 ISABEL
RAMOS RIOJA
BARCELONA. - Los inmigrantes
extracomunitarios aportaron en 1997 a Cataluña una cifra superior
a los 73.246 millones de pesetas, según un estudio elaborado por
economistas de las universidades de Harvard y Pompeu Fabra de Barcelona
a instancias del Departament de Benestar Social. Ello supone que cada uno
de los 79.244 inmigrantes extracomunitarios que entonces disponían
de permiso de residencia en Cataluña aportó a la economía
catalana 924.309 pesetas.
Se trata del primer estudio
que intenta cuantificar la relación coste-beneficio de la inmigración
extranjera. Hasta ahora, la mayor parte de estudios era de tipo cualitativo
y en ellos se destacaban los beneficios que esta inmigración dejaba
en las sociedades de acogida bajo la forma de contribución al crecimiento
económico y a su bienestar, así como a un freno al envejecimiento
de sus sociedades.
Para alcanzar esas cifras,
los economistas han sumado (ver gráfico) los salarios percibidos
por este colectivo, así como las pensiones (pocas) que reciben de
sus países. A ello han restado las remesas de efectivo que envían
a sus países (en realidad, muy reducidas, a pesar de ser una de
las finalidades de la salida de su país) y los gastos que la Administración
destina bajo la forma de atención sanitaria, justicia o educación,
entre otros. Este coste social no es muy elevado según expertos
en cuestión migratoria, porque la mayoría de los inmigrantes
llegan criados y con los estudios -de tipo medio superior, de media- cursados.
"Como son jóvenes y sanos, gastan poco en sanidad", comentaban recientemente
en una mesa redonda sobre la ley de Extranjería.
El estudio fue dado a conocer
ayer al Consejo Asesor de la Inmigración de Cataluña, reunido
para impulsar la aplicación de la Ley de Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su Integración Social en vísperas
de su entrada en vigor. Pese a que muchos de los aspectos de la ley deben
desarrollarse a través de un reglamento que tiene que elaborar el
Gobierno, la Administración catalana ha instado ya a poner en marcha
diversas campañas de empadronamiento, dado que el hecho de estar
inscrito en el padrón ya da acceso a una serie servicios. También
se elaborará un nuevo plan interdepartamental de inmigración
para el 2000-2005, que se adecue al nuevo marco legal. Este plan deberá
incidir, según explicó a este diario la consellera de Benestar
Social, Irene Rigau, en las políticas laborales (capacitación
de adultos), sanitarias y educativas, especialmente.
El consejo también
acordó ayer instar al Gobierno a constituir el consejo superior
de política de inmigración para coordinar las actuaciones
de las tres administraciones públicas: estatal, autonómica
y municipal.
Frente a la idea extendida
de que el extranjero extracomunitario viene a quitar puestos de trabajo
(en realidad, cubre los que no quiere la población autóctona)
y que hace que bajen los sueldos en los sectores en los que son numerosos
(es lo mismo que pasa con las áreas feminizadas), el estudio presentado
ayer muestra una realidad muy diferente, que deja un beneficio económico
neto. Según un informe del Imserso de 1997, los inmigrantes de toda
España aportaban 138.000 millones de pesetas en cuotas a la Seguridad
Social y 13.000 millones por el IRPF.
Se han contabilizado como
aportaciones indirectas la actividad que generan en numerosas ONG, los
gastos que realizan en locutorios telefónicos, el transporte en
autocar y el pago de alquileres.
El nuevo proceso de regularización
(ver página 25) hará que se incremente el número de
personas que, además de generar beneficios indirectos, "pague impuestos",
dice el portavoz de la ONG Atime, Mustafa Al Murabit.
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