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 El
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, se mostró
ayer a favor de ampliar el plazo del proceso de regularización que
el Gobierno deberá aprobar mediante real decreto, y en cuyo borrador
se prevé que será de dos meses y seis días. Las ONG
piden ampliar el plazo hasta cuatro meses. Pimentel advirtió a los
que tienen que regularizar su situación que no se va a dar prioridad
al orden de solicitud: "No tendrán más derecho quienes lo
pidan el primer día". El ministro, que apoyó el texto de
la ley en contra de la opinión de otros compañeros de Gabinete,
se mostró partidario de que el Ejecutivo apruebe con prontitud este
decreto.
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