JOSÉ
JIMÉNEZ/EFE
EL
TRÁFICO NO SE DETIENE. Inmigrantes subsaharianos con signos de abatimiento
después de ser detenidos ayer cerca de Fuerteventura |
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ISABEL
RAMOS RIOJA
BARCELONA. - El Gobierno
pretende que la regularización de la situación de unos 70.000
inmigrantes en toda España (unos 20.000 en Cataluña) se realice
en poco más de dos meses: del 22 de febrero al 28 de abril. Este
es el plazo previsto en el borrador del real decreto que desarrolla la
nueva Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros y su Integración
Social presentado el miércoles al Foro para la Inmigración.
El foro debatirá sus propuestas de enmienda el próximo lunes,
pero algunas entidades ya han adelantado que pedirán la ampliación
del plazo a entre tres y seis meses.
Podrán acogerse a
la regularización los extranjeros que acrediten que ya estaban en
España antes del 1 de junio de 1999, familiares de extranjeros y
personas a las que se les haya denegado el asilo pero su expediente haya
sido admitido a trámite. Tendrán que acreditar que han tenido
permiso de trabajo y/o residencia en los últimos tres años
o que lo han solicitado alguna vez.
El real decreto, que ha
tenido una acogida favorable en líneas generales, presenta algunas
deficiencias además de la brevedad del plazo, según las ONG.
La no exención de
visado -que obliga al inmigrante a ir a su país de origen para pedir
el visado- puede dejar fuera a "la mitad de los candidatos a la regularización",
según Miguel Pajares, presidente del Centro de Información
para Trabajadores Extranjeros de Cataluña. Además, se ha
aprobado una ampliación de las oficinas de Extranjería de
las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para atender las peticiones.
"No será efectiva hasta dentro de unos meses y si no hay medios
administrativos no podrá llevarse a la práctica", advierte
Pajares.
Los empleados de la Oficina
de Extranjería de Barcelona -en Cataluña se recibieron unos
22.000 expedientes del contingente el año pasado- no tienen notificación
oficial de la posible puesta en funcionamiento de una oficina adicional.
"Si se hace aquí puede ser el colapso total", aseguraban ayer a
este diario desde la oficina.
La ONG Atime plantea sus
recelos cuando el texto dice que hay que acreditar que "tiene garantizada
la asistencia sanitaria" o qué cantidad considerarán "medios
de vida suficientes", declaró su portavoz Mustafa Al Murabit. En
opinión de Al Murabit, si se aplica de forma flexible, la nueva
ley de Extranjería "nos brinda un cauce adecuado para ir hacia la
normalización".
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