todos los inmigrantes, independientemente de la legalidad de su situación en España. También permite el reagrupamiento de los familiares de los extranjeros que tengan los papeles en regla. 



La convocante de la protesta racista de Premià culpa de los incidentes a la alcaldesa

EVA MANCERA

Mataró
Rocío López, la vecina de Premià de Mar (Maresme) que convocó la polémica marcha de carácter xenófobo, rechazó ayer sentirse responsable de los incidentes ocurridos el viernes por la noche, cuando grupos de skins se enfrentaron a los asistentes a una contramanifestación antifascista. "El viernes al mediodía todo Premià sabía que yo había desconvocado la manifestación y a las 13.22 horas informé oficialmente por fax a la Delegación del Gobierno", explicó López. Esta acusa a la alcaldesa, María Jesús Fanego, de "consentir" que se celebrara la concentración de la Plataforma Antifeixista del Maresme. "Si ellos no hubieran venido, la policía habría echado a los cabezas rapadas y no habría pasado nada", opinó López.
Por su parte, la Federació Comarcal de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya del Maresme pidió ayer la dimisión de la delegada del Gobierno, Julia García-Valdecasas, como "última responsable" de los incidentes del viernes por "haber autorizado una manifestación fascista y xenófoba en las calles de Premià de Mar".


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